Choque de visiones políticas en torno a la investigación del asesinato de Fernando Villavicencio, excandidato presidencial. Prevaleció la tesis de concentrar responsabilidades directas en omisiones del gobierno del expresidente Guillermo Lasso, con atención particular en el Ministro del Interior y en el Comandante General de la Policía.
Esta resolución contó con seis votos de asambleístas del correísmo, del oficialista ADN y de Pachakutik.
En contra votó la asambleísta Viviana Zambrano, del movimiento Construye y presidenta de la comisión ocasional que indagó el crimen del periodista de investigación y exasambleísta. Ella defendió la posición de que Fernando Villavicencio, como investigador y presidente de la Comisión Legislativa de Fiscalización, fue blanco de la «delincuencia política». Al interior de este movimiento fue claro que no se podía desligar el crimen de todas las acciones de desacreditación, descalificación y divulgación de información personal en la que habrían participado servidores públicos, actores privados y prófugos de la justicia.
El informe de minoría desarrolla estas relaciones a lo largo de 101 páginas (ver PDF 1). Y en el ámbito de las recomendaciones establece que se deben fortalecer las estrategias de integridad en el sector público para extirpar a malos funcionarios cooptados por las mafias. Y otra también muy decidora: reformar el sistema de contratación pública, foco de históricas cadenas de corrupción.
En oposición, el informe con observaciones apunta a definir las responsabilidades del gobierno anterior (ver PDF 2).
La sesión para debatir estas visiones ocurrió la noche del jueves 13 de junio de 2024, durante dos horas. Un hecho llamativo: la insistencia de varios asambleístas de entrar a votar directamente, sin mayor análisis, pedidos que fueron detenidos por la presidenta de la comisión ocasional.
Entre familiares y amigos cercanos de Fernando Villavicencio queda un malestar. Si bien son claras las responsabilidades, por omisión, de ciertos niveles de seguridad del entonces candidato presidencial, no se puede dejar de establecer el peso de las amenazas que recibió el exlegislador y periodista, amenazas que incluso llegaron de ciertos miembros de la anterior Asamblea.