Con un nuevo Estado de Excepción Focalizado, en siete provincias y un cantón, Ponce Enríquez, el presidente Noboa anunció la «Fase Dos» de la lucha contra el crimen organizado. Las provincias en las que el gobierno ha decretado la continuación de la medida de excepción en el llamado Conflicto armado interno son: Los Ríos, El Oro, Guayas, Santa Elena, Manabí, Sucumbíos y Orellana. Esmeraldas queda fuera de la medida. La información oficial destaca que el Estado de Excepción ha sido decretado «con el respaldo unánime del Consejo de Seguridad Pública y de Estado, Cosepe.
Decreto Ejecutivo 275. Ver PDF
Noboa Azín firmó para el efecto, el Decreto Ejecutivo 275, un extenso documento de 43 páginas, en el cual justifica la decisión. En su introducción, el Gobierno admite oficialmente que la estrategia de los grupos delincuenciales o GDO se ha readaptado a las condiciones que cambiaron desde el 9 de enero del 2024, cuando el presidente, mediante el Decreto 111 estableció un estado de conflicto armado interno (no internacional), que puso a las Fuerzas Armadas al frente de las operaciones estratégicas contra la insurgencia y acciones terroristas de grupos armados al servicio de los carteles del narcotráfico y otros delitos.
Hoy inicia la FASE 2 de nuestra lucha contra el terrorismo en territorio nacional. pic.twitter.com/XD2oJaJwLV
— Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) May 22, 2024
El Gobierno reconoció que a mayo del 2024, luego de casi cinco meses del conflicto armado, «la violencia manifestada a escala nacional ha migrado a enclaves desolados por la inseguridad». Esta migración de las acciones de los grupos violentos es territorial, operacional y delictiva. Los homicidios intencionales en las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro, Manabí, Orellana y Sucumbíos representan el 84% del total nacional. En estas provincias hay «grandes cotas de violencia caraterizadas por actos de terror». Los informes policiales y militares admiten que los actores criminales hay cambiado su modus operandi para adaptarse a las nuevas condiciones impuestas por la conducción de la guerra interna. También, dice el presidente en su Decreto, en el marco del Conflicto Armado Interno, CANI, las operaciones militares y policiales «se ven limitadas» por el mejoramiento de medios tecnológicos y armamento por parte de las organizaciones criminales. Señala el Decreto que se han encontrado morteros y que hay filtración de información, los cual mejora sus capacidades de huída y evasión, a la vez que hay anticipación a la acción de las Fuerzas Armadas y Policía, «dotando de una ventaja táctica, estratégica y operativa» a los grupos delincienciales.
El Gobierno también admitió que el 13% de los homicidios intencionales, desde enero a mayo, corrrespondende a homicidios múltiples. Se han dado 245 víctimas en masacres en sitios públicos, «una caracterización que no se daba antes con tanta incidencia».