¿Cómo salir del Quinto poder?

Es una de las funciones del Estado, diseñada por los constituyentes de Montecristi tomando en cuenta una institución similar venezolana. Se trata de la Función de Transparencia y Función Social, cuyo máximo organismo es el Consejo de Participación y Control Social, una entidad que debe de facilitar y procurar independencia y control social en la elección de las principales autoridades de control del Estado. 

Pero el mecanismo, que permite la designación de funcionarios como el fiscal general, el contralor general del Estado, el defensor público penal, los superintendentes y los integrantes del Consejo de la Judicatura, del Consejo Nacional Electoral, entre otros ha recibido una lluvia de críticas. Para muchos, el llamado Quinto poder solo ha servido para que el movimiento de Gobierno imponga a sus cuadros en el marco de supuestos concursos de méritos con resultados predecibles. 

Para los defensores del modelo, en cambio, el haberle quitado al Legislativo la potestad de designar a esos funcionarios, como se hacía antes por medio de satanizados pactos políticos en el Congreso, es una forma de darle a la «ciudadanía» la posibilidad de optar por esos cargos, en un esquema que supuestamente se basa en el escrutinio de méritos de los postulantes.

La caída del ex contralor Carlos Pólit, quien renunció a su cargo y se exilió en Estados Unidos tras haber sido procesado por una presunta concusión, ha servido de argumento a quienes cuestionan la validez del esquema meritocrático. El ex contralor fue el mejor evaluado en varios concursos, alcanzando puntajes de más de 90 sobre 100, tanto en los méritos cuanto en las pruebas escritas que se le tomaron. Sin embargo, sobre el ex funcionario pesan graves sospechas de presuntos delitos como concusión y asociación ilícita, en especial, relacionadas con el escándalo por sobornos de Odebrecht. 

Los cargos en disputa y la consulta

Entre algunos sectores de oposición, la propuesta —no oficializada todavía— del Gobierno del presidente Lenin Moreno de convocar a una consulta popular en la que se podría decidir la suerte del Quinto poder es bien vista. Para estos sectores, es clave propiciar el relevo de las autoridades de control, ya sea por medio de su destitución, o por medio de una pregunta directa en la eventual consulta. No obstante, la propia Constitución vigente prohíbe que reformas a la estructura del Estado, como sería el caso de eliminar la Función de Transparencia, puedan ser sometidas a consulta popular. 

Aunque aún no se resuelve qué puede ocurrir con las autoridades que están en funciones, se sabe de cabildeos de políticos que buscan ocupar esos cargos. Y es que los cargos que están en disputa no son nada despreciables.

Actualmente, el Consejo de Participación y Control Social, por mandato de la Constitución, debe conformar Comisiones Ciudadanas de Selección integradas por 10 miembros: cinco delegados por las Funciones del Estado y cinco representantes de organizaciones sociales y de la ciudadanía escogidos en sorteo público de entre quienes se postulen y cumplan con los requisitos.

De esta forma, el Consejo debe nombrar a autoridades como el Defensor del Pueblo, el Defensor Público, el Fiscal General del Estado, el Contralor General del Estado, los integrantes del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral.

El Consejo también tiene otro mecanismo de designación: de entre ternas presentadas por el Ejecutivo, designa al Procurador General del Estado y a los superintendentes, como son los de Bancos, Compañías, Poder del Mercado o Comunicación. 

Finalmente, otra antigua atribución del Congreso que pasó a esta entidad fue la designación de los integrantes de la Corte Constitucional y del Consejo de la Judicatura. 

El panorama actual

Sin embargo, mucho del debate sobre las autoridades de control se mantiene en la informalidad de cabildeos políticos. Lo cierto es que, con excepción del ex contralor Carlos Pólit, quien renunció desde Estados Unidos antes de ser destituido en la Asamblea Nacional, la gran mayoría de los funcionarios tienen sus periodos en plena vigencia, y, de lo que sabe no tienen ninguna intención de dejar sus cargos. La mayoría de ellos tienen una duración de cinco años. Los propios integrantes del Consejo tienen un periodo hasta el 2020. 

En el caso de la Defensoría del Pueblo, el actual Consejo designó a Ramiro Rivadeneira Silva, quien recién inició su segundo periodo consecutivo el 1 de marzo de 2017. Rivadeneira había sido, hasta 2011, funcionario del Gobierno correísta, como asesor del Ministerio del Interior. Ahí fue asesor del actual presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh. 

En 2016, Inredh y Cedhu, dos organizaciones de derechos humanos, cuestionaron la gestión de Rivadeneira en la Defensoría del Pueblo, por su falta de pronunciamiento en casos como los 10 de Luluncoto (2012) y la sanción a 26 alumnos del Colegio Mejía, tras las protestas en las calles de Quito (2014).

En el caso del defensor público penal, el cargo está ocupado desde hace cuatro años por Ernesto Pazmiño, un abogado que militó en una época en la Izquierda Democrática, y recién el próximo año se terminaría su periodo, lo que significa que el concurso para reemplazarlo se haría en 2018. Ha sido uno de lo los pocos funcionarios que ha cuestionado abiertamente algunas políticas del Ejecutivo y del oficialimo. Incluso se abrió un proceso de juicio político en la Asamblea Nacional, por conflictos con el Consejo de la Judicatura, que no prosperó.

Sobre los superintendentes, el actual Consejo —que es presidido por Yolanda González, ex subsecretaria  de la Secretaría de Gestión de la Política del correato, y que tiene como vicepresidente a Edwin Jarrín, exviceministro en el Ministerio de Gobierno en la misma administración— designó en 2016 a dos: Mauricio Cruz y Suad Manzur, en Bancos y Compañías, respectivamente.  En esos casos, se trató de funcionarios cuyos nombres constaron en ternas enviadas por el ex presidente Rafael Correa. 

Cruz  ha sido Intendente General de la Superintendencia de Bancos; Intendente General Técnico de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; Subsecretario de Desarrollo Organizacional del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca – Magap y Asesor de la Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional. De ahí que recibiera críticas por ser considerado otro funcionario del Gobierno que pasó a las entidades de control gracias al cuestionado funcionamiento del Quinto poder. 

De su lado, Manzur, quien fue nombrada en el 2011, ocupa su segundo periodo, que, en teoría, debería terminar en 2021. 

El próximo año se termina el periodo del superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, cuestionado por su sanciones en contra de los medios y por la imposición de contenidos a la prensa. Tiene además una indagación penal en su contra, acusado de presunta falsificación de la Constitución de la República. 

La procuraduría general del Estado está a cargo del abogado guayaquileño Diego García, cuyo periodo termina también el año entrante. 

En el caso del fiscal general del Estado, el cargo es ocupado actualmente por el ex consejero presidencial Carlos Baca Mancheno, un abogado que se hizo conocido al propalar la teoría de los «golpes de Estado blandos» que, en su opinión, ocurren en la época actual por medio de manipulación de la opinión pública. Esta teoría salió de una comisión presidencial, de la cual el formó parte, para investigar los sucesos del 30S, que se dieron en el 2010.

Baca fue posesionado en marzo de 2017, también luego de ganar el concurso respectivo, y sucedió en la Fiscalía a otro personaje que también desempeñó cargos de confianza en el régimen correísta como ministro y embajador: Galo Chiriboga. 

En el Consejo Nacional Electoral, cuatro de los cinco vocales deben ser reemplazados, por lo que la Comisión de Selección ha iniciado el proceso de concurso. Juan Pablo Pozo, Nubia Villacís, Paúl Salazar y Ana Paredes deberían ser reemplazados. 

En el caso del contralor general del Estado, tras la renuncia de Carlos Pólit, el cargo es ocupado por el contralor subrogante Pablo Celi, pero el Consejo de Participación está en proceso de realizar un nuevo concurso para elegir al sucesor del polémico ex contralor. Esta decisión ha sido cuestionada por la oposición política, la cual mantiene la posición de que el contralor encargado debe terminar el periodo del defenestrado titular, porque éste renunció a su cargo antes de ser destituido por la Asamblea.

El Tribunal Contencioso Electoral fue renovado de manera parcial, y es presidido por Patricio Baca Mancheno, hermano del fiscal general del Estado.

Otro organismo que fue renovado de manera parcial es la Corte Constitucional, que cada tres años es renovada en tres miembros, mientras el Consejo de la Judicatura todavía tiene hasta el 2018. Eso significa que el cargo del presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, todavía tiene un año más de vigencia. La designación de Jalkh se produjo por medio de una terna, luego de los resultados de la consulta popular del 2011, en donde ocurrió el episodio de la «metida de mano» en la justicia. 

Los talones de Aquiles de los concursos

Mientras tanto, el Consejo de Participación se prepara para reformar el actual Reglamento para la designación de contralor, y, ante las críticas se ha abierto a sugerencias sobre cómo se lo podría modificar. Uno de los que ha hecho público su aporte es David Rosero, quien formó parte del Pleno del organismo, y quien milita en la Unidad Popular.

Para Rosero, hay por lo menos cuatro aspectos en los que no solamente el Reglamento para elegir contralor, sino la mayoría de los reglamentos que maneja el Consejo, deben ser reformulados.

En primer lugar, Rosero cree que en el artículo 13 se debe agregar una prohibición para ser contralor que consista en no haber ejercido cargo público de nivel jerárquico superior en la Función Ejecutiva durante los últimos 10 años, lo que bloquearía las posibilidades de funcionarios del correato. 

Un segundo aspecto es que todos los artículos referentes a la etapa de impugnación ciudadana (Del Art. 23 al Art. 29) deben colocarse después de la etapa de méritos y oposición. Además deben darse más tiempo para que la ciudadanía pueda impugnar, al menos 10 días termino y no solo cinco como en el actual reglamento. Rosero cree que tal como está formulado el Reglamento, la impugnación se dificulta por ser poco oportuna y tener poco tiempo para su implementación. 

Rosero cree que «la etapa de impugnación no debe ser al inicio del concurso sino al final y con más tiempo para que la ciudadanía pueda impugnar y los medios de comunicación puedan estar pendientes. La mayoría de consejeros del anterior Consejo colocaron la impugnación al inicio y con pocos días, obstaculizando en la práctica la acción ciudadana de control social para así imponer a los amigos del ex presidente Correa. Lo mismo está ocurriendo hoy en el concurso para designar 7 jueces de la Corte Nacional de Justicia», asegura. 

Para el ex consejero, debe agregarse un artículo en el Reglamento, donde se permita a los veedores, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía estar presentes para que vigilen cómo se califican los méritos en cada una de las carpetas. Las sesiones de calificación de carpetas de la Comisión de Selección del Contralor deben ser públicas, sostiene Rosero, para cumplir con la transparencia del proceso y que no quede duda de la imparcialidad. Rosero denuncia también que en el Consejo anterior, «una mayoría correísta» calificó las carpetas sin la presencia de veedores, ni medios de comunicación, ni en sesiones públicas, por ello muchas autoridades «llegaron por palancocracia no por méritos, esto no debería seguir sucediendo».

Finalmente, Rosero propone que  en el artículo 38 debe agregarse  que el Consejo realizará una convocatoria pública para contratar los servicios del «equipo técnico externo especializado en seguridades y auditorías informáticas» con el fin de transparentar la etapa de la prueba de oposición y así evitar una posible filtración de las preguntas hacia ciertos postulantes, algo que, en opinión de Rosero, ha ocurrido en concursos pasados. 

¿Cómo salir del «Quinto poder»?

Para Rosero, en la eventual consulta popular se deben incluir aspectos como derogar las últimas enmiendas constitucionales, cesar a todos los miembros de la Función de Control Social y a todos los funcionarios designados por esa instancia, y propiciar un nuevo mecanismo de designación de autoridades. Rosero cree que se podría proponer que las autoridades de control podrían ser electas por votación popular, y admite que la reforma del cambio de estructura del Estado debe darse por medio de una Asamblea Constituyente. 

Otra salida, más complicada, pasaría por la realización de juicios políticos en la Asamblea Nacional contra varias de estas autoridades, pero se requerirían mayorías de entre 70 y 92 votos, y la conformación de una nueva mayoría que viabilice este proceso. 

Por lo pronto, y aunque hay quienes consideran que la consulta popular es inminente, no se han producido anuncios oficiales por parte del Gobierno.