Ecuador asiste a la posesión de su nuevo presidente, quien tiene una difícil tarea en todos los ámbitos. El económico es visto con incertidumbre desde varios sectores, y todos ellos esperan que Moreno genere estrategias para la dinamización de la economía. En el ámbito político-social necesariamente debe generar respuestas que hasta incluyan a la oposición para lograr la gobernabilidad. Lenín Moreno comienza su mandato con la expectativa generalizada y con un 48% de ecuatorianos no quería tenerlo como su gobernante y con organizaciones sociales expectantes, luego de diez años de correísmo en los que fueron posicionadas incluso como antagonistas.
La relación de las organizaciones sociales y el poder ha tenido una dinámica cambiante. Partiría afirmando que en el Ecuador el ámbito social y político han estado íntimamente vinculados, en especial desde la última década del siglo pasado. Por ello el accionar de las organizaciones sociales ecuatorianas debe mirarse con los planos social y político en estrecha vinculación.
El levantamiento indígena del 90 trazó el camino, las organizaciones sociales sustituyeron a la ciudadanía civil en la lucha por las demandas sociales y económicas. Actuaron desde dimensiones de participación directa y acción política y pusieron en segundo plano — negándolo incluso— lo institucional y procedimental. Es así que lo político determinó las demandas sociales y los sectores organizados se convirtieron en actores e incluso en sujetos políticos de procesos coyunturales de mediano plazo. Sin embargo, su auge, fortaleza y capacidad de generar la agenda política del país decayeron paulatinamente.
El levantamiento indígena del 90 trazó el camino, las organizaciones sociales sustituyeron a la ciudadanía civil en la lucha por las demandas sociales y económicas. Actuaron desde dimensiones de participación directa y acción política y pusieron en segundo plano — negándolo incluso— lo institucional y procedimental.
Voces autocríticas manifiestan que el involucramiento de las organizaciones y de sus líderes en el juego electoral fue una de las causas de su debilitamiento, ya que para participar en las diversas dignidades electivas, sus cuadros abandonaron el trabajo comunitario y barrial, la educación intercultural, la agenda ambiental, y posteriormente crearon una brecha entre ellos y sus bases. Sin embargo, es el clientelismo ejercido desde el poder y la captación de líderes sociales lo que logra la división de las organizaciones y en consecuencia su debilitamiento. Es el gobierno de Lucio Gutiérrez el que muestra con claridad ambos aspectos, en especial al desarticular la poderosa organización indígena, protagonista de la resistencia y estrategia política contra poder en los gobiernos precedentes. Ante la debilidad de este sujeto político, son más bien actores no organizados principalmente urbanos (los forajidos), quiénes reflejan su descontento hacia el gobernante y lideran acciones a las que se suman organizaciones sociales y partidos políticos, defenestrando al autoproclamado “dictócrata”.
De esta coyuntura, surge un discurso político de carácter cualitativo que rechazó radicalmente la estructura y práctica políticas del país (¡Qué se vayan todos!), cociendo el caldo de cultivo necesario para la emergencia del “outsider”, quien surge en todas las sociedades cuando su institucionalidad ha fracasado y que capitalizará el acumulado histórico de resistencia. Surge ese líder mesiánico que para el imaginario popular se convertirá en el representante del clamor colectivo, el que será capaz de mover el tablero político y el que hará posible las demandas de las diversas organizaciones sociales.
En ese sentido, se puede afirmar que son las organizaciones sociales las que llevan a Correa al poder, luego de que este en la campaña leería adecuadamente su mensaje de negación al “establishment”, al no poner candidatos a diputados y ofrece convocar a Asamblea Constituyente.
Es en el espacio de la Asamblea donde la organización social ve su voz representada y es desde ese espacio que el flamante presidente se legitima frente a ellas, subrayando su estilo consultivo y ampliamente participativo, característica de los primeros años de su gobierno. La misma Asamblea es la trinchera donde dirigentes e intelectuales vinculados a la izquierda y a las organizaciones sociales entregan al presidente competencias desmesuradas y pone en sus manos los temas de organización y participación ciudadana y vienen los primeros roces con las organizaciones sociales, los que se agudizan con la consulta popular en el año 2011.
Desde entonces el gobierno muestra características del ejercicio populista del poder comunes a esos regímenes: división y deslegitimación de las organizaciones sociales, captación clientelar y de sus líderes, generación de estructuras paralelas dependientes del gobierno, persecución y encarcelamiento de dirigentes sociales, entre otros. La reelección del 2013 y el control absoluto del poder legislativo, anula definitivamente el carácter consultivo y participativo, característica de su administración y pone a las organizaciones sociales no adscritas al régimen en el plano de la confrontación directa.
La reelección del 2013 y el control absoluto del poder legislativo, anula definitivamente el carácter consultivo y participativo, característica de su administración y pone a las organizaciones sociales no adscritas al régimen en el plano de la confrontación directa.
Para el 2015, la mayoría de organizaciones no gubernamentales, movimientos políticos, colectivos que inicialmente habían apoyado al correísmo lo abandonan y muchas de ellas entran en franca oposición; en un pugilato desigual donde el poder oficial no ahorra esfuerzos en golpear duramente sus adversarios. Desde una breve cronología, se pude decir que el inicio mismo se da en el 2008 cuando Alberto Acosta da su “paso al costado” al frente de la Asamblea, luego viene la represión en Dayuma en el 2009 que agudiza la confrontación con los indígenas y la pública oposición del MPD, sus sindicatos y federaciones estudiantiles. En el 2011 lo hace Ruptura de los 25 ante las propuestas de la consulta popular que quieren reformar la justicia y desde el año 2012 el gobierno no ceja en su arremetida contra las ONGs, plantea la explotación del Yasuní, con lo cual colectivos ambientalistas y juveniles entran a la oposición. Acciones contra el fondo de cesantía de la UNE, la represión desmedida contra estudiantes secundarios y otras acciones de poco tino político ponen al correísmo rodeado únicamente por las organizaciones que este mismo creó…
En ese estado de cosas llegan las elecciones del 2017 y todos los sectores organizados gobiernistas o de oposición, llegan en franco agotamiento, sin capacidad de incidir decisivamente en el proceso electoral. En la primera vuelta, la izquierda y la socialdemocracia lanzan el Acuerdo Nacional por el Cambio (ANC), cuya candidatura no recibe el apoyo frontal de las organizaciones sociales. Las pocas que lo hacen lo entregan con timidez, en tanto que líderes y activistas de otras organizaciones entregan sin empacho su apoyo a las candidaturas de la derecha. A excepción de la FENOCIN, las organizaciones oficialistas —que surgieron como un hongo bajo el cobijo gubernamental, son pequeñas, membretes rimbombantes como la CUT o articuladas para el apoyo de un personaje oficialista en particular, como la RED de maestros— no aportan abundantes votos a Moreno.
En la campaña electoral Moreno posiciona como lema el diálogo pero desde la ambigüedad. Una vez ratificado como presidente electo, comienza conversaciones con los líderes indígenas, donde sus organizaciones plantean la amnistía a presos políticos como condición.
En la segunda vuelta, las organizaciones vinculadas a la izquierda tácita o explícitamente invitan a votar por el candidato de la derecha. La Unidad Popular y sus organizaciones lo apoyan frontalmente, en tanto otras organizaciones y líderes, entre ellos el ex candidato presidencial de ANC, lo hacen al disimulo: no votar por Moreno, pero tampoco anular. Paradójicamente las provincias con mayoritaria población indígena, que apoyaron al oficialismo en las elecciones seccionales y que se las consideraba bajo la influencia de líderes pro gobierno, también votan mayoritariamente por Lasso.
En la campaña electoral Moreno posiciona como lema el diálogo pero desde la ambigüedad. Una vez ratificado como presidente electo, comienza conversaciones con los líderes indígenas, donde sus organizaciones plantean la amnistía a presos políticos como condición. Él responde nominando a Humberto Cholango, como Secretario del Agua. Este nombramiento, pone al flamante secretario en la necesidad de responder tanto a las apetencias de los sectores agroexportadores que responden al tratado de libre comercio con Europa, y a la vez a las demandas de riego comunitarias, lo cual vaticina el renacer de viejas prácticas divisionistas.
Después del 24 de mayo seguirán los diálogos con empresarios, trabajadores y otros sectores organizados. Más allá de las frutos que estos puedan dar para las organizaciones sociales, estas tienen que desarrollar su propia agenda política, reinventarla otra vez, desde una perspectiva, amplia, unitaria y sin la tradicional carga de ideologización que no ha rendido sus frutos y más bien la ha debilitado.