Más allá del escándalo, la indignación y frustración que generan los hechos que hacen “noticia” ubico aquí, lo que a nuestro juicio son impactos fuertes en el decurrir de este país y que tienen forma de procesos, pues vienen acumulándose desde atrás, pero que hoy tienen alarmantes connotaciones:
I. Olas migratorias
Según un estudio de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), publicado el 22 de noviembre del 2024, al menos 1,2 millones de ecuatorianos tienen en mente salir hacia EE.UU. Se desconoce el número de compatriotas que salieron realmente para filtrarse sin los documentos requeridos en ese país, cruzando el Darien o por Honduras, El Salvador y otras rutas; muchos estudiosos señalan que este movimiento es otro boom migratorio luego del ocurrido en el año 2.000 ensayando cifras que van entre los 200 y 300 mil personas que han emigrado, pues sólo en el primer semestre según la fuente digital Primicias 7.175 ecuatorianos han sido reportados por la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Según Prensa Latina “unos 99 mil ecuatorianos salieron de su país sin retorno entre enero y julio de 2024”.
De hecho la emigración causa desconfiguraciones familiares, sociales, económicas, culturales y hasta ambientales. Sin embargo, lo que nos está mostrando este fenómeno es que el Ecuador no es sustentable para cientos de miles de personas que no ven posibilidades de realización aquí, pues no se desarrollan fuentes de trabajo, (el desempleo gira entre el 4% y el 5%, mientras la informalidad ronda el 50%). Los jóvenes no pueden acceder a las universidades, los salarios no cubren las necesidades, la inseguridad y la muerte rondan barrios y negocios; políticas públicas que apunten a promover vidas dignas en los territorios, no existen. Según el INEC, a junio del 2024 la pobreza a escala nacional se ubicó en 25,5% y la pobreza extrema en 10,6% (se considera en estado de pobreza a quien vive con 3 dólares o menos al día, medida por demás moderada, pues si esta subiera a 10 dólares por día, considerando el costo real de la canasta básica en 800 dólares, la cifra superaría al 50% de la población).
La otra cara de la migración internacional son las remesas que los migrantes establecidos en otros países fundamentalmente en Estados Unidos y en menor medida en España envían a las familias en Ecuador, estas llegaron a una cifra mayor a los 5.000 millones de dólares según datos del Banco Central del Ecuador y representan el segundo rubro de ingresos de divisas por detrás de la exportación petrolera. Sin duda estos valores sirven para sostener la dolarización, dinamizar el consumo y contener la expansión de la pobreza; de esta manera resulta que los expulsados económicos, los pobres, aportan al país más que las grandes empresas y las oligarquías que los desprecian.
II. Crisis ambiental y variaciones climáticas
Lo que está ocurriendo en la escala global con el ambiente es altamente preocupante: inundaciones, sequías, huracanes, deslizamientos que dejan secuelas de dolor y muerte en diferentes lugares de los cinco continentes; las grandes conferencias mundiales entonan el himno a la sosteni-blabla y no se vislumbran acciones concertadas para mitigar el cambio climático generado básicamente por industrias humanas contra suelos, mares y aire. El umbral promedio de temperatura desde una línea base pre industrial se acepta al 1.5 grados, sin embargo este año de acuerdo con informes científicos, alcanzamos el 1.6 grados.
Ecuador no está exento de esta realidad, tanto a nivel de desastres como a nivel de desinterés por medidas gubernamentales adecuadas. Como hecho relevante de esta secuela climática en este año, nos referiremos a la crisis hídrica y sequía que nos agobió por alrededor de medio año.
Como ya anotamos, estos problemas son de orden global; sin embargo, nacional y localmente se pueden tomar medidas como por ejemplo controlar, ley en mano, los imparables procesos de deforestación en la Amazonía y en las estribaciones de la cordillera occidental; manejo de cuencas hidrográficas, control de áreas de conservación y de áreas de recarga hídrica que han sido desmanteladas para dar paso a procesos extractivos de minería y cuando no con concesiones incestuosas en el seno del gobierno actual como el caso de los manglares en Olón para turistificación desarrollista.
La minería legal e ilegal que desbastan territorios y contaminan a la par, tienen vía libre para hacerlo, contribuyendo sustancialmente a la contaminación atmosférica y de fuentes de agua, a la pérdida de biodiversidad y a la desposesión y mal-estar de pueblos y comunidades.
El gobierno actual —al igual que sus predecesores— enarbola el discurso y la práctica extractivista (siempre emparentándolo con “desarrollo”) exponiendo al Ecuador en la vitrina mercantil para las transnacionales mineras, cuya práctica obvia es saquear territorios y llevar el máximo de rentabilidad, explotar trabajadores, sobornar autoridades de control y comprar medios de comunicación para lograr “licencia social”. El gobierno incumple una serie de mandatos populares ganados democráticamente en urnas para detener la minería por ejemplo en Quimsacocha, Azuay, y seguir insistiendo con la transnacional Dundee Metals y el MAATE para explotarlas. Queda claro que la ley no es barrera para los afanes extractivistas de esta nueva oligarquía.
Todas estas desinteligencias ambientales van a tono con la crisis hídrica sufrida y que generó una cadena de eventos nefastos como la disminución a menos del mínimo vital del caudal hídrico lo cual llevó a los fatídicos apagones de hasta 12 horas en determinado momento. Según las cámaras de la producción, este hecho causó la perdida de 4.000 millones de dólares por mes y generó altos índices de despidos de trabajadores; las familias de todo el país (a excepción del 1% que vive del poder) sufrieron limitantes en el acceso a agua, al encarecimiento de los alimentos y a las dificultades para ejercer las actividades cotidianas por los cortes de energía.
Nuevamente aquí, los gobiernos de turno y sobre todo los alineados con la política fondomonetarista de bajar a nada la inversión pública, cargan con la responsabilidad por no asignar los recursos para el mantenimiento de centrales hidroeléctricas, termoeléctricas y la terminación de otras a medio construir. El discurso oficial fue como es su línea comunicacional: desviacionista y para poner toda la culpa en otros en gobiernos anteriores, funcionarios traidores, terroristas y hasta zarigüeyas transeúntes de la selva.
Todo lo anterior nos lleva a una profunda reflexión sobre estrategias eco sociales para la sostenibilidad de los territorios, presionando a gobiernos locales y nacional a juntar fuerzas con la comunidad para el diseño de programas consistentes de mitigación, pues lo peor ambientalmente está por venir.
III. Guerra desorganizada vs delincuencia y corrupción organizada
El 9 de enero del 2024, como para marcar el año, trece hombres encapuchados, en vivo y en directo, chacotearon en TC Televisión, un canal estatal ecuatoriano; estupor y angustia suscitó este hecho en toda la sociedad. A escala mundial Ecuador pasó a considerarse país de terror tanto que docentes internacionales para el programa doctoral que coordino en la Universidad de Cuenca, se negaron a participar por temor a perder la vida en cualquier vereda.
Ninguna proclama, ninguna condición se emitió ese día por parte de los delincuentes en pantalla; sin embargo el mensaje subliminal que recibimos fue: “somos el nuevo poder, este país ya es nuestro, sométanse”. Nos quedará la duda sobre si este acto fue montaje o verídico, pues a renglón seguido llegó la fatídica y bukelesca declaratoria de “conflicto armado interno contra organizaciones no estatales y crimen organizado” con el consiguiente estado de excepción y la militarización del país. Es decir el gobierno aceptaba implícitamente una disputa por el poder y reconocía a la delincuencia como actores beligerantes de una guerra política no declarada, cosa que no está tan desviada cuando vemos como estos grupos volaron radares para detectar vuelos irregulares en Montecristi en un período anterior, y hace semanas atacaron construcciones para una nueva cárcel en Santa Elena. Y más allá de esto, se constata la captura de espacios en instituciones estatales y en diferentes niveles, donde resaltan el poder judicial y legislativo.
Según diario Expreso, de Guayaquil, en el 2024 más de 700 miembros de las fuerzas del orden han sido vinculados a hechos ilícitos; 92 servidores judiciales que incurrieron en faltas disciplinarias fueron destituidos, de estos, 52 eran jueces. El lema que ha levantado la justicia en este país es “mafioso cogido, mafioso liberado” y en las cárceles, “delincuente atrapado, delincuente fugado”.
Los casos Plaga, Purga, Metástasis conforman el interminable rosario de procesos, que junto a otros de décadas anteriores constituyen los tumores en cuyas entrañas copulan en orgía general políticos, ministros, funcionarios, operadores de justicia, coroneles y generales, mafiosos con careta de empresarios, narco-exportadores bananeros y nuevos delincuentes hijos de narco novelas colombianas.
La guerra declarada recayó en cientos de operativos en las calles donde miles de personas fueron detenidas bajo presunta flagrancia, muchos de ellos efectivamente correspondieron a miembros rasos de la delincuencia organizada; en otros casos, el abuso, la violencia y la desaparición forzada ha sido denunciada a la justicia regular y a organismos de derechos humanos.
Lo que no hemos visto en esta trama es la gestión de un proceso de inteligencia, tal como se aplica a movimientos de izquierda a ser eliminados: con flujogramas, organigramas y liderazgos, territorios, rutas, financiamiento… o simplemente lo tienen claro, pero atacarlos implicaría un hará kiri.
Hoy, el miedo agobia a la sociedad, caminamos rápido con la única misión de llegar enteros al abrazo de los seres queridos. Este año la dureza de la descomposición ha penetrado en la esperanza hasta ponerla en el traspatio de nuestras vidas; preguntemos pues a padres y madres de las personas desaparecidas y peor a los padres de los cuatro niños de las Malvinas, reflejo cruel de un sistema militarizado, represivo, y antiderechos que nos impuso la baby oligarquía, cuyo afán es alimentar codicias y poder, alzando los hombros de indiferencia frente a la lacerante realidad social que pulula en cada barrio.
IV. Desgobierno a la deriva
Queda este año nítidamente claro que quien funge de Presidente no considera la existencia de un Estado de Derecho. Para él y su grupo la constitución y las leyes, el respeto y la ética son vaciedades y cuando no, consignas terroristas. Algunas evidencias de este desconocimiento así lo demuestran: atropello al status y lugar de la vicepresidenta, violación del derecho internacional en la embajada de México, tratados chinofilos sin el debido proceso de dialogo en las instancias correspondientes, campaña electoral sin licencia, oficializar leyes sin aprobación de la Asamblea Nacional, afanes por entregar territorio de Galápagos para base militar estadounidense y campos petroleros estatales (Sacha) a transnacionales, entre otros hechos de este año. Se marcan también actos bobos como el incidente con Rusia (entrega de material militar de ese país a EE.UU., con represalia y retracción inmediata); el prematuro e innecesario reconocimiento oficial a Edmundo Gonzales como presidente de Venezuela, como los relevantes.
El Ecuador, inmerso en esta realidad, termina el año con indicadores más deplorables a escala latinoamericana, como un crecimiento económico inferior al 1%, o la inseguridad con una calificación de las más altas a escala mundial.
Nos queda, pues, un Ecuador con infraestructura vial deteriorada, un sistema energético deficitario, el sistema educativo y de salud en franco deterioro por recortes presupuestarios, una institucionalidad erosionada tanto por recursos como eficiencia en la gestión, la desaparición del sistema de planificación nacional y su relleno con las directrices del FMI, tanto que la reserva monetaria internacional ha llegado según voceros gubernamentales a más de 8 mil millones de dólares a costa de la casi nula inversión pública pero si al cumplimiento irrestricto de las obligaciones crediticias con dicha entidad financiera.
Así, el nuevo Ecuador proclamado por la baby oligarquía, resulta un oximorón si nos gobiernan viejas oligarquías. Quedará al fin y feamente este slogan de redes sociales: “puesto por un muerto, depuesto por cuatro” pero que expresa la necro-política realmente existente.
V. La vara de ética y tolerancia social
Por último, un impacto frustrante producto de estas realidades, que laceran nuestra vida, es lo que acontece en la conciencia ciudadana: la corrupción es conversación de un día según los casos que hacen noticia. Somos observadores pasivos de los desafueros de los poderes del Estado y de destituciones por corrupción organizadas de las máximas cabezas de las funciones del Estado; nos enteramos que decenas de asambleístas tienen procesos judiciales y otros que se han candidatizado fueron destituidos, procesados, liberados… y votaremos igual por ellos.
Los valores machistas que justifican femicidios que por semana ocurren acá; el racismo que baña a diario nuestros comportamientos, la justificación de arbitrariedades, la idea de que la dictadura es lo que nos queda, son elementos que han calado en la cultura ciudadana y que tienen a la vara que mide la ética tan baja que todo lo antidemocrático y antiderechos, se nos está normalizando.
Pero como decían nuestros mayores “no hay mal que dure cien años, ni pueblo que lo resista”.