Hace unos días mantuve un diálogo con una profesora de la Universidad Carlos III de Madrid y un diputado catalán sobre la situación que vive España a propósito la declaración unilateral de independencia de Cataluña, frente a la que el gobierno español respondió con la cesación del gobierno autonómico y el enjuiciamiento de sus principales autoridades, el encarcelamiento de la mitad de esas exautoridades y de dos líderes sociales que colaboraron con ellos, y con la convocatoria a nuevas elecciones autonómicas para el próximo 21 de diciembre. Situación que, desde mi perspectiva, pone a prueba la solidez democrática e institucional del Estado español para procesar las diferencias y diversidades que lo constituyen.
En este agitado panorama, las cuestiones centrales del debate que hacen en el Parlamento y en los medios de comunicación las fuerzas políticas, los periodistas y los intelectuales son: 1) si las pretensiones de independencia de muchos Catalanes (cerca del 45% de la habitantes de Cataluña) son legítimas, y de serlo, cómo podrían ser canalizadas sin escindir a Cataluña de España; 2) si dentro del Estado democrático y de derecho cabía “judicializar” el problema, enjuiciando y encarcelando a algunos representantes políticos y a autoridades del gobierno Catalán, en lugar de procesarlo por las vías democráticas de la deliberación en el Congreso de los Diputados y mediante la consulta al pueblo en las urnas; y, 3) si la utilización de los medios de comunicación, tanto por parte del gobierno autonómico de Cataluña como del gobierno Español, ha contribuido a polarizar de forma antidemocrática las diferencias de opinión de los ciudadanos sobre este tema y radicalizar las demostraciones de fuerza (física, política, mediática e institucional) de los partidarios de una u otra tesis.
Este debate intenso y a veces áspero se hace, sin embargo, dirigido por la voluntad democrática compartida de encontrar un arreglo político viable para todas las partes en conflicto. Nada más diré sobre la difícil situación que vive España, salvo que, le agradezco servir de espejo para mirar cómo los actores políticos, sociales y mediáticos en el Ecuador intentan procesar los asuntos que constituyen sus desacuerdos políticos.
Desde esa perspectiva, la primera cosa que me llama la atención sobre Ecuador es que gobierno y oposición cohabitan en un mismo movimiento político, copando casi la totalidad las actorías políticas y consumiendo la mayor parte de la atención ciudadana en seguir sus disputas domésticas. En efecto, Alianza País ha logrado concentrar todo el protagonismo, pues, los demás actores políticos e incluso los intelectuales y periodistas de opinión, solo logran ser visibles y tener alguna presencia política en la medida que comentan, atacan, reivindican, justifican u ocultan las acciones tomadas por una de las facciones en conflicto.
Así, al más puro estilo feudal, son los barones de la política (por ahora los de Alianza País) y sus huestes quienes construyen la agenda política o, mejor dicho, quienes logran convertir sus diferencias personales en la agenda política, e incluso en una cuestión de supervivencia o muerte de la democracia y del Estado de derecho, por supuesto, a la manera que cada uno de ellos entiende estos conceptos para servir a sus propias posiciones e intereses.
La segunda cosa que llama mi atención es el vacío ideológico, político e institucional que permite que todo el país esté principalmente ocupado del movimiento que hará Correa y la reacción que tendrá Moreno, en su lucha por el control de la política nacional. Y ese vacío se expresa en que los demás actores políticos ni debaten, ni luchan, ni proponen nada para que el Estado adopte las formas más adecuadas de lograr el bienestar común, sea cual sea su versión ideológica de lo que ello implica. Desde esa perspectiva, objetivamente, hay que reconocer que el único Plan Nacional que existe, es decir el único Proyecto de Estado pensado y descrito detalladamente, es el que se produjo y ejecutó en el gobierno de Rafael Correa desde SENPLADES. Por ahora no tenemos más, porque nadie ha propuesto con seriedad nada más. Pero este plan está abandonado o en suspenso por el gobierno de Moreno.
En efecto, por ahora, ninguno de los otros actores políticos tiene un posición clara ni una propuesta estructurada sobre cómo distribuir equitativamente el costo de los derechos establecidos en la Constitución; ni acerca de la necesidad de mantener y expandir los servicios básicos públicos; ni sobre la conveniencia de continuar o revertir el cambio de la matriz productiva; ni acerca de la posibilidad de ampliar los derechos y oportunidades de los colectivos discriminados o de los que viven en situación de vulnerabilidad, ni sobre otros muchos asuntos tan importantes como los enunciados.
La tercera cosa que, desde mi perspectiva, convierte a estas prácticas políticas en un episodio de feudalismo posmoderno, es que los barones de la política y sus voceros buscan constantemente legitimarse ante sus propias huestes e incluso ante las de su adversario, usando expresiones como “Estado de derecho”, “democracia”, “separación de poderes”, “imperio de la ley”, “voluntad popular”, y lo hacen precisamente para subvertir el Estado de derecho, anular la deliberación democrática en la Asamblea, judicializar la política, manipular las funciones Electoral y de Transparencia y Control Social, e instrumentalizar las elecciones y consultas al pueblo, de modo que, en lugar de recibir por las urnas un mandato de los ciudadanos, ellos entienden que van a recibir una patente de corso para arrasar con todo lo que no sea de su propio gusto.
Así pues, el feudalismo posmoderno, como hecho político, se configura como un episodio cíclicamente recurrente en nuestra historia republicana, caracterizado porque no tiene actores ni actorías político-ideológicas, tiene barones de la política. Los barones, a su vez, no tienen proyecto nacional ni agenda política, lo que tienen es un accionar político obsesivo destinado a derrotar a su enemigo, a controlar los poderes públicos y dominar la vida política nacional. Tampoco tiene ni militantes ni adversarios ideológicos, políticos o mediáticos, tiene huestes que se acumulan por conveniencia o por seducción emocional en cualquiera de los bandos. El feudalismo posmoderno, busca legitimarse constantemente, echando mano de los discursos y conceptos políticos propios de las democracias modernas; y, a diferencia de los populismos electorales, sobre los que se podía ejercer ciertas formas de control democrático y/o institucional, el feudalismo posmoderno no tiene límites ni escrúpulos para transgredir cualquier norma, cualquier institución, cualquier discurso o a cualquier persona. Se trata de morir o matar, e incluso, en caso de que corresponda morir, hacerlo matando.
Es indispensable recuperar la capacidad de gestionar democráticamente las diferencias, de estructurar propuestas serias que viabilicen los derechos establecidos en la Constitución, de respetar las reglas y a las personas. Si no lo logramos estaremos condenados a la violencia y a la precariedad.
Romel Jurado Vargas
romelgsd@hotmail