A propósito del galopante tráfico de iguanas que hemos tenido que tolerar en los últimos años, de los inmensos recursos que se anuncian para las islas y de la secular afición de ciertas ONG a pedir donaciones para supuestamente protegerlas, no dejo de hacerme una pregunta elemental: ¿cuántas mismo quedan? Y, de paso, conviene recordar por qué importan tanto.
La iguana marina (Amblyrhynchus cristatus) es el único lagarto del planeta que se gana la vida en el mar: bucea hasta veinticinco metros para pastar las algas de las rocas sumergidas, lo que la convierte en el único vertebrado terrestre que se alimenta casi exclusivamente de macroalgas marinas. No es un dato pintoresco: es una pieza de ingeniería natural que estructura el ecosistema. Al pastar, regula la pradera submarina; al volver a la roca a calentarse, traslada ese alimento del mar a la tierra y lo devuelve convertido en nutriente. La fisiología de campo lo midió hace cuarenta años: una sola colonia —la de Punta Espinosa, de alrededor de 1.885 animales— consume entre 27.000 y 29.000 kilos de alga fresca al año (Nagy y Shoemaker, 1984). Por si fuera poco, es el único representante de un género monotípico: si se extingue, no desaparece una especie, desaparece un linaje evolutivo entero, sin pariente cercano que lo reemplace.
Lo que vale una iguana viva
En las causas en que asumo su defensa he visto, con tristeza profunda, cómo las iguanas rescatadas de los traficantes terminan muriendo en promedio, una de cada cuatro, bajo la custodia del Parque Nacional Galápagos (PNG) o de la USFQ y bajo la mirada impasible de todas aquellas organizaciones no gubernamentales que medran de las islas.
Frente a quienes todavía razonan con la lógica de que la eutanasia puede ser una salida, he sostenido una idea incómoda: la iguana vale infinitamente más viva que muerta. Y no lo digo por convicción sentimental, sino con la misma lógica económica que el propio Estado ecuatoriano, a través del PNG, invocó en sede judicial para exigir reparación integral a quienes dañan especies protegidas.
El precedente existe. El caso del buque chino Fu Yuan Yu Leng 999 (juicio N.º 20331-2017-00179) —capturado en 2017 dentro de la Reserva Marina con más de 6.000 tiburones a bordo— permitió que los tribunales ecuatorianos fijaran una reparación de USD 6,1 millones. La cifra no salió de la nada: se apoyó en el estudio bioeconómico de National Geographic Pristine Seas y la Universidad de California, que calculó el valor presente neto de un tiburón vivo de Galápagos para la industria turística en hasta USD 5,4 millones a lo largo de su vida (Lynham, Costello, Gaines y Sala, 2015).
Quien daña a una iguana destruye un activo patrimonial y ecológico de altísimo valor para el Ecuador y para la humanidad.
Apliqué esa misma metodología a las iguanas, pero para determinar algo más amplio: su “valor ecosistémico”, es decir, su contribución —presente y futura— al funcionamiento, la estructura y la resiliencia del ecosistema del que forma parte, con independencia de lo que aporte al turismo. La valoración integra cuatro componentes: el valor turístico (la iguana es visible para prácticamente todos los visitantes de las islas), el valor de existencia (lo que la sociedad está dispuesta a reconocer porque la especie siga existiendo), el valor ecosistémico propiamente dicho (su papel en la cadena trófica y en la transferencia de nutrientes entre el mar y la tierra) y los agravantes jurídicos derivados de su condición de especie endémica, monotípica, incluida en el Apéndice I de la CITES y habitante de un Patrimonio de la Humanidad.
Con esos elementos, en la causa de las doce iguanas incautadas en Guayaquil (proceso No. 09281-2026-01313) cuantifiqué un valor de USD 180.000 por iguana viva y solicité una reparación integral de USD 2’340.000 por el conjunto. En el peritaje de las treinta y dos iguanas que una ciudadana rusa intentó sacar por Quito rumbo a Islandia, la valoración integrada —turismo, existencia y agravantes por CITES Apéndice I y Patrimonio de la Humanidad— asciende a USD 5’412.333.
Y aquí el dato que debería sonrojar a quien aún dude: si el tiburón —que pocos turistas ven de cerca— justificó aquellas cifras, la iguana marina, imagen de cada folleto, visible para prácticamente todo el que llega a las islas, exclusiva de Galápagos y sin sustituto en el planeta, difícilmente vale menos. Quien daña a una iguana destruye un activo patrimonial y ecológico de altísimo valor para el Ecuador y para la humanidad.
Lo que dice la autoridad a cargo de cuidarlas
Más allá del valor, está la pregunta aparentemente simple del censo. Y cuando uno busca la respuesta oficial descubre que la cifra no se queda quieta. El detalle no es menor, porque este baile de números ocurre después de que, en octubre de 2022, una sentencia constitucional ordenara al Estado gestionar el paso de la especie del Apéndice II al Apéndice I de la CITES (causa 17230-2022-13416), mandato que la autoridad tardó tres años en cumplir. Esa sentencia fue producto de la demanda que presentamos contra el Estado por el tráfico y el blanqueo de iguanas con permisos CITES en los que la especie figuraba, en Asia y Europa, como si hubiera nacido en cautiverio.
Conviene ver la serie completa y en orden. En la Rendición de Cuentas de 2019, la DPNG registró 25.691 individuos censados en 17 colonias. El Reporte de Monitoreo de diciembre de 2021 contabilizó, de forma visual, 27.758 individuos en 33 colonias de trece islas. En el crucero del Sierra Negra, reportado en enero de 2023, el conteo —también visual— subió a 35.933 iguanas marinas en catorce islas (DPNG, 2023). En 2024, en cambio, el censo se hizo con drones y en veintinueve sitios, y la cifra cayó a 23.037 individuos, concentrados de forma abrumadora en Fernandina (16.582), con números menores en Isabela (2.363), Española (1.565), Genovesa (849), Santa Fe (260) y Pinta (244), y el resto repartido en colonias pequeñas (GSC/USFQ, 2024, cifra preliminar). Y el informe de Rendición de Cuentas 2025, firmado por la exdirectora del PNG y por el intocable director de Ecosistemas —hoy director encargado—, consigna 26.336 iguanas marinas en su “monitoreo marino” (DPNG, RDC 2025).
No existe, a la fecha, un conteo único, estable y verdaderamente transparente de cuántas iguanas marinas hay en Galápagos.
Puestos en fila, esos números no cuentan una historia: cuentan un desorden. 25.691, 27.758, 35.933, 23.037, 26.336. Entre el conteo de 2023 y el de 2024 la diferencia es de casi trece mil iguanas; entre 2024 y 2025 reaparecen más de tres mil. ¿Se murieron? ¿Regresaron? La respuesta honesta es que no lo sabemos, y buena parte de la culpa es metodológica: no se puede restar sin más una cifra de otra, porque no son comparables. El 35.933 de 2023 proviene de un conteo visual en catorce islas; el 23.037 de 2024 es un resultado preliminar obtenido con drones en veintinueve sitios; el 26.336 de 2025 corresponde a otro “monitoreo” cuyo método y cobertura no se detallan. Cambian la técnica, el número de sitios y la temporada y nadie concilia los resultados ni explica el salto. Ese es, precisamente, el problema: el Parque no lo aclara ni en sus publicaciones ni dentro de los juicios penales en los que hemos exigido esa información. No existe, a la fecha, un conteo único, estable y verdaderamente transparente de cuántas iguanas marinas hay en Galápagos.
La herramienta para lograrlo, además, ya existe. El proyecto Iguanas from Above, dirigido desde 2019 por la Universidad de Leipzig junto con la USFQ y guardaparques del PNG, demostró que si sería posible censar con precisión a esta especie que habita costas remotas e inaccesibles: primero validó un método de conteo con drones operados desde embarcación (Varela-Jaramillo et al., 2023, Frontiers in Zoology) y luego probó que voluntarios de ciencia ciudadana pueden identificar y contar iguanas en las imágenes aéreas con una exactitud del 91 % al 92 % respecto de los expertos (Varela-Jaramillo et al., 2025, Scientific Reports). Los propios autores advierten, eso sí, una tendencia al subconteo, de modo que sus estimaciones deben leerse como mínimos. Lo que falta, entonces, no es la técnica. Es la seriedad institucional para aplicarla de forma sistemática y transparente.
¿A qué ciudadano, biólogo o amante de las islas no le llama la atención tanta opacidad?
La ciencia que necesita permiso para contarnos la verdad
Hay un detalle que el lector debe conocer. En Galápagos, ninguna investigación científica —ni una sola, incluidas las fotografías aéreas de Iguanas from Above— puede realizarse ni publicarse sin la autorización del PNG y sin la firma de algún funcionario del Parque en el documento. La propia DPNG lo establece: administra toda la investigación en las áreas protegidas, el permiso lo firma su director y tiene vigencia de un año, las muestras son “patrimonio genético del Estado” y deben devolverse y el acceso a recursos genéticos exige un contrato-marco estatal. El mismo informe de 2025 que cuenta 26.336 iguanas presume, en el mismo renglón burocrático, de haber emitido 86 permisos de investigación y de supervisar 74 publicaciones científicas. Y uno se pregunta: ¿para qué política pública de protección y prevención sirvió toda esa producción?
Dicho de otro modo: quien cuenta las iguanas es también quien decide qué se hace con esa información y qué se publica sobre ellas. De la seriedad de ese portero dudo a profundidad, y lo digo con la autoridad de quien ha visto, expediente en mano, cómo se pretendió sacar iguanas por el aeropuerto de Baltra —y antes por los de Guayaquil y Quito— burlando al mismo control que tiene la obligación legal de protegerlas. Si el Estado concentra el permiso para investigar, el manejo de las muestras, el acceso genético y ahora también la rectoría científica, el riesgo es evidente: que un dato incómodo —una caída poblacional, una mortandad, una cifra que contradiga el discurso oficial— nunca llegue a conocerse.
Para muestra un botón. Pese a que en 2015, a través del Grupo de Especialistas en Iguanas de la UICN, se reportó e investigó cómo desde 2010 salían de contrabando iguanas marinas y terrestres de Galápagos hacia Suiza, pasando por Malí, ni las autoridades ni las ONG “conservacionistas” de Galápagos hicieron algo por visibilizar y enfrentar ese inaceptable problema. Hubo que esperar diez años: recién en diciembre de 2025, y por una acción constitucional que presenté junto con el periodista Franklin Vega, se logró que el sistema CITES prohibiera terminantemente su comercialización.
Si el Estado concentra el permiso para investigar, el manejo de las muestras, el acceso genético y ahora también la rectoría científica, el riesgo es evidente.
El signo que no se pronuncia
Umberto Eco enseñaba que un signo no funciona de manera aislada: necesita una relación de significación y alguien capaz de interpretarlo. Y lo definía con una provocación memorable: un signo es todo aquello que puede usarse para mentir; si sirve para decir la verdad, también sirve para ocultarla.
El fenómeno de El Niño es un signo objetivo y una amenaza real para las especies de las islas. Calienta el mar, colapsa el alga y obliga a la iguana a reducir su longitud corporal —hueso incluido— hasta en un 20 % para sobrevivir; en los peores años, mata de hambre a buena parte de la población (Wikelski y Thom, 2000). Pero El Niño es cíclico y, a su manera, honesto: avisa, mata y se retira, y las colonias se recuperan como lo han hecho durante milenios.
La otra amenaza, la antrópica, no es honesta. Una cifra que salta de 35.933 a 23.037 y luego a 26.336 sin que nadie la concilie; un método de censo ya validado que no se aplica con la constancia debida; una ciencia que necesita permiso de una autoridad a la vez juez y parte para contar a las víctimas; iguanas que se trafican bajo las narices de un control que, en un informe poco conocido por el país, presume de 544 retenciones aeroportuarias: todo eso también es un sistema de signos. Y su mensaje, leído completo, es la negligencia.
Entonces, ¿cuántas iguanas marinas de Galápagos mismo hay? La verdad es que, a estas alturas, ni quienes tienen la obligación legal de saberlo —y de dejarnos saberlo— lo dicen con una cifra que resista el examen. Y ese, estimados lectores, es el dato más alarmante de todos: porque mientras no sepamos cuántas son, las iguanas pueden seguir siendo traficadas sin que nadie pueda advertirlo, controlarlo ni contabilizarlo.