En El viaje del Beagle Darwin cuenta que lanzó varias veces una iguana marina al mar y que el animal siempre volvía hacia él, a la orilla y lo explicó así: el reptil «no tiene enemigo alguno en tierra», mientras que en el mar lo esperan los tiburones. Esa mansedumbre, que nace de haber evolucionado sin depredadores, es justamente lo que hoy las hace fáciles de meter en una mochila. Las iguanas están a merced de quienes deberían protegerlas, unos tiburones de dos patas.
Las artesanías empezaron a moverse cuando abrieron la maleta. Era el 28 de marzo de 2021, aeropuerto de Baltra–Galápagos. En la pantalla de rayos X habían aparecido unas manchas anaranjadas y el operador que manejaba el equipo, junto con el funcionario del Parque Nacional Galápagos (PNG) a cargo, decidieron averiguar qué había. Entre los envoltorios surgieron pequeñas formas que un policía de la Unidad Canina había enviado al aeropuerto —vía un courier de Santa Cruz— declarándolas como “artesanías”. En realidad, ese policía, que cumplió una pena de seis meses de prisión y una multa que jamás pagó, había empacado 185 tortugas Galápagos neonatas y juveniles.
Aquella mañana, los encargados de los rayos X en el aeropuerto “Ecológico” de Baltra hicieron lo único que justificaba su presencia frente al monitor: aplicaron los protocolos. Dentro del juicio relataron un hecho que a la fiscal y al director del PNG de aquel entonces poco les importó: junto a la maleta llena de tortugas embaladas había otra gemela, idéntica, que pertenecía a una guía de turismo, hija y sobrina de propietarios de fincas en Santa Cruz donde nacen, viven y pastan tortugas. Conforme al protocolo, hicieron que bajara del avión, abriera la maleta y explicara su contenido: gorras con el logo del Parque Nacional Galápagos, guantes y costalillos. Le preguntaron para qué necesitaba esos objetos y respondió: “para mi familia de Guayaquil”. En sentencia de junio del 2021, el juez Rubén Darío Abad —asesinado hace poco— ordenó a fiscalía iniciar investigaciones a estas personas. Hasta la fecha nadie de fiscalía investiga ni el PNG impulsa (causa 20331-2021-00141).
Este sujeto declaró que tenían un operador identificado como «Ti», encargado de pagar a gente del aeropuerto y de garantizar que los escáneres podían ser sorteados fácilmente.
Cinco años después, el 19 de mayo de 2026, en el mismo aeropuerto, doce iguanas marinas fueron detectadas por los rayos X dentro de las mochilas de tres ciudadanos tailandeses, pero pudieron pasar y llegar a Guayaquil donde la Unidad de policía canina, previa advertencia de la aerolínea por el perfil de los viajeros, las detectó.
En el aeropuerto de Baltra, los funcionarios a cargo, al ver las imágenes de color naranja con las figuras de las iguanas, “casi se reían con nosotros” y nos dejaron pasar pues sabían que venimos a las islas a agarrarlas. Eso fue lo que le dijo al juez, en su testimonio, uno de los detenidos.
Este sujeto declaró que tenían un operador identificado como «Ti», encargado de pagar a gente del aeropuerto y de garantizar que los escáneres podían ser sorteados fácilmente. A los empleados que estuvieron de turno se les deberá investigar y, aunque en la audiencia pregunté al policía investigador por los nombres de esos pillastres, dijo que ya no tenía la información por cuanto fue relevado de ese puesto unos días después de haber hecho la investigación. ¿Será que ya pusieron la denuncia sus jefes?
El “éxito” delictivo de los traficantes se refuerza con el bloqueo y boicot a la Unidad de Policía Canina (CRAC) para realizar controles. La sofisticación del delito tenía, en 2021, a policías de esta Unidad haciendo directamente el trabajo del traficante; luego, cuando apresaron al policía se dieron cuenta que lo mejor sería no tener canes y lograron con inmensa eficiencia impedir a la CRAC ingresar a realizar controles en el túnel de pasajeros que salen de Baltra, mientras la propia dirección del aeropuerto —a decir de los propios policías— no diera la autorización.
En paralelo, a la vista gorda de los operadores de los rayos X y de la CRAC se suma algo que deberá investigarse a profundidad: el tecnólogo Christian Sevilla, director de Ecosistemas del PNG, le dijo por escrito al juez —ante mi pedido de explicación de la razón por la cual no hay Unidad de Policía canina en Baltra— que la inexistencia de control canino en el aeropuerto obedece a que no tienen convenio firmado con la policía. ¡Sí, como lo está leyendo! Con documento público de por medio, el alto funcionario dijo que no hay policía canina en el aeropuerto porque no tienen convenio con la policía.
Desde el caso de tráfico de las 185 tortugas hasta la fecha, incluyendo el tráfico de las 32 iguanas en manos de la ciudadana rusa el pasado 29 de agosto, han pasado cinco años y nada ha cambiado.
Lo peor no es esa rueda de molino que pretende el funcionario que nos traguemos. Como representante en juicio de las iguanas logramos obtener, gracias a las gestiones y el apoyo del periodista Franklin Vega —quien junto conmigo es representante de las iguanas en el juicio—, el Convenio firmado en 2023, por cinco años, entre el Ministerio del Interior —en representación de la Policía— y el Parque Nacional Galápagos, en donde ambas instituciones se comprometen a trabajar en conjunto para que exista vigilancia y patrullaje de los aeropuertos con el respectivo perro de control y vigilancia. Es decir, el convenio que dicen que no existe, sí existe.
Desde Baltra, mientras este funcionario aseveraba aquello, el 7 de agosto de 2026, en su Boletín de Prensa Nro. 335, el Ministerio de Ambiente y Energía anunciaba que “fortalece la protección de Galápagos” con cuatro escáneres de rayos X —para cuatro aeropuertos de Quito, Guayaquil, Baltra y San Cristóbal— con inteligencia artificial de última generación, capaces de leer cada maleta en dos perfiles, reducir la inspección de cinco o siete minutos a apenas uno o dos, y “aumentar en un 80 % la eficiencia en la detección oportuna de especies exógenas”. La misma cartera de Estado que se dice tan preocupada por las 1.476 especies introducidas y por el 1,4 millón de piezas de equipaje que cada año atraviesan el archipiélago, no ha explicado por qué esa preocupación no alcanzó para hacer respetar un convenio con la policía que ya existía desde 2023. Cambiaron al director del Parque en el trayecto pero no al funcionario que falsea la verdad.
Quienes conocemos a profundidad las islas sabemos que allá la opacidad es la regla.
Estos escáneres, según las notas de prensa, costaron USD 770.923 y la cofinanciaron entre públicos y privados: la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos (ABG); el Fondo de Especies Invasoras para Galápagos (FEIG, administrado por el FIAS), la Fundación WildAid, esta última en calidad de “coejecutor técnico y administrativo”. La misma WildAid que, junto con la Fundación Jocotoco, ya había donado en 2023 una máquina de rayos X y un circuito cerrado de cámaras al aeropuerto de San Cristóbal para —textual— combatir el tráfico de especies protegidas, no han dicho nada ante el comportamiento del aeropuerto de Baltra y los funcionarios del PNG.
Cuando regreso a analizar el juicio —donde también representamos a las víctimas— seguido en contra de la ciudadana rusa encontrada este 29 de agosto último en el aeropuerto de Quito con 32 iguanas, veo que los traficantes tuvieron tres meses para operar libremente hasta ser pillados nuevamente. A la mujer rusa también la atraparon gracias a la CRAC del aeropuerto de Quito. Rusa y tailandeses iban al mismo destino: Bangkok. Esto es abracadabrante. Sacar a las iguanas de Galápagos es fácil, el problema son los aeropuertos donde hay unidades caninas.
La misma cartera de Estado no ha explicado por qué su preocupación por los cientos de especias introducidas no alcanzó para hacer respetar un convenio con la policía que ya existía desde 2023.
De verdad todo esto aparece como burla. Hubo otro hecho que pasó desapercibido y está relacionado con la respuesta institucional que dio Ecogal (así se llama el concesionario del aeropuerto de Baltra) el día posterior a la captura de los tailandeses en Guayaquil, el 20 de mayo. Mediante comunicado público reconoció que no hay rayos X —aseveración falsa demostrada dentro del juicio por el policía investigador— y añadió que se encuentra en “desarrollo de una nueva tecnología orientada a detectar fauna silvestre inmovilizada dentro de equipajes”, y que “al tratarse de un proceso innovador y sin precedentes, su implementación requiere un período de desarrollo técnico y validación, que permitirá que esta herramienta entre en funcionamiento en las próximas semanas”. Innovador y sin precedentes dice Ecogal. Veamos:
El oficial investigador de la Policía declaró en el juicio que toda la operación de control de pasajeros la llevan los funcionarios del PNG y del aeropuerto. Dijo, además, respondiendo a mis preguntas, que la máquina de rayos X —marca Orión 920 CX— sí funcionaba el día de los acontecimientos y que él mismo lo verificó. Que el personal que opera el equipo indicó que a los animales —material orgánico— los identificaba con color naranja; es decir, que tales rayos X sí podían detectar animales. De modo que no era la tecnología la que faltaba. Faltaba lo otro: la honradez y cumplimiento de los protocolos. Casualmente, luego de estas declaraciones y previo al inicio del testimonio de un tailandés, la abogada del Parque Nacional Galápagos empezó a reírse en plena audiencia. El juez tuvo que intervenir ante mi airada protesta de tan innoble conducta y llamarle la atención.
Pedí dentro de juicio que el gerente del aeropuerto de Baltra, Rosillo Lossa, compareciera como testigo al juicio y explicara el contenido de su comunicado, pero también se rió. No fue a la audiencia. Lo que me queda claro es que los tailandeses sabían que los rayos X sí funcionan, el gerente del aeropuerto no.
Casi la mitad de las iguanas rescatadas está muriendo por inanición. Al PNG, que no tiene protocolos para el manejo de animales extraídos, no se le ocurre realizar procedimientos de alimentación asistida. Justifica y explica las muertes por el supuesto contagio de adenovirus, lo cual científicamente aún no ha sido contrastado para saber si eso es cierto o, si de ser cierto, se contagiaron fuera de las islas o ya lo tenían cuando fueron extraídas.
El delito ya no es tráfico, es delincuencia organizada transnacional.
Desde el caso de tráfico de las 185 tortugas hasta la fecha, incluyendo el tráfico de las 32 iguanas en manos de la ciudadana rusa el pasado 29 de agosto, han pasado cinco años y nada ha cambiado respecto de la prevención, cuidado y protección de las iguanas, excepto, sin duda, el patrimonio de algunos y el número de iguanas en las islas.
Falta personal capacitado y honesto, faltan censos, falta la aplicación de toda una política criminal de combate al tráfico de especies, en donde ni siquiera los parámetros que enseñó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) al Parque Nacional Galápagos han sido suficientes.
Sobre la población de iguanas en Galápagos y los parámetros de la ICCWC (Consorcio Internacional para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre, que reúne a CITES, INTERPOL, la UNODC, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Aduanas), hablaremos en la siguiente entrega, mientras tanto, no olvidemos esta frase:
“Al salir la imagen de las iguanas en el escáner, casi se reían con nosotros”. Traducido:
พอเห็นรูปกิ้งก่าผ่านเครื่องสแกนเอ็กซเรย์พวกเขาก็เกือบจะหัวเราะกับพวกเรา
king-ka khrueang hua-rao kap phuak-rao
*Nota de la Redacción: El autor es abogado que ejerce la defensa técnica en representación de las víctimas, en este caso, de las iguanas extraídas de Galápagos.