El reciente Informe a la Nación del presidente Daniel Noboa reflejó no sólo el alto grado de desconexión que existe entre el mandatario y sus mandantes, al presentar la radiografía de un país totalmente inexistente, lo cual no sólo erosiona y profundiza la crisis de la democracia en sus diferentes dimensiones, sino también evidencia la distorsión deliberada de la realidad con fines políticos, muy propia de estos tiempos donde la posverdad manipula emociones a fin de incidir en la opinión pública y la conducta de la gente. En esto último, medios digitales dedicados al fact-checking, cuyo trabajo resulta ciertamente encomiable en un escenario de alta desinformación, desvelaron que, verbigracia, de un total de 42 afirmaciones realizadas por el primer mandatario en la Asamblea Nacional, a propósito de su informe del primer año de gobierno (sin mencionar el periodo de transición), el 69,05% resultaron ser entre falsas (2), engañosas (7), inverificables (9) e imprecisas (11); en tanto, apenas el 30,95% de esas aseveraciones, es decir, un número de 13, fueron ciertas.
Que en un proceso de rendición de cuentas se incorporen datos irreales o inexactos deja en claro que el valor de la palabra ha perdido importancia, lo cual constituye una verdadera afrenta para los ciudadanos, lo que termina adicionalmente afectado a la ética pública. Pero algo más. También evidencia que los ofrecimientos de campaña y las obras gubernamentales ejecutadas durante el último año fueron tan pocas que 34 minutos de duración del discurso presidencial, resultaron casi interminables, una eternidad, por lo que debieron ser completados con videos institucionales que dibujaban a todo color, y quizá con IA, a una república de los utópicos.
Pero más allá de la saturación de información que alimentan las redes sociales, el pueblo es bastante intuitivo y no siempre comulga con ruedas de molino. Una cosa es la realidad que se describe desde el Palacio de Carondelet y una muy diferente la que vive diariamente el Ecuador profundo. De ahí que el sondeo de opinión efectuado por el Centro de investigaciones y estudios especializados (CIEES), a mayo de 2026, determina que apenas el 23% de los consultados tiene confianza en el gobierno nacional, en tanto el restante el 77% abiertamente desconfía. En otras palabras, de cada 10 ecuatorianos, 7 no creen en el oficialismo y, consecuentemente, la palabra del presidente está seriamente comprometida y devaluada como bolívar venezolano, cuando debería ser el mayor activo de un político. Por eso mismo, actualmente la gestión del Primer Mandatario, Daniel Noboa, muestra un 74% de desaprobación.
Así las cosas, en medio de críticas realizadas al contenido del informe a la nación 2026, las expectativas para el próximo año no resultan nada alentadoras para el gobierno. Y es que el estado de ánimo de la población frente a la actual realidad determina, según ese mismo estudio, no sólo emociones dominantes de indignación (37%) y miedo (25%), sino también que el 80% de los consultados se presentan pesimistas, explicado esto por los problemas de seguridad en un 46%, por el mal desempeño del gobierno en un 37% y por dificultades económicas, entre otras.
Los desafíos son cada vez mayores y mucho más complejos. Hay que dar respuestas a los temas de inseguridad, desempleo, pobreza, ineficiencia gubernamental y corrupción que carcomen las bases de un sistema político que está debilitado por los cuatro costados.
Debemos rescatar a la verdad y para ello la Asamblea Nacional, en atención a sus responsabilidades determinadas en el Art. 120.4 de la Constitución, debe necesariamente pronunciarse respecto al contenido del informe anual del presidente Noboa. Ya veremos…