Al nuevo director ejecutivo de la Arcom, el colombiano Francisco Cruz Prada, lo llevaron a conocer al director de operaciones del Comando Conjunto de las FFAA y luego tuvo una cita con el comandante general del Ejército, Gral. John Miño. Una semana después, Cruz Prada reunió a sus funcionarios de la Arcom y les prohibió contestar los celulares y hablar con titulares mineros o con cualquiera que tuviera que ver con minería. Pero la función es de servidores públicos, le dijeron sus colaboradores, pero el ejecutivo colombiano insistió en su prohibición les dijo que se iba a enterar si es que hablaban con algún titular minero, según relataron fuentes que pidieron anonimato.
Días después, el nuevo director llamó al coordinador nacional de Control Minero a su despacho y le presentó a su reemplazo, otro colombiano, Marco Antonio Sanabria Pulido, con un currículo de experto en inteligencia y en lavado de activos.
De esa manera, la Agencia de Regulación y Control Minero, Arcom, entidad que controla la minería ilegal en el Ecuador, quedó en manos de dos ejecutivos colombianos. Las autoridades del ramo han sido cautas en informar de este recambio, y menos en explicar cómo dos ciudadanos extranjeros dirigen ahora una entidad que trabaja en un área estratégica del Estado, que hasta hace poco era dirigida por militares en servicio pasivo porque sus actividades involucran temas de seguridad nacional. La Arcom maneja información sensible, tanto de operaciones militares de control de minería ilegal, como las relaciones de esta actividad con el crimen organizado.
En la transición, el Crnel. (sp) Bolívar Garzón, ya cesado en el cargo, entregó a Marco Sanabria, su reemplazo, todos los planes de su oficina. El coordinador de control minero es un segundo al mando, militarmente vendría a ser un jefe de operaciones. Este funcionario coordina información sensible y estratégica con los mandos de las fuerzas armadas para el combate en contra de la minería ilegal y la minería criminal. El cargo ahora está en manos de este ciudadano colombiano.
La Agencia de Regulación y Control Minero, Arcom, entidad que controla la minería en el Ecuador, quedó en manos de dos ejecutivos colombianos. Las autoridades del ramo han sido cautas en informar de este recambio.
¿Puede este cargo, sensible a la seguridad nacional, estar en manos de un ciudadano extranjero? Un experto en el combate a la minería ilegal, militar en servicio pasivo, señala que el tema resulta delicado para este sector estratégico (la minería ilegal es oficialmente una amenaza para la seguridad del Estado) sobre todo porque los operativos, como se ha hecho evidencia, se dan en el marco de la lucha contra el crimen organizado y son coordinados con las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. ¿Cómo funciona este tema? El director de control de la pequeña minería o el director de seguridad y derechos mineros de la Arcom, cualquiera de los dos detectan en el campo un punto de minería ilegal y se hace investigación previa a través de los delegados distritales. Para que ese punto detectado sea verificado, si está inscrito, si tiene permisos, cómo está operando… Si hay una fuerte evidencia de que se trata de minería ilegal se comunica al coordinador nacional de control minero. Es este funcionario el que llama a las Fuerzas Armadas, al director de operaciones del Comando Conjunto. Se le informa de la novedad y se pide que el batallón que está en el sector, por ejemplo en una zona de Zamora Chinchipe —en este momento el corazón de la minería ilegal— investigue con inteligencia militar que, a su vez, mantiene contacto con las autoridades de la Arcom. Los miembros de inteligencia en las zonas mineras son, por lo general, agentes que viven y trabajan de civil en la zona. A ellos se les pasa los datos, las coordenadas y los agentes van confirmando los datos y obteniendo las evidencias. Es un proceso de varios días.
Cuando ya se ha confirmado que se trata de minería ilegal, el coordinador de control minero coordina con el comandante militar en la zona y se organiza la operación militar. Inicialmente la operación militar es coordinada con Arcom en la zona. Pero un funcionario extranjero que no conoce el Ecuador, no tendría ni idea cuando se le dice, por ejemplo, que la operación debe ser en Los Encuentros, en la Y del río Zamora y el Mechas y luego de tres kilómetros a la derecha, por el río Pincho donde una comunidad shuar, monte arriba. Estos cruces de información y actividades de inteligencia se hacen básicamente de manera verbal o vía conversación digital cifrada. De esa manera se coordinan y definen las acciones a tomar en el terreno. Si un funcionario extranjero tiene acceso a esa red de inteligencia, dice el experto, se pone en serio riesgo la seguridad de agentes encubiertos y el secretismo de la operación. El proceso que se hace entre militares activos y pasivos dura entre 10 y 15 días, pero si los altos funcionarios colombianos, por cualquier razón deciden que todo este proceso de inteligencia se haga por escrito y con copia, no solo que termina con la reserva de la investigación, sino que un tercero interesado puede acceder a documentos clasificados donde constan nombres de agentes y colaboradores, localizaciones, ubicación de armas y sistemas de trabajo. Por lo general la información para la ejecución de una operación militar es compartimentada a funcionarios de confianza; en el caso de la Arcom, entre el coordinador de control minero y el jefe del batallón de la zona donde se ejecuta. Un proceso documentado puede demorar unos 40 días, o un jefe militar podría también reservarse el derecho, porque no es su superior militar, de no actuar de inmediato o demorar la operación pedida por la Arcom.
El Ministerio de Ambiente y Energía se apresta, según conoció este medio, a resolver sobre la reversión de concesiones de grande, pequeña y mediana minería y minería artesanal, sector que suma cerca de 1.536 concesiones mineras porque, según la versión oficial, decenas de estas no han cumplido disposiciones ambientales y tampoco las autorizaciones y permisos respectivos para operar. También están en la lista las concesiones que no han pagado el impuesto que el gobierno nacional llamado tasa de fiscalización minera, un tributo adicional para, según versión oficial, fortalecer la Arcom en su lucha contra la minería ilegal y la minería criminal.
Este es un tema delicado para todo el sector, especialmente para la pequeña y mediana minería. La tasa se empezó a cobrar en julio del 2025 y el gobierno preveía una recaudación superior a los USD 200 millones, pero los resultados fueron menores a USD 12 millones. Varias concesiones fueron devueltas ante la imposibilidad de financiar ese tasa. Además, el gobierno advirtió que las consecuencias del no pago sería la congelación de cuentas, multas y el retiro de la concesión. El Estado ha venido acumulando una lista larga de morosos en ese aspecto.
Expertos en el sector minero dijeron a Plan V que el objetivo del gobierno sería que la Empresa nacional minera, Enami-EP, asuma el control de las concesiones que sean retiradas por cualquiera de estos motivos, para de ahí, sobre la base del Reglamento para el ejercicio de la capacidad de asociatividad y de contratación de la Enami, emitido en la Resolución 280-2026-DIR-ENAMIEP realizar un nuevo ciclo de concesiones, de acuerdo a los modelos de asociación y de contratación estipulados en este Reglamento. En el Art. 107 del mismo se determina que: Una vez que se cuente con el informe favorable para la celebración del contrato de operación emitido por la Agencia de Regulación y Control Minero o quien haga sus veces, en el término máximo de diez (10) días, la ENAMI EP y el operador minero podrán celebrar el contrato de operación para actividades de pequeña minería y minería artesanal; mismo que se celebrará mediante escritura pública en cualquier notaría del país. Por su naturaleza especial, para la celebración de este contrato, no requerirán de autorización por parte del Ministerio Sectorial.
Este artículo, entre otros, daría a la entidad estatal minero la potestad para definir con qué operadores mineros se asociará.