Una de las propuesta del presidente Noboa, al iniciar su gobierno, fue replicar el concepto de las cárceles salvadoreñas, para incrementar el control y la forma de vida de los internos bajo un régimen especial, por pertenecer estos, en su gran mayoría, a los grupos calificados como terroristas que forman parte ese nuevo conglomerado de estructuras delictivas denominadas como GDO, siglas de Grupo de Delincuencia Organizada.
La guerra contra las estructuras criminales no ha sido fácil ni barata, tampoco ha logrado grandes éxitos en la pacificación de las ciudades. Al contrario de lo esperado, ante el despliegue total de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional existen rebrotes de violencia de manera permanente y generalizada, con delitos como el sicariato, masacres, el secuestro extorsivo, robos violentos, asaltos en unidades comerciales y alimenticias en prácticamente todo el país.
Las detenciones no son pocas, pero el sistema judicial con su andamiaje cuestionado por la corrupción y las grandes falencias administrativas da cuenta de por qué el número de detenidos en los diferentes operativos de control no se correlaciona con el crecimiento de la población carcelaria. Es constante el cuestionamiento a los jueces por fallos en los que se privilegian las medidas alternativas aún en casos de reincidencia específica o en casos que implican un alto riesgo para la sociedad, o inclusive para concretar una evasión o simplemente para contaminar o alterar el cauce de los procesos judiciales por la vía de la extorsión e intimidación activa.
El sistema de rehabilitación social en el Ecuador es, por decir lo menos, caduco y obsoleto —contrario a lo que significa rehabilitación y reinserción social—, ha convertido las cárceles en bodegas humanas.
Ahora bien, el sistema de rehabilitación social en el Ecuador es, por decir lo menos, caduco y obsoleto —contrario a lo que significa rehabilitación y reinserción social—, ha convertido las cárceles en bodegas humanas, que albergan a los parias y lo más execrable y complicado de la sociedad. No es de admirarse que luego de medio millar de muertos en levantamientos carcelarios, y de todos los esfuerzos de control ejecutados por las fuerzas del orden desplegadas en las cárceles para realizar requisas constantes y someter a los PPLs que dirigían las cárceles como una extensión de su feudo en territorio, aún sigan dándose enfrentamientos y muertos en el interior de estas bodegas carentes de todo, inclusive de sentido común para su manejo.
Con estos antecedentes —y un ex director del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) procesado y sentenciado por sus vínculos atribuidos en sentencia, a un narcotraficante de alto perfil mientras ejercía el cargo siendo oficial en servicio activo de la Policía Nacional— parecería que esto dio la pauta al Presidente de la República para encargar esta misión de pacificación y reestructuración del sistema carcelario al General de Ejército (SP) Luis Eduardo Zaldumbide López, el 13 de diciembre del 2023.
En ese contexto se lanzó el proceso de contratación para la nueva cárcel en Archidona, el 25 de noviembre del 2024, cuya adjudicación a una empresa extranjera se debió concretar el 9 de diciembre de este año. Ha sido este un proyecto plagado de cuestionamientos y dudas sobre las decisiones técnicas, y condiciones adecuadas, para establecer una cárcel regional de máxima seguridad en un predio donde actualmente se encuentra una cárcel de baja seguridad y peligrosidad.
Ello motivó a que la asambleísta por Napo, Sandra Rueda, haya requerido información al Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) sobre este proyecto. Según los documentos oficiales, el proceso de Construcción y equipamiento del Centro de Privación de Libertad en Archidona costará USD 51.970.987, más los costos de obras complementarias para su funcionamiento, como la adecuación de nuevos cuarteles policiales y militares que puedan albergar a los equipos de respuesta inmediata y reacción en caso de amotinamientos o incidentes, que son regulares en este tipo de centros de privación de la libertad.
Es la misma empresa que está construyendo la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena. Y, al igual que en esta, el Gobierno decidió declarar reservada toda la información relacionada con el proyecto de la prisión en Archidona.
Una obra emergente para albergar al menos 1500 personas en conflicto con la Ley y consideradas de alta peligrosidad. Obra para la cual el “Gobierno invitó a la compañía española Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L., subsidiaria de la empresa estatal China Road And Bridge Corporation. Es la misma empresa que está construyendo la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena. Y, al igual que en el proceso de la primera prisión, el Gobierno de Daniel Noboa decidió declarar reservada toda la información relacionada con el proyecto de la prisión en Archidona.”[1]
La construcción de una cárcel regional en el Ecuador no es solo una decisión política que se adopta sin observar aspectos técnicos indispensables, como ha sucedido con las obras de infraestructura de generación hidroeléctrica, que han permanecido sin uso por años, o que jamás alcanzaron su real potencial de operación; siendo obras por las cuales el país pagó ingentes sumas de dinero de los ecuatorianos para la construcción de elefantes blancos inoperantes. Es necesario atender todos los aspectos técnicos que garanticen su funcionalidad, seguridad, sostenibilidad y cumplimiento con los estándares nacionales e internacionales.
Por eso es necesario determinar si al menos se contó con los estudios del terreno donde se realizará en la obra, no solo por el suelo sino porque la cárcel debe estar en un lugar accesible para autoridades, personal, abogados y familiares; pero suficientemente aislado para minimizar el impacto en la comunidad. Para ello se debió evaluar la topografía, el tipo de suelo y la estabilidad geológica para evitar deslizamientos o inundaciones, más cuando se pretende construir en terrenos selváticos, afectado por un clima de alta pluviosidad, humedad y condiciones agrestes para el mantenimiento de equipos de seguridad y administrativos para el desarrollo normal de las oficinas inherentes al centro de privación de la libertad.
Entre los estudios de factibilidad deberá también estar la disponibilidad de agua, electricidad, comunicaciones y vías de acceso. Tomando en cuenta que las poblaciones locales son pequeñas comunidades que tienen actualmente problemas de alcantarillado y agua potable para los pobladores de Archidona y Tena. ¿Cuál será el impacto, cuando al menos 1500 personas demandantes accedan a compartir estos servicios básicos, que no han recibido inversiones estatales por años?
Es necesario también tratar el tema del diseño de la cárcel, estructuras que dificulten fugas, incluidas barreras físicas, sistemas de monitoreo y áreas de acceso controlado. Esto implica la construcción de zonas de aseguramiento, con la creación de espacios diferenciados, tanto en las zonas de los entornos directos como en los diseños de áreas para alojamiento, administración, talleres, visitas, servicios médicos y otros servicios que deben mantener estándares de seguridad, aprendiendo las lecciones que la historia han brindado. No es coherente obviar el riesgo real de un motín carcelario, que buscaría tomar como rehenes a las personas del propio SNAI y de la seguridad del lugar. Estos eventos ya han sucedido en el Ecuador y los agentes penitenciarios han sido retenidos por los PPL, creando momentos de zozobra total ante el riesgo de la vida de estos servidores públicos.
Estas falencias han sido problemas recurrentes en el control de la seguridad interna y ponen en riesgo no solo a los propios presos, sino también a los agentes de control penitenciario y miembros de las fuerzas de orden,
Se deberá analizar los problemas históricos en los materiales de construcción, requiriendo la utilización de materiales duraderos y de alta resistencia que soporten el desgaste y garanticen la seguridad para evitar las famosas “caletas” donde suelen esconder armas, municiones, drogas, celulares y otros objetos prohibidos dentro de los centros de rehabilitación social. Estas falencias han sido problemas recurrentes en el control de la seguridad interna y ponen en riesgo no solo a los propios presos, sino también a los agentes de control penitenciario y miembros de las fuerzas de orden, las cuales han debido ingresar en medio un nutrido fuego de armas de diferentes calibres y explosivos para ejecutar acciones de control y así retomar el orden en las cárceles amotinadas como la Regional de Latacunga y las demás que han evidenciado estos eventos.
La fortaleza de los sistemas eléctricos, que soporten cámaras de vigilancia, iluminación, dispositivos de seguridad y equipos de redundancia para que no se pierda el fluido eléctrico, es parte también del problema. También los sistemas hidráulico y sanitario, cuya deficiencia ha sido motivo de motines y de un problema social para las poblaciones que se encuentran en los entornos de las regionales. El manejo de desechos de una cárcel, que implica el consumo de alimentos y manejo sustentable de desechos, en medio de un ecosistema débil como el de Archidona y sus entornos naturales, es mucho más complejo que solo pensar en la forma de proveer agua potable y la creación de desagües funcionales. Hay que considerar la necesidad de verdaderas plantas de tratamiento de aguas residuales, las cuales serán un problema no solo municipal sino social y ambiental muy grave.
Estos requerimientos se deben manejar en medio de la implementación de nuevas tecnologías de seguridad, que van más allá de solo instalar sistemas de videovigilancia, alarmas, controles biométricos y cercas electrificadas.
Se debe entender que la creación de estos Centros implica que su construcción debe estar enmarcada en el cumplimiento de estándares establecidos por la Constitución del Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y el Sistema Nacional de Rehabilitación Social. Esto sin olvidar Derechos Humanos, como el acceso a condiciones dignas, tratamiento no discriminatorio y espacios adecuados según género, edad y vulnerabilidades; análisis de riesgo de los propios internos y condiciones inherentes a su reinserción social.
Con todos estos elementos, aún quedan muchos requerimientos propios de un análisis más detallado de lo que implica la construcción de un centro de máxima seguridad no político sino técnico. De otra manera, en poco tiempo será una de esas obras de cemento faraónico en el abandono, por no haber analizado la estimación precisa de costos de diseño, construcción y operación, así como el financiamiento público, privado o mixto que soportará la operación en el tiempo. Los presupuestos limitados del Estado han sido siempre un factor desencadenador de incidentes penitenciarios y reclamo del sistema judicial en relación a todos los operadores implicados.
Finalmente, un factor que se ha evidenciado y jamás fue considerado, siendo uno de los elementos más importantes en la realización de estos proyectos, es el impacto social de la cárcel en la comunidad circundante. Esto se ha dado sin haber promovido programas de sensibilización para reducir el estigma asociado a la construcción de prisiones ni tomar en serio los factores que giran en torno a garantizar que la cárcel regional sea funcional, segura y contribuya a la rehabilitación de las personas privadas de libertad.
Un factor que se ha evidenciado y jamás fue considerado, siendo uno de los elementos más importantes en la realización de estos proyectos, es el impacto social de la cárcel en la comunidad circundante.
Tampoco se puede dejar de exponer la preocupación por la proliferación de posibles acciones violentas ejecutadas por el entorno social y familiar de los privados de la libertad, como ha sucedido en otras localidades en las que han aparecido miembros de los GDO reclamando territorios y control de los entornos de los centros carcelarios. Desde las cárceles no solo que se han despachado drones y preparado formas de ocultamiento de objetos prohibidos, sino que se ha convertido a las ciudadelas circundantes en zonas de enfrentamiento y residencia temporal o permanente de los parientes y las personas de sus entornos sociales ligados a los GDO. Esto forma parte de la problemática del régimen de visitas de los internos, el cual genera una motivada preocupación de los pobladores de un sector de la Amazonía que tradicionalmente ha visto la llegada del turismo receptivo como la mayor carga de foráneos en sus comunidades, ofertando elementos como la seguridad y belleza de los entornos naturales, que se verían trastocados automáticamente con la construcción de esta nueva bodega humana en el Ecuador.
[1] https://www.primicias.ec/seguridad/daniel-noboa-segunda-carcel-archidona-confirmada-84189/