En el año 2000, Noam Chomsky acuñó el término “Estado canalla” para definir aquellos Estados que no se sienten obligados a someterse a las normas internacionales. La noche del 5 de abril de 2024, Ecuador ingresó de lleno en esa bochornosa categoría.
Si bien el Estado ecuatoriano ha tenido un comportamiento reiterado de incumplir compromisos derivados de los tratados internacionales de derechos humanos de los que e incluso de las medidas de reparación que le ordena cumplir justicia internacional en derechos humanos, lo de la noche del viernes rebasa cualquier límite. Invadir mediante un violento operativo policial la sede diplomática de otro Estado soberano para detener a una persona a quien dicho Estado le acababa de conceder asilo, es un acto que muestra un claro desprecio del Derecho Internacional.
Se podrá argumentar que el detenido ha sido condenado por delitos que de acuerdo con la legislación nacional ecuatoriana son delitos comunes y que el asilo está reservado para aquellos a quienes se persigue por delitos políticos. Tanto la normativa internacional como la jurisprudencia internacional se ha decantado en el sentido de que corresponde al Estado que otorga el asilo la calificación de político del delito y de sus circunstancias inherentes.
Con el asalto a la embaja de México perdimos, también, los que vivimos en el Ecuador, porque ahora sabemos claramente que, si una embajada de un país importante puede ser violentada de manera clara y evidentemente ilegal sin que importen las consecuencias, ningún casa o institución nacional está realmente a salvo
La incursión armada en la sede diplomática mexicana contraviene abiertamente el principio de inviolabilidad de las misiones diplomáticas consagrado en el artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
Al Estado ecuatoriano le espera una catarata de condenas a escala global, de procesos judiciales internacionales, de repudio por parte de organizaciones y personas defensoras del derecho de asilo. Provocará, sin duda, en inversionistas, en analistas internacionales y generadores de opinión del mundo entero, la sensación de que Ecuador no es sino una banana republic en la que cualquier cosa puede suceder. Ese es un costo tan alto que una potencia como el Reino Unido no quiso asumir y soportó ocho años a Julian Assange en la embajada ecuatoriana en Londres.
Al final del día, la operación policial del 5 de abril solo produjo víctimas. En primer lugar, el señor Glas, quien más allá de lo agradable o desagradable que resulte su figura en nuestra historia reciente y de lo justo que puede ser que responda por sus actos, tenía derecho a que se respete el asilo que se le había concedido. Perdió, y mucho, el gobierno nacional que mostró su limitada capacidad para procesar un tema complejo dentro del marco de las relaciones diplomáticas internacionales y perdimos los que vivimos en el Ecuador, porque ahora sabemos claramente que, si una embajada de un país importante puede ser violentada de manera clara y evidentemente ilegal sin que importen las consecuencias, ningún casa o institución nacional está realmente a salvo