Cuando en el 2011 pedimos audiencia a la CIDH, junto con Fundamedios, para denunciar al presidente Rafael Correa, por su demanda civil de 10 millones de dólares en contra del autor de y Christian Zurita, esperábamos exponer nuestro caso y denunciar también la política de persecución de ese régimen en contra de la prensa. Correa había convertido a la prensa, a los periodista y los medios, en su némesis política. Había empezado por pedir las cabezas de Carlos Vera y de Jorge Ortiz de los noticieros de Ecuavisa y Teleamazonas, y sus directivos se las dieron en bandeja; había perseguido a Expreso por la publicación de la serie llamada El Holding, sobre los contratos entregados, a dedo casi todos, a empresas vinculadas a su hermano. Más de 80 millones de dólares en contratos de obra pública, de lo que se pudo documentar, repartidos en cinco carteras de Estado. Esa sería la antesala del libro El Gran Hermano, publicado un año después: una crónica de ese año en que la revolución ciudadana recibiría esa investigación como un misil de profundidad en el casco de su barco victorioso, que proclamaba por todo lado sus «manos limpias». Correa no se quedó quieto, defendió a su hermano y atacó a Expreso y a los periodistas para después quitar los contratos a esas empresas. Luego le puso impuesto al papel de impresión (que no pagaba IVA), le puso impuesto al precio del ejemplar e intentó organizar denuncias y una rebelión de canillitas. Fue el principio: vendrían luego los descalificativos, los insultos, los llamados a ejercer la violencia contra los periodistas, cuyos rostros exponía en cadena nacional en sus sabatinas, en donde se inventó el segmento La libertad de expresión ya es de todos, desde donde decía ejercer el derecho constitución a la réplica, abusando de los recursos del Estado, atacando la integridad personal de periodistas, etcétera. Luego vino la demanda civil por USD 10 millones contra nosotros, los autores de El Gran Hermano, por daño moral, y la demanda penal por USD 80 millones por injurias calumniosas contra el diario El Universo, los hermanos Pérez y contra el editorialista Emilio Palacio. Fue, para ambos, demandados y denunciados, un año de recibir ataques en cadenas nacionales de radio y televisión y en la red de medios afines y periodistas «pautados» o tomados los espacios de los medios públicos, privatizados por un partido político. Un año de persecución judicial, agresiones, descrédito, ofensas… Pero seguimos; litigando contra el ciudadano Correa, apoyado este por todo el aparato del Estado, y publicando más reportajes de investigación.
Más tarde, en el 2013, vendrían la Ley de Comunicación o Ley Mordaza, la más criminal hecha en contra de la libertad de prensa del mundo, y su hija, la inefable Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom), dirigida por una banda de impresentables. Un tribunal ad hoc para juzgar periodistas y medios, algo solo visto en sociedades fascistas.
Pero antes, en octubre del 2011, la audiencia pedida a la CIDH nos había sido concedida. Viajamos los peticionarios a Washington, Christian y el autor, a la sede de la OEA, arropados entonces por César Ricaurte, Mauricio Alarcón, Mónica Almeida y Diego Cornejo, por entonces director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, AEDEP, entre otros.
Viajamos convencidos de que seríamos atacados en la audiencia y de que luego las represalias contra nosotros y nuestras familias serían peores aún. Pero fuimos. En las reuniones previas preparamos la audiencia con rigurosidad y nos fuimos enterando de que el gobierno, consciente de que no era una audiencia cualquiera sino la primera contra su política anti derechos, iría con todo. Y así fue: desde el canciller, Ricardo Patiño, para abajo, medio gabinete estuvo presente. Incluidos los hermanos Alvarado y otros. Llevaron decenas de «periodistas» y prensa oficial y además nos mandaron decenas de vándalos disfrazados de migrantes, que llegaron en buses las veredas de la sede de la OEA, con carteles insultantes de «prensa mediocre», «prensa corrupta», «prensa mercantil», las antimarcas que Correa se inventó para nosotros y que siguen siendo usadas por sus ciegos seguidores.
A la hora de la audiencia nos metimos todos los peticionarios en un ascensor y bajamos desde el tercer piso del edificio de la OEA, a la sala de audiencia que estaba en la planta baja. Sabíamos que en esa sala ya estaban presentes los ministros del régimen, sus «periodistas» y prensa «oficial» y un público agresivo dispuesto a insultarnos. Cuando el ascensor se detuvo, antes de que las puertas se abrieran a nuestro destino, Diego Cornejo se puso en el centro del nervioso grupo, nosotros lo rodeamos y nos dijo con voz clara —más o menos de lo que recuerdo— como un entrenador antes de enviar a sus muchachos a la cancha al partido más peligroso de sus vidas: cuando entremos a esa sala, vamos a tener al frente a la mitad del gobierno; no los vean como funcionarios ni dignatarios, ellos son ladrones, son un grupo de corruptos que están atacando lo que nosotros hemos defendido y defendemos: la libertad de prensa, la libertad de expresión, los derechos humanos y la transparencia de los recursos públicos. Son un grupo de abusadores de su limitado poder. Véanlos como lo que son y lo que serán: hombres y mujeres mediocres, rapaces y sin futuro, porque más temprano que tarde, ellos dejarán de ser poder y estarán donde deben estar.
Diego nos conminó y nos exigió que fuéramos valientes, que los miráramos a los ojos y con la frente en alto, a pesar de que sabíamos del alto riesgo que significaba desafiar ese momento al grupo con el poder más grande, corrupto y alevoso que había conocido el país hasta ese momento. Nos pidió calma, seguridad en la justicia de nuestra causa, y que no temiéramos.
Y no temimos. La audiencia de ese octubre del 2011 develó por primera vez al país y al mundo la calaña de ese gobierno y a los canallas que lo dirigían. Lo hicimos venciendo el miedo, cuando todo el mundo se callaba y se escondía. Menos ese puñado de periodistas que dijimos «basta». Esta pelea duraría unos seis años más y tendría un alto costo para todos nosotros, en nuestras vidas, nuestros trabajos y en nuestras familias. Pero aquí seguimos y estamos.