Noboa inició su mandato presentándose como un presidente capaz de resolver problemas y construyó, con habilidad comunicacional, la idea de un “Nuevo Ecuador”. Esa narrativa le permitió sostener durante buena parte de su gestión altos niveles de aprobación, porque su principal activo fue vender esperanza a través de sus promesas.
Pero a dos años y medio de su primera victoria, la ciudadanía ya no analiza propuestas: evalúa resultados. El capital político de la luna de miel se agotó, en buena medida, por el exceso de comunicación sin suficiente respaldo en hechos concretos. Lo que queda es una brecha creciente entre lo prometido y lo vivido por miles de familias, una distancia que las encuestas ya registran con claridad: según Imasen (abril de 2026), el 56,1% de los ecuatorianos desaprueba la gestión presidencial y cerca del 57% estaría de acuerdo con impulsar una revocatoria de mandato.
El presidente Noboa heredó un país con una institucionalidad frágil, un aumento sostenido de la criminalidad y una presencia cada vez más consolidada del crimen organizado transnacional. En ese contexto, la seguridad se convirtió en el eje central de su gestión. Y es precisamente ahí donde aparece su principal contradicción estructural: el gobierno declaró un conflicto armado interno, militarizó el país y construyó gran parte de su narrativa política sobre ese frente, pero en los primeros siete meses de 2025 ejecutó apenas el 11% del presupuesto de inversión destinado a fortalecer las instituciones responsables de proteger a los ecuatorianos.
Aunque el grueso del gasto en seguridad es corriente, la inversión —el rubro destinado a fortalecer capacidades, equipamiento e infraestructura— mostró niveles muy bajos de ejecución. Al cierre de 2025, el peor año en seguridad de la historia del país con 9.216 homicidios, el Ministerio del Interior ejecutó apenas el 68,1% de su presupuesto total. La baja ejecución no explica por sí sola el récord de violencia, pero sí revela una contradicción central: la urgencia del discurso no se tradujo en la misma urgencia del gasto.
Hubo logros puntuales: capturas de cabecillas importantes y aplicación del mecanismo de extradición. También es cierto que en el primer trimestre de 2026 los homicidios se redujeron en un 13,3%. Pero esa cifra debe leerse con honestidad: se compara contra el mismo período de 2025, el peor año de violencia de la historia del Ecuador. En ese contexto, la reducción es real, pero todavía marginal frente a una línea de base récord.
La decisión de militarizar no surgió en el vacío. Ecuador pasó en pocos años de ser uno de los países más seguros de la región a uno de los más violentos, con una Policía Nacional desbordada, infiltrada en ciertos niveles por el crimen organizado y sin capacidad suficiente para enfrentar estructuras armadas. En ese escenario, recurrir a las Fuerzas Armadas fue, para el Gobierno, la única respuesta inmediata posible y contó con amplio respaldo ciudadano.
El problema no fue la decisión de emergencia, sino haberla convertido en estrategia permanente sin construir, en paralelo, la institucionalidad civil que debía reemplazarla.
El gobierno privilegió la militarización, pero no articuló un plan integral sobre las causas estructurales de la violencia. Esta se concentra en territorios empobrecidos como Guayaquil, Durán y Esmeraldas, donde el crimen organizado recluta jóvenes ante la ausencia de educación, empleo y oportunidades. A eso se suma un sistema judicial colapsado, con apenas el 2,4% de casos penales sentenciados en seis años, lo que vuelve reversible cada captura. Y una economía criminal infiltrada en sectores formales: buena parte de la cocaína sale por el puerto de Guayaquil camuflada en exportaciones legales, especialmente de banano.
Una estrategia que no enfrenta desigualdad, impunidad y lavado de activos puede reducir homicidios temporalmente, pero difícilmente desarticula la estructura que produce la violencia.
Esta carencia tiene además un costo institucional: traslada a las Fuerzas Armadas funciones de seguridad ciudadana para las que no fueron diseñadas, y de ahí se derivan muchos de los abusos documentados.
Las declaratorias recurrentes de estados de excepción, la militarización y la ausencia de un plan concreto han tenido efectos directos sobre el Estado de derecho. Amnistía Internacional, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada y la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos han documentado casos graves en el marco de esta estrategia. Human Rights Watch reportó en el paro nacional de 2025 un saldo de 296 heridos, 205 detenidos y dos fallecidos. El informe 2024 del Departamento de Estado de Estados Unidos también registra detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas en contextos de excepción.
El caso más emblemático fue el de los cuatro niños de Las Malvinas, torturados y asesinados tras un operativo militar en Guayaquil. Lo alarmante es que la mayoría de estos casos se concentran en población afroecuatoriana de provincias empobrecidas, como ya advirtió el Comité de la ONU.
Los hechos recientes confirman que la violencia sigue expandiéndose. El asesinato ocurrido el 17 de junio en la zona de arribos internacionales del aeropuerto de Guayaquil evidencia que incluso espacios estratégicos y altamente vigilados han dejado de ser barreras para el crimen. La señal es clara: el crimen organizado ya no solo desafía al Estado, sino que es capaz de humillarlo públicamente.
En ese contexto, Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 424, reconociendo nuevamente la existencia de un conflicto armado interno y ampliando medidas excepcionales para combatir a la delincuencia. Más allá de la polémica generada por el alcance de ese decreto —incluyendo inmunidades para personal extranjero que participe en estas operaciones— lo cierto es que la constante del gobierno durante dos años y medio ha sido enfrentar la inseguridad a través de decretos, sin haber construido aún resultados estructurales.
De esta forma, la inseguridad en Ecuador dejó de ser únicamente una crisis criminal para convertirse en el principal mecanismo de legitimación política del gobierno, sustituyendo institucionalidad por coerción y gestión por narrativa de guerra. El problema es que, en el momento en que un gobierno convierte la guerra en su principal fuente de legitimidad, cada fracaso en seguridad no solo incrementa la violencia: acelera también su desgaste político.
El desgaste político de Noboa es solo una de las consecuencias de la ausencia de políticas públicas integrales y del fracaso de un plan de seguridad. Si el gobierno insiste en sostener un modelo que ya muestra señales claras de agotamiento, la inseguridad seguirá agravándose.
Mientras tanto, el crimen organizado seguirá ampliando y profundizando su alcance dentro del Estado: reclutando menores de edad, destruyendo generaciones enteras y reduciendo los espacios de esparcimiento y movilidad de los ecuatorianos.
Para el gobierno, esta situación puede agravarse aún más cuando inseguridad y hambre dejen de ser estadísticas separadas y se conviertan en una misma causa de indignación social. Porque el día en que el miedo y la necesidad se encuentren, lo que emergerá ya no será solo descontento: será ruptura.
El presidente Noboa todavía está a tiempo de cambiar el rumbo. Para hacerlo, necesita que su legitimidad deje de apoyarse en el miedo de la población y que el relato vuelva a ser un complemento de los resultados, y no un sustituto de ellos. Eso solo ocurrirá cuando decida reemplazar la simulación permanente de combate por una política real de seguridad, capaz de enfrentar no solo los síntomas de la violencia, sino también las estructuras que la sostienen.