Desde el retorno a la democracia –o al menos a la democracia formal-, no es la primera vez que esta es vulnerada bajo el peso de gobiernos autoritarios; sin embargo, el aprendizaje y la memoria del pasado deberían ser el impulso para frenar las prácticas autoritarias del presente. Hoy, en Ecuador, principios democráticos fundamentales están siendo violados de manera sistemática.
Los órganos de la Función Electoral han configurado, con actos y omisiones, una cancha inclinada a favor del oficialismo, afectando los principios de autonomía, transparencia, equidad, certeza jurídica y pluralidad. El Gobierno, mediante decretos ejecutivos, acuerdos ministeriales, leyes económicas urgentes e inconsultas, entre otras medidas, ha caminado por una senda de irrespeto al Estado de derecho y a la voluntad soberana del pueblo en las urnas.
Existen atentados contra los Derechos Humanos, en un contexto de militarización y abusos en nombre del supuesto conflicto armado interno. Las libertades de expresión, pensamiento y asociación son restringidas con la compra de medios de comunicación, censura, desinformación y, a la par, estrategias de hostigamiento y persecución.
En lugar de diálogo y coordinación con los gobiernos locales, existe coerción y confrontación. Se ha afectado gravemente la independencia y equilibrio de poderes, al tiempo que las autoridades de justicia y control actúan de manera discrecional y selectiva. La Corte Constitucional, último reducto de independencia e institucionalidad, se encuentra nuevamente bajo ataque.
Los adversarios políticos, tratados como trofeos de guerra, no son confrontados en el plano de las ideas, sino considerados como enemigos. Los activistas sociales son judicializados. En lugar de promover la pluralidad, eje de la vida democrática, somos testigos de la suspensión de partidos políticos y el amedrentamiento.
Todo aquello que otrora nos molestó de gobiernos anteriores, hoy se ha profundizado. Lo anotado erosiona la democracia, desgasta aún más la política y debilita la credibilidad en la justicia y en las instituciones. En este contexto, ¿qué podemos hacer desde la sociedad civil?
A diario escucho y leo a personas, serias y con un sentido de país, extremadamente preocupadas por lo que ocurre. Hace falta y es urgente tejer esas voces, re zurcir un nos-otros, un nosotros que se construye en la pluralidad, en la suma heterogénea de voces que defienden lo común.
Es momento de propiciar una gran concertación nacional desde la ciudadanía, que pueda reunir sectores diversos en defensa del bien común. Hay unos mínimos que estamos llamados a defender y que no son propiedad de ningún partido político o corriente ideológica. Urge una gran unidad nacional, una suma de voluntades para hacer frente a la manipulación, al autoritarismo y a las estrategias del miedo.
Es momento de recuperar el poder que radica en el pueblo políticamente organizado; asumir un sentido de compromiso ciudadano, ético y político; recuperar la dignidad de un país que no escogió vivir en dictadura. La historia y el futuro nos obligan a no ser indiferentes, a no permanecer pasivos, a no callar, a organizarnos.
En Cuenca, el Quinto Río nos mostró que lo común puede comulgar con lo plural; podemos y debemos aprender de ese río.