Analizar las motivaciones político-emocionales, los intereses altruistas que llevaron a la asambleísta, titular de la Comisión, a proponer una ley para una actividad que la fue conociendo a la distancia, mientras cursaba sus estudios de post-grado en el exterior, y su vicepresidente encargado de la Comisión —en paralelo— daba curso a la elaboración de una propuesta de ley que buscaba “incentivar el quehacer audiovisual como industria.”
Cuatro títulos, dos capítulos, veinte y cuatro artículos, tres disposiciones transitorias y una disposición derogatoria fue el texto del Proyecto de la Ley Orgánica de la Industria Audiovisual aprobado en primer debate y admitido para segundo por el pleno de la Asamblea Nacional en octubre del 2025, para luego, una vez cumplido los plazos de ley, en abril del 2026, proponer y votar por su archivo definitivo con voto mayoritario, proponente incluida.
Reflexionar sobre esta ironía, una suerte de comedia legislativa propia del ADN del equinoccio andino; me lleva a reflexionar sobre una realidad que podría servir de borrador, de guión o insumo para la creación de una sátira cinematográfica.
A partir de la retórica de una prometedora propuesta “fortalecer la industria audiovisual”, intereses y apetitos legislativos sobre los cuales no hace sentido especular, una joven y novata legisladora, fiel devota del Presidente Noboa, sin antecedente alguno, experiencia y conocimiento, estudio o análisis sobre el tema que se propone legislar, con la simpleza de una ocurrencia más que de oferta de campaña, despierta en su creatividad profesional de abogada, el impulsar —desde su ADN político— una ley sobre el audiovisual. Iniciativa que sorprendió al siempre aletargado universo de organizaciones y gremios que hacen el fraccionado mundo audiovisual de la mitad de la tierra.
En un mensaje, más de marketing que de propuesta legislativa cierta, escribió en las redes sociales, octubre 7 del 2025: “Esta ley no solo se trata de fortalecer la industria audiovisual, se trata de oportunidades, empleo y de impulsar el talento de nuestro país! Vamooos”. Un vamooos a la gloria, propio de una competencia deportiva (su experticia), que de conocimiento cierto de lo que significa una propuesta de ley. Nueve meses después, la realidad mostró las costuras del desconocimiento, la improvisación, la falta de preparación y seriedad como proponente de una ley para una actividad múltiple y compleja, el universo del audiovisual que, por respecto a sus actores, naturaleza e importancia —arte, cultura y comunicación, un proceso económico en sí— no debió ser manipulado ni irrespetado de esa manera.
Como quien desgrana un choclo, la realidad y trabajo de la Comisión fue develando el condumio de esta comedia legislativa que, para empezar, ignoró a quienes son las células madres del quehacer que se buscaba normar: las y los cineastas y sus organizaciones de técnicos, productores, guionistas, directores fotógrafos y artistas; los exhibidores y distribuidores; las y los organizadores de festivales; la amplia comunidad audiovisual del Ecuador y su larga historia de hacer cine en la mitad de la tierra; experiencia que también incluye la memoria, léase Cinemateca Nacional y sus 45 años de un quehacer público en precariedad, al igual que los fondos concursables que, desde el 2007, por mandato de la Ley de Cultura vienen entregando a través del ICCA incentivos para la producción del cine y el audiovisual “made in Ecuador”.
Toda esta comunidad, un nosotros cinematográfico y audiovisual diverso y multicultural, clave para cualquier iniciativa legislativa, no fue tomado en cuenta desde el inicio. Su ausencia significó que la propuesta de ley, preparada por la comisión para el primer debate, sea un verdadero “Frankenstein jurídico”. Una colcha de retazos saturada de novelería, improvisación y desconocimiento, una incoherencia que fue cuestionada mayoritariamente por los y las cineastas, sus organizaciones y la comunidad audiovisual.
Frente a esta realidad que sacude y llama a reacción, representantes del sector audiovisual, coordinados por la Academia de Cine y el Audiovisual del Ecuador, ACAE, conformaron en consenso una comisión que, en carrera contra un reloj de “plazo prolongado”, los noventa días que otorgó la Asamblea Nacional, pueda presentar una propuesta de ley de consenso, coherente y racional, para segundo debate.
Hacer una ley es un proceso de construcción lenta, que demanda mucho más tiempo del considerado. Concluido el plazo, abril 20 del 2026, la Comisión decidió archivar el proyecto. Esa decisión no sorprende, alegra. Lo que llama la atención, desde mi personal lectura, no es la resolución de archivar, es decir, suspender el proceso. Es el razonamiento y conclusión a la que llegan los asambleístas como argumento para archivar su propio proyecto: “…la Comisión concluye que el problema urgente que afronta la industria audiovisual ecuatoriana no reside en la ausencia de normas de rango legal, sino en la falta de claridad reglamentaria para acceder a los incentivos que la legislación vigente establece para este sector.”
¡Vaya descubrimiento! y ¡vaya diagnóstico! Un verdadero parto. No ha sido la ausencia de una norma legal el obstáculo, sino una telaraña de reglamentos poco claros los que traban el acceso a los incentivos que la ley establece para “el desarrollo de la industria audiovisual”. La Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual, una realidad jurídica vigente desde febrero del 2023, que la Comisión ignoró o no la conoció, ni tampoco la estudio a tiempo y que le sirvió en cambio como argumento sostén para el informe que justifica y recomienda el archivo de su propia iniciativa…
“la limitación no es de origen legal sino operativo (…) Los incentivos existen en Ecuador, pero su acceso es confuso, su rectoría es difusa y los actores del sector, nacionales y extranjeros, enfrentan incertidumbre”, afirma el informe para segundo debate.
Si la Comisión y su proponente hubieran investigado el marco legal existente antes de lanzarse a la aventura de legislar sin saber, hubieran ahorrado al sector y al país la preocupación y la urgencia de cambiar; es decir, hacer una cirugía mayor en muy corto plazo, al “Frankenstein legislativo” que crearon y presentaron a un pleno que lo aprobó mecánicamente en primer debate.
Meses, muchos meses, un calendario infructuoso para cambiar nada y proponer lo elemental. Así es el confort legislativo que no legisla. La Comisión determinó que esa tarea de legislar para el audiovisual ecuatoriano le corresponde al Presidente de la República. “… la solución al problema de fondo es de carácter reglamentario y puede ser implementada por el Ejecutivo sin necesidad de un nuevo cuerpo normativo de rango legal”, recomendó la Comisión, y junto a ello, con carácter de sola sugerencia, estableció en el informe la necesidad de: “…consolidar el sistema vigente, centralizar la calificación de proyectos audiovisuales y la emisión del Certificado de Inversión Audiovisual en una sola entidad; suprimir el Comité Sectorial de la Industria Cinematográfica y Audiovisual de Ecuador, COSICA , y establecer plazos máximos de respuesta que otorguen seguridad jurídica a los actores del sector.” “Por las consideraciones expuestas, se recomienda el Archivo del “PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL».
Así concluye el informe para segundo debate y con él una novelería legislativa, otra más, del ADN del nuevo Ecuador.
Algo más de 270 días necesitó la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional para desarrollar esta ironía, esta iniciativa de ley para el cine y el audiovisual en el Ecuador, más comedia agria que acción legislativa consciente y responsable con el mañana, que movió y convocó a cineastas, productores, técnicos, artistas, distribuidores, asesores y más miembros de la comunidad audiovisual del nuevo milenio a tratar de cambiar esta realidad en ciernes.
Si uno revisa la historia que hemos caminado, como una memoria que sirve para crecer sin repetir los errores del andar, debemos decir que la creación y aprobación de la primera ley de cine en el Ecuador, eliminada por la ley de cultura a los 10 años de su vigencia en el 2016, necesitó de cerca de tres décadas para su aprobación. Hoy en 2026, después de la aventura de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y de la Microempresa y su proyecto de ley fallida, debemos tener claro que no debemos seguir desperdiciando tiempo.
Por ello, cualquier iniciativa de ley para el cine y el audiovisual, para las artes y la cultura en general, como iniciativa y construcción a futuro y desde el comienzo, debe ser una iniciativa colectiva. Una minga creativa adentro, que proponga respuestas al desafío de su existencia y diga al poder político de turno, cualquiera que este sea, que el amanecer del cine, el audiovisual y las artes en el equinoccio andino, no puede ser sin nosotros. No sin nosotros. Y ese es el reto, ser un abrazo creativo, un Nosotros primero.