Mucho alboroto está causando la posibilidad de que Anabella Azín, madre del primer mandatario, ocupe la presidencia de la próxima Asamblea Nacional. Como si fuera una anomalía o una novedad. La historia política del Ecuador es la superposición reiterada y mordaz de lo público y lo privado, de lo familiar y lo estatal, de lo particular y lo general.
El patrimonialismo, esa forma de ejercer el poder a partir de relaciones personales, lealtades o vínculos de parentesco en lugar de principios legales, es una impronta nacional. El poder siempre se ha utilizado para beneficio propio o de un grupo cercano, más no para el bien común. Que ahora ciertos grupos políticos se rasguen las vestiduras a propósito de esa posibilidad no es más que un acto de hipocresía. Nadie puede lanzar la primera piedra, porque todos tienen unos rabos de paja interminables.
Si pasamos una breve revista a nuestra historia podemos confirmar que todos los presidentes de la república, indistintamente de su ideología o de su naturaleza, han reproducido la práctica de colocar a familiares cercanos en altos cargos públicos. Lo hace la derecha o la izquierda, las dictaduras o los regímenes democráticos.
Desde el denominado retorno a la democracia, allá por 1979, ningún régimen queda libre de mácula. Y aunque todos los partidos pregonan a los cuatro vientos su lealtad a un supuesto proyecto, la práctica patrimonialista los contradice. Emulan al mundo católico: todos los fieles veneran a Jesús, pero cada quien tiene su propio santo. Los cuadros y funcionarios de un partido se ponen la camiseta del mismo color, pero cada uno vela por los ingresos de su grupo familiar o de su gallada.
Sin embargo, la calentura no está en las sábanas percudidas de la representación, sino en la carencia de cultura democrática de este pobre país. Si la señora Azín puede llegar a ocupar ese cargo de representación popular no es porque esté cometiendo ningún abuso, sino porque nuestro sistema político se lo permite. Se trata de un sistema que se sostiene en la más pedestre informalidad. En otras palabras, en la deficiencia institucional.
La ausencia de partidos se suple con empresas electorales que, como buenas empresas que son, responden a lógicas familiares y no colectivas. Los candidatos y candidatas se designan a dedo. Y si les va bien en las urnas, el resto viene por añadidura.
Trasladadas estas prácticas informales a la administración del Estado, simplemente reproducen la herencia colonial y oligárquica que sigue permeando a la política. Los grupos políticos atropellan la ética pública con la misma fogosidad con la que encuentran subterfugios para obviar la ley. ¿Nepotismo, se preguntan con el más descarado cinismo? Lo mejor es poner cara de bobos.
Mayo 7, 2025