Jorge Glas tiene tres sentencias por corrupción. Fue condenado por el caso Odebrecht, por el caso Sobornos y, más recientemente, por peculado en la reconstrucción de Manabí. Aun así, no falta quien pretenda presentarlo como un perseguido político. En vez de asumir la responsabilidad por su conducta, el exvicepresidente se arropa en la narrativa de la victimización. Y lo hace, además, invocando la protección de la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, cuando le resultaba incómoda, su mentor Rafael Correa calificaba de “injerencista”, “inútil” y “mecanismo imperial”.
En un giro que raya en el cinismo, la CIDH solicitó el 1 de julio de 2025 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) medidas provisionales a favor de Glas, aduciendo que enfrenta una “situación de extrema gravedad y urgencia” por su estado de salud y las condiciones en la cárcel de máxima seguridad La Roca, donde cumple su condena. La solicitud se enmarca dentro del mandato legítimo del sistema interamericano de protección de derechos humanos y no es en sí misma cuestionable. Lo que resulta contradictorio es que esta misma Comisión fue deslegitimada en el pasado por el correísmo, que la acusaba de atentar contra la soberanía del Ecuador. ¿Qué cambió? Nada, salvo que ahora el señalado no es un opositor, un periodista, un indígena ni un activista, sino un hombre de su propia cofradía.
Vale recordar que Rafael Correa impulsó en 2012 el fallido intento de sacar la sede de la CIDH de Washington y arremetió contra sus medidas cautelares. En 2014, cuando el organismo solicitó al Ecuador detener una sentencia contra el diario El Universo, Correa declaró que “nadie puede obligarnos a cumplir medidas de organismos que no tienen competencia jurídica vinculante” y descalificó a sus miembros como “burócratas de la OEA” sin legitimidad democrática. Hoy, sin embargo, celebran esas mismas medidas cuando benefician a Glas.
Esa inconsistencia no es casual, sino estructural. Forma parte de una estrategia para reinterpretar la justicia como persecución y convertir la corrupción en martirio. Pero el historial de Glas no respalda esa narrativa. Las condenas que pesan sobre él no provienen de una dictadura ni de un tribunal de excepción. Fueron dictadas por cortes ordinarias del Ecuador, en juicios con derecho a la defensa y apelación.
Tampoco se trata de hechos menores. En el caso de la reconstrucción de Manabí, por ejemplo, la justicia determinó que Glas priorizó obras no urgentes para favorecer a contratistas cercanos, afectando el destino de millones de dólares destinados a atender una tragedia nacional. A eso se suman los contratos con Odebrecht y la red de sobornos a cambio de contratos públicos. ¿Es eso persecución política o simple rendición de cuentas?
Lo que resulta insostenible es el doble discurso. Correa y sus seguidores detestaban el sistema interamericano cuando protegía a sus críticos. Hoy lo aplauden cuando los protege a ellos. Y esa es la diferencia entre quien cree en los derechos humanos como principio y quien los usa como comodín.
Si la trayectoria penal de Glas ya desarma el relato de la víctima, el contenido de sus propias palabras lo pulveriza. En febrero de 2014, en una reunión grabada en video y revelada por Código Vidrio, el entonces vicepresidente le dijo a José Luis Cortázar, director de la agencia de regulación hidrocarburífera, que no pidiera informes a las petroleras privadas, que subiera los cupos de combustibles en provincias fronterizas y que permitiera la venta de explosivos en zonas mineras. No por razones técnicas, sino para “no seguir perdiendo la Amazonía” en tiempos electorales. Más aún, Glas le pidió explícitamente a Cortázar “no dejar nada por escrito” porque, según él, “con eso podrían meter preso al Presidente”.
Estas frases no son interpretaciones. Son confesiones. Lo dijo él. Lo grabaron. Y hoy pretende ser tratado como un preso de conciencia. No lo es. Es un preso común con vínculos políticos. A diferencia de tantos presos invisibles que de verdad no tienen garantías, Glas tiene equipos jurídicos internacionales, acceso a médicos privados, padrinazgos diplomáticos y, ahora, el respaldo de la CIDH.
El correísmo, que ha hecho del agravio una plataforma electoral, aprovecha cada resolución internacional favorable como si fuera una absolución moral. Pero el respaldo de la CIDH no anula las pruebas, ni las grabaciones, ni las sentencias. Solo constata una verdad incómoda: en las cárceles del Ecuador no se respetan los derechos de nadie, ni siquiera de los poderosos.
Lo que resulta insostenible es el doble discurso. Correa y sus seguidores detestaban el sistema interamericano cuando protegía a sus críticos. Hoy lo aplauden cuando los protege a ellos. Y esa es la diferencia entre quien cree en los derechos humanos como principio y quien los usa como comodín.
Jorge Glas tiene derecho a vivir, a recibir atención médica y a no ser torturado. Como cualquier otro preso. Pero no tiene derecho a imponer el relato de que está ahí por sus ideas. Porque no está preso por pensar diferente. Está preso por haber gobernado como si el Estado fuera un botín.
Y, paradójicamente, mientras hoy Glas exige garantías y trato digno, durante los años del correísmo quienes sí pensaron diferente —periodistas, indígenas, líderes sociales, opositores— fueron espiados, amenazados, encarcelados y judicializados. Algunos incluso murieron en circunstancias que hasta hoy no han sido plenamente esclarecidas, como lo reportó Plan V hace ocho años. No eran vicepresidentes, ni tenían poder, ni acceso a abogados internacionales. Ellos no pidieron medidas cautelares; las necesitaban. Y nunca las obtuvieron.
Esa es la verdadera incoherencia: no la de un preso que reclama derechos, sino la de un poder que los negó sistemáticamente y ahora se escuda en ellos cuando le toca rendir cuentas.