Desde inicios de septiembre de este año, alrededor de 80 personas han muerto como resultado de ataques de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos contra embarcaciones que, según el gobierno, podrían transportar drogas ilegales en el mar Caribe. Estas operaciones se han realizado por orden del gobierno de Donald J. Trump. Trump y su equipo justifican los ataques alegando que constituyen un esfuerzo para frenar la crisis del fentanilo, que Estados Unidos dice soportar desde hace más de una década. Afirman que las embarcaciones destruidas —junto con sus tripulaciones— transportaban fentanilo desde Venezuela hacia Estados Unidos.
El fentanilo es un potente opioide sintético, aproximadamente 100 veces más fuerte que la morfina y 50 veces más potente que la heroína. En 2024, se estimaron unas 80.391 muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos; más del 50% de esas muertes estuvo vinculada a opioides sintéticos como el fentanilo. Según análisis de instituciones como Brookings Institution, gran parte del fentanilo ilegal que llega a EE. UU. depende de precursores químicos provenientes de China, y luego es procesado o traficado por organizaciones delictivas principalmente en México. No obstante, no existen evidencias públicas que indiquen que Venezuela sea un origen relevante de fentanilo destinado al mercado ilegal en Estados Unidos.
Para el Derecho, una ejecución extrajudicial puede llegar a cometerse cuando cualquier agente estatal (ejército, policía, etc.) priva arbitrariamente de la vida de una o más personas, motivado por un objetivo o finalidad política, y donde normalmente cuenta con la orden, autorización expresa o la colaboración de la institucionalidad estatal para la que sirve. (Henderson, Humberto). Es decir, si miembros de un ejército causan la muerte de una persona, sin juicio previo, por orden de una autoridad superior, esto se configura como una ejecución extrajudicial.
Hasta ahora, el gobierno de Estados Unidos no ha presentado evidencia pública verificable de que los barcos atacados en el Caribe transportaran fentanilo u otras drogas. Tampoco ha dado a conocer pruebas concluyentes de que las muertes causadas por sus ataques no hayan sido arbitrarias. El senador republicano Rand Paul ha dicho, ante medios de su país, que “a todas las personas las hemos hecho explotar sin saber sus nombres, sin tener evidencia alguna de que hayan cometido un crimen.” Paul también expresó: “Qué sentimiento tan despreciable e insensato es glorificar el hecho de matar a alguien sin un juicio”. Es relevante notar que, tras estas operaciones militares en el Caribe, el almirante Alvin Holsey —comandante del United States Southern Command (SOUTHCOM), encargado de las operaciones en América Latina y el Caribe— anunció su retiro anticipado, presuntamente en medio de controversias acerca de la legalidad de dichas operaciones.
Las consecuencias de estas ejecuciones ya son un escándalo político en Estados Unidos, que prometen llegar a sus cortes en el futuro. En días pasados se dio a conocer un ataque a “dos tiempos” a una de las embarcaciones del caribe, esto significa que luego de haber sido bombardeada una embarcación, las fuerzas armadas de Estados Unidos, al ver que hubo dos sobrevivientes, recibieron la orden de realizar un nuevo bombardeo para ejecutarlos. La orden pudo haber venido del propio secretario de guerra, que ahora enfrenta varios cuestionamientos en su país, que han calificado esto como un posible crimen de guerra. También se ha reportado que en los últimos días se presentaron reclamos de las familias de algunos de los ejecutados en el mar Caribe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La ejecución extrajudicial de personas en El Caribe es un acto completamente desproporcionado e injustificado, incluso bajo la retórica estadounidense que habla de prevenir la llegada del fentanilo a sus costas, ya que esa no es la ruta de la temida droga. En los últimos días se ha anunciado la llegada al Caribe de la fuerza militar más potente que se ha visto desde 1989, me resulta inconcebible que dicha fuerza no pueda detener en aguas internacionales a lanchas artesanales, sin ejecutar extrajudicialmente a sus tripulantes, para luego ponerlos a órdenes de la justicia.
Que la comunidad internacional permita que este tipo de operaciones ilegales se realicen impunemente resulta en un antecedente nefasto para nosotros, los ciudadanos de la región. En el pasado, con la excusa de la seguridad hemisférica, se cometieron masacres en el continente, y las presentes acciones amenazan con traer de vuelta esos tiempos obscuros. Mucho más si, tal como lo dijo Trump, el 9 de diciembre, se podrían realizar operaciones similares en Colombia y en México, elevando la intensidad a una “guerra contra las drogas” que ya ha cobrado miles de muertos y no ha logrado reducir en nada uno de los negocios ilegales más rentables.
Aunque la defensa de la justicia no requiere explicarse, en tiempos maniqueos conviene hacerlo. Este no es un alegato a favor de ningún gobierno ni de ningún político; es una opinión en defensa del Estado de Derecho y de los valores que Estados Unidos ha dicho defender durante tanto tiempo y que hoy traiciona de manera flagrante al realizar ejecuciones extrajudiciales: el derecho a la vida y a la libertad.