Gran revuelo ha provocado la suscripción de un contrato entre el Estado ecuatoriano y la empresa Dedalus para implementar una plataforma de información y atención digital en salud, por un monto de 240 millones de dólares. Las principales críticas hacen alusión no solo a las irregularidades del proceso de adjudicación, sino a la escasa transparencia de la empresa adjudicataria y del servicio ofrecido.
Dedalus es una gigantesca corporación de origen italiano cuyas acciones están repartidas entre capitales de distinta procedencia. Por ejemplo, un importante socio estratégico es ADIA (Abu Dhabi Ivestment Authority), una empresa emblemática de ese país árabe con el cual Daniel Noboa firmó varios acuerdos de cooperación económica y de seguridad. La filial de Dedalus en el Ecuador pertenece a inversionistas españoles. En resumen, se trata de una de esas estructuras transnacionales a las que se vuelve imposible seguirles los pasos. Nadie sabe quiénes son los beneficiaros finales de sus negocios.
Las exigencias desde distintos actores sociales y políticos del país para que se proporcione información respecto del mencionado contrato han sido respondidas con la típica displicencia del poder. El gobierno no da respuestas y, además, desata una ofensiva mediática para desacreditar a los demandantes. Quienes piden trasparencia son catalogados como enemigos de la salud pública ecuatoriana.
Inevitablemente, el caso tendrá que ser analizado por los organismos de control y fiscalizado por la sociedad civil. Existen demasiados campos oscuros que podrían configurar el escenario para un nuevo escándalo de saqueo del erario nacional. El caso Progen aún está fresco. No obstante, y sin descuidar el tema de la acción de las autoridades de control, hay otro asunto que requiere de nuestra atención.
En la página digital de la empresa se presenta una serie de productos híper tecnológicos acordes con una visión de la salud centrada en la atención médica especializada. Se trata del viejo modelo biomédico y comercial que, a más de excluir la idea de la salud como un componente integral del funcionamiento de la sociedad, reduce la medicina a una intervención tecnológica sobre el paciente. Más que en la intervención humana, la curación radicaría en la capacidad de los procesos informáticos, de los equipos y –como no podía ser de otra manera– en la inteligencia artificial.
Por fuera quedan factores como las condiciones sociales e históricas de la enfermedad, el entorno ambiental o la situación material y emocional de la gente. En otras palabras, el servicio ofertado por Dedalus excluye olímpicamente un siglo de avances de las propuestas de salud pública desarrolladas y aplicadas a lo largo y ancho del planeta. No se diga de los modelos de salud ancestrales y alternativos.
Al margen de cualquier acto ilícito que pudiera existir, la postura del gobierno está por demás clara: aboga por un sistema de salud basado en la tecnología, el comercio y la rentabilidad de la medicina.
Septiembre 22, 2026