“No queremos arsénico en la orina” dice Carmita Pérez Arévalo, dirigente de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay. Ella vive en una de las comunidades que se sirven del agua de los páramos de la provincia. Páramos que se encuentran en riesgo de ser afectados por el proyecto minero Loma Larga, de capital canadiense. Carmita habla desde un megáfono, a la entrada del edificio del Ministerio de Ambiente y Energía, en Quito, ante una decena de periodistas y un grupo de activistas jóvenes que apoyan la rueda de prensa con sus tambores. Junto a Carmen, dos personas levantan una tela pintada a mano en la que se lee “Por el agua, hasta la vida”
Casi un año antes, el 16 de septiembre de 2025, más de 100.000 personas marcharon por las calles de Cuenca. A esa fila interminable de gente rechazando el proyecto minero lo llamaron “el Quinto Río” ―la ciudad está atravesada por cuatro― En 2021, el 80% de la población, dentro de una consulta popular, votó a favor de prohibir la minería en ese cantón. El Colegio de Médicos del Azuay alertó a la ciudadanía, a través de una carta pública, los riesgos graves a la salud por los altos niveles de arsénico que produce la actividad extractiva: “Con o sin permisos legales, la minería en páramos conlleva peligros inherentes: relaves, drenaje ácido, filtraciones de metales pesados, polvo tóxico y alteración del ciclo hídrico”
En la naturaleza los ecosistemas están interconectados: el agua de los páramos de Azuay, no se quedan en Azuay. Es así que, de esos fríos páramos nacen los sistemas hídricos que riegan los valles de la provincia vecina de Azuay, la costera El Oro, que se baña entre ríos como el Jubones y el Santa Rosa.
En El Oro, grupos de agricultores, cacaoteros, bananeros y campesinos, también tienen sed de formar su propio “quinto río”. El cantón Santa Rosa junto al cantón Atahualpa, también se encuentran en medio de un conflicto con el proyecto minero conocido como “Cangrejos”.
El 27 de abril de 2026 el Estado ecuatoriano y la empresa Odin Mining el Ecuador S.A., filial de la china CMOC Group, firmaron el contrato de explotación minera. El Ministerio de Ambiente y Energía recibió 54 millones de dólares como regalías anticipadas. En la foto que sella el pacto está, con terno azul oscuro y sonrisa parca, el representante de la minera china que da la mano a la Ministra de ese entonces, Inés Manzano, que también luce una risa parca.
El boletín de prensa del Ministerio asegura que, “la firma de este contrato, realizada el 27 de abril de 2026, es el resultado de un proceso técnico y transparente que fortalece la seguridad jurídica, reduce riesgos fiscales y asegura un equilibrio entre inversión privada y beneficio público. Este proceso incluyó la reapertura de negociaciones a inicios de 2026, las cuales se cerraron en marzo del mismo año”
Y así, Ecuador se consolidó como un destino atractivo para la inversión de la mega minería.
Necesitamos los actos administrativos, no actos de fe
El proyecto Cangrejos se sitúa en la provincia de El Oro, en el cantón Santa Rosa, abarcando la parroquia Bellamaría y comunidades rurales como Valle Hermoso, San Carlos, Birón y Vega River y, los límites con los cantones Pasaje y Atahualpa.
Las estimaciones sobre la extensión de las concesiones varían, de acuerdo con el geoportal del catastro minero la concesión tendría una extensión de 4.999 hectáreas. Aunque en las etapas iniciales de exploración se hablaba de casi 4.000 hectáreas, los dirigentes del Frente Provincial de Defensa del Agua sostienen que las concesiones consolidadas estarían llegando a las 6.000 hectáreas en la estribación occidental de El Oro. El artículo 36 de la Ley minera dice que una misma concesión no puede tener más de 5.000 hectáreas, sin que esto impida al titular mantener otros proyectos contiguos.
Según los estudios de prefactibilidad, la apertura de los cráteres afectará al menos 170 hectáreas de terreno de forma directa.
“Sería irracional apoyar lo que no se conoce”, escribió, por WhatsApp, Jessica Espinosa, presidenta de la Asamblea Ciudadana Provincial de El Oro. “Nosotros como Asamblea Ciudadana lo que queremos es la documentación técnica completa. No nos pueden pedir actos de fe. No son la Virgencita del Quinche. Se supone que son técnicos”
Espinosa se refiere a los documentos legales que deben acompañar la firma de un contrato de explotación minera: el estudio de factibilidad, el estudio de impacto ambiental, el plan de manejo ambiental, la Licencia Ambiental y las auditorías ambientales realizadas en el proceso de exploración. La virgen del Quinche es una imagen tallada en madera y que tiene fieles en todo el Ecuador porque dicen que hace milagros.
Aunque en las etapas iniciales de exploración se hablaba de casi 4.000 ha, los dirigentes antimineros sostienen que las concesiones estarían llegando a las 6.000 ha en la estribación occidental de El Oro.
Entre cada tres a cinco mensajes de texto que envía Jessica Espinosa ―en una especie de larga entrevista espaciada, por semanas― incluye documentos en pdf, como uno que se titula: “10 cosas que los ciudadanos deben conocer sobre el proyecto minero Cangrejos de oro y cobre” en el que se cuenta que el proyecto está formado por seis concesiones que suman 6.374 hectáreas “todas en poder de Lumina Gold”. El documento no tiene fecha ni firma. En el numeral 7 dice: “A la mina se accede por un camino de tierra privada con una puerta de entrada con seguridad”. El documento termina así: “Las autoridades ecuatorianas nacionales, provinciales y locales deberían confirmar o desmentir esta información…puesto que es un DERECHO de los pueblos estar correctamente informados ¿Lo harán?”
Durante esos días de intercambio de mensajes con Jessenia Espinosa, le comenté que desde hace un año, el proyecto Cangrejos ya no es manejado por la empresa canadiense Lumina Gold. En abril de 2025, sus acciones fueron vendidas a la empresa china CMOC Group Limited por 419 millones de dólares.
Jessica Espinosa no lo sabía y se quejó que, justamente, esa falta de claridad en el proceso es lo que no permite confiar en la empresa.
Transparencia, algo que falta en Cangrejos
El acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental de América Latina y Caribe, firmado en 2018 y convertido en instrumento legal y vinculante que garantizar el acceso a la información ambiental, la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones en materia ambiental y una justicia eficiente como herramientas para un desarrollo sostenible de los pueblos en territorios con riquezas extraíbles. Ecuador es parte desde el 21 de mayo de 2020.
“Nosotros lo que queremos saber es dónde van a construir el campamento, dónde van a poner las relaveras, qué van a hacer con nuestras fuentes hídricas de las que tomamos el agua para nuestra vida diaria, nuestras tierras, nuestros sembríos”, dice uno de los dirigentes de las siete juntas de agua distribuidas en las 32.000 hectáreas del área de conservación hídrica del cantón Santa Rosa. No quiere que se publique su nombre porque “las cosas se han vuelto complicadas y ya hay amenazas”.
Lo que convierte a Cangrejos en un foco de resistencia social es la ubicación geográfica del yacimiento. Los cráteres y la infraestructura industrial están proyectados dentro de esa área de recarga hídrica vestida de bosques primarios y frágiles ecosistemas de montaña. De allí nacen tres ríos importantes para las comunidades del cantón: el río Birón, el río Chico y el río Negro. A ellos se suman vertientes y quebradas locales como La Pava, La Gran Bestia y Estero Medina. De estas fuentes se captan los sistemas de agua que abastecen a pueblos como Valle Hermoso, San Carlos, Bellamaría, La Victoria, San Juan de Cerro Azul, El Recreo y otros sectores del cantón Pasaje, cubriendo la necesidad de agua de decenas de miles de personas.
Y, justamente, dentro de esa área de conservación hídrica está la concesión minera Cangrejos, en la que se abrirán dos tajos colosales para construir dos cráteres de un kilómetro de diámetro por un kilómetro de profundidad en los que se procesaría un promedio diario de 80.000 toneladas de material mineralizado. Esto, según el informe de prefactibilidad realizado por la empresa canadiense Lumina Gold y publicado el 7 de abril de 2023.
“La prefactibilidad que me dices, fue desarrollada cuando estaba Lumina Gold, pero esos datos no corresponden a la realidad de la ingeniería CMOC, ya que la compañía se encuentra optimizando los procesos para el futuro desarrollo del proyecto” Dice por chat, Alejandra Monroy, una de las directoras de responsabilidad social de la empresa Odin Mining Ecuador, filial de la china CMOC Group.
La estructura corporativa detrás de la megaminería en El Oro.
El proyecto Cangrejos ha cambiado de manos en las últimas décadas. Las primeras prospecciones se remontan a empresas canadienses como Newmont y posteriormente Odin Mining. Más adelante, Lumina Gold —firma canadiense asociada al grupo Ross Beaty— tomó el control de la concesión.
Sin embargo, en el tablero corporativo se ejecutó una transacción determinante: la adquisición y control financiero del proyecto por parte de consorcios internacionales con capitales asiáticos. Odin Mining del Ecuador figuraba operacionalmente como filial de Lumina Gold. Y, estos vendieron sus acciones a CMOC Group Limited
De acuerdo con el informe “Inversiones Chinas ¿Cómo han afectado la institucionalidad del Ecuador?” de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, entre 2005 y 2013 alrededor del 75% de la inversiones y préstamos de China (USD 70.000 millones de dólares) se concentraron en países amazónicos, especialmente Brasil, Venezuela, Ecuador y Perú.
Para el periodista Diego Fonseca, “China se consolida como la nueva súper potencia del mundo multipolar ―fue el segundo inversor global en 2018 ―y sus colocaciones financieras, que son crecientes en América Latina en especial en petróleo y minería, ya ha creado relaciones desafiantes para los países receptores de crédito”, como explica en su libro Amado líder.
La deuda actual de Ecuador con China es de 1.711 millones de dólares, a mayo 2026, de acuerdo con el portal Primicias, lo equivalente al 3.2% de la deuda externa del Ecuador. El acreedor con el valor más alto es el Banco de Exportaciones e Importaciones de China (Eximbank) con 1.247,5 millones de dólares, le sigue la deuda de 356,4 millones de dólares con el Banco de Desarrollo de China y finalmente, los 108 millones de dólares que el Ecuador debe al Banco de China.
Con estas cifras a la espalda, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa fue recibido por su par chino, Xi Jinping, en Pekín, el 18 de agosto de 2026. De acuerdo con el canciller ecuatoriano, Roberto Kury, entre los puntos importantes de la agenda del presidente estuvo el fortalecimiento y la llegada de nuevas inversiones chinas en sectores estratégicos como energía y minería.
Esto contrasta con la poca confianza de defensores de los derechos humanos y de la naturaleza ante los intereses del país asiático.
“Los países ricos, como China, tienen la costumbre de botar las industrias más contaminantes en los países en desarrollo. Eso es ya una política de hace mucho tiempo”, dice Carlos Zorrilla, reconocido activista ambiental, agricultor y director ejecutivo de Defensa y Conservación Ecológica de Intag (otra zona que vive más de 30 años en un conflicto social entre quienes apoyan la instalación de un proyecto minero y habitantes que rechazan el modelo extractivista)
Carlos Zorrilla escribió una nota detallada del proyecto Cangrejos en el portal Línea de Fuego y, en conversación telefónica advirtió sobre las dinámicas operativas de las corporaciones chinas en la región: «China busca asegurar el suministro de minerales estratégicos como cobre y oro, pero también tierras raras indispensables para la tecnología global y la industria militar. A diferencia de empresas canadienses o europeas, que están sujetas a leyes en sus países de origen como el monitoreo parlamentario o la presión de la sociedad civil —caso MiningWatch en Canadá—, las corporaciones estatales o privadas chinas operan bajo estándares de responsabilidad socioambiental reducidos y casi nula rendición de cuentas pública».
“Los países ricos, como China, tienen la costumbre de botar las industrias más contaminantes en los países en desarrollo. Eso es ya una política de hace mucho tiempo”, dice Carlos Zorrilla.
Analistas internacionales en informes como el Examen Periódico Universal de la República de China (2022) también advierten que las corporaciones estatales o transnacionales chinas se caracterizan por una marcada opacidad y una débil rendición de cuentas pública en comparación con empresas sujetas al escrutinio parlamentario de países con normas de transparencia más exigentes.
Carlos Zorrillo asegura que existe en Ecuador, un esquema institucional diseñado para favorecer la inversión exprés: «Mientras más dinero invierte la empresa en el terreno sin que existan aún licencias definitivas, más costoso se le vuelve al gobierno revertir la concesión en el futuro, pues se expone a millonarias demandas en tribunales arbitrales internacionales»
En su publicación destaca que “Si se llegará a explotar el yacimiento en su totalidad, es decir si se extraen los 1.486 millones de toneladas de subsuelo, 827 millones de toneladas acabarían en las relaveras o piscinas de relaves (residuos finos generados en el procesamiento de los minerales: roca molida, agua contaminada, productos químicos y minerales no aprovechables)”
CMOC en el territorio
“Estamos hablando de alrededor de 1.700 millones de dólares de inversión inicial, son inversiones gigantescas, son compañías que cotizan en bolsa. Entonces no pueden cometer errores, porque simplemente esos errores se reflejarán en el valor de sus acciones. Realmente creo que están garantizadas las buenas prácticas y los monitoreos”, asegura María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara Nacional de Minería del Ecuador. Silva argumenta que la empresa responsable de la concesión Cangrejos no está construyendo la mina de manera ilegal, sino que se halla perfeccionando la fase de factibilidad dentro de los plazos que otorga la norma. “Es normal y es entendible que existan dudas y miedos ante un proyecto tan grande y ambicioso”
Alejandra Monroy, vocera de CMOC Group Limited Ecuador, explica que todavía no se hace la socialización con las comunidades, ese paso será luego de que el Ministerio de Ambiente apruebe los estudios ambientales. Y que, sin embargo, como empresa ya están trabajando en el área de responsabilidad social. Nos envía algunos links de sus boletines de prensa y el contacto de Nancy Pastuiza, rectora del colegio de la Unidad Educativa Nelly Aguirre, en Bellamaría. En esta institución estudian 350 alumnos de secundaria. Durante 2026, la empresa minera abasteció de internet satelital al colegio y dio material para que, en minga (trabajo colectivo) los padres de familia mejoraran dos baterías sanitarias. También apoyó con las camisetas para la selección deportiva de la institución.
Alejandra también nos puso en contacto con Jenny Vargas Correa, representante de la comuna El Recreo: “Yo pensé que esto iba a ser destrucción, pero ha sido mala información. Siempre hemos tenido minería, mucha ilegal y que nos destruye los ríos. Ahora con Odin Mining, todo será responsable y ya han hecho sus aportes a la comunidad como la reconstrucción de la iglesia”.
En términos de impacto en el mercado laboral, la representante de la Cámara de Minería sostiene que la fase de construcción y operación generará alrededor de 2.000 empleos directos y cerca de 10.000 empleos indirectos. El número lo confirmó Francisco Ruiz, subgerente de Ambiente, Social y Gobernanza de Odin Mining, en el marco de la XI Cumbre Internacional Minera, en Machala. Los datos fueron citados en una nota de diario El Universo. En respuesta a nuestra solicitud de información dijeron que “las cifras de empleo que se han difundido (2.000 empleos directos y 10.000 empleos indirectos), corresponden a estimaciones asociadas al desarrollo futuro del proyecto y pueden variar de acuerdo con la fase, el avance de la ingeniería y las necesidades de construcción y operación”. En uno de los Boletín de Odin Mining en el que informa sobre la firma del contrato, el número de empleos indirectos es de 2.000. El dato se repite en otras publicaciones.
Eulalia Silva también detalla que el estudio de impacto ambiental fue cargado en el Sistema Único de Información Ambiental del Ecuador (SUIA) ―manejado por el Ministerio del Ambiente― el 20 de mayo de 2026. Y que el estudio de factibilidad se ingresó seis días después. Sin embargo, dichos documentos continúan en el fuero interno institucional sin acceso al público general.
Y es aquí donde radica el problema.
Contratos de explotación sin estudios previos.
A pesar del optimismo corporativo, la firma del contrato de explotación, el pasado 27 de abril de 2026, encendió las alarmas jurídicas. La pregunta central que recorre los cantones de El Oro es: ¿Cómo fue posible suscribir un contrato para la etapa de explotación sin que previamente se hayan transparentado los estudios de impacto ambiental, la licencia ambiental o los permisos para el uso y aprovechamiento del agua?
Mientras la industria minera proyecta cifras millonarias de inversión, empleos y aportes fiscales, en varias comunidades locales y entre organizaciones sociales de agricultores y de defensores de la naturaleza, la zozobra crece. La razón principal: la falta de acceso a la información pública, la ausencia de una consulta previa, libre e informada y la amenaza latente sobre las fuentes de agua de las que dependen miles de familias y sectores productivos agroexportadores de la provincia, especialmente relacionados con el banano, el cacao y el camarón.
María Eulalia Silva, sin embargo, insiste en la viabilidad y los retornos favorables del proyecto. Según los datos gremiales, la producción anual estimada de Cangrejos alcanzará aproximadamente 20,5 toneladas de oro, 22 toneladas de plata y otras toneladas de cobre. Se calculan ingresos brutos proyectados de alrededor 3.500 millones de dólares anuales.
Uno de los dirigentes de las juntas de agua del cantón Santa Rosa, antes estas cifras se pregunta: “¿Y de dónde van a utilizar tanta agua para remover tremendas cantidades de suelo?”. La pregunta es válida y muy difícil de responder, porque no hay datos certeros o al menos, públicos.
Wilfrido González, dirigente del Comité de Defensa del Río Santa Rosa y miembro del Frente Provincial por la Defensa del Agua, relata que desde el año 2025 han apelado de manera reiterada a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para pedir los estudios de impacto ambiental, el estudio de factibilidad y las auditorías ambientales. «Las respuestas del Ministerio son evasivas, piden prórrogas, aducen que la pregunta no está clara o nos remiten de un viceministerio a otro. En la práctica, no nos han entregado ni las coordenadas exactas de dónde pretenden ubicar las gigantescas relaveras», dice. Para mostrarlo, varios activistas envían por mail un documento fechado el 11 de julio de 2025 con el sello de recibido del Ministerio de Ambiente:
En ejercicio del derecho antes reconocido en la Constitución, formulamos a ustedes el siguiente petitorio:
Autoricen a quien corresponda se nos entreguen copias certificadas con fecha, lugares y actores participantes en la socialización del proyecto minero a cielo abierto «cangrejos» ubicado en el cantón Santa Rosa de la provincia de EI Oro.
Copia certificada del Estudio de Factibilidad y fecha de aprobación, del proyecto minero «Cangrejos».
Copia certificada de la Licencia Ambiental y fecha de aprobación del proyecto minero «cangrejos».
Copias certificadas de las auditorías ambientales realizadas a los concesionarios del proyecto minero «cangrejos».
– Copias certificadas de las autorizaciones para el uso y aprovechamiento del agua del proyecto minero cangrejos.
– Certifique, en qué etapa se encuentra y cuáles son los avances hasta la presente fecha del proyecto minero «cangrejos».
“Con sentimiento de consideración y estima” culmina la petición para pasar a las firmas; la del presidente del Centro Agrícola Cantonal de Machala, del presidente del Centro Agrícola Cantonal de El Guabo, del presidente de Fuerzas Vivas de Santa Rosa, del Comité de Defensa del Río Santa Rosa, cuatro abogados y uno de los principales defensores del agua de El Oro, Wilfrido González.
Aunque la Ley Orgánica de Transparencia de y Acceso a la Información Pública del Ecuador dicta no más de 15 días para que cualquier institución pública tenga, por obligación, que responder, ha pasado más de un año sin que el oficio haya sido respondido.
Uno de los campesinos de Bellamaría, el caserío más cercano a la zona en la que estaría el campamento minero, dice con recelo “Nosotros queremos saber por dónde van a pasar la carreteras que llevan a la mina, qué río van a utilizar, dónde estarán las relaves, que dicen que son una piscinas enormes donde dejarán lo malo que sale de la mina. Si no sabemos ¿Cómo organizamos nuestra vida y nuestro trabajo?”
Los comuneros y dirigentes de la provincia de El Oro sostienen que la posible alteración de las aguas mediante drenaje ácido de mina, polvos tóxicos de tronaduras o metales pesados (como arsénico y antimonio) destruiría las certificaciones internacionales del banano y el camarón orense, desplomando la economía regional.
“Imagínese que dentro de nuestro productos, póngase el banano, salga una mínima traza de metales pesados. Estaríamos jodidos”, dice otro agricultor preocupado.
El 6 de noviembre de 2025, a través de la asambleísta de El Oro, Sara Noemi Cabrera Chacón, se envió una nueva solicitud de los mismos documentos que en julio pidieron las organizaciones agrícolas de El Oro. El oficio está dirigido a la Señora Máster Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía de la época. Los grupos organizados de campesinos creyeron que, quizá, pidiendo desde esa instancia, recibirían respuesta. “Nunca respondieron”, cuenta Jessenia Espinosa de la Asamblea Ciudadana Provincial de El Oro y asegura que “porque no tienen nada”.
«Es el mundo al revés. Es como si el municipio le autoriza a usted construir un edificio de diez pisos y le otorgara la propiedad comercial antes de revisar los planos de suelo o los estudios de seguridad contra incendios», grafica Espinosa. “Esto que estamos viviendo es parte de leyes a la carta para las mineras en Ecuador”.
El 6 de noviembre de 2025, a través de la asambleísta de El Oro, Sara Noemi Cabrera Chacón, se envió una nueva solicitud de los mismos documentos que en julio pidieron las organizaciones agrícolas de El Oro.
¿Leyes a la carta?
La legislación ecuatoriana exige de forma obligatoria la obtención previa de los actos administrativos: estudios de prefactibilidad y factibilidad, estudios de impacto ambiental (EIA), la licencia ambiental, autorización de uso de agua y el cumplimiento estricto de la consulta previa e informada antes de dar el paso contractual hacia la explotación.
La Ley Minera, dice de manera expresa:
Art. 41.- Contrato de Explotación Minera.- En el plazo de seis meses desde la resolución que declara el inicio de la etapa de explotación, el concesionario minero deberá suscribir con el Estado, a través del Ministerio Sectorial, un Contrato de Explotación Minera que contendrá los términos, condiciones y plazos para las etapas de construcción y montaje, extracción, transporte, y comercialización de los minerales obtenidos dentro de los límites de la concesión minera.
El modelo de este contrato será aprobado por el Ministerio Sectorial mediante acuerdo ministerial.
Asimismo, los contratos deberán contener las obligaciones del concesionario minero en materias de gestión ambiental, presentación de garantías, relación con las comunidades, pago de regalías y actividades de cierre parcial o total de la mina incluyendo el pago de todos los pasivos ambientales correspondientes a un período equivalente al de la concesión.
Actualmente, la licencia ambiental quedó eliminada y se puede otorgar el derecho de explotación a la empresa mediante el contrato y, posteriormente, se le concede un plazo para que complete los requisitos administrativos y ambientales. En el párrafo siete del mismo artículo dice:
En el desarrollo de las actividades propias de la etapa de explotación, el concesionario minero deberá cumplir con la normativa ambiental vigente y no podrá llevar a cabo dichas actividades sin la correspondiente Licencia Ambiental.
Odin Mining Ecuador explicó, en una carta de respuesta a nuestra solicitud de información que, aunque el contrato ya está firmado, no iniciarán ninguna etapa de explotación (como la apertura de carreteras) hasta que no estén aprobados los requisitos ambientales por el Ministerio de Ambiente.
“Todo eso cambiaron” dice Espinosa y asegura que fue dedicado para favorecer al proyecto Cangrejos, “si no, mire las fechas”, insiste.
Miremos las fechas:
El 31 de diciembre de 2025, el presidente Daniel Noboa, emitió el Decreto 273 que reforma el reglamento general de la Ley Minera. Entre los principales ajustes estuvo la reformulación de las regalías (oro y planta sobre ingresos brutos y cobre dependiendo del tamaño del proyecto). El Decreto también permite, por primera vez, ceder o transferir porcentajes de una concesión y no únicamente el total de la superficie, lo que significó que, desde 2026, varias empresas podrían juntarse para extraer minerales de una misma concesión.
El 28 de enero de 2026, el presidente Noboa envió una propuesta de Reformas Parciales a la Ley de minería y a la Ley que regula el sector energético, en un proyecto que catalogó como “económico urgente”
Para organizaciones de indígenas y defensores de la naturaleza, la nueva Ley prioriza la agenda económica del Ecuador, favorece a empresas extractivas y vulnera los derechos de la naturaleza y de nacionalidades indígenas.
El 20 de febrero de 2026 la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, realizó el primer debate de la Ley de Reforma a la Ley. Seis días más tarde, el 26 de febrero se aprobó en segundo debate, con 77 votos a favor y 70 en contra, la Ley Orgánica de Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía. El 2 de marzo se publicó en el Registro Oficial.
El 27 de abril, Ecuador y la empresa CMOC Group Límited, de capital Chino, firmaron el contrato de explotación del proyecto Cangrejos.
Entre los cambios más importantes a la Ley Minera está la posibilidad de militarizar las zonas mineras, la eliminación de la Licencia Ambiental para reemplazarla por una “autorización ambiental”, simplificar la etapa de exploración y plantea la conformación de clústeres mineros: zonas geográficas que concentraría infraestructura y servicios para proyectos mineros, como una forma de hacer más segura y atractiva la inversión extranjera del sector.
Para organizaciones de indígenas y defensores de la naturaleza como Amazon Frontlines la nueva Ley prioriza la agenda económica del Ecuador, favorece a empresas extractivas y vulnera los derechos de la naturaleza y de nacionalidades indígenas. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) también rechazó el proyecto de ley.
Es así que la recién aprobada ley de Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía suma 11 demandas de inconstitucionalidad en su contra, que esperan ser tramitadas en la Corte Constitucional.
Una de esas demandas fue presentada por la Asamblea Ciudadana Provincial de El Oro, junto con otras organizaciones. Los demandantes dicen que esta ley tiene vicios de fondo y de forma. Entre los de fondo citan artículos de varias leyes y hasta de la actual Constitución del Ecuador que, dicen, debe prevalecer la protección de zonas de recargas hídricas a otros proyectos y que, en el proyecto Cangrejos, la minera se estaría asentando sobre una zona protegida legalmente por una ordenanza municipal, que declara como Área de Conservación Municipal y Uso Sostenible las 26.780 hectáreas de bosque y agua del cantón Santa Rosa, aprobada el 4 de marzo de 2022 por la Asamblea Nacional. Irónicamente, la Ordenanza se publicó junto a un “Tratado entre la República del Ecuador y la República Popular de China sobre asistencia legal mutua en temas penales”.
Otro de los vicios de forma, aseguran, fue que no acataron la Constitución que dice que no se puede concentrar o trabajar varias materias en una sola ley.
Entre los vicios de forma, los demandantes de El Oro ― que piden el archivo de la ley de reformas a la ley minera― dicen que en dos ocasiones solicitaron participar en las mesas de diálogo de la Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, para exponer los argumentos de rechazo a la propuesta de ley. Que enviaron varias cartas para ser invitados en el debate, en la demanda las van citando con número de trámite y fecha. Dicen que nadie les respondió.
Otro de los vicios de forma, aseguran, fue que no acataron la Constitución que dice que no se puede concentrar o trabajar varias materias en una sola ley.
“Art. 136.- Los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia y serán presentados a la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional con la suficiente exposición de motivos” .
“Simplemente no podrían reformar dos leyes en una sola Reforma de Ley” insisten algunos de los activistas de El Oro.
Enviamos estas inquietudes a la Asamblea Nacional, pero no obtuvimos respuesta. Tampoco el Ministerio de Ambiente y Energía nos pudo dar el estudio de impacto ambiental, ni el estudio de factibilidad, ni la Licencia Ambiental del proyecto Cangrejos. Dijeron que:
«En este contexto, considerando las atribuciones de vigilancia y control de la actividad minera previstas en los artículos 8 y 9 de la ley de Minería, para acceder a información específica relacionada con el cumplimiento de esta obligación respecto de las concesiones que conforman el proyecto minero Cangrejos, se recomienda canalizar el requerimiento ante la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), en el ámbito de sus competencias» Adicional referente a los otros ítems se informa que se está realizando la recopilación de dicha información, por lo que una vez que se complete se le remitirà a su correo registrado en la presente solicitud.
Es decir, no enviaron documento alguno, aunque estos deberían ser necesarios y de acceso público dentro de la firma del contrato de explotación que fue firmado por la máxima autoridad de este Ministerio.
Un colega, casi al final de esta investigación, me envió un mensaje citando varios artículos de la Ley de Acceso a la Información Pública: el 4, el 6, el 7, el 10 y el 35. Entre todos dicen que, si una institución pública tiene la información debería darla y “no simplemente derivar al solicitante a otra entidad”; cito textualmente la frase de mi colega.
Valeria Llerena, experta en transparencia de empresas extractivas, economista y directora de la Red de Instituciones Financieras para el Desarrollo, asegura que la transparencia en temas como los impactos ambientales y los procesos de un proyecto de la magnitud de Cangrejos son súper importantes, porque permite hacer una veeduría ciudadana y las empresas pueden ganar o perder legitimidad en estos procesos si no hay toda la información: “Hay otras empresas mineras que tienen buenas prácticas que son bastante interesantes, que generan justo esta información accesible y logran un acercamiento con las comunidades. Entonces, creo que también es importante identificar que en Ecuador esto ya existe y que se puede ir replicando este tipo de buenas prácticas”. Llerena cita el ejemplo de la empresa candiense Lundin Gold que inauguró la minería a gran escala en Ecuador, con el proyecto Fruta del Norte, en la provincia de Zamora Chinchipe, en diciembre de 2019. Se calcula que el aporte de esta minera para el Estado ecuatoriano, en 2025, fue de 483 millones de dólares entre tributos, impuestos y regalías.
“Recuerdo que hace unos 30 años se dio el boom de las florícolas en Cayambe. Los periódicos decían que se van disparar los niveles de cáncer en esas poblaciones por el uso de fertilizantes. ¿Se dispararon esos niveles? No».
Eulalia Silva, representante del sector minero en Ecuador, coincide con Llerena en que Lundin Gold es un “ejemplo a imitar” y que la minería a gran escala y a cielo abierto va a traer beneficios que la comunidad ecuatoriana podría ver si deja el miedo por lo nuevo.
“Recuerdo que hace unos 30 años se dio el boom de las florícolas en Cayambe (ciudad a 70 kilómetros de distancia de Quito). Los periódicos decían que se van disparar los niveles de cáncer en esas poblaciones por el uso de fertilizantes. ¿Se dispararon esos niveles? No. Otro ejemplo, por la misma época se construyó el OCP (Oleoducto de Crudos Pesados) que pasa por una maravillosa zona megadiversa como es Mindo. Entonces en la opinión pública se dijo que el OCP se rompería y dañaría toda la diversidad ¿Se rompió? No” dice Silva.
Para Jessenia Espinosa, creer en el discurso del gremio minero sin tener documentos técnicos claros es “querer que el pueblo desarrolle un acto de fe. Que les creamos por fe más que por transparencia”.
“Y eso no es todo. Si lee la nueva ley minera hay cosas más graves aún como la figura de la presión administrativa”, dice Espinosa. Según denuncia la abogada, la normativa reformada establece plazos perentorios para que las autoridades emitan los permisos administrativos una vez entregados los expedientes. Si los funcionarios públicos no se pronuncian dentro del término fijado, incurren en causales de destitución y “se corre el riesgo de que opere un silencio administrativo positivo en favor de las empresas mineras, dejando en la indefensión a los territorios”.
A una parte de los agricultores de El Oro no solo les atemoriza la poca transparencia sino el silencio administrativo.
La comunicación no alcanza
“No nos explican nada a la comunidad. A los periodistas, ahí sí hasta les dan de comer”, dice uno de los representantes de las asociaciones de defensores de la naturaleza de El Oro. El comentario se dio luego de que en la página de Facebook del Colegio de Periodistas de El Oro se mostrara un taller de capacitación sobre “periodismo minero y responsabilidad social comunitaria”, a finales de agosto de 2026.
“O sea que ahora ya tienen prensa los mineros”, dice otra mujer parte de los colectivos que no están convencidos de los beneficios de la empresa minera Odin Mining en El Oro. Alejandra Monroy, vocera de la empresa, confirmó el evento asegurando que es parte del trabajo de informar con responsabilidad a la sociedad y qué mejor que empezar por los periodistas. El desafío, dice, es formar a los comunicadores de la provincia en sostenibilidad, comunicación estratégica y que puedan informar con rigor sobre sectores estratégicos y mineros del país.
Karina Benítez Luzuriaga, presidenta del gremio periodístico orense, dijo el congreso fue todo un éxito: “La provincia de El Oro ha sido minera desde hace muchos años. Zamora, Portovelo, tienen una historia de extracción minera y mucha informal, artesanal. La actividad minera en nuestra provincia ha movido gran cantidad de recursos a escala nacional. En la minería hay ilegalidad, precariedad laboral. Entonces como colegio de periodistas vimos una oportunidad en capacitarnos y entender esta actividad para informar con más conocimiento”
Dentro de los eventos también está planificada una visita in situ al campamento minero de Cangrejos. “Yo le decía justamente a la comunicadora del proyecto: Si no hay información de primera mano, o sea, del mismo proyecto, de la empresa, obvio que habrá mala información y tergiversación, porque no se entiende qué es lo que está pasando”, cuenta Benítez.
Dejó claro que eso no significa que “se casarían” con la minera sino que, por el contrario, cuando empiece la explotación podrán hacer un seguimiento más informado. “Algunos compañeros sí preguntaron por los estudios de impacto ambiental, de factibilidad y todo eso, pero es verdad, tampoco nos los dieron. Dijeron que estaban en proceso de aprobación».
Conversamos directamente con la vocera comunitaria de Odin Mining, quien nos envió una carta explicando que el proyecto “ha presentado la documentación técnica y ambiental correspondiente dentro de los respectivos procesos regulatorios”. Aseguran que tienen todos los papeles en regla y los estudios técnicos elaborados bajo estándares internacionales y que por el momento, aunque ya se firmó el contrato de explotación, no operarán hasta no tener la aprobación de los estudios por parte de las autoridades competentes y que no sería conveniente difundir estos estudios hasta que no estén aprobados por el Estado ecuatoriano.
Para Ramiro Ávila, abogado, ambientalista y ex juez de la Corte Constitucional, “haciendo una interpretación honesta y de buena fe de la Constitución” no se podría hacer ese contrato sin todos los requisitos previos, por lo que cree que, esto es parte de una flexibilización que “estaría encaminada a interpretar el sistema jurídico a favor de la minería pasando por encima de una Constitución que vela por los intereses, de base, de los derechos humanos y de la naturaleza”.
A simple vista, para un observador desprevenido, la vegetación exuberante, bella, y abundante del cantón Santa Rosa no da indicios de que oculta secretos como los suelos ricos en oro, plata, cobre.
Arturo Ezquerro-Cañete, vocero de Mining Watch Canadá, coincide con que los tratados de libre comercio que está firmando en Ecuador, por ejemplo con Canadá, tienen indicios de ser laxos para con el cumplimiento de las leyes de protección ambiental. Y recuerda que este fenómeno no solo ocurre en Ecuador o con inversiones chinas. En junio de 2026, el gobierno canadiense eliminó, de manera abrupta, la Oficina Ombudsperson Canadiense para la Empresa Responsable (Core), que vigilaba de manera constante las operaciones de empresas mineras canadienses en otros países para monitorear el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos. Además, investigaban abusos y violaciones a estos derechos por parte de empresas canadienses en el exterior.
Uno de los hilos conductores más críticos del tema Cangrejos es el muro de silencio burocrático que enfrentan las comunidades en un contexto donde, por un lado, el Gobierno central y el gremio minero promueven la idea de proyectos megamineros como un motor de divisas, empleo y recaudación tributaria, argumentando que las tecnologías modernas permiten la extracción de minerales con una clara sostenibilidad ambiental. Por otro lado, la sociedad quiere explicaciones prácticas sobre qué va a suceder en su territorio.
Aun así, a simple vista, para un observador desprevenido, la vegetación exuberante, bella, y abundante del cantón Santa Rosa no da indicios de que oculta secretos como los suelos ricos en oro, plata, cobre y que aspiran a convertirse en el megaproyecto de oro y cobre más ambicioso del Ecuador.
El debate sobre esta zona se da casi dos años antes de que CMOC extraiga, oficialmente, el primer gramo de oro para exportación. Amanecerá y veremos.
* Esta investigación se realizó gracias a la beca de producción periodística de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y la publicación en alianza con Ecuador Chequea, Plan V y Bitácora Ambiental.