La intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela tiene consecuencias mayores para América Latina y en el Hemisferio Occidental que van más allá del hecho, ya dramático, de un ataque militar de un país a otro. Se trata de un evento que rompe las normas internacionales y que se explica más por la capacidad de proyectar y usar poder que por las dimensiones valóricas o legales. Washington ha traído a la doctrina Monroe de vuelta en la aproximación que prioriza el control de los recursos, antes que en aquella que se preocupaba del tipo de régimen.
Hay dos dimensiones que no pueden pasarse por alto al comentar el bombardeo estadounidense a instalaciones militares en Venezuela, y la posterior captura y extracción del Jefe de Estado de ese país.La primera tiene que ver con la ilegalidad, en términos del derecho internacional de la acción, y la segunda hace relación al escenario político y al futuro previsible para la región luego de la operación. Esta arena caracterizada por la debilidad política y la cuestionada legitimidad del gobierno de Venezuela, no justifica legalmente la agresión, pero explica que la acción violenta de Washington prácticamente no haya tenido consecuencias internacionales contra los EEUU.
Es la primera vez en más de un siglo que los Estados Unidos, quienes han tenido una larga lista de intervenciones militares al sur de su frontera, atacan a un país sudamericano. No se trata esta ocasión de conspiraciones o de acciones encubiertas, como aquellas que la CIA desarrolló contra el presidente Salvador Allende, sino de la acción de un Estado contra otro. La operación estadounidense ha roto todas las convenciones vigentes de interacción entre gobiernos, pero la violencia inter estatal ha sido, sobre todo, un hecho político que sienta precedentes para las relaciones internacionales hemisféricas pues expresa un evento ligado una estrategia que exhibe formalmente el interés de la potencia en controlar el Hemisferio, sustentada en el poder y enunciada como de largo plazo. En el caso de Venezuela, la operación armada de los Estados Unidos fue posible de ejecutar en el contexto de una profunda debilidad del gobierno atacado, dada la naturaleza del régimen y el dudoso origen electoral de su precaria legitimidad internacional.
La norma
La Carta de la Organización de Naciones Unidas, de la que son signatarios tanto Estados Unidos como Venezuela, manda a sus miembros abstenerse de usar o amenazar con la fuerza a la integridad territorial, o independencia otro estado, aunque hay excepciones, la más importante: la auto defensa frente a agresiones externas. Los Estados Unidos designaron como una amenaza existencial a su seguridad las actividades relacionadas con el tráfico de drogas y calificaron a los miembros más altos del gobierno venezolano como integrantes de un cártel, pero Venezuela no es el país más importante en el circuito de producción y comercio de psicotrópicos ilegales consumidos en los EEUU, que son fentanilo, cocaína, drogas sintéticas y distintos opiáceos. En realidad no hay sustento para invocar la autodefensa en este caso. Lo que sí existe es el documento estratégico de Washington a propósito de los recursos naturales del hemisferio, y en el caso venezolano, las declaraciones explícitas del presidente estadounidense sobre su petróleo.
La legalidad de los hechos en Venezuela, especialmente después de la guerra de Rusia contra Ucrania y del abatimiento de la Organización Mundial de Comercio con la política arancelaria del gobierno estadounidense, no es el problema central. La política de los Estados Unidos, como la de Rusia, no se construye sobre normas, sino sobre la capacidad de proyectar su poder en este momento de cambio del orden internacional caracterizado por la ausencia de hegemonías globales puesto que ni los Estados Unidos, ni China la Unión Europea o Rusia tienen la capacidad de organizar el conjunto de la política y la economía del mundo. Son los escenarios políticos los determinantes. La multipolaridad del presente no implica un mundo más democrático, una nueva institucionalidad, nuevas convenciones, otras leyes, eso es un candoroso deseo; sino que, ante la ausencia de hegemonías, es el uso de recursos económicos, políticos y eventualmente de la fuerza lo que estaría determinando la capacidad de los estados de conseguir sus intereses en un escenario sistémico parecido al siglo XIX y a la primera mitad del siglo XX, pero en condiciones limitadas por la capacidad nuclear de las potencias y por las múltiples interdependencias de la Globalización.
El poder
Los Estados Unidos lanzaron recientemente una última versión de su estrategia de seguridad nacional. En ella, el Hemisferio Occidental aparece como la mayor prioridad global de esa potencia. Esa estrategia revive la dos veces difunta doctrina Monroe, que fuera declarada obsoleta tanto por el gobierno de Obama como por el de Biden. Enunciada en la segunda década del siglo XIX, proponía que la guía de la política exterior de Washington era la prevención de la presencia de potencias extra hemisféricas en estos territorios y estaba dedicada a impedir el regreso de las poderes coloniales europeos. En la segunda década del siglo XX, Teodoro Roosevelt le pone un corolario en el que Washington se atribuía el rol de mantener el orden, incluso si eso supone la intervención en países latinoamericanos; y en el 2025 Donald Trump le añade otro en el que los Estados Unidos se otorgan la capacidad de actuar para impedir que otras potencias sean beneficiarias de los recursos naturales estratégicos de la región.
La intervención en Venezuela está articulada a esta visión. Los recursos energéticos y minerales de ese país son únicos en el mundo y el presidente estadounidense fue absolutamente transparente en visualizar al petróleo como uno de los objetivos, el central, de su política hacia Venezuela. Retomar el control de la industria hidrocarburífera y reconstruirla con capitales estadounidenses, en la práctica supondría el control de las capacidades productivas, en otras palabras, del recurso mismo.
El silencio de las autoridades venezolanas sobre el tema del petróleo es atronador. No sólo eso, sino que es insólito que la presidenta encargada emita declaraciones llamando a una política cooperativa con el Estado que atacó militarmente su territorio, luego de que el país fue objeto de una intervención militar y de que el Jefe de Estado, independientemente de que se haya mantenido arbitrariamente en el poder, fuera capturado por tropas extranjeras.
El hecho político es que esas declaraciones, y la pasividad de los funcionarios que antes exhibían un nacionalismo anti imperialista radical, debilitan las muestras de rechazo a la operación armada estadounidense de muchos gobernantes de la región y de otras partes del mundo. No hay manera de justificar legalmente la operación en el caso de Washington, pero la legalidad no parece importante. El hecho está consumado y el futuro de Venezuela, con los signos actuales, parecería construirse con la aquiescencia de los gobernantes venezolanos a la tutela de Washington. El objeto de la operación no parece haber sido el cambio de régimen, pues idea de democracia no forma parte importante de la agenda estadounidense en Venezuela, ni en la región. Protegerla queda en manos de las sociedades de sus países. La prioridad frente a Caracas, y a América Latina, como hace explícita la estrategia de seguridad, es el acceso a sus recursos.
Finalmente, la otra baja de la operación es el multilateralismo latinoamericano y hemisférico. La OEA hasta el momento no ha acusado recibo de la situación, y se trata del organismo multilateral más importante porque sus decisiones son obligatorias, y porque en ella se encuentran los dos países del conflicto; y la CELAC, que requiere de la unanimidad de sus miembros para generar declaraciones ha sido convocada, pero no por Venezuela. En ese organismo las declaraciones previas de los presidentes de la región, hacen presumir la ausencia de consensos. Sin instancias multilaterales los países del hemisferio están completamente expuestos al uso del poder, son vulnerables.
Si bien es cierto que ningún gobierno latinoamericano fue tan retóricamente hostil con los Estados Unidos como el de Venezuela en las últimas dos décadas, la intervención en ese país da cuenta del reordenamiento estructural de las relaciones hemisféricas. América Latina está fragmentada políticamente y sus instituciones multilaterales muy debilitadas. En ese contexto la idea de hegemonía estadounidense dura, al estilo de las primeras décadas del siglo XX, toma cuerpo. La política exterior de los países de la región, sin embargo, no puede abstraerse de las necesidades históricas de mayor autonomía. Hay que repensarla y volverla posible en circunstancias distintas.