Las emergencias demandan en los Estados procesos de contratación pública para solventar las urgencias en los diversos sectores afectados. En el caso de las crisis epidemiológicas, como en este momento es la propagación mundial del coronavirus, este contexto exige la priorización de gastos gubernamentales y políticas integrales, con el propósito de tener suficientes recursos que reduzcan los contagios y salven vidas.
Estos tiempos, cuando la ciudadanía debe permanecer en casa y cumplir con las disposiciones en cuarentena, exigen a la sociedad la implementación y el seguimiento de mecanismos a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, con los cuales se realice una vigilia permanente en el uso de los fondos públicos; para de esta manera, no dejar que la lucha contra la corrupción entre en un proceso de indefensión.
Las nuevas competencias digitales aportan a este proceso que enfrenta el oportunismo de quienes se insertan en el sistema público –de diversas formas o con determinados roles-, para corroerlo y son indolentes ante las consecuencias de la pandemia.
Así actúan quienes operan los grandes atracos: cercan y rodean; y lo hacen con las estrategias más insospechadas en articulación con los que no se conduelen de desviar recursos y a quienes poco le importan los muertos que carga la corrupción. Este no es un tema exclusivo para autoridades públicas, sino para las empresas que pretenden lucrar en tiempos del COVID-19.
Es en este escenario, las políticas de mayor transparencia, de fortalecimiento del control social y la vigilancia permanente ante cualquier acto de corrupción, ameritan prioridades y estrategias como defensa de lo más preciado que tienen las personas y sus familias: la salud y la vida.
La primera prioridad por parte de los gobiernos tiene que ser la salud, esto lo destaca Transparency International (TI) en el artículo: Corrupción y Coronavirus. ¿Cómo prevenir el abuso de poder durante una pandemia mundial? Sin embargo, en el contexto del COVID-19 y ante las deficiencias del sistema de salud, “la corrupción puede disminuir la capacidad de respuesta a la pandemia y privar de asistencia sanitaria a muchas comunidades”.
En este tipo de emergencias existen pérdidas en el sector de la salud de USD 500 mil millones cada año. Más de lo que cuesta producir una salud universal en la cobertura mundial y fue mencionada la publicación de TI: The ignored pandemic. How corruption in healthcare service delivery threatens Universal Health Coverage.
En Ecuador existen mecanismos para que se encuentren respuestas desde la sociedad civil, y no en la estatización de la lucha anticorrupción. Principalmente, la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), que mediante los pronunciamientos en el contexto de la emergencia, evidencia que están vigilantes a lo que suceda con el dinero público y la gestión de las autoridades, en el marco de la transparencia y manejo eficiente en procesos de contratación de insumos médicos y medicinas.
Estos hechos no son ajenos a nuestras realidades y recordemos que TI señaló que uno de los sectores vulnerables a la corrupción es la adquisición de medicamentos y suministros. Tal es así que se pierde mundialmente entre el 10% y 20%, aproximadamente, del dinero empleado en adquisiciones, precisamente en corrupción, como lo indica la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) en Guidebook on anti-corruption in public procurement and the management of public finances. Good practices in ensuring compliance with article 9 of the United Nations Convention against Corruption.
En el caso ecuatoriano, habría que estar pendiente también de los resultados de las acciones concretas por parte de instituciones públicas, cuyas competencias sean relacionadas con la anticorrupción y el control social, pues su funcionamiento es con fondos públicos y los silencios también podrían contribuir a la indefensión ciudadana.
La lucha contra la corrupción no es una tarea fácil, y todavía la ciudadanía debe tener mayor conciencia del alto costo en su vida de estas prácticas. En estos momentos se requieren todos los esfuerzos interinstitucionales e intersectoriales, con mayor transparencia y control social, para que no muera la gente. Si bien es cierto, estos son tiempos de la prudencia y la calma, insisto una vez más, que no pueden existir pausas para la anticorrupción.