Dentro de la habitual discusión que se genera en torno a los resultados económicos al final de un mandato, se afirma que el error del presidente Lasso ha sido sacrificar crecimiento por ajuste. Como si fueran términos contrapuestos y categorías mutuamente excluyentes, se olvida que sin un adecuado ajuste no se consigue el crecimiento pretendido. Ciertamente que un ajuste sin crecimiento tampoco alcanza el fin deseado, además del no considerar que los efectos negativos de un ajuste sobre el bienestar son marginales comparados con los beneficios derivados de un crecimiento económico vigoroso.
Lo que nunca estuvo en discusión es la necesidad de un ajuste fiscal después de la caída del precio del petróleo en 2015 y del shock de la Covid en 2019 para llevar las finanzas públicas a una senda sostenible. El debate surge porque las opiniones sobre el ritmo en que tiene que llevarse a cabo el ajuste fiscal no son coincidentes entre los estudiosos de la economía. Los defensores de un ritmo profundo y rápido ponen el énfasis en los perjuicios que crea la desconfianza de los inversores o mercados en el desarrollo de nuestra economía y los diferenciales de interés que hay que abonar para que los préstamos concedidos con anterioridad sean renovados. Además la elevación de los tipos de interés puede autoalimentarse y conducir a una situación insostenible y a una profecía que se auto realiza. Los que consideran que el ritmo debe ser más lento defienden que una rápida reducción del déficit público disminuirá la demanda agregada y la producción y, en consecuencia, el crecimiento. Si se genera menor producción se recaudarán menos impuestos y aumentaran las dificultades para reducir el déficit.
Será que la dirigencia política de Ecuador podrá alcanzar acuerdos básicos para destrabar todo lo que detiene nuestro crecimiento y desarrollo. La magnitud de la crisis así lo exige
Me parece que el ajuste en el gobierno del presidente Lasso contempló una política fiscal restrictiva que era absolutamente necesaria para frenar la demanda y contener el aceleramiento de precios y las presiones sobre el sector externo, esperando que la confianza de los mercados recompense con tasas de interés más bajas las mejoras de la sostenibilidad fiscal. Lo ideal, obviamente, hubiera sido recaer específicamente sobre el gasto público ineficiente, pero tenemos un fuerte problema de viabilidad jurídica y política detrás de ello, que obliga a optar por caminos menos espinosos, como pueden ser los ingresos tributarios. Acá sería bueno comparar no contra una situación de relajamiento de las finanzas públicas, sino frente a una de quiebre de confianza sobre la sostenibilidad de las mismas.
Creo que el problema central del Ecuador no es el ajuste, sino el crecimiento paupérrimo de mediano plazo que no es un resorte de la política fiscal, sino que se encuentra asociada a la falta de inversión por la incertidumbre política, la ausencia de certeza jurídica y la inflexibilidad de los mercados de bienes y servicios para facilitar la reducción de los costes de producción. Todas estas reformas son imprescindibles y es el paso que falta dar para ver resultados tangibles en términos de mejoras en el mercado laboral y dinámica económica, pero ello supone cambiar el statu quo, que conlleva dar duras batallas en el recontra minado campo político e ideológico ecuatoriano.
Será que la dirigencia política de Ecuador podrá alcanzar acuerdos básicos del tipo de los alcanzados en los Pactos de la Moncloa en España para destrabar todo lo que detiene nuestro crecimiento y desarrollo. La magnitud de la crisis así lo exige.