300 mil muertes anuales. El narcotráfico y la corrupción son las formas que tomó la violencia en México en el siglo XXI, que se acrecentó en el último período presidencial de Andrés Manuel López Obrador y que podría empeorar con el ascenso al poder de la primera presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum.
La posesión —o toma de protesta, como la llaman en México— de la nueva mandataria, invitando a dictadores y autócratas de la región como Maduro, Ortega o Díaz Canel y los acercamientos a la Rusia de Putin, así como el desaire de no invitar al jefe de Estado español, el Rey Felipe VI, muestran el camino que tomó el país azteca en política exterior. Pero, estas son cortinas de humo, para ocultar la crisis de la violencia interior que vive México por más de una década.
Una violencia que va ligada al aumento del poder del narcotráfico, porque este fenómeno juega en México un lugar central en el debate público y ha debilitado a cualquier gobierno por su incapacidad para enfrentarla.
Según Gilles Bataillon “el México del siglo XXI se caracteriza por un desconcertante aumento en la violencia. Si bien entre 1997 y mediados de la década del 2000 hubo una disminución constante y regular de la tasa de homicidios, esta cifra varió aumentando entre 2008 a 2011 y luego descendió ligeramente entre 2012 y 2013. Las cifras más recientes hablan de una violencia que se “ha normalizado” en muchos estados, especialmente los que son dominados por los carteles de la droga, como Jalisco, Culiacán y Michoacán”.
Este resurgimiento de la violencia está ligado al aumento del poder y de las actividades de grupos criminales dedicados al narcotráfico y otras actividades ilícitas, que van desde extorsión y secuestro hasta contrabando y la industria de la falsificación, pasando por la trata de personas, negocios que siempre están ligados en cualquier sociedad que ha sido infiltrada por este fenómeno social.
La violencia también se debe a la “guerra” contra el narcotráfico y el crimen organizado, iniciada por el presidente Felipe Calderón, entre 2006-2012, sin resultados concretos. Como se evidenció luego en el gobierno de su sucesor, Enrique Peña Nieto, en donde ocurrió el crimen no aclarado de 43 estudiantes en Ayotzinapa, a manos de grupos irregulares vinculados con los carteles y con responsabilidad de fuerzas militares y policiales.
El periodismo es un oficio peligroso. Numerosos periodistas han sido asesinados y amenazados por sus trabajos de denuncia contra los grupos narco delictivos.
El clima de terror e impunidad que reina en ese país abrió el camino a una banalización de la violencia, que se multiplicó. A esto hay que añadir también la violencia y el abuso de poder de la Policía y el Ejército que se vienen incrementando ante la impotencia para detener el avance de los carteles y las bandas delincuenciales comunes.
Los actos de violencia son el tema de numerosas coberturas, muy sensacionalistas, en la televisión y la radio y han sido objeto de informes permanentes en la prensa diaria, tanto nacional como regional, así como en la semanal. Proliferaron en las grandes cadenas televisivas las “narconovelas” y otros programas que son una especie de apología del delito, como “la reina del sur”, interpretada por Kate del Castillo, coronada con la entrevista en la cárcel entre la actriz y el capo del cartel de Sinaloa, el “chapo” Guzmán.
El periodismo es un oficio peligroso. Numerosos periodistas han sido asesinados y amenazados por sus trabajos de denuncia contra los grupos narco delictivos. El mundo del arte dedica espacios al tema de la violencia y del narcotráfico, como sucede con los cantantes populares de los grupos norteños, como los Tigres del Norte. Lo mismo ocurre con el cine, en películas como Amores perros, La zona, El Infierno, Miss Bala y Colosio: el asesinato.
No solo son los grupos delictivos, y entre ellos los narcotraficantes, sino también la policía y las Fuerzas Armadas, que viven en contacto y en una especie de coexistencia o pacto de no agresión con el mundo de la violencia, sin ser partes activas. Esto demuestra la permeabilidad de fronteras entre los mundos legales e ilegales.
Muchas investigaciones muestran que, en la segunda mitad del siglo XX, ni los políticos ni la policía buscaron acabar con el crimen organizado. Solo trataron de controlarlo y contenerlo con la corrupción y negociación con las redes delincuenciales. Su objetivo: enriquecerse y usar a los criminales como aliados para las operaciones policiales contra opositores al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que permaneció en el poder por más de siete décadas.
La corrupción policial es otra práctica vigente en México. Se anota también algo de lo que se habla poco: las fortunas de los políticos y sus familiares, y las de los presidentes de la República, que hasta hace algunos años no tenían la obligación de hacer declaraciones patrimoniales ni al comienzo ni al final de su mandato.
Cuando estallaron los escándalos al final de la presidencia de Salinas de Gortari se cuestionó este enriquecimiento ilícito y se demostró que llevaba al caos y a la inmoralidad.
Un dicho popular mexicano sostiene que en el primer año de gobierno el gobernante coloca a sus hombres en puestos clave y establece su poder, en los cuatro años siguientes gobierna y en el último, roba. Y no pasa solo con el presidente, sino con los gobernadores y otras autoridades.
Hasta el final de la presidencia de Salinas de Gortari (1988-1994) subyacía la idea de que estas prácticas permitían cierta estabilidad y enriquecimiento de todos: la fortuna de “los de arriba” ayudaba a lograr la fortuna de todos, en una variante de la teoría del trickle down (del derramamiento) planteada por economistas liberales.
El método organizado por el PRI daba a entender un sistema de negociación y ajuste, sostenido por el presidente, que ayudaba a que cada uno reciba su parte. Cuando estallaron los escándalos al final de la presidencia de Salinas de Gortari se cuestionó este enriquecimiento ilícito y se demostró que llevaba al caos y a la inmoralidad. Era inaudito que el hermano del presidente tenga contacto con importantes narcotraficantes sin que el mandatario lo supiera.
A fines de los años 80, con la apertura política y el progreso de la oposición —de izquierda, en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y centroderecha, con el Partido Acción Nacional (PAN)— se dio una paradoja. La corrupción no era exclusiva del PRI; se expandió a otros partidos y en todos los niveles, mientras que paralelamente se formaba un imaginario democrático de alternancia y transparencia. Así, el PAN y el PRD adquirieron los mismos hábitos clientelares del PRI, pese a que muchos de sus funcionarios hicieron campañas para acabar con esas prácticas. Tampoco Morena, el actual partido gobernante, es ajeno a todo lo mencionado.
Dos fenómenos contribuyeron a esa especie de relación incestuosa entre la economía legal y la ilegal: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y las transformaciones de canales de ingreso de la cocaína en EE. UU. La firma de este tratado tuvo, como consecuencia, un aumento en los traslados de camiones entre México y EE. UU. con productos fabricados en las maquiladoras o mercancías agrícolas.
El efecto de la política antidrogas de EE.UU. y Colombia fue doble: volvió más difícil la introducción de cocaína desde la Florida y el Caribe, y debilitó a los carteles colombianos. México era el paso obligado y los transportistas mexicanos fueron actores dominantes del mercado, lo que ocasionó un boom de la economía de la droga, tanto en zonas productoras de opio, marihuana y drogas sintéticas como en zonas fronterizas entre México y EE. UU.
El microtráfico buscó distribuidores en EE.UU. y México, mientras que muchos abogados penalistas empezaron a trabajar para el crimen organizado. A éstos se sumaron profesionales de economía y finanzas, bancos, casas de cambio y la industria de la construcción, que gozaron de un auge en su actividad.
Las carreras de caballos o peleas de gallos se beneficiaron de los ingresos del narcotráfico. Este boom del dinero sucio hizo opaco el límite entre la “gente decente” y la delincuencia.
Las concesionarias de autos ofrecían vehículos 4 x 4 de lujo en las áreas de producción o paso de la droga; las mejores ventas de los automóviles Hummer fueron en estos sitios. Los joyeros no solo vendían culatas de armas de oro, sino joyas y relojes de lujo a familiares de narcotraficantes. También pasó con comerciantes de ropa o botas.
Músicos, vendedores de instrumentos musicales, proveedores de equipos de sonido, restauradores y dueños de casas de tolerancia, que vivían de los beneficios provenientes de la economía de la droga. Las carreras de caballos o peleas de gallos se beneficiaron de los ingresos del narcotráfico. Este boom del dinero sucio hizo opaco el límite entre la “gente decente” y la delincuencia en pequeñas comunidades rurales y ciudades fronterizas.
Todo esto se evidenció en el caso de la Policía Federal, oficiales del Ejército, de aduanas y de control del tráfico aéreo. Así, las elites económicas tradicionales se beneficiaron del negocio de la droga y no pocos de ellos trabajaron en el lavado de dinero o participaron en “actividades de refuerzo”.
Para las clases populares, el trabajo ocasional de tráfico a EE.UU. y otras pequeñas tareas les posibilitó mejorar sus ingresos y comprar electrodomésticos, motos o autos. En ciudades fronterizas como las del Triángulo de Oro, Michoacán o Guerrero, las actividades ligadas al narcotráfico se normalizaron. Muchos niños en las escuelas decían que cuando fueran mayores querían ser mafiosos y las jóvenes buscaban a los narcos para tener novios estables o “más aceptables”.
La guerra contra el crimen organizado lanzada por Calderón y continuada por Enrique Peña Nieto, no terminó con las relaciones entre la economía de la droga y sus “actividades de refuerzo”, sino que las fortaleció. Andrés Manuel López Obrador (AMLO), con su política de “abrazos y no balazos”, consolidó el poder de los carteles, que actualmente controlan muchos Estados de la unión mexicana.
Actividades ilegales y violencia
En México se constata un escenario en el que el crimen organizado, el negocio de la droga y las guerrillas y autodefensas se articulan y socavan el poder del Estado. Algunos informes hablan incluso de México como un probable “Estado fallido”. Cuando se sostiene eso, como en los últimos años, se evoca un escenario marcado por altas tasas de violencia: asesinatos, secuestros, atentados, y vínculos más o menos sólidos entre guerrillas y organizaciones criminales, grupos de autodefensa, paramilitares, justicieros y el conjunto de la vida política termina condicionado por la violencia.
Otro hecho básico es que, en las relaciones de colaboración entre grupos guerrilleros y organizaciones criminales, en particular las dedicadas al narcotráfico, aumentan los recursos económicos y la capacidad de fuego y de reclutamiento de las guerrillas, como pasó en Colombia con las FARC y en Perú con Sendero Luminoso. Sumado esto a la debilidad del Estado y la ineficacia de la justicia, con el riesgo de que los grupos delincuenciales hayan logrado permear en organizaciones como la policía y el ejército.
La resolución legislativa del congreso mexicano que autorizó elecciones generales para escoger jueces y magistrados, con la venia del partido Morena, abona mucho más en este riesgo, por la infiltración del narco en el sistema de justicia mexicano.
La debilidad del estado es otro dato descontado: los Estados latinoamericanos no tienen recursos suficientes para cumplir con tareas básicas; una burocracia corrupta, ineficiente y poco profesional, así como mal equipada; que actúa poco y mal porque no existe un orden jerárquico, incondicional y uniforme de la legalidad.
En México, por décadas, esta situación no fue un problema sino una especie de atenuante para la integración política, movilidad y la producción de orden, en una sociedad con enormes desigualdades económicas y regionales, a partir del sistema de intermediación creado por el PRI.
En la composición del precio final de la droga, más del 70% corresponde a los últimos dos tramos: distribución local y microtráfico; es decir, el gran negocio no es el contrabando, aunque se trata de un negocio millonario.
Lo más frecuente —en la prensa, en los discursos políticos y en trabajos académicos— es mostrar la imagen de unos cuantos carteles colombianos o mexicanos, un negocio de USD 100.000 millones anuales, con capos y ajustes de cuentas, pero la realidad es otra. Los USD 100.000 millones del negocio son una fantasía, construida a partir de indicadores poco confiables y sesgados (con datos de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, por sus siglas en inglés). Los ajustes y correcciones reducen la cifra a la mitad.
En la composición del precio final de la droga, más del 70% corresponde a los últimos dos tramos: distribución local y microtráfico; es decir, el gran negocio no es el contrabando, aunque se trata de un negocio millonario. Los controles de puertos y fronteras favorecen una concentración relativa del contrabando en los grupos mejor organizados, pero el único tramo donde hay una posibilidad de control monopólico es el microtráfico, que es un negocio localizado.
El narcotráfico no tiene una organización uniforme: su arraigo en la sociedad es muy distinto en cada tramo y sus prácticas también. Es distinta su forma de actuar y muy variable el volumen del negocio en la producción de marihuana, amapola, cocaína, en laboratorios, rutas, puertos o mercado, lugares donde únicamente se siembra o se arregla el tránsito.
Las diferencias entre organizaciones guerrilleras son obvias: tamaño, arraigo, organización, armamento, exigencias y objetivos. No se podría comparar a las FARC con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), a Sendero Luminoso con el Ejército Popular Revolucionario (EPR). La vinculación con el narcotráfico no se evidencia en el caso mexicano, aunque, al igual que en los secuestros o asaltos bancarios, el mercado de la droga podría ser una fuente de recursos para la guerrilla, pero no siempre es asequible.
El vínculo se generaría si la guerrilla mantuviese el control de regiones aptas para el cultivo, donde podrían instalarse -lejos de la vigilancia del Estado- laboratorios y pistas aéreas; y la guerrilla brindase protección, a cambio de una parte de la ganancia o que se dedique directamente al tráfico. El caso mexicano es completamente distinto al colombiano.
El negocio del narcotráfico
El tráfico de drogas es tan importante en México como en Colombia: en particular, con el gran contrabando hacia el mercado estadounidense. Se habla de carteles mexicanos -el Golfo, Sinaloa, Jalisco, del Pacífico, de Juárez- como antes se hablaba de los carteles colombianos (Medellín o Cali). La DEA insiste en que las organizaciones colombianas, debilitadas por los programas de prohibición, pasaron esa parte del negocio a los carteles mexicanos y actualmente solo transportan la droga a México.
Cuartoscuro / El PAÍS
Las estimaciones que publica la DEA —que el 90% de la droga que ingresa en EE. UU. lo hace por la frontera mexicana— son dudosas, porque se refieren solo a la droga que no es interceptada y suponen que los puertos ya no son lugares de entrada. Difícil imaginar tal eficacia con un volumen de carga marítima de alrededor de 400 millones de toneladas al año (aduanas y guardacostas inspeccionan solo el 2%).
En México hay organizaciones dedicadas al contrabando de drogas en gran escala hacia EE. UU., y que -además del tráfico tradicional de marihuana y heroína, producida en México- también hay tráfico de cocaína desde Colombia.
Guerra sin cuartel
El articulista Iñigo Balda escribía recientemente: “¿Cómo actúo el gobierno nacional? AMLO salió en cadena nacional a decir que en Sinaloa no pasaba nada. ¿Y el gobernador?”. “Llevo mucho tiempo cubriendo al narco, y jamás en todos estos años vi una guerra civil tan cruda, tan violenta como la que está viviendo Culiacán desde el arresto del ‘Mayo’ Zambada, contaba el periodista Ioan Grillo, quien lleva 24 años como corresponsal en México. Una persona que lo ha visto todo en México, pero ya un millón de voces más, en Culiacán, capital del estado de Sinaloa, cuentan algo parecido”.
El detonante de la desesperada situación por la que atraviesa Culiacán es la disputa por el poder en el cartel de Sinaloa, uno de los más poderosos del mundo, que tiene operaciones en el Ecuador desde los tiempos de la década ganada de Correa a través de la concesión de la ciudadanía universal y la total permeabilización a las actividades del crimen organizado en esos años en este país, que persiste y se ha incrementado hasta la actualidad.
El cartel tenía dos cabezas: Mayo Zambada y el Chapo Guzmán, uno era la figura visible y el otro actuando de manera velada. Ambos tenían su gente de confianza y convivían en una especie de pacto de no agresión.
La detención del Chapo trajo problemas. Sus hijos y lugartenientes (los chapitos) buscaron sucederlo, mientras que Zambada quiso tomar el mando, llevando a un crecimiento de la tensión. Un rumor que circulada en la región sostiene que los chapitos negociaron con la DEA la captura de Zambada, dejando un vacío de poder y el estallido de una guerra civil en Culiacán.
Sorpresivamente, el gobierno de López Obrador protestó por la detención de Zambada, lo que para muchos fue la confirmación de una relación que es un secreto a voces: la existencia de fuertes vínculos entre el partido Morena, el Cartel de Sinaloa y otros grupos delictivos mexicanos. Mientras estallaba la violencia entre narcos en los pueblos cercanos a las plantaciones de coca, la violencia se difuminaba también en las grandes ciudades. Culiacán tiene más de un millón de habitantes y una vida comercial, cultural y social. Cuando comenzaron los tiroteos se cerraron negocios y colegios, el transporte público no trabajó por falta de conductores y la gente se encerró en sus casas.
López Obrador dijo, en cadena nacional, que en Sinaloa “no pasaba nada” y lo mismo dijo su gobernador, escondido desde un búnker en la casa de su hijo, en una urbanización cerrada. Morena, el partido de izquierdas que gobierna en México y Sinaloa, podría ser cómplice de este horror. Así, el país azteca se configura como un verdadero “narcoestado”, porque viene cumpliendo con todos los requisitos.