Olga Elizalde, egresada de la Universidad Central del Ecuador, quiteña de 23 años de edad, no encuentra trabajo aún con su título bajo el brazo. La mayor dificultad que tiene en las entrevistas de las decenas de carpetas que ha entregado le piden “mucha experiencia. Estoy recién egresada y no he tenido oportunidad de una empresa que me abra las puertas como principiante”. Ella cree que las universidades deberían “proporcionarnos la posibilidad de hacer un vínculo con otras empresas para de ahí tener un trabajo estable o a medio tiempo, para continuar con nuestros estudios”. Olga, como miles de jóvenes, también se vio impactada por la pandemia, donde por dos años prácticamente permaneció bajo el régimen de estudios virtuales, con las consecuencias negativas que tuvo esto para su formación. Piensa constantemente en migrar, pero no tiene aún los recursos. Su plan es conseguir ingresos estables, ahorrar y buscar trabajo en el exterior.
Carlos, de 25 años de edad, quiteño, también universitario egresado, se ha cruzado con opciones laborales en las que le piden uno o dos años de experiencia en ámbitos que ni siquiera vio en la universidad, también le piden un alto nivel de inglés y pasantías. Él cree que en la educación se debe formar para el trabajo “desde lo básico” a la vez que se fortalece el conocimiento teórico.
Lizeth Narváez, de 33 años, es trabajadora social colombiana y tiene empleo, por ahora. No ha tenido un trabajo estable sino que se le han abierto oportunidades que ella ha aprovechado. Ella, como experiencia, dice que la ha beneficiado tener acompañamiento en cómo presentarse a las entrevistas, saber hacer una hoja de vida laboral, y que los jóvenes deben capacitarse en “habilidades blandas: liderazgo, trabajo en equipo, la orientación al logro son competencias laborales importantes y es importante que uno siga fortaleciéndolas”, tenga o no empleo. Ella “sabe” que para las mujeres jóvenes es más difícil el empleo, “me encontrado en empleos en que debí hacer el doble o triple de lo que deben hacer los hombres para mostrar capacidades, experiencia, y poder escalar en un espacio laboral. En las entrevistas laborales había entrevistas sobre tener o no tener hijos y la respuesta condicionaba la posibilidad de tener ese empleo”.
Kelvin Minda tiene 25 años de edad y es del Valle del Chota, parroquia de Salinas, y dice que en el lugar donde vive no hay las condiciones adecuadas ni acceso a fuentes de trabajo para los jóvenes, porque siempre piden experiencia. “Los jóvenes somos el presente del país, tenemos ideas innovadoras, las ganas, debemos tener oportunidades”.
Este es un resumen del informe, que Plan V comparte con sus lectores:
Una lenta caída en el pozo del mal empleo
Como Kelvin, en diciembre del 2020 había 4,24 millones de jóvenes entre 15 y 29 años de edad en el Ecuador. De los cuales, un poco más de la mitad, el 53,2%, se encontraba en la entre la Población Económicamente Activa, PEA y el 46,8% se encontraba en la Población Económicamente Inactiva, PEI, según datos del Ministerio de Trabajo del Ecuador.
Para mayo de 2021, la tasa de participación de los jóvenes en la PEA fue el 55,9%.
En marzo del 2021, el 64,9% de los jóvenes tenían lo que se llama empleo no pleno y el 9,7% se encuentra desempleado. Para mayo de 2021, el 66,2% de los jóvenes tiene empleo no pleno y el 11,7% de los jóvenes se encontraba desempleado. El empleo no pleno es en realidad un subempleo, en el cual los jóvenes trabajan menos de 40 horas en una semana de trabajo, ganan menos del salario mínimo.
A mayo de 2021, las ramas de actividad que concentraban al 71,6% del empleo de los jóvenes eran: agricultura, ganadería, pesca y silvicultura (34,8%), comercio al por mayor y menor (20,9%), industrias manufactureras (9,4%) y construcción (6,6%).
En cuanto a los ingresos laborales, los jóvenes percibían salarios más bajos, en promedio USD 326,81 en mayo 2021. Los jóvenes ganaban 34,6% menos que los adultos (personas entre 30 y 44 años) y ganaban 33,4% menos que los adultos entre 45 y 65 años.
De acuerdo con la tendencia de contrataciones, durante 2023 dentro las postulaciones de jóvenes (18 – 26 años), las áreas con mayor demanda de mano de obra fueron: IT (innovación y tecnología), cargos comerciales/ventas, marketing digital, administración, promotoría e impulso de productos o servicios.
Las trampas para América Latina
América Latina es la región más desigual del mundo. Sus altos niveles de desigualdad se expresan no sólo en términos de ingresos, sino también en otras dimensiones que constituyen la matriz de desigualdad social de la región, como el género, la edad, la raza, la condición étnico-racial, el territorio o la discapacidad, entre otras. Las disparidades socioeconómicas se sustentan en gran parte por la transmisión intergeneracional de la pobreza (basada, entre otros factores, en el desigual acceso a la educación de calidad y a oportunidades de trabajo decente), la que se percibe de manera creciente como injusta y se refleja en menores niveles de cohesión social, una mayor segregación residencial, conflicto, violencia, y en el debilitamiento institucional y la pérdida de confianza en el Estado.
En el periodo 2004-2014, con el boom de los commodities, muchos países de América Latina y el Caribe, especialmente sudamericanos, mostraron avances en la reducción de la pobreza, asociados a la expansión de las políticas sociales y del empleo formal. Sin embargo, esta evolución positiva se desaceleró -e incluso en algunos casos, se revirtió- en un contexto de estancamiento económico y de deterioro de indicadores laborales.
Durante el periodo de boom, el porcentaje de la población latinoamericana en situación de pobreza cayó del 51,2% en 1990 al 27,7% en 2014, mientras que la caída de la pobreza extrema en este mismo periodo fue de 15,5% a 7,7%. No obstante, entre 2015 y 2020, tanto los niveles de pobreza como de pobreza extrema experimentaron una tendencia creciente, llegando a 32,8% y 13,2%, respectivamente.
La incidencia de la pobreza no se distribuye de manera homogénea, siendo las mujeres, niñas y niños y adolescentes, y las personas de pueblos indígenas y afro, algunas de las poblaciones más afectadas por este flagelo.
En 2022, se observa una caída de los niveles de pobreza respecto a los años anteriores, la que se explica principalmente por el incremento del ingreso laboral de los hogares, tanto asalariado como por cuenta propia, tras la reactivación después de la pandemia del COVID.
La incidencia de la pobreza no se distribuye de manera homogénea, siendo las mujeres, niñas y niños y adolescentes, y las personas pertenecientes a pueblos indígenas y afrodescendientes, algunas de las poblaciones más afectadas por este flagelo. En lo que respecta a la población joven, en 2022, el 31% de las personas entre 15 a 19 años se encontraba en situación de pobreza, y el 8,5%, en situación de pobreza extrema. Estos porcentajes disminuyen a 22% y 5,7%, respectivamente, en la población entre 20 y 24 años, y a 21,5% y 5,6%, respectivamente, en la población entre 25 y 29 años. Si bien, la incidencia de la pobreza entre la población joven es menor que entre las personas de 14 o menos años, supera el porcentaje de pobreza y pobreza extrema de la población adulta.
El hecho de que niñas, niños, adolescentes y jóvenes se encuentren particularmente afectados por situaciones de pobreza y pobreza extrema es particularmente preocupante debido al efecto que tiene la escasez de recursos para el proceso de desarrollo y las trayectorias de inclusión social y laboral, así como para la reproducción intergeneracional de la pobreza.
Las personas jóvenes son agentes esenciales para el cambio estructural que requiere la región. Sin embargo, en América Latina, siguen enfrentando obstáculos para acceder a trabajos productivos y de calidad. No sólo les cuesta más encontrar empleo, lo que se expresa en mayores tasas de desocupación, sino que, cuando lo hacen, acceden a trabajos de menor remuneración y mayor desprotección. Los obstáculos para la inclusión laboral afectan en particular a las juventudes que se encuentran en las intersecciones de los ejes estructurantes de la matriz de desigualdad social, evidenciándose importantes brechas según género, territorio, condición étnico-racial, situación de migración y discapacidad, entre otros.
América Latina se encuentra en una triple trampa de bajo crecimiento, alta desigualdad y baja capacidad institucional y de gobernanza. Por un lado, la productividad laboral de la región se ha estancado desde hace décadas y se proyecta una trayectoria negativa de crecimiento económico que limita la creación de nuevos empleos. Por otro lado, es la región más desigual del mundo, y las disparidades se manifiestan, entre otros factores, en el desigual acceso a la educación de calidad y a oportunidades de trabajo decente, lo que perpetúa círculos de pobreza y exclusión. Más aún, la región enfrenta dificultades estructurales para responder eficazmente a estos desafíos, al contar con instituciones débiles y mecanismos deficientes de gobernanza, lo que se suma a la creciente polarización política y descontento social, que ponen en riesgo el fortalecimiento de los Estados de bienestar y la implementación de reformas integrales que aborden el problema de la inclusión laboral juvenil en el corto plazo. Estas tres trampas se interrelacionan y potencian entre ellas, configurando una crisis de desarrollo en la región.
La revolución tecnológica traerá consigo importantes cambios en el empleo juvenil. Las y los jóvenes se encuentran en mayor riesgo que la población adulta a los procesos de automatización, amenazando con aumentar sus ya elevadas tasas de desocupación.
América Latina experimenta importantes transformaciones medioambientales, demográficas y tecnológicas que moldearán de modo creciente sus mercados laborales. En primer lugar, la región enfrenta desproporcionadamente los efectos adversos del cambio climático. Se esperan costos significativos para el PIB y una importante pérdida de empleos y oportunidades laborales, especialmente en áreas rurales. En particular, de no implementarse medidas para anticiparse a estos cambios, al 2050, la región podría experimentar una pérdida cercana a 43 millones de puestos de trabajo. En segundo lugar, la reconfiguración de la migración intrarregional y la intensificación de la migración interna producto del cambio climático, profundizarán los procesos de urbanización en la región, lo que, si bien puede significar mayores oportunidades para los migrantes, también puede profundizar las vulnerabilidades preexistentes, en tanto las personas migrantes suelen ubicarse en zonas de alto riesgo en los márgenes de los territorios urbanos, así como estar sobrerrepresentados en situaciones de informalidad laboral.
Y, en tercer lugar, la revolución tecnológica traerá consigo importantes cambios en el empleo juvenil. Las y los jóvenes se encuentran en mayor riesgo que la población adulta a los procesos de automatización, amenazando con aumentar sus ya elevadas tasas de desocupación. En este contexto, los trabajos de plataformas pueden ser particularmente atractivos para este grupo etario, lo que tendría importantes consecuencias, si no se implementan medidas para abordarlas, en su inseguridad laboral y acceso a la protección social.
La educación y las mujeres
Los sistemas educativos y de formación para el trabajo no se encuentran preparados para enfrentar tales transformaciones y tendencias, en tanto no han mostrado ser capaces de responder adecuadamente a las demandas de mercados laborales en mutación. Si bien el acceso de las juventudes a la educación secundaria ha aumentado en casi todos los países de la región durante las últimas décadas, aún persisten desafíos de inclusión y de calidad que obstaculizan trayectorias educativas y laborales satisfactorias, sobre todo en las y los jóvenes en situación de vulnerabilidad. Más aún, los sistemas educativos y de formación no han logrado estrechar sus vínculos con las empresas y los sectores productivos, lo que perpetúa un importante descalce de competencias con el mercado laboral, el que amenaza con profundizarse debido a transformación tecnológica y a la transición hacia economías medioambientalmente sostenibles.
Las mujeres están particularmente en desventaja en el mercado laboral. Disminuir estas desigualdades de género requiere, entre otras medidas (como disminuir la discriminación y acoso laboral, e implementar mecanismos legales para asegurar igual trato), requiere abordar los sesgos de género que se desarrollan en la educación y en la formación para el trabajo que determinan que las mujeres se concentren en ocupaciones y sectores de menor remuneración y valoración social.
En base al análisis tendencial y prospectivo al 2030, se concluye que las y los jóvenes ocupados se irán concentrando de modo creciente en el sector servicios y dejando progresivamente aquellas ocupaciones asociadas al trabajo agrícola y manufacturero. Si bien en el corto plazo esto podría significar un mejoramiento de las condiciones laborales de las personas jóvenes ocupadas, de no implementarse políticas públicas que respondan a los crecientes riesgos laborales asociados a las transformaciones en curso, esta situación corre el riesgo de revertirse. En el mediano plazo, la juventud podría experimentar mayores tasas de desocupación y más altos niveles de informalidad que en el presente.
Al 2030 se concluye que las y los jóvenes ocupados se irán concentrando, de modo creciente, en el sector servicios y dejando progresivamente aquellas ocupaciones asociadas al trabajo agrícola y manufacturero.
Al 2030, bajo un escenario realista, en 16 países de la región, más de 1,2 millones de jóvenes dejarían el sector agrícola, cerca de 640 mil dejarían el sector manufacturero y más de 1,8 millones ingresarían al sector servicios, sector que, en la región, se caracteriza por bajos niveles de productividad laboral.
Más del 60% de la juventud ocupada se concentrará en el sector servicios públicos y empresas (34%) y en comercio (30%), mientras que solo el 8,2% en el sector de agricultura o el 7,4% en construcción. Estas tendencias son válidas también para el Ecuador.
La calidad del trabajo en sector servicios está sujeta a la disponibilidad de puestos laborales en este sector económico. En un contexto de bajo crecimiento económico y baja generación de empleos, puede ocurrir que exista un desbalance entre la oferta y la demanda de empleos: si la demanda de trabajo no aumenta a la misma velocidad que la oferta de trabajadores, podrían existir presiones al alza en la tasa de desocupación e informalidad juvenil. Más aún, la proyección de un mayor número de jóvenes ocupados en el sector servicios se basa en la tasa de finalización de la educación secundaria como variable estratégica, pero no considera la intensificación de la migración urbana-rural y los cambios sectoriales y ocupacionales asociados al cambio climático y a la reconfiguración de la migración interregional. Debido a que la expansión de la oferta educativa de la región ha venido asociada a una segmentación en carriles de distinta calidad que reproducen las desigualdades sociales de la región, es de esperar que los cambios laborales mencionados perjudiquen en particular a las personas jóvenes provenientes de entornos más vulnerables y a aquellas que ya enfrentan obstáculos para su inclusión laboral.