Cuando la Revolución Ciudadana decidió cambiar el mundo desde un pequeño país periférico con una economía minúscula, promovió la libre movilidad de las personas. La idea era revolucionaria: si el capital y el comercio pueden moverse sin trabas, ¿por qué no las personas? Nobleza pura aplicada a la política. Suena hermoso, casi como un coro de We Are the World.
Pero la realidad, siempre tan insensible con los ingenuos, golpeó con fuerza. La eliminación de obstáculos para construir una «ciudadanía universal» no convirtió a Ecuador en un faro de liderazgo global de la movilidad humana libre, sino en un imán de problemas sociales, económicos, políticos y de seguridad. En 2012, la revista Foreing Policy ya advertía sobre los efectos del optimismo (por llamarlo de alguna forma) de la Revolución Ciudadana. La política migratoria ecuatoriana abrió las puertas a un flujo inusitado de migrantes de países de alto riesgo, como Pakistán, Somalia y Afganistán. En 2006, Ecuador registró 92 ingresos de ciudadanos pakistaníes. Para 2008, eran 178. En 2010, la cifra alcanzó 518. Un incremento del 550% en solo cuatro años. No es casualidad que, en 2011, terroristas vinculados a Al Qaeda, de Pakistán y Etiopía, hayan sido detenidos en territorio ecuatoriano.
Pero si eso parece sorprendente, el caso cubano es más dramático: 60,000 cubanos ingresaron entre 2008 y 2010. El esquema era simple: ingresar, contraer matrimonios falsos o por conveniencia, obtener la nacionalidad ecuatoriana por naturalización, divorciarse y moverse libremente por la región con cédula y pasaporte ecuatorianos. De 88 matrimonios en 2009 subieron a 1524 en 2009 y en el camino hubo judicialización de personas por corrupción y falsificación de documentos.
Luisa, la candidata ungida por el líder de la RC, critica al gobierno de Noboa y a los predecesores por permitir ingresos “de forma irregular y desordenada”. Vaya ironía.
Para ese entonces, la infraestructura fraudulenta y en muchos casos criminal ya estaba montada, facilitando redes de tráfico de personas, terrorismo y crimen transnacional. Ante estos desastres, el gobierno tuvo que retroceder y reintroducir visas en 2010. Pero el daño estaba hecho: el control soberano del territorio ya estaba debilitado.
Y aquí viene la parte más tragicómica. Ahora, la candidata ungida por el líder de la Revolución Ciudadana critica al gobierno de Noboa y a los predecesores por permitir ingresos “de forma irregular y desordenada”. Vaya ironía: la misma agrupación política que desmontó los controles y dejó las puertas abiertas ahora pretende dar lecciones sobre orden y seguridad. Qué fácil es olvidar la historia cuando conviene electoralmente.
Es fundamental diferenciar entre una apertura de fronteras sin control, como la que impulsó la Revolución Ciudadana en 2008, y la respuesta humanitaria y organizada con la que Ecuador ha acogido a migrantes y refugiados venezolanos tras la crisis que devastó a la otrora boyante Venezuela, que sucumbió en manos del chavismo.
«Sí. Necesito reconocer el gobierno de Nicolás Maduro para poder devolver a los venezolanos que tú permitiste que ingresen de forma irregular y desordenada a mi país». Esta fue la respuesta de Luisa González cuando se le preguntó si reconocería al gobierno dictatorial e ilegítimo de Venezuela. Detrás de esta afirmación hay una confusión intencional entre la gestión migratoria descontrolada y la política de acogida responsable y humanitaria.
El éxodo venezolano hacia Sudamérica, en particular hacia Ecuador, se intensificó alrededor de 2015, cuando la crisis económica, social y humanitaria de Venezuela se agravó tras el desplome del precio de los commodities en 2014. Para entonces, la Revolución Ciudadana, tan afín al sueño bolivariano que se venía abajo, todavía gobernaba Ecuador. Sin embargo, la migración venezolana alcanzó su punto más alto entre 2018 y 2019, cuando miles de personas ingresaron al país, algunas con intención de quedarse y otras usando Ecuador como un punto de tránsito hacia otros países. En respuesta, Ecuador implementó controles migratorios progresivos, incluyendo la exigencia de pasaporte en 2018. Sin embargo, debido a la dificultad de obtener un pasaporte en Venezuela, muchas personas optaron por cruzar por pasos irregulares.
Hay que recordar que el éxodo venezolano es la crisis migratoria más grande de la región y una de las más grandes del mundo, comparable con las de Ucrania y Siria, países en guerra. Alrededor de 8 millones de personas han huido de Venezuela debido al colapso económico y político de los gobiernos de Chávez y Maduro. No se puede ignorar la relación histórica de amistad y cercanía entre la Revolución Ciudadana y el chavismo, pero este debate no se trata solo de ideologías, sino de la forma en que un país responde ante una crisis humanitaria.
La realidad es que la acogida de migrantes venezolanos ha supuesto un reto para Ecuador. El Estado ha tenido que redoblar esfuerzos para proveer servicios de salud, educación y asistencia humanitaria a esta población vulnerable. Según el Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes (GTRM), liderado por OIM y ACNUR, alrededor de 444.778 venezolanos residen en Ecuador, la mayoría con vocación de permanencia. Solo el 30% cuenta con un permiso de residencia legal, mientras que el 70% está en situación irregular. Regularizar a esta población no solo es un acto humanitario, sino una estrategia inteligente para la economía del país.
La acogida de venezolanos ha sido un reto para Ecuador, que ha tenido que redoblar esfuerzos para proveer de salud, educación y asistencia humanitaria a esta población vulnerable.
Los migrantes venezolanos tienen un nivel educativo superior al promedio ecuatoriano. Según un estudio del INEC, ACNUR y el Banco Mundial, su escolaridad promedio es de 13,7 años, comparado con 12,4 años de los ecuatorianos y 11,7 de los colombianos en el país. El 79% de los trabajadores venezolanos ha completado al menos el bachillerato y el 21,2% tiene un título universitario. Sin embargo, muchos de ellos trabajan en condiciones informales o en empleos por debajo de su nivel de calificación.
Si Ecuador implementa políticas adecuadas de integración y regularización, según un estudio publicado por el FMI, estos migrantes podrían contribuir significativamente al Producto Interno Bruto (PIB) para 2030. La realidad económica es clara: los migrantes venezolanos trabajan, pagan impuestos, contribuyen a la economía, y traen mano de obra más joven y más cualificada que el promedio de la población ecuatoriana. Por ello la falta de regularización de quienes están acá solo perpetúa su exclusión, impide el mejor aprovechamiento de sus capacidades y aumenta la informalidad laboral. Regularizar a esta población no es un acto de caridad, sino una medida pragmática efectiva que fortalece la economía, reduce la informalidad y garantiza derechos fundamentales.
Más allá de la propaganda electoral, es importante aclarar que los procesos de regularización no incentivan nuevas olas migratorias, sino que buscan integrar formalmente a quienes ya residen en el país. El último proceso, por ejemplo, aplicaba solo para quienes ingresaron antes de agosto de 2023. Además, un requisito fundamental para acceder a esta visa es no representar un riesgo para la seguridad del país ni tener antecedentes penales.
La campaña de Luisa González, lejos de proponer soluciones viables, apela al miedo y la xenofobia para ganar votos, dirigiéndose a sectores de la población que desconocen la magnitud de la crisis humanitaria en Venezuela y el potencial que la migración representa para Ecuador. Su promesa de deportar venezolanos no solo es irrealista e inviable, sino también irresponsable, pues ignora las consecuencias económicas, sociales y humanitarias de una medida tan absurda.
Cuando la xenofobia proviene de líderes políticos se deshumaniza a una población vulnerable y se legitiman actitudes de rechazo y discriminación en la sociedad.
Lamentablemente, en tiempos electorales, el debate migratorio se reduce a consignas populistas diseñadas para dividir y captar votos, sin considerar sus implicaciones reales. ¿Cómo se justifica el viraje desde la promoción de una ciudadanía universal hacia la estigmatización de quienes buscan una vida mejor? ¿Acaso Luisa González y su partido realmente creen que la migración venezolana representa una amenaza para el país, o simplemente buscan aprovechar el descontento para obtener réditos políticos? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar con este discurso? Si otros países aplicaran la misma lógica de manera recíproca, ¿qué pasaría con los miles de ecuatorianos que han migrado en busca de oportunidades? Más preocupante aún, cuando la xenofobia proviene de líderes políticos, no solo se deshumaniza a una población vulnerable, sino que también se legitiman actitudes de rechazo y discriminación en la sociedad, poniendo en riesgo la cohesión social y la convivencia pacífica.
Hay que reiterar que hay una diferencia fundamental en abrir fronteras sin control, como lo hizo la Revolución Ciudadana, y gestionar la migración de manera ordenada y humanitaria. Si se maneja con soberanía, seguridad y regulación, la migración no es un problema, sino una oportunidad para Ecuador: aporta talento, impulsa el crecimiento económico y enriquece la sociedad.
La discusión política sobre este tema debe alejarse de discursos xenófobos y promesas populistas inviables, enfocándose en estrategias responsables que beneficien al país. Ecuador tiene una larga tradición de solidaridad en su política exterior, y su respuesta ante esta crisis debe estar a la altura de ese legado: con humanidad, pragmatismo y visión de futuro.