La tarde del martes 10 de junio, con 77 votos a favor, es decir, con las justas, la Asamblea aprobó la nueva Ley Orgánica de Inteligencia, un texto ampliamente analizado por varios sectores académicos y sociales y que, en palabras del oficialismo, dotará al Gobierno de un sistema integrado y moderno para hacer frente a las amenanzas del crimen organizado transnacional. Dicho texto, en voz de Inés Alarcón, asambleísta de ADN y ponente de la iniciativa, «está a la vanguardia de las exigencias y la situación actual nacional».
Antes, la noche del sábado 7 de junio de 2025, la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional con 84 votos a favor, 46 en contra y 1 en blanco. Este proyecto, calificado por el Ejecutivo como urgente en materia económica, contiene medidas específicas para atacar las economías criminales vinculadas al denominado conflicto armado interno, tema declarado por el presidente Daniel Noboa en enero de 2024.
El bloque base que respaldó la ley estuvo compuesto por ADN, PSC, varios integrantes de Pachakutik y algunos correístas, mientras que la oposición más firme provino del sector liderado por la Revolución Ciudadana, que alertó sobre el carácter punitivo de la norma y el uso de medios excepcionales sin suficientes garantías procesales.
El diseño legislativo refleja un equilibrio táctico: las bancadas mayoritarias promovieron insumos de seguridad como incautación de bienes ilícitos, medidas especiales dentro del procedimiento penal y refuerzo al sistema judicial; el cuerpo parlamentario introdujo ajustes para proteger derechos como allanamientos con posterior autorización judicial y salvaguardias durante procesos de movilización de bienes.
El consenso institucional logrado remarca una intención clara de darle herramientas jurídicas y recursos al Estado, pero no sin una rendija de control político y parlamentario. A mediano plazo, la norma tiene potencial para generar un impacto positivo si se conjugan operativos eficaces, justicia pronta y programas de desarrollo en zonas afectadas. De lo contrario, puede transformarse en un elemento de control excesivo si falla su implementación.
La conclusión es clara: la ley demuestra capacidad de acción conjunta entre Ejecutivo y Legislativo para enfrentar la violencia, aunque su éxito dependerá de una aplicación responsable, equilibrada y una estrategia a corto, mediano y largo plazo, libre de improvisaciones e intereses espurios.
El Legislativo ha dotado al Ejecutivo de tres herramientas clave para su accionar en tiempos de conflicto armado no internacional: la nueva Ley de Inteligencia, la nueva Ley de Solidaridad Nacional y la reforma que eliminaría la prohibición de bases militares extranjeras.
La reforma al artículo sobre bases militares
El 3 de junio de 2025, 82 legisladores votaron a favor, 60 en contra y 6 abstenciones para aprobar en segundo debate una reforma parcial al artículo 5 de la Constitución que elimina la prohibición absoluta de bases militares extranjeras.
La iniciativa, impulsada por ADN, el PSC y sectores de Pachakutik, fue presentada como un paso estratégico para permitir cooperación internacional contra el crimen transnacional, la minería ilegal y el narcotráfico. El principal partido opositor, la Revolución Ciudadana, junto a grupos ambientalistas y movimientos soberanistas, criticaron que el cambio constitucional representa una potencial pérdida de soberanía y una vía abierta a la injerencia militar extranjera. También alertaron sobre carencia de consulta ciudadana previa y exigieron debates más profundos, especialmente por tratarse de una norma de rango máximo.
La reforma, sin embargo, implica un equilibrio institucional producido por una nueva correlación de fuerzas; adicionalmente lanza una señal clara de disposición a reforzar sistemas de seguridad mediante alianzas internacionales, lo que puede aumentar capacidades operativas y tecnológicas. En contrapartida, abre una instancia de polarización pública que deberá resolverse en la corte constitucional y, posteriormente, en un referéndum, en el que el ciudadano decidirá si avala o rechaza el cambio.
Si la reforma avanza, podría permitir la presencia coordinada de aliados en territorio ecuatoriano, bajo condiciones técnicas y temporales. Si es rechazada, habrá límites constitucionales restaurados y una reafirmación de la política de no permitir bases extranjeras -manteniendo apertura operacional sin presencia militar permanente-. En ambos casos, se evidencia que la institucionalidad funciona, pues el procedimiento continúa su curso bajo la lupa legal y democrática.
El proceso constitucional que debe seguirse para aprobar la reforma y dar paso a su aplicación, muy probablemente habilitará la nueva normativa, dado el clima de opinión pública que responde mayoritariamente a cualquier medida que se tome cobijada bajo la narrativa del combate al narcotráfico y su relación con la inseguridad y la criminalidad, las cuales nuevamente, la semana que pasó, dejaron ver su capacidad de actuar impunemente.
Una de cal… La metida de mano en la justicia vuelve
El 5 de junio de 2025, la Asamblea Nacional, con 79 votos a favor, acordó dejar sin efecto la terna enviada el 13 de mayo de 2025 para conformar el Consejo de la Judicatura. La decisión marca un punto crítico en la relación entre legalidad institucional y maniobra política. Esta resolución, impulsada por la mayoría legislativa vinculada al oficialismo de Acción Democrática Nacional (ADN) y sectores de Pachakutik, se justifica en la presunta falta de idoneidad, representatividad o legitimidad de la terna propuesta por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Sin embargo, el trasfondo real es más complejo: la medida responde a una lógica de reposicionamiento de fuerzas dentro de la Asamblea, que busca tomar control de la institucionalidad judicial en un contexto de inestabilidad institucional y pugna por el poder.
Este acto ha sido cuestionado por la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano, que sostienen que la Asamblea no puede, sin una modificación sustantiva del procedimiento o sin nuevas pruebas que justifiquen un cambio, revocar una decisión previamente adoptada con base en las mismas condiciones. Desde esta perspectiva, la Asamblea incurre en un acto de arbitrariedad política que afecta los principios del debido proceso legislativo y mina la seguridad jurídica.
La resolución, aunque formalmente tramitada bajo la figura de reconsideración, establece un precedente preocupante: permite que una nueva mayoría desconozca actos válidamente adoptados por una mayoría anterior, sin fundamentos jurídicos novedosos ni hechos supervenientes. Políticamente, la medida se interpreta como un intento del oficialismo de reconfigurar a su favor la correlación de fuerzas en el sistema de justicia, clave para blindarse ante posibles procesos judiciales, asegurar el control disciplinario de jueces y fiscales, y fortalecer su capacidad para sostener la narrativa de gobernabilidad y lucha contra la impunidad.
Desde una visión de mediano plazo, este conflicto podría generar consecuencias más amplias. Si se consolida esta forma de operar, donde las decisiones de órganos colegiados son susceptibles de revocarse por simples cambios en la correlación de fuerzas, se acentuará la polarización y se profundizará la desconfianza ciudadana en los mecanismos formales del Estado.
Pero jurídicamente, la decisión vulnera la institucionalidad del proceso de designación de autoridades, rompe la previsibilidad del orden parlamentario y debilita el principio de independencia de funciones. Esto podría abrir la puerta a acciones legales ante la Corte Constitucional, que deberá valorar si la reconsideración fue o no compatible con los principios rectores de la función legislativa y los límites normativos que establecen la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Además, esta acción erosiona la percepción de estabilidad institucional frente a actores internacionales, sectores judiciales y organizaciones de la sociedad civil. Refuerza la idea de que la institucionalidad ecuatoriana está sujeta a vaivenes políticos antes que a reglas duraderas, lo que compromete la confianza pública y deteriora el equilibrio entre los poderes del Estado.
Desde una visión de mediano plazo, este conflicto podría generar consecuencias más amplias. Si se consolida esta forma de operar, donde las decisiones de órganos colegiados son susceptibles de revocarse por simples cambios en la correlación de fuerzas, se acentuará la polarización y se profundizará la desconfianza ciudadana en los mecanismos formales del Estado.
Al parecer, el país está muy lejos de sostener un camino recto en dirección a la indispensable independencia de las funciones del Estado. La vía que conduce a la captura institucional, especialmente en órganos de control o administración de justicia, cuyo papel en la fiscalización del poder es decisivo, es la más transitada por la delincuencia política. Dada la gravedad implícita de la nueva metida de mano en la justicia, resulta vital reabrir un concurso con base técnica y constitucional, con un rol activo del Cpccs, para recuperar legitimidad. Garantizar transparencia y legalidad para llegar a un contrapeso institucional en cualquier terna y designación, que tenga evaluación pública y profesionales juristas independientes, reduciendo el margen de vaivenes políticos.