Una caravana de retroexcavadoras y de camiones con clasificadoras de oro inició su retirada de una de las provincias amazónicas más golpeadas por la minería ilegal. Esto, desde el momento mismo en que la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, anunciara la suspensión total de actividad minera en Napo, el 2 de febrero de 2025.
Video: Comuneros registran la salida de máquinas de concesiones mineras
A una semana de la decisión del Ministerio, los habitantes tienen más dudas que esperanza en que la minería ilegal se retire y deje de contaminar sus ríos. Y algo más, durante el anuncio y la Resolución Ministerial no se trató el tema de la presencia de grupos armados que controlan y se disputan el territorio y la extracción de oro. Eso tiene a los habitantes de Napo más preocupados.
En Tena, cabecera cantonal del Napo, en cinco años, entre 2020 y 2025 las muertes violentas han aumentado un 750%, de acuerdo con datos del Ministerio del Interior.
Dos semanas antes de la suspensión, Plan V participó en un primer Toxitour organizado por comunidades napenses afectadas por la minería. Durante esos días de recorrido, se dieron al menos cinco homicidios intencionales: tres cuerpos calcinados, y dos sicariatos en zonas mineras, cerca de Tena.
“Aquí fue” dijo el chofer de una de las camionetas en las que nos trasladamos. Lo dijo bajito, con miedo. Junto al carretero de tercer, cuarto o quinto orden ―la vía estaba en pésimo estado. Las comunidades dijeron que es por el paso de la maquinaria pesada― había una cancha de fútbol y, al fondo, unas casas de madera. El 13 de septiembre de 2025, allí fue detenido alias “Pipo”, el segundo al mando de Los Choneros, después de alias Fito.
Descripción video: Zona donde retuvieron a alias “El Topo”, en Napo
Para Renato Rivera experto de la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado, si bien comunicacionalmente es atractivo decir desde el gobierno que van a intervenir en Napo, cree que “avisar” a los grupos criminales de esos operativos no es lo más efectivo en la lucha contra el crimen organizado. Además, para Rivera la alta tasa de impunidad en procesos judiciales contra actividades ilegales que son desestimados, o alargados, o archivados, complejiza el panorama.
Durante el recorrido realizado por Plan V en las zonas de Talag, Ahuano y Puerto Napo, se pudo contar varias decenas de retroexcavadoras, algunas parqueadas junto o detrás de casas y otras en el acto preciso de extraer oro. Pasamos por 10 concesiones mineras, de las cuales, según el portal de Sistema Único de Información Ambiental (SIUA), solo una tiene permiso ambiental. Por las ventanas de la camioneta se podían ver grandes sabanas, planicies enormes, con una hierba marrón, que parecían zonas agrícolas, pero no: son pasivos ambientales. Tierra contaminada, inútil. Allí no crece nada.
Descripción video: Se puede ver cómo alrededor de la zona de extracción el suelo queda sin vegetación. Esto debería ser remediado antes del retiro de los operadores mineros
De acuerdo con la actual Ley Minera, publicada en 2009, las concesiones que dejan pasivos ambientales pueden llegar a tener sanciones fuertes y cancelación del permiso de operación. No hay una sola sanción en Napo, lo que empujó a grupos de defensa de la naturaleza, comunidades y ciudadanía a interponer una acción de protección contra el Estado ecuatoriano. Ganaron en primera y segunda instancia. El juez de Napo les dio la razón a los demandantes en 2023, sin embargo hasta la fecha no se han cumplido ni las disculpas públicas ni el inventario de cuántas hectáreas de la amazonía de Napo se cuentan como suelos dañados.
En Napo la minería legal e ilegal se funden como el oro, como lo contamos en una investigación anterior. Y la situación no ha cambiado. En el chat institucional del Ministerio de Ambiente, desde el momento en que Manzano comunicó la suspensión de actividades mineras, varios periodistas solicitamos información sobre el número de concesiones en Napo, cuántas eran legales, cuántas no. Cuántas tenían todos los permisos en regla y pagaron sus regalías puntuales. Nada de esto han respondido desde la institución. Tampoco han compartido los dos informes técnicos con los que se tomó esa decisión de suspender las actividades mineras.
Se calcula que en Napo, con 267 máquinas trabajando día y noche, se extraían lo equivalente a entre ocho y once millones de dólares diarios. Sin embargo, la provincia recibió apenas 700.000 dólares por regalías y patentes de conservación entre los años 2022 y 2023.
Descripción video: Esto pudimos captar el grupo de periodistas del Toxitour. Crédito: Galo Paguay
¿Se puede silenciar, apagar, terminar, con una sola palabra: suspensión, toda una economía ilegal que maneja millones de dólares?
El experto en Crimen Organizado es categórico en que no. Y cree que lo que puede venir es un “efecto globo”, es decir que estos grupos no dejarían de realizar actividades mineras ilegales, ni la complicidad que tienen con las instituciones dejaría de ocurrir, sino que se van a mover a otros puntos. El otro escenario que propone Rivera es que las máquinas queden guardadas por un mes o una semana y vuelvan a retomar las actividades de extracción cuando pase el furor.
Desde el 2 de febrero no dejan de llegarnos fotos y videos de las maquinarias halladas en las concesiones mineras de Napo dentro de los operativos por la suspensión. Las retroexcavadoras no han sido ni incautadas ni destruidas. Están parqueadas en los campamentos y con un sello en la ventana. Hay reportes de otras comunidades en las que las máquinas están parqueadas en canchas de fútbol o fincas. Al no estar en actividad, no les pueden poner el sello en la ventana.
Descripción video: Este video es de máquinas parqueadas en la casa del presidente de la junta parroquial luego del anuncio de la suspensión
Audio: Personas de las comunidades de Napo continuación de trabajos de extracción de oro pese a la prohibición
Por otro lado, cuatro días después de la suspensión, la gobernación de Morona Santiago, retuvo dos plataformas con clasificadoras de oro que presuntamente venían de Napo para instalarse en el Pangui.
Al final del recorrido del Toxitour pasamos por las concesiones Huambuno 1, 2 y 3, de propiedad de un exalcalde de Archidona, otro cantón de Napo. “Guarden las cámaras y suban las ventanas” nos dijeron. El riesgo era inminente. Una fila enorme de motos y hombres con el rostro tapado y con aparatos de comunicación en las manos, hacían una especie de corte en las entradas de las concesiones mineras.
Pudimos ver la actividad de extracción del oro, en vivo. Frente a nuestro auto, un camión que llevaba una enorme clasificadora de oro entró por una de las rutas resguardadas por los hombres en moto.
De acuerdo con un informe de la comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional aprobado en noviembre de 2024, Transconmi Cía Ltda., la empresa que explota el oro de las concesiones Huambuno 1, 2 y 3 tuvo algunas irregularidades según un informe de Contraloría. Como que, cuando le entregaron la concesión Transconmi estaba registrada en la Superintendencia de Compañías como industria de construcción y no de actividad minera. Y que ha extraído casi toda su reserva de oro “sin realizar el pago correspondiente a títulos mineros, regalías e impuestos, además de carecer de las licencias ambientales necesarias”
“Se fueron sin pagar”, dijo una de las fuentes que organizó el Toxitour, cuando estábamos saliendo de esa zona de alto riesgo que alteró los nervios de todos los periodistas que estuvimos en el recorrido.
El jueves 5 de febrero, una foto de dron de la ARCOM muestra un campamento de esta empresa con alrededor de 30 retroexcavadoras parqueadas, que es lo que lograron hacer después del operativo parte de la suspensión anunciada por la Ministra.
El colectivo Napo Ama La Vida envió un comunicado en el que denuncian que un control quincenal para verificar que no haya actividad minera “es muy poco”. Esto ordena la Resolución anunciada por Manzano. “Eso es inadmisible frente a un fenómeno de operación diaria. El control quincenal es una invitación a la burla del Estado: abre ventanas para reactivación clandestina, traslado de material, reingreso de maquinaria, vertidos intermitentes y continuidad del daño sin reacción oportuna”, reza una parte del documento.
Por otro lado, este fin de semana, jóvenes kichwas de la Federación de Organizaciones Indígenas de Napo (Foin), publicaron un video en Facebook. Con lanzas en la mano derecha, dicen que “suspender no es solucionar” y que no basta con un anuncio. Exigen control real, sanciones efectivas y “desmantelamiento de las redes de la corrupción dentro del Estado”. Declaran que se mantienen vigilantes y en resistencia.