Los escándalos de los sobreprecios arrastran también a Alexandra Ocles
Alexandra Ocles presentó su renuncia esta mañana, luego de que el medio digital Primicias publicara que la Secretaría de Gestión de Riesgos que dirigía había comprado «kits» de alimentos por más de USD 150 cada uno, cuando si se sumaban los precios de los 18 productos que contenían, no valían más de USD 86. En su carta de renuncia, que tiene el carácter de irrevocable, Ocles defendió nuevamente la compra, y aseguró que la Contraloría General del Estado deberá realizar la auditoría pertinente. Para Ocles, es más importante «su dignidad» por lo que prefiere dejar el Gobierno.
Hoy he presentado mi renuncia irrevocable como Directora General de @Riesgos_Ec, labor que me permitió seguir trabajando por el bienestar de las y los ecuatorianos de manera activa. Agradezco al presidente @Lenin Moreno por el apoyo durante mi gestión. pic.twitter.com/do3hIXIxhY
— Ma. Alexandra Ocles (@alexocles) May 11, 2020
La funcionaria, quien formó parte de la organización política Ruptura, junto a María Paula Romo y Juan Sebastián Roldán, prefirió quedarse en el correísmo ortodoxo cuando los dos primeros y otros compañeros se separaron de la línea política del ex presidente Correa, en el 2011. Continuó ocupando cargos en el correato y, luego, se mantuvo también en este Gobierno, como secretaria de Gestión de Riesgos.
En los primeros días de la pandemia llevó la vocería de los datos oficiales y de las recomendaciones del Gobierno en las cadenas nacionales. Pero, poco a poco, fue cediendo ese papel a la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Pero a pesar de su defensa, la Fiscalía allanó las oficinas de Gestión de Riesgos en el ECU911 de Guayaquil, para recabar indicios sobre el supuesto sobreprecio.
En su defensa, Ocles sostuvo que no se había tomado en cuenta que, además de los productos de primera necesidad que se incluían en la canasta, había que sumar un contenedor de plástico multiuso y el transporte y embalaje de los productos hacia los centros de atención del Servicio de Gestión de Riesgos. De ahí, dijo, que el precio debía subir. De todas formas, la compra fue suspendida y los «kits» no fueron entregados a Gestión de Riesgos, que tampoco pagó por ellos. A las pocas horas, el presidente Lenin Moreno aceptó la renuncia y nombró a Rommel Salazar Cedeño como director de Riesgos.
He aceptado la renuncia de Alexandra Ocles y designado a Rommel Salazar, Director General de @Riesgos_Ec. pic.twitter.com/KAUVaM0RYt
— Lenín Moreno (@Lenin) May 11, 2020
Pero según el portal La Historia, Salazar Cedeño es otro ex correísta, hermano de una asambleísta que, como otros funcionarios, fue cercana al ex presidente Rafael Correa.
El director de Alianza País en #Guayas, Rommel Salazar, es el nuevo Secretario de @Riesgos_Ec nombrado por @Lenin Moreno. También fungía de coordinador zonal del @MinGobiernoEc. Es hermano de la asambleísta Guadalupe Salazar. pic.twitter.com/Qh2IQs2ZiA
— LaHistoria (@lahistoriaec) May 11, 2020
Los escándalos sobre presuntos sobreprecios han producido varias bajas en el actual Gobierno. Otra fue la de Paúl Granda, ex presidente del IESS, quien fue acusado por la intento de comprar insumos médicos por más de 11 millones de dólares en la primera licitación de emergencia que hizo el IESS. En la compra de insumos estaban presupuestadas mascarillas N95 hasta en doce dólares cada una, cuando se pueden conseguir por menos en el mercado mayorista.
Al igual que Ocles, Granda alegó que el proceso era transparente y atribuyó el precio de los insumos a las condiciones del mercado mundial, en donde la demanda ha aumentado los precios de ese tipo de artículos. También dispuso la destitución del director del IESS, Miguel Ángel Loja, quien había dispuesto la contratación. Al igual que en el caso de Ocles, no se llegó a concretar la compra de los artículos. Granda terminó presentando la renuncia a su cargo, y poco después dio positivo para coronavirus,
El gran trabajo y esfuerzo del IESS no puede ser empañado por una campaña mal intencionada de grupos interesados en desestabilizar la seguridad social. Con todo el afecto, he presentado, el día de ayer, mi renuncia irrevocable al presidente @Lenin. pic.twitter.com/LtsIVvzUf9
— Paúl Granda (@PaulGranda) April 22, 2020
Un tercer caso relacionado con supuestos sobreprecios tiene relación con el intento de compra, por parte del IESS en Guayaquil, de bolsas para cadáveres por más de USD 150. Aunque el Hospital Los Ceibos dijo que era el mejor precio posible, el nuevo presidente del IESS, otro ex correísta llamado Jorge Wated, fue el primero en cuestionar la compra, y aseguró que Criminalística compra las bolsas de marras en no más de 15 dólares cada una. La Fiscalía realizó allanamientos en conexión con este caso en Guayaquil y también detuvo a algunas personas.
Otra denuncia más presentada a la @FiscaliaEcuador por presunta corrupción en compra de bolsa para cadáver, esta vez en Machala!! Uno a uno irán cayendo!! pic.twitter.com/b3g6Mt3lxy
— Jorge Wated Reshuan (@JorgeWated) May 10, 2020
En declaraciones a un canal de televisión, el contralor Pablo Celi dijo que ha encontrado indicios de sobreprecios entre el 400% y el 9000% en la adquisición de insumos médicos y mascarillas para las redes hospitalarias del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Celi explicó que la institución está realizando 53 auditorías a las compras públicas, a propósito de la emergencia sanitaria por la propagación del coronavirus COVID-19 entre las que constan gobiernos autónomos descentralizados, empresas públicas y ministerios. Se están realizando 27 exámenes en las redes hospitalarias, 11 de los hospitales del IESS y 16 de la red del Ministerio de Salud Pública (MSP).
Celi puso como ejemplo que se encontraron sobreprecios entre el 400% por la compra de mascarillas y el 9000 % en protectores faciales. A lo que se suma que las empresas a las que se les asignaba la compra estaban «relacionadas entre sí, compartían locales, referencias comerciales. Todo esto configura indicios de responsabilidad penal», dijo Celi.
¿Cómo se usa y qué futuro tiene el remdesivir?
Mientras Estados Unidos y Japón han autorizado su uso de emergencia, hay todavía algunas reservas sobre el uso de este antiviral, que ha sido probado solamente en casos de pacientes graves por la infección por coronavirus. El medicamento, desarrollado por la firma norteamericana Gilead, es un antiviral que se administra durante diez días por vía intravenosa a pacientes hospitalizados. Había sido desarollado contra el ébola, pero no tuvo éxito contra ese virus. Funciona de manera similar a los antivirales con los que se combate el VIH: interfiere los procesos químicos con los cuales el virus se replica dentro del cuerpo, lo que contiene los efectos de la infección y reduce el tiempo de recuperación, así como mejora el pronóstico de los pacientes hospitalizados.
Pero el remdesivir no ha sido probado en casos leves o moderados, y los estudios clínicos disponibles hacen pensar en que no es un cura definitiva sino más bien un tratamiento experimental y compasivo. A pesar de eso, la farmaceútica está buscando la manera de producirlo en laboratorios de los países emergentes, sobre todo India, que fabrica buena parte de los antirretrovirales genéricos con los que se combate el VIH actualmente.
Esto es lo que ha informado Gilead Sciences, quien busca fabricantes de productos químicos y medicamentos para producir su fármaco para Europa, Asia y los países en desarrollo al menos hasta 2022.
La farmacéutica agregó que está negociando licencias voluntarias a largo plazo con varios fabricantes de medicamentos genéricos en India y Pakistán para producir remdesivir para los países en desarrollo.
En el caso ecuatoriano, al no constar en el Cuadro Básico de Médicamentos y hasta que no se haga una reforma, es poco probable que el medicamento pueda ser adquirido por el Estado y utilizado en los hospitales del país, pues la reciente reforma al Reglamento de Compras Públicas realizada por el Gobierno excluye de las adquisiciones a medicamentos que no estén en el Cuadro Básico ecuatoriano.
El año pasado, se produjo una polémica entre el Ministerio de Salud y los gremios médicos, que cuestionaron que muchos medicamentos nuevos contra el cáncer y el VIH, así como antibióticos de última generación, no se podían comprar por no estar en el Cuadro. En aquella ocasión, el Gobierno replicó que se trataba de «presiones de las farmacéuticas» más que de necesidades reales.
El Presidente tuvo que corregir la distorsión que creaba el decreto con el que se baja el sueldo del alto Gobierno
El presidente Lenin Moreno tuvo que «corregir» el decreto 1041 que plasmaba la reducción de los sueldos del mandatario, del vicepresidente, de los ministros y viceministros en un 50%. Y la corrección vino porque la legislación vigente ata a la remuneración del presidente los sueldos de la mayoría de funcionarios del Ejecutivo. ¿Si el presidente gana solo cerca de USD 2500 hay que bajarles el sueldo a todos los demás? ¿Qué pasa con asesores, subsecretarios, y otros funcionarios que ganan hoy por hoy más que eso en las entidades del Estado? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con los jueces de la Función Judicial, con fiscales y otros funcionarios? ¿Se bajan todos el sueldo? La distorsión que se creaba tuvo que ser aclarada por medio de un nuevo decreto, esta vez signado con el número 1047. Ahí se explicó que la reducción de los sueldos del alto Gobierno es «un aporte» que será destinado a apoyar los esfuerzos de la crisis sanitaria. Es decir, una suerte de donación de esos funcionarios. Por ello, se aclaró a renglón seguido, que la reducción en el alto Gobierno «no implica una disminución en las escalas salariales del sector público», ni de la Función Ejecutiva ni de las otras funciones del Estado. Esto porque, como se sabe, el esquema salarial establece que nadie puede ganar más que el presidente de la República. El presidente aclaró en el nuevo decreto que el recorte tendrá vigencia solo hasta el 24 de mayo de 2021, es decir, hasta el final de su administración.
ACTUALIZACIÓN@Lenin corrige el error del Decreto 1041, emitiendo Decreto 1047.
* Reducción del 50% de sueldo es aporte temporal por la emergencia.
* No es una reducción formal de escalas, por lo tanto no afecta las otras Funciones del Estado como correspondería aplicando LOSEP. pic.twitter.com/lnp2eS5sXG— Mauricio Alarcón-Salvador (@aiarconsalvador) May 11, 2020
Mientras tanto, el Gobierno continúa eliminando y fusionando entidades, como había anunciado en marzo, antes del inicio de la crisis. Una de las empresas más grandes es la de Medios Públicos, que agrupa a los canales oficiales, el diario El Telégrafo y la Radio Pública, así como el canal Ecuador TV. Sin embargo, el Gobierno no ha decretado su disolución. El canal oficial se ha convertido en el eje de las cadenas del régimen relacionadas con la pandemia.
Con los 1043 al 1046, se suprimieron tres secretarías técnicas y tres empresas públicas. Según el Decreto Ejecutivo 1043 la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales pasó al Ministerio del Trabajo, mientras el Decreto 1044 suprime la Secretaría Técnica de Juventudes, que estaba a cargo de Elías Tenorio, un joven afroecuatoriano.
Según el Decreto 1045 se dispone la extinción de las Empresas Públicas de Fármacos ENFARMA EP, FABRICAMOS ECUADOR FABREC EP y Cementera del Ecuador EP (EPCE), y por el 1046 se suprimió la Secretaría Técnica del Comité Nacional de Límites Internos.
Nuevo ajuste en las cifras oficiales de la pandemia hoy hubo 1328 descartados menos
El Gobierno hizo pública hoy la infografía correspondiente al corte hasta el 11 de mayo a las 08:00. Según los datos oficiales, hay 29.509 casos confirmados, 32.859 casos descartados, 3631 fallecidos (2145 con diagnóstico de COVID19 y 1486 probables), 7073 altas epidemiológicas, 2728 altas hospitalarias, y 3433 pacientes recuperados. Según el Gobierno, están «estables» en sus domicilios 13555, 388 hospitalizados y 187 personas graves y también hospitalizadas. El grueso de los casos se concentra en Guayas, con 11.876, Pichincha con 2071 y Manabí con 1226. Se habrían tomado hasta el momento 84.287 muestras para COVID19. Solo en Quito habría 1945 casos confirmados.
El Ministerio de Salud reiteró que realiza una constante depuración de sus cifras basado en el criterio de que había ingresos duplicados de la misma persona, pues, afirma, se estaban registrando las pruebas realizadas y no a cada persona.
«Los datos que diariamente se emiten a través del nuevo aplicativo desarrollado por el Ministerio de Salud Pública, con el apoyo del MINTEL, son sujetos a constante validación, en función de los resultados que se obtienen al cierre de la investigación epidemiológica de cada caso. Cabe recordar que el nuevo sistema realiza una reclasificación de los registros por cédula de identidad de las personas y, no por el número de pruebas que se han realizado. En otras palabras, la data es procesada por el número de casos, por lo que el número de pruebas o muestras está atado a cada persona, lo que determina que se produzca una variación en las cifras que, de ninguna manera, inciden en la tendencia que se registra en la curva», explicó el Ministerio en un boletín adjunto a la infografía.
Por ello, explicó que entre ayer y hoy hay 1328 casos descartados menos, así como 50 confirmados menos, sobre todo en las provincias de Guayas y Pichincha.
Los indígenas hacen su propio balance sobre el impacto de la COVID en la comunidades
Los líderes indígenas dieron una rueda de prensa virtual esta mañana, en la que hicieron un balance del impacto la enfermedad infecciosa en las comunidades indígenas. Para los dirigentes, el Gobierno no está actuando en defensa de la salud de los indígenas. Participaron en la conferencia, vía Facebook, JaimeVargas y los titulares de la Conaice, Javier Aguavil; de la Ecuarunari, Carlos Sucuzhañay; y, Marlon Vargas, de la Confeniae, que representan a los indígenas de Costa, Sierra y Amazonía.
Según los dirigentes aseguraron en las provincias amazónicas hay 47 casos de la Covid-19, mientras que en Chimborazo y otros puntos de la Sierra varios indígenas han fallecido. En la Costa, Aguavil aseguró que alrededor de 350 personas de las nacionalidades Huancavilca, Chachi y Manta que habrían dado positivo. Jaime Vargas dijo que para evitar la propagación de la pandemia en algunas comunidades se ha restringido el acceso con la colocación de cadenas en las carreteras.
Según los indígenas, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) debe coordinar con los dirigentes de cada comunidad para un trabajo conjunto. Dijeron que es «muy poca la ayuda que llega a las comunidades» y hay indígenas que tienen «temor de hacerse atender» en la red de salud. El amazónico Marlon Vargas no descartó hacer gestiones por su cuenta para obtener pruebas rápidas para los indígenas.
En varias comunidades de la Amazonía, como en caso de algunos grupos secoyas, hay temor por contagios masivos que se habría producido por la presencia de turistas europeos, colonos y trabajadores de empresas petroleras o viajes de los propios indígenas a las ciudades. Varios indígenas, sobre todo hombres mayores, habrían muerto como consecuencia de la peste.
Los municipios dicen que les deben USD 500 millones y llaman a un diálogo al Presidente
El presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, (AME) Raúl Delgado, reveló esta mañana que el Gobierno debe por lo menos USD 500 millones en transferencias a los municipios del país, por lo que pidió que el presidente Lenin Moreno realice un diálogo más amplio con los 221 alcaldes. Los municipios suman retrasos en transferencias de dinero estatal por lo menos desde febrero de este año.
El pedido de Delgado se suma a las críticas de algunos alcaldes que destacaron que no había recursos para muchos de los cantones para estar en condiciones de enfrentar la pandemia o de tomar una decisión sobre los colores del semáforo.
“Debemos mantener un diálogo fluido. No es momento de dar disposiciones a través de una cadena nacional. Es momento de trabajar por la seguridad y por la vida de la ciudadanía”, dijo Delgado sobre la necesidad de un encuentro virtual con el presidente.
“Los contactos que hemos tenido han sido a través de ministros de Estado. Le pedimos que nos sentemos a conversar», insistió el presidente de la AME.
AME se reunirá este miércoles y se ha pdido la presencia virtual del ministro de Finanzas, Richard Martínez, pues las transferencias represadas alcanzan no menos de USD 500 millones. “He hablado con el Ministro y sé de su predisposición para participar en la sesión y para entregar las asignaciones a los municipios, para que podamos seguir atendiendo a la población en todo lo que necesiten», explicó el alcalde de Paute.
A principios de mes, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, había sostenido que se habían transferido $91 millones, pero no aclaró si eran parte de los retrasos en transferencias, que han pasado de 391 millones a principios de mes a los USD 500 millones que se reclaman hoy. Romo dijo que había $1200 millones en las cuentas de los GAD, al mes pasado.