La mañana de este lunes, 1 de julio de 2024, se instaló el tercer día del juicio contra cinco personas por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. El primer testigo fue el capitán Cristian Cevallos, miembro de la Dirección Nacional de Seguridad y Protección de la Policía. Él fue jefe de seguridad de Villavicencio desde febrero de 2022 hasta el 9 de agosto de 2023 cuando ocurrió el crimen.
En su testimonio dijo que nunca recibió una alerta por parte de unidades de inteligencia sobre algún riesgo contra Villavicencio, sino que era él la persona que emitía estos reportes. Manifestó que realizó un “sinnúmero de requerimientos” a sus superiores para reforzar la protección del entonces candidato. Por ejemplo, solicitó vehículos, equipos de comunicación, equipos tácticos, motos, chalecos, cascos, etc. “Trataba que todo mi equipo esté uniformado con todos los implementos”.
En el interrogatorio, Hugo Espín, abogado de Verónica Sarauz, viuda de Villavicencio, consultó al testigo a qué oficiales hizo estos pedidos. Mencionó a los tenientes coroneles William Guevara y Santiago Martínez Jácome, quienes fueron directores nacionales de Seguridad y Protección de la Policía. También citó a los generales Fausto Salinas, excomandante de la Policía; César Zapata, exdirector de Operaciones; y Manuel Samaniego, exdirector de Inteligencia. Zapata reemplazó a Salinas y es el actual Comandante de la Policía.
Contó que había solicitado armas largas para la cápsula de seguridad de Villavicencio en tres ocasiones. La última vez fue el día de la muerte cruzada, el 17 de mayo de 2023. Dijo que esta solicitud la dirigió a Guevara. Pero la notificación para retirarlas le llegó el 10 de agosto, es decir un día después del asesinato. Afirmó que dicha comunicación salió de la Dirección Nacional de Inteligencia, a cargo del general Samaniego.
el escoLta de villavicencio contó que por tres ocasiones solicitó armas largas para la cápsula de seguridad del excandidato presidencial; la última, el 17 de mayo de 2023. la notificación para retirarlas llegó un día después del asesinato.
Ante las preguntas de Ricardo Vanegas, abogado de Cristiana Villavicencio, Cevallos contó que un día antes del asesinato, pidió al general Zapata que se le dote de un equipo táctivo, de inteligencia y de servicio urbano a todos los lugares donde se traslade el candidato.
Aunque Zapata no era su inmediato superior, se comunicaba con él porque ambos tenían una “pequeña amistad”. Cevallos agregó que como sus pedidos no tenían cabida en la unidad a la que pertenecía, prefirió saltarse la línea normal de la jerarquía. Contó que se comunicó por WhatsApp con Zapata y en esas comunicaciones le pidió que le ayude a despachar su pedido.
Además relató que entregaba a Zapata las encuestas del candidato sobre cómo iba su campaña. Zapata, según Cevallos, pidió ese 8 de agosto reunirse con Villavicencio. “¿Es normal que se reúna (un general) con un candidato para darle seguridad?”, le preguntó Vanegas, a los que el testigo dijo “no”.
Sobre el general Samaniego, dijo que este oficial tampoco atendió sus requerimientos. “Yo suplicaba”, dijo el policía, cuyo interrogatorio fue uno de los más largos hasta el momento en el juicio.
Otros testigos de esta jornada fueron Luis Cañizares, miembro del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), que el día de los hechos fue conductor de la camioneta en la que se trasladó a Villavicencio hasta el mitin en el coliseo del colegio Anderson. También dio su testimonio Patricia Barragán, seguidora de Villavicencio, quien ese día resultó herida.
Agente dice que número internacional pertenecía a alias El Invisible
Uno de los últimos testigos que la Fiscalía presentó este lunes fue el mayor Marco Erazo, agente de la Dirección General de Investigaciones, quien fue asignado como parte del equipo de investigadores del caso. Una de las conclusiones que expuso fue que el número internacional +177 349 24370 (de Chicago, EEUU) perteneció a Carlos Edwin A.L., alias El Invisible.
Este número fue hallado en el celular de Johan Castillo López, quien fue sicario que terminó con la vida de Villavicencio. Castillo también murió el día de los hechos y su celular lo recogió un militar que a su vez lo entregó a la Policía. Este número estaba registrado bajo el contacto INV1 en el celular del sicario.
Del contacto INV1 salieron los siguientes mensajes antes del crimen:
-Bien broder
-Como usted veo lo pega, hermano
-Confío en usted, usted controla bien
-Hábale
Y relató que a las 18:11 salió este último mensaje: ‘que hay’. Y luego hubo dos llamadas perdidas.
En el celular de Castillo también había un video que fue enviado por el mismo número internacional. En este se observaba un dormitorio, un televisor, una antena de wifi, un playstation, un hombre acostado y otro que tenía una fractura en su brazo.
Erazo dijo que el número de IP del cual se conectó la cuenta de Whatsapp de la que salió el video daba como ubicación en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel de Latacunga. Esta información la obtuvieron de la empresa Whatsapp, según confirmó otra testigo, Maritza Villamarín, quien trabaja en la Fiscalía y es asesora en delitos informáticos. Ella hizo el requerimiento a la compañía extranjera y esta le confirmó que la primera conexión de esa cuenta fue en abril de 2023 y la última, el 12 de agosto a las 06:14.
Erazo agregó que con ese indicio hicieron un operativo en la cárcel. Allí encontraron que las celdas 26 y 27 habían sido unidas. Dijo que cotejaron que esta celda tenía similares características al ambiente del video enviado desde el número internacional y que uno de los hombres que aparecieron en el video fue Luis Fernando Palma Midenos.
Según testimonios de los privados de libertad, Erazo dijo que en esas celdas modificadas habitaba Carlos Edwin A.L. La defensa del procesado cuestionó el informe del agente y en el interrogatorio pidió que explicara las conclusiones de su informe para acusar a su defendido. Una de estas preguntas fue cómo logró determinar que el contacto INV1 pertenecía a Carlos Edwin A.L. A lo que el testigo respondió que el procesado era conocido con el alias El Invisible y por lo tanto, suponía que correspondía a Carlos Edwin A.L.
¿Cómo había internet en la cárcel?
Durante la jornada también se presentaron testigos relacionados con el servicio de internet que había en la cárcel y que permitió supuestamente la orden del crimen contra el candidato. Una de estas personas fue la dueña de una proveedora de internet en Latacunga y ella relató que dos mujeres, Ana Vaca y Bertha Medina, le solicitaron este servicio para los estudiantes de dos universidades que estaban en la cárcel.
Dijo que la instalación se hizo en el área de TICs y sus técnicos ingresaron con la autorización del coordinador educativo. Ambos contaros se firmaron en enero y febrero de 2023 y concluyeron el 30 de septiembre. El pago fue de 560 dólares mensuales.
Más tarde, Vaca -otra de las testigos- dijo pidió este servicio para un amigo suyo que era el representante de los estudiantes de esa cárcel.