Cerca de la medianoche del lunes, un piquete del Ejército se apostó en la vía que conduce a Quito desde el norte de la Amazonía. Esperaban a cien personas, que viajaban a bordo de tres buses, con dirección a Quito, para protestar contra los mecheros que queman el gas de la industria petrolera sobre los habitantes de la Amazonía. En Cascales, un poblado cercano a Lago Agrio en la provincia de Sucumbíos, el piquete interceptó a los ciudadanos.
El grupo se dirigía a la capital para exigir que se cumpla una sentencia judicial que determinó que el Estado debe detener la operación de los mecheros que queman gases residuales de la industria hidrocarburífera.
#YaBasta
5 niñas demandantes del #CasoMecheros Skarlett, Denisse, Mishell, Dannya y Leonela que están viajando con otros miembros de comunidades afectadas para exigir en Quito el cumplimiento de su sentencia se encuentran RETENIDAS en Cascales pic.twitter.com/dP8YII1ybo— UDAPT (@udapt_oficial) March 12, 2024
Al norte permitirles el paso los soldados, los ciudadanos subieron videos a las redes sociales en donde denunciaron que los militares iniciaron citaciones contra los choferes de los buses y argumentaron que buses de turismo local no podían transportar al grupo a la capital.
Cinco de las niñas que demandaron al Estado formaban parte del grupo. Leonela Moncayo, una de las demandantes y rostro más visible de la causa, grabó un video y expresó: “estamos haciendo un plantón en la calle, si a nosotras no nos dejan pasar, nadie pasa”.
#ACTUALIDAD Las FFAA de Ecuador detuvieron tres buses con cinco niñas del Caso Mecheros y otros afectados en Cascales, que iban a Quito para exigir justicia por daños ambientales. pic.twitter.com/VLwjEAcfg4
— QuieroTv (@quierotvecuador) March 12, 2024
Los militares cedieron ante la presión de los demás manifestantes que exigían que se abran las vías. Según Donald Moncayo, padre de Leonela y coordinador de la Unión de Afectados por la Operación de Texaco (UDAPT), los militares aseguraron a los choferes que podían continuar y que ya que tenían citaciones no los podían retener más adelante.
Donald Moncayo, coordinador de la Unión de Afectados por la Operación de Texaco (UDAPT), es padre de una de las niñas demandantes en la causa.
Sin embargo, llegando a Baeza, a pocas horas de Quito, un nuevo retén militar y policial frenó al grupo. Al parecer, frenar el convoy era la orden. Donald Moncayo confirmó que el día anterior al inicio del viaje, policías se acercaron a la sede de la UDAPT en Lago Agrio para obtener información sobre el recorrido del viaje. Además, dijo que previo a la primera detención detectaron que un camión del Ejército con militares los venía siguiendo.
En Baeza, escucharon otros argumentos sobre supuestos problemas de tránsito por parte del Ejército, que esta vez se refería al no uso del cinturón de los pasajeros y decían que la orden de impedirles llegar a Quito venía del 911. “No saben lo que es luchar por el honor”, les dijo Donald Moncayo. El grupo logró pasar tras varias horas de espera. Pero otros dos buses quedarían retenidos en ese punto.
La llegada a Quito
La Casa de la Cultura, en el centro de la capital, abrió las puertas para que colectivos ambientalistas y los afectados dieran una rueda de prensa. Debido a los retenes los pobladores llegaron con retraso y sin dormir. Pero mientras se iban juntando los grupos se daban gritos de aliento y abrazos.
Siete de las nueva niñas demandantes dieron una rueda de prensa en la Casa de la Cultura en el centro norte de Quito. Fueron acompañadas de liderezas indígenas y el abogado Pablo Fajardo.
La UDAPT está compuesta por pobladores indígenas Siekopai, Siona, A’i Cofán, Shuar, Waorani, Quichua y mestizos y todos cantaban al unísono: “¡no a los mecheros de la muerte!”, “¡un grito, pueblo amazónico!”.
Leonela Moncayo denunció que hace pocos días sufrió un atentado en su hogar. A inicios de marzo, las afectadas comparecieron en la Asamblea Nacional. En el Parlamento, la ministra de Energía, Andrea Arrobo, aseguró que las niñas estaban siendo manipuladas, además dijo que el Estado había cumplido con su labor al apagar dos mecheros.
Leonela Moncayo brindó entrevistas a los medios de comunicación y denunció retenes ilegales en su viaje a Quito.
Luego de eso, Leonela volvió a su hogar en Lago Agrio. “Estaba haciendo una entrevista. Escuchamos un explosivo. Mi mamá corrió a cerrar la válvula del gas. En medio de humo blanco y pestilencia. Salimos y vimos una bomba artesanal. Dentro de una caña habla pólvora”, aseguró.
“Es una vergüenza el maltrato del Estado. Los policías a órdenes de la Fiscalía nos dijeron que para mantener la protección del Estado debía cumplir sus condiciones, una de ellas era no aparecer en espacios públicos, no salir de la provincia sin pedir permiso”, denunció Leonela.
Kelly Herrera, una de las demandantes que vive en la vía al Auca, uno de los sectores con mayor presencia de mecheros, dijo: “queremos un ambiente sano, queremos comer nuestros cultivos. Seguimos esperando la detención de 437 mecheros. Yo veo todos los días como el humo de un mechero se esparce en mi comunidad”.
Otra de las demandantes que habita en el mismo sector, Jeiner Tejena, declaró: “estamos luchando por el bienestar de todos los amazónicos. Ya son 30 meses de espera. Nuestras compañeras fueron detenidas como criminales”.
Finalmente, cientos de pobladores amazónicos se congregaron en el cercano parque de El Arbolito e iniciaron una marcha en dirección a Carondelet. En el Centro Histórico, fueron detenidos una vez más por el vallado que se encuentra alrededor de la Plaza Grande. Culminaron la marcha en la Plaza del Teatro. Además, realizaron un plantón en las afueras de la Corte Constitucional.
La marcha se dirigía a la Plaza Grande, pero el grupo de manifestantes fue impedido de llegar hasta ahí.
El impacto de los mecheros: 100 metros o 5 kilómetros?
PlanV conversó con Pablo Fajardo, abogado de la causa, y Donald Moncayo de la UDAPT sobre la dimensión y el impacto de los cientos de mecheros que queman gas petrolero en Sucumbíos y Orellana. Fajardo aseguró que los 437 mecheros están quemando más de $1300 millones de dólares en gas al año, “lo mismo que el Gobierno quiere recaudar con el incremento al IVA”, dijo.
Pablo Fajardo es abogado de las nueve niñas que demandaron al Estado.
El abogado señaló que tras la sentencia favorable a las niñas, obtenida en 2021, el Ministerio de Ambiente tenía la obligación de hacer estudios para determinar las aguas contaminadas y proveer de agua a las comunidades afectadas, pero eso no ha sucedido. “La jueza de caso no sanciona a los ministros que incumplen la sentencia, la Asamblea no Fiscaliza”, dijo.
En mayo de 2021, la Corte Constitucional reconoció la vulneración que los mecheros suponen para los derechos ambientales y de la salud de las nueve niñas demandantes. La sentencia dispuso que se debían eliminar los mecheros cercanos a centros poblados en 18 meses y el resto hasta 2030.
Fajardo y la UDAPT hicieron un recorrido por la zona en 2019 y encontraron 447 mecheros, 210 en Sucumbíos, 232 en Orellana y 5 en Napo y Pastaza. Según los estudios realizados por los afectados serían más de 200 mil personas las que están en zona de influencia de mecheros. “No solo que no han eliminado mecheros, han aumentado, hemos contabilizado que en 2023 hay 486 mecheros”, dice Fajardo.
Petroecuador se basa en un reglamento que determina que los mecheros se consideran cercanos si están a 100 metros de un centro poblado. Pero los afectados aseguran que 100 metros es muy poco. Ellos aseguran que aún a 650 metros las personas tienen riesgos muy altos para la salud, a 2,25 kilómetros riesgos altos y a 5 kilómetros riesgos moderados.
Fajardo indica que llegaron a esta conclusión luego de encontrar material particulado en esas distancias. Además, nos comparte videos en donde argumenta que la altura del humo de los mecheros lleva los residuos fácilmente a distancias mayores a los 100 metros. El abogado agrega que esto contamina al agua lluvia que toman muchas comunidades que tampoco tienen agua potable.
El plazo para eliminar los mecheros cercanos a centros poblados venció en marzo de 2023. Petroecuador afirmó que hasta esa fecha se habían eliminado 111 mecheros. Sin embargo, la UDAPT afirma que 49 de ellos ya estaban sin funcionamiento. Donald Moncayo, dijo además que si bien se han eliminado mecheros, se ha conducido ese gas a otras plataformas.
Los afectados organizaron un plantón en las afueras de la Corte Constitucional para exigir que se cumpla la sentencia.
Los casos de cáncer
Un mechero es un instrumento utilizado para quemar los gases residuales de la extracción de hidrocarburos. Cada mechero puede liberar en la combustión hasta 250 sustancias tóxicas, entre ellas metano, butano y monóxido de carbono.
Parte de las medidas de reparación impuestas por la Corte Constitucional era implementar una Unidad Oncológica para tratar el cáncer en el Hospital Marco Vinicio Iza en Lago Agrio, medida que tampoco se ha dado.
En un foro organizado por los afectados y colectivos sociales en la Casa de la Cultura, habló Silvia Yánez, que superó un cáncer a pesar de que los doctores le dieron tres meses de vida en 2016. “Semana a semana hay nuevos pacientes en la Amazonía”, dijo. “Estoy luchando por quienes no pudieron estar aquí, me duele saber cómo hay personas que día a día van falleciendo”, agregó Yánez entre lágrimas.
El Ministerio de Salud también debía realizar un estudio médico que establezca el grado de afectación a la población debido a la actividad petrolera, sin embargo, los demandantes reclaman que se desconocen esos resultados. Mientras los afectados esperan que se cumpla la sentencia judicial, seguirán respirando aire contaminado, ante lo que parece ser la llama eterna de las teas de los pozos.