La propaganda oficial del domingo 5 de mayo de 2019 está llena de tomas radiantes, de gente sonriente, contenta, feliz y optimista. Se pueden ver hombres, mujeres, niños, bebés, amas de casa, policías ante sus patrullas, colegiales, estudiantes, maestros y trabajadores.
En off, la voz del presidente Lenin Moreno llama a «identificar juntos qué acciones deben ser inmediatas y ponernos de acuerdo en lo fundamental», y anticipa los grandes temas que propone: educación, seguridad social, empleo, democracia, cambio climático, seguridad ciudadana, lucha contra la droga, lucha contra la corrupción, entre otros temas.
La voz del presidente insiste: «súmate, involúcrate», mientras invita a la audiencia a enviar sus propuestas. Al mismo tiempo, el mensaje oficial destaca que en los dos primeros años de la administración morenista, «hemos dialogado de manera franca y abierta». Entre sus logros, el Gobierno destaca haber «recuperado la democracia, la libertad y ordenado la economía».
El mensaje oficial destaca que en los dos primeros años de la administración morenista, «hemos dialogado de manera franca y abierta». Entre sus logros, el Gobierno destaca haber «recuperado la democracia, la libertad y ordenado la economía».
La cuña oficial es parte de la segunda parte de la campaña «El Acuerdo es ahora» con la que el régimen pretendía buscar acuerdos mínimos en el país sobre temas como la sostenibilidad y el cambio climático, la competitividad, el empleo y la innovación; la democracia y la reforma institucional; la seguridad social; la educación; la seguridad ciudadana; y la no violencia y la prevención de adicciones.
La campaña del Gobierno precisaba también que «En el transcurso de 45 días se espera tener ya los primeros acuerdos, normativas, proyectos planes que se requieran y consoliden en los diversos ámbitos.En segunda instancia, a largo plazo, se prevé firmar el Acuerdo Nacional como muestra de un compromiso cumplido por parte de todos los actores sociales participantes y del Estado».
Pero la cuña de vibrantes imágenes y soleadas tomas parecía ignorar el estallido social que larvaba en varios sectores sociales, que terminaría siendo detonado por el aumento de los precios de los combustibles y conduciría a los enfrentamientos más serios de la última década.
En enero de 2018, el Gobierno había presentado un informe sobre la primera etapa de sus procesos de diálogo, que centró en la primera etapa en cuatro ejes: reactivación económica, garantía de derechos de los ciudadanos, Estado incluyente que garantice los derechos de los pueblos indígenas y un Estado descentralizado.
Los resultados que el Gobierno reivindicaba se sintetizaban en 20 puntos. Entre los más importantes destacaban «el fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe, la creación de una universidad pública, la instalación de una mesa de diálogo permanente con la Conaie y el comodato de los inmuebles». El Ejecutivo llegó a hacer también eventos públicos, en donde los participantes dialogaban en un escenario con un fondo de un intenso azul eléctrico.
El diálogo y el vicepresidente Otto Sonnenholzner
El vicepresidente Otto Sonnenholzner estuvo al frente del proceso.
A cargo del proceso de diálogo estuvo el vicepresidente Otto Sonnenholzner. En declaraciones a la prensa, apenas el 6 de mayo de este año, Sonnenholzner explicaba que «los cuatro meses de diálogo en el 2017 generaron varios resultados concretos como la consulta popular de febrero del 2018, pero muchos temas “quedaron ahí” y si bien hay que entender que no todo lo que se pide es viable, también hay que llegar a acuerdos sobre lo que sí se puede cumplir».
Para el vicepresidente, «uno de los temas más complejos que se tratarán es el de competitividad, empleo e innovación», en donde destacó la Ley de Fomento Productivo y añadió que «se busca avanzar en la Ley de Fomento Productivo II y que el sector privado sea el protagonista del desarrollo económico». Las prioridades del vicepresidente, en esa época, estaban claras: «estimular» al sector privado y lograr una «flexibilización laboral», a la que, por principio, se oponían ya en esa época sindicalistas como Mesías Tatamuez, del Frente Unitario de Trabajadores.
«¿Cuántos agremiados tiene el FUT? El sector de los empleadores es mucho más amplio que solo los sindicatos. Evidentemente también tienen que ir los que están buscando y no tienen un empleo», decía el vicepresidente Otto Sonnenholzner, al minimizar el impacto de los reparos de los sindicalistas a su proceso de diálogo nacional.
En una entrevista con El Comercio, el vicepresidente minimizaba las reservas del FUT: «Pero ¿cuántos agremiados tiene? El sector de los empleadores es mucho más amplio que solo los sindicatos. Evidentemente también tienen que ir los que están buscando y no tienen un empleo. Ojalá la posición de las centrales sindicales sea cómo lograr ampliar las bases, no en función de ver cómo logramos más dentro de un empleo, sino cómo ampliamos a más ecuatorianos con un empleo formal».
El proceso liderado por el vicepresidente tenía una fecha límite: no más allá de noviembre de 2019.
Pero analistas como Juan Cuvi mostraron sus reservas: «el llamado al diálogo nacional constituye el segundo intento por posicionar a Otto como la principal carta política del Gobierno. En realidad, como la opción electoral para el 2021. La próxima campaña electoral acaba de empezar. Luego de la patética ausencia de candidaturas convincentes en las pasadas elecciones, el régimen se juega por una puesta de mano presidencial. Y no necesariamente con Alianza PAIS. En efecto, el movimiento Democracia Sí aparece hoy como la posta para reemplazar al alicaído y desgastado caballo verde-flex. No es un secreto que dicho movimiento creció a la sombra del propio presidente Moreno, como un recambio estratégico para sacudirse del correísmo. Concebido más como una opción electoral que como un partido político, logró su cometido el 24 de marzo», destacaba Cuvi.
Para analistas como Juan Cuvi, el diálogo nacional lo que buscaba es posicionar a Otto Sonnenholzner como una carta del Gobierno para las presidenciales del 2021, buscando el apoyo de Democracia Sí, el PSC y los rezagos de Alianza PAÍS.
El analista agregaba que «La clave, por lo tanto, radica en la posibilidad de sintonizar la agenda de Otto con los cálculos de Democracia Sí, la mediación de Moreno, la influencia de los socialcristianos y las apetencias de los rezagos de Alianza PAIS que también tienen su parte en este juego. El diálogo nacional es el primer movimiento en esta compleja estrategia. De sus resultados dependerá que estos eventuales acuerdos se den».
Con lo que nadie contaba en ese momento es con que el proceso de diálogo se evidenciaría como frágil y que, como muchas otras figuras con aspiraciones en el régimen, el vicepresidente Sonnenholzner tendría que enfrentar el costo político del inesperado estallido.
La permanente inconformidad de la Conaie
Jaime Vargas lleva años cuestionando la falta de voluntad política del régimen.
Pero el entusiasmo del Gobierno no era compartido por la Conaie por lo menos desde 2017. El 11 de diciembre de 2017, Jaime Vargas fue entrevistado por Notimundo. El dirigente exigía que las demandas presentadas por los indígenas el 4 de julio de 2017 fueran atendidas. Vargas explicó en ese momento que en el marco del diálogo nacional, habían pedido las amnistías para los dirigentes socialees, la educación intercultural bilingüe, el transporte y la comunicación comunitaria, pero sostenía que poco o nada habían avanzado. El dirigente pensaba entonces que no había respuestas concretas, y que, por ello, habían convocado a una nueva marcha nacional, pues no había, en su criterio, otra forma de «hacerse respetar» que no sea con levantamientos y paros.
«Los gobiernos no han respondido por falta de voluntad política», decía Vargas en ese momento. Ese día, una marcha indígena había logrado llegar hasta la Plaza Grande y Vargas demandaba «hablar con el dueño del circo y no con los payasos», pues las amnistías para los indígenas habían sido archivadas.
Para diciembre de 2018, es decir, un año después, Jaime Vargas seguía inconforme: «no se ha cumplido ni un 20% de los pedidos», afirmaba. “Recuperamos lo que estaba secuestrado. Se nos devolvió el sistema de educación que por derecho nos correspondía. No es que con eso estamos contentos o de acuerdo con lo que puede pasar en el país”.
Para diciembre de 2018, es decir, un año después, Jaime Vargas seguía inconforme: «no se ha cumplido ni un 20% de los pedidos», afirmaba. “Recuperamos lo que estaba secuestrado. Se nos devolvió el sistema de educación que por derecho nos correspondía. No es que con eso estamos contentos o de acuerdo con lo que puede pasar en el país”, decía Vargas, quien admitía un avance en el reestablecimiento de la educación intercultural. Marlon Santi, dirigente amazónico, también se declaraba insatisfecho: «Cuando se quiere aplicar las actividades en la educación intercultural, implementar la Secretaría de Interculturalidad, nos dicen que no hay plata, son organismos estatales sin recursos que no van a poder efectivizar programas. En derechos indígenas no hemos avanzado”, aseguró. Vargas remarcaba: «pensar que como ya les dieron educación, universidad, y con eso los indígenas o el movimiento ya están tranquilos, no es así”.
Lo curioso es que, casi dos años después, Jaime Vargas mantenía el mismo discurso. Vargas fue nuevamente entrevistado por la misma emisora, el 6 de septiembre de 2019. En su nueva intervención, el dirigente anticipaba que para el mes de octubre de este año, tendría lugar un paro nacional. Entrevistado por Freddy Paredes, quien luego sería salvajemente agredido en el marco de las recientes protestas, Vargas sostenía que el 23 de agosto de 2019 la Conaie había realizado su propia evaluación del diálogo nacional: «no hay respuestas concretas del Gobierno», dijo, pues el Ejecutivo no había cambiado su postura sobre el extractivismo. Un frente de colectivos de sectores sociales, anunciaba, estaba preparando una propuesta de unidad y desarrollo desde las bases.
«El mes de octubre habrá una movilización nacional», anticipaba Vargas a la emisora. Y los motivos que daba el dirigente tenían que ver con el rechazo a la minería y el petróleo. «El mes de octubre haremos una acción fuerte», anunciaba Vargas, quien cuestionó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. «Ya no somos esos indígenas a las que engañaron con pancito, con espejos y con trago», advertía el dirigente. Vargas advertía que en octubre habrían grandes movilizaciones, cuya bandera sería la conservación del ambiente. «Para el mes de octubre ya está decidido hacer acciones en los territorios y cerrar las vías», anunció el dirigente. Las medidas del Gobierno de Lenin Moreno, al parecer, coincidieron con las decisiones que había tomado la dirigencia indígena.
Los temas sobre la mesa
En este punto estaban los diálogos nacionales cuando estalló el conflicto. En su cuenta de Twitter, El Acuerdo es ahora destaca las actividades de dos personajes que aparecen de manera recurrente: el titular del IESS y ex secretario de la Política, Paúl Granda y el gobernador de Galápagos, Norman Wray. Ambos empeñados a fondo en diálogos con comunidades y sectores sociales. Eso explicaría la presencia de ambos en la mesa de diálogo de la tarde del 13 de octubre, cuando, finalmente, se sentaron frente a frente el presidente Moreno, los miembros del Gobierno, los representantes de otras funciones del Estado y las dirigencias indígenas para dialogar.
En esa cita, el presidente Moreno destacó como muestras de su apertura hacia los indígenas la devolución del edificio de la Conaie en Quito, una propiedad estatal en comodato que el Gobierno de Correa pretendió quitarles, y la entrega del Edificio Unasur para la Universidad Indígena. Pero el presidente no se refirió a la minería ni a ningún otro punto de la agenda indígena.
El discurso del presidente evidenció que el Gobierno había minimizado las demandas indígenas y no había estado atento a la capacidad de reacción y organización de la Conaie. También que, como había señalado públicamente Sonneholzner, la prioridad de los diálogos habían sido el empresariado y no los movimientos sociales. Ese diálogo que no llegó a todos, y que no logró incluir actores políticos clave, habría de pasarles, tanto al Gobierno cuanto al país, una cuantiosa factura.