El Premio Sveriges Riskbank en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel 2024 concedido a Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson (en adelante AJR) reconoce su contribución a explicar por qué unos países son más prósperos que otros. Para los galardonados esta desigualdad puede explicarse por la calidad de sus instituciones.
La Real Academia Sueca de Ciencias destaca que las investigaciones de AJR «…demuestran que el apoyo a las instituciones inclusivas y a la democracia es una forma importante de promover el desarrollo económico» (https://bit.ly/4eaP0c1). Esto implica que, como las instituciones son características de cada país y evolucionan al calor de la política y de los resultados económicos, la responsabilidad del grado de prosperidad alcanzado corresponde a cada país.
Esta afirmación intuitiva es, sin embargo, insuficiente para explicar la desigual prosperidad de los países del mundo. Es más, plasma una dicotomía (capitalismo-inclusivo versus colonialismo-extractivo) que actualiza la visión colonial del mundo, en la que prevalece la noción de que las economías del Norte son el mejor modelo (¿el único?) para lograr el desarrollo. El mensaje que trae consigo el mal llamado Nobel de Economía de este año es que el subdesarrollo es responsabilidad de cada país, lo que es verdad, pero no es toda la verdad, como se podría inferir de la teoría de AJR.
La sustentación del premio
El premio de este año reitera una idea bien conocida: si el capitalismo se desarrolló en Europa con base en factores internos (progreso tecnológico, alta productividad, trabajo tesonero y cambios culturales y sociales), en países de otras regiones se podrían crear las mismas condiciones para emular el proceso. Para ello es necesario replicar las instituciones características de los países europeos.
Para AJR las instituciones pueden ser inclusivas o extractivas. Las primeras promueven el imperio de la ley, sociedades abiertas, gobiernos responsables y libertad económica. Los países que las han implementado, afirman, han tenido mejores resultados que los que optaron por instituciones extractivas, es decir, aquellas que recompensan a quienes ejercen el poder.
La economía y las instituciones de cualquier país parecen evolucionar paralelamente, lo que hace difícil distinguir causa y efecto. AJR habrían resuelto esta dificultad revisando la historia de la colonización iniciada en el siglo XVI. En las regiones ricas en recursos los colonizadores europeos priorizaron la extracción de riqueza, con gobiernos capaces de mantener su poder controlando las minas de plata y oro y las plantaciones de azúcar. No tenían incentivos para desarrollar sistemas políticos y económicos aptos para distribuir prosperidad en forma inclusiva. Mientras que en regiones con menos recursos naturales —como América del Norte— el extractivismo institucional fue menos atractivo.
En un artículo publicado en 2001 en la American Economic Review AJR afirmaron que en donde no fueron exterminados por las enfermedades locales, los europeos tuvieron incentivos para crear instituciones promotoras del bienestar. Cuando llegó la revolución industrial, esas regiones estuvieron mejor equipadas para aprovecharla, en comparación con las regiones especializadas en extraer riqueza. La teoría inferida de esta diferenciación propone que las colonias donde las tasas de mortalidad fueron mayores desarrollaron instituciones deficientes, lo que les permite concluir que países con mejores instituciones, derechos de propiedad más seguros, y políticas menos distorsionantes invierten más en capital físico y humano y los usan en forma más eficiente para lograr un mejor nivel de ingreso. En síntesis, el subdesarrollo sería una consecuencia de las fallas institucionales.
El premio de este año reitera una idea conocida: si el capitalismo se desarrolló en Europa con base en factores internos (progreso tecnológico, alta productividad, cambios culturales…), en países de otras regiones se podrían crear las mismas condiciones para emular el proceso.
Una vez constatadas estas diferencias, AJR sugieren enfocar la atención en las causas profundas del crecimiento económico: «Creemos que la evidencia disponible es consistente con la visión de que el crecimiento de una sociedad depende de […] sus instituciones económicas», dicen. De hecho, el Banco Mundial se adelantó a esta sugerencia. En 1998 presentó un estudio para América Latina y el Caribe titulado Más allá del Consenso de Washington: la hora de la reforma institucional, en el que propuso suscitar «…un nuevo conjunto de reformas institucionales en educación, finanzas, justicia y administración pública».
Aunque esta iniciativa no trascendió, desde 2005 el Banco Mundial auspicia el proyecto Worldwide Governance Indicators, WGI (https://bit.ly/3YG9zZr). Buenas instituciones (las inclusivas, en el trabajo de AJR) promueven una buena gobernanza, que es fundamental para el desarrollo al contribuir a mejorar el crecimiento económico, construir capital humano y fortalecer la cohesión social. El WGI procesa información de más de 30 organizaciones internacionales y privadas de todo el mundo.
Reconocimiento a la NEI
El premio de AJR también es un reconocimiento a la Nueva Economía Institucional (NEI), escuela de pensamiento económico que trata de poblar los inmensos espacios dejados vacíos por el paradigma económico dominante, ocupado exclusivamente en los mercados perfectos, las expectativas racionales, el individualismo metodológico… John Nye, profesor de George Mason University, explica que la NEI comprende tres ramas: (1) la escuela de derechos de propiedad y costos de transacción impulsada por Ronald Coase; (2) la escuela de economía política y elección pública iniciada por Mancur Olson y Barry Weingast; y (3) la escuela de historia económica, impulsada por Douglas North, de la cual AJR son tributarios directos. Para North y Nye, tanto como para AJR, las instituciones son determinantes en la evolución de los sistemas económicos.
Disclaimer: en la literatura de la NEI institución no es sinónimo de entidad ni de persona jurídica. Ejemplo: el IESS es la principal entidad de la seguridad social ecuatoriana, pero no es la única entidad de esa institución, pues existen otras con propósitos similares (ISSFA, ISSPOL, AFP privadas, etc.). «Las instituciones son restricciones que surgen de la inventiva humana para limitar las interacciones políticas, económicas y sociales», dice North, también premiado por la Fundación Nobel en 1993 junto a Robert Fogel, por renovar el estudio de la historia económica mediante el uso de métodos cuantitativos y el análisis de los cambios institucionales.
El premio también es un reconocimiento a la Nueva Economía Institucional, escuela de pensamiento económico que trata de poblar los inmensos espacios dejados vacíos por el paradigma económico dominante, ocupado exclusivamente en los mercados perfectos…
Para la NEI las instituciones pueden ser formales (establecidas en leyes sancionadas por el poder político) o informales (costumbres, códigos de conducta, tradiciones). Los neoinstitucionalistas sostienen que la racionalidad del homo económico está restringida por instituciones que le informan sobre las opciones posibles y que le ofrecen los incentivos para tomar decisiones. Como resultado de su accionar diario las instituciones pueden ser de tres tipos: las que encaminan las actividades humanas hacia fines productivos (o acumulativos), las que promueven conductas distributivas que conducen al conflicto y a la pérdida de productividad, y las neutrales.
Entonces, para un economista neoinstitucionalista la seguridad social sería una institución formal que condiciona las decisiones de los afiliados a las entidades públicas o privadas autorizadas a administrar a nombre de ellos el ahorro previsional. En su gran complejidad, y en medio de una realidad institucional más amplia, la seguridad social, en cuanto institución económica, condiciona las conductas previsionales de sus afiliados, su predisposición al ahorro de largo plazo, e incluso su talante solidario o individualista. En el ámbito macroeconómico, si esta institución es acumulativa-inclusiva y estable, se convierte además en la más importante fuente de ahorro interno para financiar el crecimiento.
La crítica heterodoxa
La Real Academia Sueca de Ciencias reconoce que «…el 20 por ciento más rico de los países del mundo ahora son 30 veces más ricos que el 20 por ciento más pobre. Más aún, la brecha de ingresos entre países ricos y pobres es persistente; aunque los más pobres se han enriquecido, no se están acercando a los más prósperos» (https://bit.ly/4eaP0c1). Y sugiere que las instituciones (solo las inclusivas o acumulativas) pueden solucionar estas diferencias. Sería, entonces, una nueva bala de plata contra el subdesarrollo, como en su momento se consideró a las reformas de mercado implementadas en las décadas finales del siglo XX, resumidas en el famoso Consenso de Washington.
La teoría de AJR omite considerar la naturaleza global del desarrollo capitalista y el papel central desempeñado por el colonialismo en este proceso. La evolución del capitalismo solo puede entenderse en el ámbito global, no país por país, ni solo considerando las instituciones. Factores al menos igual de importantes como la productividad, la acumulación, el intercambio desigual, la explotación del trabajo y de la naturaleza, y el principal factor institucional: el control del excedente, no son tomados en cuenta.
AJR dibujan una postal naive del colonialismo, como si hubiera sido un encuentro discreto de transferencia institucional entre colonizadores y colonizados, ignorando siglos de racismo, destrucción de las economías nativas, imposición de economías extractivas (mineras y de plantación) y, en general, conformación de un sistema económico jerárquico de alcance global. No reconocen la violencia y arbitrariedades mediante las cuales se establecieron las instituciones de derechos de propiedad privada en el Norte y en el Sur. Vale recordar que fue necesaria la bula papal Sublimis Deus (1537) para que el mundo cristiano acepte a los indígenas americanos como seres humanos con alma, y no como salvajes susceptibles de domesticación, como cualquier otro animal.
La Real Academia Sueca de Ciencias reconoce que el 20 por ciento más rico de los países del mundo ahora son 30 veces más ricos que el 20 por ciento más pobre. Más aun, la brecha de ingresos entre países ricos y pobres es persistente.
La colonización de Australia y Nueva Zelanda —hoy países ejemplares para la NEI— supuso la aniquilación de sus habitantes originarios. El destino manifiesto estadounidense se fraguó tras el exterminio de los aborígenes habitantes del Far West. Todos estos hechos son omitidos en el modelo neoinstitucionalista —tanto en el premiado en 2024 como en el de hace tres décadas, cuando Robert Fogel y Douglas North recibieron su galardón— no obstante la importancia que tendría el análisis histórico.
Los derechos de propiedad privada (física o intelectual) han sido violados cuando convenía al proceso de desarrollo de los países del Norte. El caso más atroz lo protagonizaron los países reunidos en la Conferencia de Berlín de 1884-85 para solucionar los problemas de la expansión colonial en África en ausencia de los principales afectados: los africanos. Resultado de esta Conferencia fue la repartija del continente para beneficio de los países europeos. Para recordar uno de sus resultados: Leopoldo II de Bélgica se adjudicó, a título personal, lo que luego sería la República Democrática del Congo (2,3 millones de km2). ¿Acaso esa repartija no estará relacionada, de alguna manera, con los bajísimos índices de los países africanos en el WGI?
Todos los países hoy desarrollados se han beneficiado de regímenes de propiedad intelectual muy laxos, como aclara Ha Joon Chang, de la Universidad de Cambridge. Hasta que en 1994 EE.UU. impuso el régimen global de derechos de propiedad intelectual de su conveniencia mediante la aprobación del Anexo 1C (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, ADPIC) del convenio de creación de la Organización Mundial de Comercio.
Reducido el problema a su dimensión tecnocrática, cualquier líder tendría la potestad para diseñar la arquitectura institucional más adecuada para derrotar al subdesarrollo. Sin embargo, esta opción no garantiza que se hubiese consolidado una sociedad auténticamente democrática.
La teoría de AJR conduce a concebir el desarrollo del capitalismo (en el Norte y en el Sur) como un proceso técnico-burocrático vaciado de contenido político. La lección final del premio de este año es que las instituciones políticas europeas y angloamericanas son únicas y deben universalizarse. Y este objetivo se presenta como un proyecto tecnocrático, al margen del turbio mundo de la política, como lo hubiera querido el Banco Mundial cuando presentó Más allá del Consenso de Washington: la hora de la reforma institucional.
En una nota publicada el 22 de octubre en Project Syndicate el profesor de Harvard y ex miembro del consejo de asesores económicos del gobierno de Bill Clinton, Jeffrey Frankel, hace una afirmación ligera, por decirlo de alguna manera, tratándose de un académico: más allá de la trascendencia moral de este premio, la democracia, el imperio de la ley, el control de la corrupción, la libertad económica y la igualdad ciudadana –condiciones resultantes de la acción de instituciones inclusivas– tienden a redituar mejores resultados económicos que sus alternativas. En consecuencia, el valor de las instituciones inclusivas puede ser considerado universal «incluso si, históricamente, por lo general se hubieren desarrollado antes en Europa y en tierras colonizadas por europeos. Isaac Newton descubrió la ley de la gravedad en Inglaterra, pero no se la aplica solo allí o en las antiguas colonias británicas» (https://bit.ly/48qv1VB). Afirmación esta última que coloca a la teoría institucional de AJR en el mismo nivel de una ley física universal (¡!).
Esa superioridad eurocéntrica faculta a Frankel a concluir que ni un clima insalubre ni una historia colonial de explotación serían suficientes para evitar que cualquier país replique las instituciones ponderadas por AJR. Reducido el problema a su dimensión tecnocrática, cualquier líder tendría la potestad para diseñar la arquitectura institucional más adecuada para derrotar al subdesarrollo. Sin embargo, esta opción no garantiza que, junto al incremento del PIB per cápita, se hubiese consolidado una sociedad abierta, de gobierno responsable y con libertad económica, es decir, auténticamente democrática.