“Mi nieto D. está en plena adolescencia y se ha vuelto muy rebelde, lo cual me preocupa mucho porque sé que está sufriendo por dentro. Varias veces ha dicho que va a buscar al asesino de su madre y que lo va a matar, lo cual me asusta mucho. D. tenía 9 cuando su madre fue asesinada y ahora tiene 17 años. Intentó suicidarse hace un par de años y me tiene muy preocupada por cómo ha cambiado su comportamiento”.
Este es uno de los testimonios del estudio “Esperando el verano: trayectorias de los niños, niñas y adolescentes víctimas de femicidio en Ecuador”, de la Fundación ALDEA y Unicef, publicado la semana pasada durante la conmemoración del Día de los Derechos Humanos. Esta es una de las primeras investigaciones sobre la situación de los menores tras el crimen de sus madres.
El estudio cita el registro de la Fundación Aldea desde el 2014, cuyas cifras son más elevadas que las del Estado en cuanto a femicidios. Según estas, el rango de edad del mayor número de víctimas de femicidio va entre los 26 y 35 años, le sigue el grupo de 18 a 25 años.
En esa muestra se incluyó el femicidio de una mujer de 59 años, de una niña de 10 años y de una adolescente de 14. Uno de los aspectos que revela el informe es que la edad de las niñas asesinadas bajó de 10 a 8 años, entre 2014 y 2023. En el caso de las adolescentes, la edad más frecuente fue entre los 12 y 13 años.
La investigación recoge estos datos y además consultó a 76 familias que tienen 151 niñas, niños y adolescentes impactados por femicidios. De ellos, 130 son hijos o hijas y 21 son hermanos de las víctimas de femicidios. La indagación abarcó 15 provincias de la Costa, Sierra y Amazonía.
Uno de sus hallazgos tiene que ver con que el mayor número de esos menores (50), tenía entre 6 y 10 años al momento del delito. En 49 casos tenían entre 0 y 5 años; y en 46, tenían entre 11 y 17 años. Ahora, la mayoría (47%) tiene entre 11 y 17 años. A ese grupo pertenece D., quien ha intentado suicidarse, según el testimonio de su abuela.
Este es otro aspecto que evidencia el informe: abuelas o tías maternas son las principales cuidadoras de estos niños. “Las abuelas cambian de rol, pasan a ser madres de sus nietos”, “yo no tenía responsabilidad, yo era abuela. Es como volver a empezar, pero más difícil”, son algunos testimonios de ellas.
A veces, también quedan a cargo de su padre cuando no es el femicida. Pero en un caso, el estudio identificó que un progenitor, quien es un presunto femicida, está a cargo de niñas, niños y adolescentes. Otro caso que fue detectado fue el de una adolescente, de 17 años, que está a cargo del cuidado de estos menores. Por otro lado, se registró que en seis casos la persona cuidadora tiene menos de 25 años y son las responsables del cuidado de niños con impactos tremendos en sus vidas.
El documento registra que el 14% de las familias no quiso mencionar sobre quién se ocupa de estos menores. “Esto puede explicarse por miedo a que haya sanciones por algo que ocurre dentro de la familia: a veces, si son varias niñas, niños o adolescentes, suelen “turnarse” para el cuidado, y no tienen un lugar fijo para vivir. Frente a ello, prefieren callar y no explicar con tanto detalle la situación”, dice el reporte.
Familias pobres con niños afectados
Otra situación es la falta de recursos de las cuidadoras para atender a estos menores. En las 76 familias, cuatro niñas, niños y/o adolescentes viven con una discapacidad permanente, pero dos de ellos -una síndrome de Down y con carné de discapacidad- no reciben el bono de orfandad que entrega el Gobierno. El 51% de las familias consultadas sí conocen y reciben el bono de orfandad, 38% no lo recibe o conoce y el 11% no respondió.
El estudio revela que solo una familia de cada 10 dijo que tiene ingresos suficientes para el hogar. Las abuelas contaron que deben endeudarse para cubrir los gastos básicos del hogar y de la salud de los menores. La mayoría considera que sus ingresos no cubren la alimentación, salud o educación de estos menores.
Por esa razón, el 67 % de las familias consultadas dijo que se tuvo que endeudar en el último año para cubrir gastos del hogar. Otro hallazgo es que más de la mitad de las familias (38 casos) cuentan con ingresos de una sola persona. El informe destaca que casi la mitad de las familias (47%) tuvo problemas para pagar los alimentos en las últimas semanas.
El estudio reconoce que la información sobre los menores huérfanos por femicidios es incompleta y es la sociedad civil la que lleva un registro más detallado. Entre 2014 y mayo de 2024, se contaron 1.846 niños, niñas y adolescentes en orfandad por esa causa. El 2022 hubo 269 huérfanos siendo el año con más casos.
Por región geográfica, en la Costa se encuentra el mayor número de niños en orfandad (1.177), seguida de la Sierra (508), la Amazonía (158) y la región Insular (3). De los 76 casos consultados, el 55% de menores se cambió de casa después del femicidio de su madre, pero permanece en la misma ciudad. Otro dato es que 21 de las 76 familias con menores huérfanos viven en Los Ríos, la provincia con el mayor número de ellos.
Una justicia lenta para las víctimas
“Hicieron la audiencia delante de mi nieto y se encontraba el femicida de su madre ahí en ese lugar. Él se sentía incómodo ante esta situación” es otro testimonio que aparece en el informe que afirma que, de las 76 familias consultadas, “muchas remarcaron la revictimización que viven dentro del sistema de protección y del sistema de justicia desde que ocurre el femicidio”.
“La sentencia existe, pero yo no tengo ni la tenencia de los niños. Quedé con una carga para luchar por mis nietos. Él está preso teniendo todos los privilegios y comida, yo vivo día a día para sostener a mis nietos. La sentencia no sirve porque eso solo está en papeles, en la vida diaria no sirve”, dijo otra familiar a esa investigación.
Mientras tanto, en la justicia, el informe señala que 42 casos tienen sentencia ejecutoriada (30 de ellos por femicidio) y siete están en apelación. En estos casos, tres tuvieron la sentencia máxima por este delito que es 36 años. El resto de los 27 están en distintas fases, pero ocho están cerrados por el suicido del femicida.
La Ley Orgánica de Acompañamiento y Reparación Transformadora e Integral a Hijas, Hijos, Madres, Padres y demás Familiares de Víctimas de Femicidio ordenó al Consejo de la Judicatura implemente un protocolo de ejecución de sentencias en casos de femicidio porque se trata de un delito grave.
Un bono que no llega a todos
El bono se calcula según el salario básico unificado y para este 2024 los montos que se pagaron fueron los siguientes: 135,65 dólares para un hijo o hija; 198,40 para dos hijos; y 249,46 para tres hijos. El informe recuerda que los colectivos de madres de víctimas de femicidios piden que se entregue al menos un salario básico por cada niño. “A duras penas tenemos el bono y ni eso alcanza. Es muy poco. Somos familia de extrema pobreza, no tenemos trabajo y tenemos a cargo a los niños y no nos alcanza”, dijo un familiar en mayo pasado. De las 76 familias del estudio, el 51% dijo que sí conoce sobre el bono, 37% dijo que no, el 11% no respondió y el 1% no ha escuchado.
Una revelación sobre este tema es que de los 1.842 hijos en orfandad registrados por la sociedad desde el 2014, 1.349 no estarían recibiendo el bono. Es decir, el Ministerio de Inclusión Económica (MIES) entre 2019 -cuando se creó esta ayuda- y 2024, entregó 497 bonos. En el último año, según este informe, el MIES dio 44 bonos, pero la sociedad civil identificó 82 niños.
Uno de los requisitos que solicita el MIES para entregar este beneficio son las cédulas del cuidador/a y de los niños. “Se encontraron casos en los que obtener la cédula de ciudadanía no era posible debido al precio (USD 15), pues se trataba de cuatro, cinco o seis hijos o hijas que requerían llevar a cabo el trámite”. Otra limitante es la apertura de la cuenta bancaria, pues las familias deben tener 20 dólares para obtenerla.
Una ley reciente
Desde el pasado 27 de junio, está vigente la Ley Orgánica de Acompañamiento y Reparación Transformadora e Integral a Hijas, Hijos, Madres, Padres y demás Familiares de Víctimas de Femicidio y Otras Muertes Violentas por Razones de Género. La norma regula el acompañamiento y derecho a la reparación integral de los familiares de estas víctimas.
La ley establece que el Estado proporcione acceso libre y gratuito a los servicios sociales de atención integral, como la asistencia preferente y prioritaria en atención médica general, psicológica y psiquiátrica. También dispone que el Ministerio de Educación y la Senescyt otorguen becas y ayudas económicas a hijos en situación de orfandad.
Asimismo, los proyectos de vivienda de interés social deberán priorizar a este sector. Además, la ley exige que este grupo acceda a préstamos con tasas de interés reducidas.
De igual manera, el Ministerio de Trabajo deberá diseñar políticas públicas para garantizar el acceso a un empleo a los familiares de las víctimas de femicidio. Para ello, en 90 días a partir de la vigencia de la ley, este ministerio debió generar un plan para asegurar la inserción laboral de los familiares dependientes de las víctimas hasta cuarto grado de consanguinidad.
La ley dispuso la construcción, en el plazo de un año, de un monumento dedicado a recordar a estas víctimas. También ordenó la creación de un departamento dentro de la Dinased conformado por personal especializado en violencia de género y atención a víctimas.
La Asamblea, de su parte, declaró el 27 de septiembre como un día nacional en memoria de las víctimas de femicidio y otras muertes violentas por razones de género. Esta disposición estaba en la ley.