Entre febrero y noviembre del 2021, se produjeron las cuatro peores masacres en los centros penitenciarios de Ecuador, que dejaron un total aproximado de 293 víctimas. Para explicar estos violentos eventos, las autoridades sostuvieron que fue el resultado de una pugna entre bandas por el control de las cárceles.
Pero, ahora, una investigación académica ha puesto en duda esa versión. En el estudio “Crimen Organizado y asesinatos masivos en los centros penitenciarios en Ecuador: caracterización de las víctimas de la Zona 8, 2021”, los autores Lorena Piedra, Leonardo Jaramillo y Mario Cueva buscan dar una respuesta más profunda sobre las causas y dinámicas que surgieron en el sistema penitenciario ecuatoriano.
Para estos investigadores, había un hueco en las explicaciones que dieron las autoridades y los consideraron insuficientes. “Si no sabemos efectivamente qué pasó en el 2021 y cuál fue la cadena causal que generó las masacres, no vamos a poder implementar medidas de política pública para combatir el problema que sigue latente”, dijo la experta Piedra en una entrevista con Plan V.
Su objetivo, dijo la investigadora, es explicar si estos actos respondieron a una gobernanza criminal o si se trató simplemente de una lucha entre bandas, como dijeron las autoridades.
Para ello, ha iniciado un trabajo de caracterización de las víctimas de los asesinatos masivos que se produjeron en el complejo penitenciario de Guayaquil, que contiene a la Penitenciaría y a la Regional, donde hubo el mayor número de asesinatos de internos.
En este punto, explicó que el fin de esta investigación es levantar, por cada víctima de esas masacres, su nivel de estudios y de ingresos, y lugar de nacimiento. También buscan establecer si esa persona privada de libertad tuvo una relación permanente con estructuras de delincuencia organizada.
Sobre este último tema, dijo que han encontrado únicamente 10 personas con estos perfiles, es decir con más de cinco procesos por delitos como asesinato, extorsión, ingreso de armas, etc. Esto permite ver que la persona hacía de la actividad delictiva su forma de vida, además de tener una posición jerárquica superior en comparación con otros perfiles.
Pero la gran mayoría de estas víctimas corresponden a personas que habían sido procesadas por delitos muy violentos, pero que no tenían una posición elevada en la organización criminal, sino que se dedicaban a la venta de droga y robo, detalló la catedrática.
Este es uno de los hallazgos más importantes de la investigación, pues los datos sugieren que en esas masacres no fueron victimadas personas importantes dentro de las estructuras criminales, sino internos considerados como ‘descartables’ en esas agrupaciones o que simplemente no integraban bandas.
Piedra recordó que, para la época, si el privado de libertad no aceptaba al momento de ingresar al centro penitenciario con la protección de una banda, era asesinado incluso el mismo día de su llegada a la cárcel.
Es de interés de estos investigadores también entender los liderazgos de estas estructuras delictivas porque en las cárceles de Guayaquil, a la fecha de las masacres, tenían la posibilidad de reemplazar una persona privada de libertad por un pago de entre 50.000 dólares y 100.000 dólares, dependiendo del perfil de la persona que requería un reemplazo.
Entre las víctimas también hallaron, en menor recurrencia, personas que no tenían sentencias, que ya tenían boletas de excarcelación o que estaban por obtener su libertad.
¿El Estado fortaleció las pandillas?
Esta investigación académica asegura, además, que “las políticas de encarcelamiento masivo han fortalecido a estructuras que en su momento fueron pandillas, pero han pasado a ser estructuras notablemente más poderosas que utilizan la violencia como una herramienta para consolidar su poder y negociar con el Estado”.
Piedra explicó que se basaron en los estudios de Benjamin Lessing, profesor asistente en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Chicago, sobre el efecto perjudicial que las pandillas causan en la autoridad del Estado dentro de las prisiones en todo el continente americano.
“Se les hizo el juego a las organizaciones criminales. No nos corresponde saber por qué se les hizo el juego o por qué se las fortaleció a través de una medida de una política pública. Porque es irónico la desconexión tan grande entre lo que está declarado en la Constitución como seguridad multidimensional o humana y los procesos completamente anti técnicos que construyeron mega cárceles y que aprobaron un Código Integral Penal tremendamente populista, que dice entre más años, menos delitos, cuando eso no te lleva a tener menos delitos”, sostuvo la experta.
En su opinión, desde hace una década, autoridades sin la noción de cómo funcionan las cárceles tomaron decisiones anti técnicas que han profundizado el problema y que han convertido a las cárceles en centros donde la rehabilitación es aún una deuda.
Este estudio también recalca los resultados del censo penitenciario que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) elaboró durante el 2022, donde se conoció que el 54,4% de las personas privada de libertad tiene un nivel de instrucción igual o inferior a la educación básica y que el 16,1% no tienen sentencia. “Las personas que terminan en una cárcel no terminaron la escuela o el colegio, no han sido afiliados al IESS ni han tenido acceso a un crédito”, enfatizó la investigadora.
Piedra contó que para este estudio se aliaron con el portal Mil Hojas, que obtuvo un detalle de las víctimas de esas masacres, datos que fueron entregados de manera oficial por el Ministerio del Interior en el 2022. Con esa información, el Observatorio de Derechos Humanos, de la Pontificia Universidad Católica (PUCE), lleva adelante la revisión de cada caso para conocer la situación de los privados de libertad que fueron asesinados. Hasta el momento han avanzado el 56% del total de víctimas, es decir 126 personas que lograron ser identificadas.
Comentó que la PUCE tiene un convenio con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) para el desarrollo de distintas investigaciones que ayuden a la formulación de políticas públicas en el sistema penitenciario. Asimismo, se aliaron con la Konrad Adenauer Stiftung (-KAS- por sus siglas en alemán) para generar un debate nacional sobre este tema para salir de los prejuicios y de los lugares comunes que dominan en la opinión pública. “No tiene que ver únicamente con conseguir armamento o mano dura, sino entender las verdaderas causas de la violencia que experimentamos ahora”, dijo Piedra en la entrevista.