Las reacciones contrarias al Acuerdo de Comercio Recíproco (ART, por sus siglas en inglés) firmado con Estados Unidos el 13 de marzo de 2026, en Washington D. C. han sido abundantes y diversas desde los sectores productivos, empresariales, comunitarios y de la pequeña y mediana industria. El gobierno nacional informó que el acuerdo libera el 53 % de las exportaciones no petroleras ecuatorianas (USD 2.786 millones en 2025) y abre el mercado ecuatoriano a importaciones agrícolas subsidiadas en ese país. La medida genera alertas en cadenas productivas vulnerables —maíz, porcicultura, avicultura y lácteos, por lo pronto— que advierten riesgos estructurales ante una competencia en condiciones asimétricas. El acuerdo impone al Ecuador 130 obligaciones para el comercio con Estados Unidos, mientras que la potencia tiene ocho obligaciones concretas para con el Ecuador.
Es el único acuerdo perfeccionado en más de dos años y medio de gobierno. Treinta viajes presidenciales después, si se observa con rigor el estado real de la política comercial ecuatoriana, el balance es claro: el único acuerdo comercial en firme y plenamente vigente, es el suscrito con Estados Unidos; el resto permanece en fases de negociación, anuncio político o construcción de marco institucional; además, el acuerdo se inscribe en una continuidad institucional, al profundizar el acuerdo de primera fase vigente desde 2021, más que constituir un punto de partida.
El acuerdo con Canadá, anunciado en febrero de 2025 tras varias rondas de negociación, aún no ha sido formalizado ni implementado. Paralelamente, se han ampliado mecanismos de cooperación económica y estratégica con Estados Unidos —especialmente en seguridad y logística— que, si bien refuerzan la relación bilateral, no configuran tratados comerciales. En el plano regional, no se registran nuevos acuerdos manteniéndose la inserción del país sobre marcos previamente establecidos.
Desde el sector agroproductivo, especialmente en el ámbito maicero y de insumos agrícolas, las objeciones expresan la preocupación de la base que alimenta toda la cadena pecuaria.
Las alertas no esperaron. El acuerdo con Estados Unidos contempla cupos anuales libres de arancel para 25.000 toneladas de maíz, 100 toneladas de carne de cerdo, 500 toneladas de carne de ave y 500 toneladas de lácteos, además de un cronograma de desgravación que en varios rubros llega a arancel cero en un máximo de cuatro años. Esa arquitectura beneficia a productores estadounidenses que operan con escalas mucho mayores, menores costos y sistemas de subsidios que Ecuador no puede igualar.
Desde el sector agroproductivo, especialmente en el ámbito maicero y de insumos agrícolas, las objeciones expresan la preocupación de la base que alimenta toda la cadena pecuaria. Allí está el eslabón más débil: productores de materias primas con altos costos internos y escasa capacidad para absorber choques de apertura. En ese marco, el precio del maíz se vuelve un dato crítico: en Ecuador ronda los USD 17,35 por quintal, mientras en Estados Unidos bordea los USD 8, casi la mitad. Esa brecha impacta directamente en porcicultura, avicultura y ganadería.
Las voces que provienen de distintos eslabones de la economía productiva no rechazan en bloque el comercio exterior; advierten, más bien, que sin políticas de Estado la apertura puede convertirse en un mecanismo de desplazamiento interno. Incluso desde sectores industriales que no prevén un golpe inmediato por cupos como el de 500 toneladas en lácteos, se reconocen riesgos a mediano plazo por la liberalización progresiva del mercado.
El acuerdo, según expertos, revela una asimetría estructural: mientras Ecuador abre su mercado, pequeños y medianos productores, agricultores, industriales y emprendedores nacionales quedan expuestos a competir con economías frente a las cuales no existen condiciones equivalentes. Sin compensaciones, crédito, protección selectiva e inversión pública productiva, la apertura puede profundizar dependencia y fragilidad en lugar de desarrollo.
El presidente Noboa ha dicho, luego de recibir las críticas, que este es un acuerdo que puede ser renegociado en agosto del presente año, si es que se ejecuta el texto acordado y pasa el filtro de la constitucionalidad de la Corte Constitucional.
Sobre el campo Sacha, la inquietud política es relevante, pero requiere precisión analítica en relación con el ART. En el texto oficial publicado por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) no se menciona de forma expresa este campo petrolero; lo que sí se establece es un marco general de apertura a la inversión en sectores estratégicos como energía y recursos naturales. Por tanto, la hipótesis de una concesión directa de Sacha no se encuentra explícitamente verificada en el contenido oficial del acuerdo, aunque sí se inscribe en un entorno normativo que podría facilitar procesos de delegación en el mediano plazo.