Durante los últimos años hemos visto repetirse una escena que debería incomodarnos como sociedad: pacientes con enfermedad renal crónica salen a las calles para reclamar que se garantice la continuidad de la atención en sus clínicas de diálisis.
Han protestado frente al Ministerio de Salud Pública y al IESS. Han marchado, bloqueado carreteras, acudido a la Asamblea Nacional y presentado acciones judiciales. Algunos lo hacen en sillas de ruedas; otros, acompañados por sus familiares. Todos tienen algo en común: necesitan diálisis varias veces por semana para mantenerse con vida.
De estas imágenes incómodas nace una pregunta: ¿por qué un paciente debe protestar para seguir viviendo?
Después de reconstruir los últimos años de la crisis de las dializadoras, la respuesta parece estar en un problema mucho más profundo: Ecuador ha tratado una necesidad sanitaria previsible como si fuera una emergencia permanente.
Una historia que no comenzó ayer
En 2020, cuando el país todavía enfrentaba los efectos más duros de la pandemia, los centros de diálisis denunciaban que el Ministerio de Salud acumulaba meses de pagos pendientes. La deuda superaba entonces los USD 250 millones, según las asociaciones de prestadores, y más de 13.000 pacientes dependían de estas unidades.
La situación llegó a las carreteras. Pacientes y trabajadores protestaron en Los Ríos por la falta de pagos e insumos. No era una protesta política en el sentido convencional. Era una protesta por la continuidad de un tratamiento.
En 2021, la historia volvió a aparecer en los periódicos: meses de deuda, dificultades para adquirir insumos, proveedores que restringían el crédito y pacientes que advertían que la falta de recursos podía afectar sus tratamientos.
En 2022, volvieron las protestas. En Guayaquil, pacientes y trabajadores de centros de diálisis cerraron parcialmente una avenida para exigir el pago de alrededor de USD 80 millones. Algunos pacientes denunciaban que habían pasado de tres sesiones semanales a una. Ese mismo año, el Ministerio de Salud comunicaba pagos por USD 239,6 millones entre junio de 2021 y noviembre de 2022 y anunciaba nuevos desembolsos.
El Estado pagaba, pero el problema no desaparecía. Ese detalle es importante, porque esta historia no se trata de un Estado que nunca paga. Es una historia de pagos que no consiguen impedir que la deuda vuelva a acumularse.
En 2023, las protestas continuaron. Los pacientes volvieron a las calles y denunciaron nuevos atrasos y escasez de insumos.
En 2024, el problema llegó con mayor fuerza a la Asamblea Nacional. El IESS informó que mantenía deudas con prestadores externos de diálisis que se remontaban a años anteriores y que el número de personas con enfermedad renal atendidas por el Seguro Social había aumentado considerablemente.
El Ministerio de Salud también reconoció obligaciones millonarias.
En septiembre de ese año, la Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea cuantificó la deuda del MSP con las dializadoras en USD 173,8 millones. Una parte estaba auditada y pendiente de asignación presupuestaria; otra permanecía en proceso de auditoría.
La Asamblea fue entonces explícita: la falta de pago podía afectar la disponibilidad y accesibilidad del derecho a la salud y exigió que se cancelaran las obligaciones pendientes.
El problema había dejado de ser solamente una disputa entre prestadores externos y financiadores públicos para convertirse en un problema de garantía de derechos.
La deuda cambia, la escena permanece
En 2025, los pacientes volvieron a reclamar. Hubo denuncias de reducción o suspensión de servicios, acciones judiciales y protestas frente al IESS. Los prestadores externos advertían que las deudas acumuladas dificultaban mantener el personal, los insumos y el abastecimiento. El Estado volvió a anunciar pagos.
Y así llegamos a 2026. La historia vuelve a aparecer en los titulares. En septiembre, varios medios de prensa escrita reportaron que algunas dializadoras acumulaban hasta 26 meses de pagos pendientes y que pacientes de Pichincha y Los Ríos denunciaban reducciones en las horas o sesiones de diálisis.
El IESS, por su parte, informó que había realizado importantes desembolsos a los prestadores externos. Entre diciembre de 2025 y agosto de 2026, según la propia institución, pagó USD 111,8 millones y redujo sus obligaciones reportadas de USD 248 millones a USD 136,2 millones.
Dos hechos son evidentes: el Estado paga y, aun así, mantiene una deuda que pone bajo presión la continuidad del servicio.
Ahí está la clave para entender el problema. Si después de años de pagos, acuerdos, auditorías y planes de contingencia, los pacientes continúan protestando por la continuidad de sus tratamientos, quizá estamos mirando el problema desde el lugar equivocado.
El problema deja de ser la liquidez y se convierte en un problema de planificación.
Lo que sabe el sistema de salud
La diálisis tiene una característica que la hace especialmente susceptible de planificación sanitaria: la demanda es objetivamente cuantificable. El país conoce cuántas personas requieren terapia de reemplazo renal. Conoce que la hemodiálisis implica tratamientos recurrentes. Conoce cuánto cuesta aproximadamente prestar el servicio. Conoce dónde están los pacientes y cuál es la capacidad de sus establecimientos públicos y privados.
La magnitud de los recursos necesarios para la atención puede dimensionarse con una operación sencilla. Si se toma como referencia el costo del paquete mensual de hemodiálisis, valorado en USD 1.456, y se multiplica por los 21.394 pacientes registrados en noviembre de 2022, el resultado supera los USD 31 millones mensuales. En un año, esa cifra equivaldría a cerca de USD 374 millones. Esta proyección ilustrativa nos permite visualizar la escala de recursos que exige la atención de esta población.
La enfermedad renal crónica no aparece de manera aislada. La diabetes, la hipertensión, el envejecimiento poblacional y otros factores de riesgo permiten anticipar parte de la demanda futura. Con una población estimada de 18,1 millones de habitantes y una tasa de incidencia de 206 casos por millón, Ecuador registraría alrededor de 3.726 nuevos pacientes al año que requieren tratamiento por insuficiencia renal crónica.
Con este sencillo ejercicio podemos dimensionar la magnitud de la atención que debe garantizar el sistema de salud y la necesidad de organizarla entre la red pública integral de salud y los prestadores externos.
Porque allí aparece la vulnerabilidad del modelo actual.
Una proporción importante de los pacientes depende de prestadores privados contratados por el Estado. Cuando esos prestadores pierden liquidez porque el Estado acumula obligaciones, la dificultad financiera de una institución termina trasladándose al servicio que recibe el paciente.
El paciente queda en medio de una relación contractual que no controla. No negocia el convenio. No fija la tarifa. No audita las facturas. No decide cuándo se libera el presupuesto. Pero necesita la sesión.
Por eso, la planificación sanitaria es fundamental para garantizar la atención oportuna de esta población.
Apagar incendios no es planificar
Durante años hemos visto prácticamente el mismo ciclo. La deuda se acumula, las clínicas advierten que no pueden sostener la operación, los pacientes protestan en las calles, la Asamblea fiscaliza, el Gobierno anuncia un pago, una parte de la deuda se cancela y el servicio continúa. Algún tiempo después, la historia vuelve a empezar.
Cada gobierno parece enfrentar el problema como una emergencia propia. Pero la enfermedad renal no cambia con el calendario electoral. Los pacientes tampoco. La necesidad de una sesión de diálisis el miércoles no depende de quién ocupa el Ministerio de Salud el martes.
La planificación sanitaria existe precisamente para evitar que necesidades conocidas tengan que resolverse permanentemente mediante respuestas de emergencia.
Planificar significa proyectar la demanda, dimensionar la capacidad instalada, calcular costos, asegurar financiamiento, organizar la red de servicios y establecer mecanismos de pago que permitan a los prestadores mantener la atención.
¿Por qué un paciente debe protestar para seguir viviendo?
Después de reconstruir esta historia, la respuesta parece estar en un sistema que ha conseguido administrar las crisis, pero que todavía tiene dificultades para anticiparlas. Los gobiernos y las autoridades pueden cambiar, al igual que la deuda y los mecanismos de pago.
Pero mientras la planificación sanitaria no consiga adelantarse a la demanda, la historia seguirá siendo la misma.
Los pacientes regresarán a las calles con un cartel que diga: «Tenemos derecho a vivir».