Las “5 R”
La lista de hechos que demuestran esta debacle institucional es interminable. Lo demuestra el presidente cuando, como si fuera fiscal, encabeza un allanamiento en una presunta trama de corrupción en CNE o afirma que el alcalde Aquiles Álvarez es un criminal y logra que se le encarcele, sin condena, en una cárcel de máxima seguridad; se toma la fiscalía y el Consejo de la Judicatura; consigue que el Consejo Electoral elimine a sus posibles oponentes políticos (Revolución Ciudadana, Unidad Popular y Movimiento Construye); controla la Asamblea Nacional, que ha abusado con la expedición de leyes económicas urgentes por iniciativa del Ejecutivo. En derechos, tenemos la ejecución a cuatro niños de las Malvinas, la desaparición de decenas de personas, el bombardeo a pescadores a manos de la fuerza pública; el colapso del sistema de salud; el hambre de más de dos millones de personas ecuatorianas; la persecución mediante el sistema de justicia a defensores y defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza; la estigmatización al movimiento indígena; el incumplimiento de la voluntad popular sobre el Yasuní y el Chocó Andino. Podría seguir con la lista para demostrar la debacle que estamos viviendo.
¿Qué nos puede orientar para salir de esta debacle?
Creo que la Constitución, que fue ratificada el 16 de noviembre del año 2025, sigue siendo un proyecto político válido. Tengo cinco razones, que las llamaré las “5 R”, que pueden orientar en este momento político.
Primera R: Reconocimiento
Lo que no se reconoce, no existe. En Ecuador históricamente se ha invisibilizado a muchos grupos humanos: personas indígenas, mujeres, niñas, homosexuales, transgéneros, discapacitadas, extranjeras, pobres… y hasta no humanas.
La Constitución de Montecristi reconoce como sujetos de derechos, con capacidad para participar y exigir sus derechos, a todas esas personas humanas y no humanas a través de varios mecanismos: la declaración de Estado plurinacional (artículo 1), la prohibición de discriminación (artículo 11.2), el reconocimiento de grupos prioritarios (capítulo tercero) y de la naturaleza como sujeto de derechos (artículos 10 y 71).
Segunda R: Representación
El reconocimiento sin representación en los espacios donde se toman decisiones que les puedan afectar, sería inútil. La representación no se logra sin democracia. La democracia es un mecanismo para tomar decisiones. Es lo opuesto a la autocracia, en la que una persona decide por otras, o la plutocracia, en la que gobiernan un grupo de personas ricas. La democracia actualmente está estrechamente ligada al mercado y al crimen organizado. Los partidos políticos, sus miembros, las firmas, las candidaturas, se compran y se venden al mejor postor. En más de un caso, además, se ha demostrado los estrechos vínculos entre campañas políticas y lavado de dinero, o la compra de autoridades de elección popular y hasta de servidores judiciales (casos Metástasis y Purga).
La Constitución de Montecristi promueve la democracia y la participación de muchas maneras. En primer lugar, reconoce los derechos de participación (capítulo quinto), que incluye la revocatoria del mandato a las autoridades de elección popular (artículo 61.6); establece tres formas de democracia: la representativa, a través de elecciones; la directa, mediante la posibilidad de consultas populares; la comunitaria, que se la hace fuera del Estado (artículo 95). Permite la participación de la ciudadanía sin tener representación popular mediante, por ejemplo, la silla vacía (artículo 101) y los presupuestos participativos (artículos 100.3 y 267.2). También promueve el derecho a la consulta como un derecho (artículo 61.4) en múltiples aspectos, cuando una decisión estatal podría vulnerar derechos: consulta prelegislativa (artículo 57.17), la consulta ambiental (artículo 398), la consulta popular (artículo 104), la consulta previa a pueblos indígenas (artículo 57.7).
Gracias a estos mecanismos, se han logrado frenar proyectos extractivos y proteger a las comunidades, pueblos y a la naturaleza, en lugares como Kinsakocha, el bosque Los Cedros, Intag. En otros casos, a pesar de haberse ganado consultas populares, el gobierno ha incumplido el mandato popular en casos como el del Yasuní, que el pueblo ordenó no explotar petróleo en el bloque 31, donde se están explotando más de 200 pozos petroleros y se está poniendo en riesgo la existencia de los pueblos indígenas en aislamiento Tagaeri y Taromenane.
Lo que no se reconoce, no existe. En Ecuador históricamente se ha invisibilizado a muchos grupos humanos: indígenas, mujeres, niñas, homosexuales, transgéneros, discapacitadas, extranjeras, pobres… y hasta no humanas.
Tercera R: Redistribución
No sirve de nada el reconocimiento y la representación se hace muy difícil si es que la mayoría de las personas están en situación de pobreza y se vulneran sus derechos al buen vivir (derechos económicos, sociales, culturales y ambientales). Este es el caso del Ecuador. En Ecuador la riqueza y el acceso a bienes y servicios se concentra en pocas manos. Es un privilegio tener salud, trabajo, educación y seguridad. En Ecuador, como en todo el mundo capitalista, la riqueza se concentra en pocas familias y empresas. Igual sucede con las tierras, las finanzas y con los bienes de producción. Fenómenos como la migración o el hambre tienen que ver con la concentración de riqueza y con la exclusión. El antídoto para resolver estos problemas es la redistribución de la riqueza.
La Constitución de Montecristi tiene una vocación redistribuidora. En un simple ejercicio para demostrar el grito de la constitución contra la exclusión, pongo la palabra igualdad en el buscador de palabras del documento y me aparecen 43 entradas, pongo la palabra equidad y me salen 35 menciones en el texto, igual sucede con inclusión, que se menciona 16 veces. Si a esto le sumamos el régimen del buen vivir y el régimen de desarrollo (títulos VI y VII), la redistribución es más potente en los mandatos constitucionales. Entre los objetivos del desarrollo y del buen vivir está el “construir un sistema económico justo, solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable” (artículo 276.2). También se promueve la soberanía alimentaria y economía social y solidaria (artículo 281). Si se tomara en serio la Constitución, menos concentración de riqueza y menos pobreza existiría en Ecuador.
Cuarta R: Restauración de la naturaleza
Pocos políticos lo hablan, pero el principal problema que afronta la humanidad y las personas que habitamos el Ecuador, se llama cambio climático. Este problema es más grave que la guerra a Irán, Ucrania o Palestina. Es más grave porque provoca más muertes, más personas refugiadas; afecta a todo el mundo sin distinción de personas o países ricos o pobres, y por un tiempo prolongado. Basta ver los incendios, las sequías, los huracanes, las olas de calor, las inundaciones, las extinciones masivas de especies animales y vegetales. El colapso climático pone en riesgo la supervivencia no solo de otras formas de vida sino de la especie humana misma. Aún si dejáramos de emitir dióxido de carbono, producido principalmente por la quema de combustible fósil (petróleo y gas), los efectos serán devastadores los próximos quinientos años. A pesar de la evidencia científica, los políticos y los ricos del planeta siguen apostando a depender de la explotación de petróleo, minerales y de la industria alimenticia basada en plaguicidas.
Uno de los antídotos para generar un pacto con la naturaleza y con la vida no humana, de la que depende el ser humano, es la revalorización de la naturaleza. La naturaleza es importante, es fundamental para cada segundo de nuestras vidas. No podemos vivir sin aire y el oxígeno lo producen las plantas; no podemos vivir sin agua y el agua lo producen los bosques, los páramos, los ríos y los mares; no podemos vivir sin alimento y el alimento nos vienen de las plantas y animales. Sin la naturaleza, podemos morir en minutos. Reconocer nuestra dependencia de la naturaleza, aprender a cuidarla y revalorizarla se la hace desde el derecho con la declaración de que la naturaleza es sujeto de derechos (artículo 71) y “celebrando a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia” (Preámbulo).
El reconocimiento como sujeto de derechos, que quiere decir que la naturaleza tiene que ser escuchada y que puede comparecer ante tribunales, ha permitido proteger bosques (los Cedros), ríos (Monjas, Aquepi, Machángara, Portoviejo), lagunas (Kinsacocha, San Pablo), montañas (Bombolí e Ilaló), animales (Mona Estrellita), ecosistemas (Manglares). Cuando se violan derechos, el Estado tiene la obligación de restaurar la naturaleza.
En Ecuador, en consonancia con la Constitución, en más de una ocasión se ha dicho por parte de los pueblos indígenas, comunidades y personas con conciencia ecológica que el agua, el páramo, los bosques y los ríos valen más para la vida de las personas que sacar oro, petróleo y minerales que enriquecen a pocas personas y provocan incuantificables daños ambientales.
Ecuador ha aportado con la institución jurídica más novedosa en el siglo XXI. Reconocer que la naturaleza es sujeto de derechos y hay que restaurarla es tan importante como haber reconocido, en el siglo XVIII, que la igualdad y la libertad son derechos y principios que hay que proteger.
La Constitución creó un sistema de garantías por el que todo el poder del Estado, cuando ejerce competencias, está atado a los derechos. Así, el poder legislativo solo podría expedir leyes para desarrollar derechos (garantías normativas, artículo 84).
Quinta R: Resistencia
La Constitución estableció todo un sistema para promover y garantizar derechos. Se sabía que en Ecuador, por la pobreza y la exclusión histórica, por los grandes negocios que giran alrededor de la explotación de la naturaleza como si fuera un recurso ilimitado, se tenía que reafirmar que los derechos son el norte que guía a todo poder. Por eso se dijo que es el más alto deber del Estado respetar y hacer respetar los derechos (artículos 9 y 3.1).
La Constitución creó un sistema de garantías por el que todo el poder del Estado, cuando ejerce competencias, está atado a los derechos. Así, el poder legislativo solo podría expedir leyes para desarrollar derechos (garantías normativas, artículo 84); el poder ejecutivo solo podría expedir políticas públicas e invertir para garantizar derechos (garantías de políticas públicas, artículo 85); y, cuando el legislativo o el ejecutivo no cumplen su rol de proteger derechos, el poder judicial tiene que reparar por los derechos violados cuando se demanda su vulneración (garantías jurisdiccionales, artículo 86). Y como un gran árbitro, para recontra asegurar que esos poderes ejercen sus competencias orientadas a garantizan derechos, está la Corte Constitucional, que podría sacar una tarjeta roja al ejecutivo, legislativo y judicial cuando vulneran derechos en sus actos administrativos, leyes o sentencias.
Sin embargo, puede suceder, como lo estamos viviendo en la coyuntura actual, que todo el Estado se confabula para aumentar su poder, para gobernar para sus intereses y para vulnerar derechos. En estos casos, la Constitución reconoció una garantía social, que no depende del Estado. Esa garantía se llama “derecho a la resistencia” (artículo 98):
“Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos.”
Estas 5 Rs siguen siendo un proyecto político por el que hay que apostar. El gran problema, el mayor problema de la Constitución no es que ha impedido gobernar o que tiene muchas garantias. No. Por ahí no está la cuestión. El mayor problema es que desde el año 2008, unos gobiernos más que otros, han violado e incumplido sistemáticamente la Constitución.
No quiero romantizar a la Constitución. Tiene defectos, que han sido diagnosticados y que merecen ser discutidos. Entre esos, la existencia, conformación y competencias del Consejo de Participación, el Consejo de la Judicatura, el Consejo y el Tribunal Electoral y el presidencialismo reforzado. Hay que discutir y también hay que reformar a la Constitución. El momento para las reformas no es en este período presidencial. El presidente ha hecho gala de su irrespeto a la Constitución, a la Corte Constitucional y a toda manifestación de ejercicio de derechos. Cualquier reforma que proponga el presidente hay que mirarla con sospecha. Ha ejercido su poder para acumularlo y para vulnerar derechos. No es el momento para promover cambios. Los haría, sin duda alguna, para acumular más poder y para restar derechos a las personas y los pueblos.
La Constitución, con sus 5 Rs, propone una transformación de la economía, la política, la sociedad, la relación con la naturaleza, que podría mejorar la vida de todas las personas que habitamos en el Ecuador. Es, sin duda, una alternativa a todo el autoritarismo que estamos viviendo. Mi apuesta es a recuperar el rumbo del país comenzado por el respeto a la Constitución y por la garantía de los derechos que ella reconoce.