Tiene que ver mucho más de lo que imaginamos: Nuestros alimentos están vínculados con la tierra, el agua, las semillas, quienes los producen.
Al ritmo de “queremos chochos, queremos maíz, transnacionales fuera del país”, se alzaron las luchas campesinas e indígenas que resistieron el avance de las políticas neoliberales agrícolas y construyeron desde sus territorios una agenda para afirmar la soberanía alimentaria en Ecuador.
Esta propuesta enfrenta el modelo alimentario agroindustrial, basado en el monocultivo y la dependencia de agroquímicos, porque ha convertido la agricultura en una de las actividades más destructivas y desiguales del planeta. Cada año se inyectan a la biósfera más de 5,2 billones de libras de plaguicidas y 186 millones de toneladas de fertilizantes químicos. Ha provocado, además, la pérdida del 70 % de la diversidad genética de plantas, consume el 70 % del agua dulce global y causa la deforestación del 69 % de los bosques tropicales. Además, es energéticamente ineficiente: utiliza entre 15 y 20 calorías de energía fósil para producir una sola caloría alimentaria, contribuye con el 23 % de las emisiones de gases de efecto invernadero, ocupa el 70 % de las tierras cultivables y genera apenas el 30 % de los alimentos que llegan a nuestras mesas.
Su expansión ha desplazado comunidades, profundizado la precarización de la vida rural. La agricultura, transformada en una fábrica tóxica, es hoy una de las principales causas de intoxicación en el mundo: los plaguicidas matan a unas 200 000 personas cada año, dejando además residuos en el agua y los alimentos que consumimos. El resultado es una crisis alimentaria silenciosa que combina desnutrición, obesidad y enfermedades crónicas.
La soberanía alimentaria se presenta como una alternativa frente al modelo de monocultivo que enferma a las personas y destruye la base de la vida. Defiende el papel central de la agricultura campesina, su autonomía y el derecho a decidir qué y cómo producir. Para ello, exige el acceso y control sobre la tierra, el agua y las semillas, y se sustenta en la agroecología como base técnica y política para alcanzar autonomía productiva. Recupera el alimento como un derecho humano, promueve la cultura alimentaria y la organización social, estableciendo principios claros en defensa de la agricultura campesina y el papel activo del Estado en la asignación de recursos y en la realización efectiva del derecho a la alimentación.
Nuestra Constitución reconoce, en su artículo 281, y en varios artículos conexos, la soberanía alimentaria como objetivo estratégico del Estado, y además garantiza el derecho a la alimentación. Este marco constitucional impulsa modelos ecológicos de producción, protege nuestras semillas y los conocimientos ancestrales frente a la propiedad intelectual, promueve circuitos cortos de comercialización, prohíbe los organismos genéticamente modificados, prioriza el uso del agua y de la tierra para la alimentación, y reivindica a quienes sostienen la vida: las y los agricultores, guardianes de los territorios y de nuestra alimentación.
Conseguir esto fue el trabajo organizado de muchas personas y colectivos, hay una larga historia documentada de resistencia y propuestas. Si verdaderamente nos importa qué comeremos mañana, debemos defender lo que alcanzamos en 2008: una Constitución que no solo habla de derechos abstractos, sino que define cómo se produce y quién produce nuestra alimentación. Defenderla es defender tu derecho a elegir lo que comes, a apostar por un futuro con alimentos sanos, ecosistemas vivos y un sector campesino fuerte y digno.