Al mediodía del jueves 10 de julio, la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, pidió la renuncia al director de la Agencia de Regulación y Control Minero, ARCOM, Crnel (sp.) del Ejército, Patricio Bonilla. Los motivos no fueron explicados por el militar a sus directores y coordinadores, cuando les anunció esta novedad. Solo pidió que cada uno de los funcionaros y funcionarias entregue su informe de labores respectivo. Entre los cuales hay coroneles en servicio pasivo a cargo de departamentos estratégicos, como el control minero y la planificación. Plan V pudo conocer que el cesado director se habría negado a cumplir una disposición superior en el área de su responsabilidad. Hay cosas que mi honor militar me impide hacer, habría dicho, según una fuente de la entidad que pidió anonimato.
El coronel Bonilla ya sirvió en la entidad de control unos ocho meses durante el gobierno de Guillermo Lasso. Sin embargo, salió antes de la finalización de ese gobierno, tras lo cual el control minero estatal fue transformado en su estructura institucional. Bonilla fue llamado nuevamente a dirigir la nueva ARCOM durante el gobierno de Daniel Noboa, cuando estaba en su periodo presidencial de transición hasta la fecha, también unos ocho meses.
El cambio en la cabeza de la ARCOM es sensible a las puertas de la reapertura del catastro minero y en la administración de los aproximadamente 220 millones de dólares anuales que generaría la llamada tasa minera, impuesta por ley, que ha sido cuestionada por los actores formales de la industria minera, instrumento sobre el que pesa. Según la administración saliente, las acciones de fortalecimiento institucional con el uso de ese dinero han quedado ya trazadas.
La ARCOM es pieza esencial del Estado en la lucha contra el azote de la minería criminal, que es la mayor fuente de lavado de dinero del narcotráfico y otros delitos, a través de exportaciones irregulares de oro como lo ha develado este portal, además que financia la compra de armas. La minería es considerada una amenaza a la seguridad del Estado, según resolución del Consejo de Seguridad.