Es saludable que una autoridad del Estado confirme de manera oficial lo que era un secreto a voces. De ese modo deja de ser un simple rumor, o un comentario de los mentideros políticos, para transformarse en una noticia pública.
El fiscal subrogante Wilson Toainga acaba de declarar en la Asamblea Nacional que prácticamente todas las instituciones del Estado están contaminadas por la corrupción. Nada que todos los ecuatorianos no supiéramos. El fiscal únicamente omitió señalar que esas instituciones también están penetradas por el narcotráfico y el crimen organizado, un factor que no solo potencia la corrupción, sino que lumpeniza la administración pública. La fuga de alias Fede de la Penitenciaría del Litoral no hace más que ratificar esta condición de podredumbre generalizada.
Desde distintas posiciones se venía advirtiendo del sostenido proceso de degradación de la administración pública. Cada escándalo que estallaba, o cada caso que se destapaba en el ámbito judicial, confirmaban ese ménage-à-trois entre delincuencia, corrupción y política. No obstante, queda la impresión de que los engranajes de este perverso mecanismo están diseñados de tal manera que resulta imposible desmotarlo. Parece una maquinaria de ciencia ficción, un anticipo de la inteligencia artificial consagrado al crimen, una monstruosa creación humana que ya consiguió su autonomía. Porque hasta ahora, ningún gobierno se ha propuesto seriamente tomar al toro por los cuernos.
Es esa combinación de indolencia e ineptitud la que levanta la sospecha de que las élites de este país son las menos interesadas en salir del atolladero de la corrupción. O, al menos, en salir del todo, como si en la batahola de la crisis institucional pudieran moverse con ciertas ventajas. Los contratos fraudulentos con el Estado, la evasión sistemática de impuesto o el lavado de activos son una fuente importante de ingresos.
Ahora, esas mismas élites han dado el salto del terreno de los negocios al predio de la corrupción electoral. Volver al método D’Hont para la asignación de los cargos de representación popular no solo es un atentado contra la ética pública, sino una abierta demolición de la democracia. La decisión elimina derechos con la misma desfachatez con la que niega la diversidad política. El viejo sueño del bipartidismo hegemónico sigue rondando la cabeza de esas élites.
En la práctica, los grupos de poder se han esmerado en proyectar la imagen de que el antagonismo central de nuestra política se reduce a la confrontación electoral entre la derecha convencional y el correísmo. Es más sencillo acordar entre dos fuerzas estelares que negociar con innumerables actores secundarios. Y el principal objetivo tiene connotaciones estratégicas: bloquear cualquier posibilidad de un proyecto alternativo, particularmente de izquierda.
Los insumos de este pacto espurio estaban presentes para cualquiera que quisiera hurgar en las estructuras del poder real. La diferencia, hoy, es que con el último pacto legislativo entre ADN y RC se acaban de evidenciar. Ya son oficiales. Como la declaración del fiscal Toainga a propósito del cáncer de la corrupción.
Junio 25, 2025