El penalista Hugo Espín, abogado de Verónica Saráuz, viuda de Fernando Villavicencio, pasa revista a las falencias, vacíos y omisiones de la investigación fiscal del asesinato del candidato presidencial, legislador y periodista, ocurrido el 9 de agosto del 2023. Va a cumplirse dos años en pocas semanas y Espín considera que la gran deuda de la fiscal general Diana Salazar ha sido en el Caso Villavicencio. La deuda es con la sociedad ecuatoriana, dice Espín. Aunque ha dejado de ser procurador judicial de la señora Saráuz, el penalista examina paso a paso cómo el ministerio público y la Policía Nacional han mantenido el manto de impunidad sobre este crimen que cambió la historia del país, pero que es la más grande investigación fallida, por ahora.
¿Cuáles serían las omisiones en las que ha incurrido la Fiscalía en cuando a la investigación del asesinato de Fernando Villavicencio?
Creo que hay que empezar entendiendo cómo se dieron los hechos desde el 9 de agosto del 2023 y frente a estos cuáles han sido las falencias más evidentes de la Fiscalía. La primera: se produce un magnicidio público, en medio de un mitin político, y en un incidente bastante turbio se lleva detenido al supuesto tirador, herido gravemente, directamente a la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía, no a un hospital. Muere en Flagrancia y a él se le atribuye el arma que mató a Villavicencio, el teléfono y que él disparó, y digo atribuye porque nunca hubo una pericia directa en la que se evidencia que él disparó. Nunca hubo una pericia de cotejamiento del arma, es decir que se demuestre que el arma que participó en este evento estuvo o no en otros eventos. El militar, que supuestamente detuvo al tirador, a la hora del interrogatorio fiscal dijo que no le detuvo sino que apoyó a elementos policiales a detenerlo. Entregó un teléfono, supuestamente del tirador, pero luego resulta que ese teléfono que entregó el militar a un policía había sido entregado, a su vez, al militar por una persona que pasó por el sitio y lo recogió del piso. Entonces, el teléfono que supuestamente tenía cargadas las imágenes, que luego fueron periciadas, tampoco estaba en posesión del tirador. Y finalmente, a la persona que tenía una posición relevante en el proceso investigativo se le dejó morir en Flagrancia, sin atención médica, que es el tipo que supuestamente disparó contra Villavicencio y que recibió un disparo de un policía una vez ejecutado el crimen.
¿Cuál es aquí el tema de fondo?
El tema de fondo es, ¿por qué teniendo en las manos un hecho tan evidente y grave, el fiscal de Fragancias no ordenó el aseguramiento de todas las cámaras, de las personas, la toma de versiones de la persona que trasladó al tirador, no ordenó atención médica inmediata? No hay un solo procedimiento sobre esta personas que actuaron alrededor del tirador: ¿quién fue el que recogió el teléfono?, ¿cuál fue la trazabilidad del teléfono? No hubo tal, sino que se da por hecho que ese teléfono era del tirador. Nunca se supo dónde se compró el teléfono, cómo se compró, dónde fue activado.
¿Por qué es esto relevante?
Porque si yo armo un escenario diferente al que se está presentando, y se hace una investigación técnica, lo primer que debo anclar es la responsabilidad del acto, a quién se le atribuye dependiendo de los indicios que se recaban en el lugar y no de una prueba que puede estar contaminada en todas sus etapas. Luego de que se produjo el evento, no hubo aseguramiento de la zona, porque es de alto tráfico, pero después de que se hizo la detonación controlada de una granada que estaba en el lugar del atentado (sin ningún tipo de pericia, de control de la Fiscalía ni levantamiento adecuado ni trazabilidad) se fueron y al día siguiente toda la escena del crimen estaba modificada. No hubo levantamiento de indicios o barrido para buscar casquillos o vainas percutidas y demás, pese a que en ese lugar del medio centenar de policías que se encontraban muchos hicieron uso de sus armas. Nos es que hubo un solo disparo, hubo muchos, pero Villavicencio muere con un tiro, y uno de los policías que dio su versión dentro del proceso dijo que vació su alimentadora ¿a quién? Él mismo no supo decirlo. El jefe de la seguridad de Villavicencio dijo también que disparó por múltiples ocasiones, entre diez o doce disparos ¿a qué? ¿Y por qué no se levantaron esos indicios balísticos?
Se evidencia cuando no se hace la reconstrucción de los hechos, la prueba madre de un crimen de sangre, y no se hace el informe de trayectorias balísticas.
En el informe de inspección ocular inmediato se dice que se recogieron esos indicios balísticos y hay fotografías.
Por supuesto, más de 70 indicios balísticos. Pero tiene que haberse hecho las pericias de todas las armas, y si tienes más de 70 indicios ¿a qué le disparaste? ¿Cuál era el objetivo? Nunca se hizo una pericia sobre esto. Y se evidencia cuando no se hace la reconstrucción de los hechos, prueba madre de un crimen de sangre, y no se hace el informe de trayectorias balísticas, es decir, el peritaje con el que se podía determinar posición del tirador, el disparo, la angulación, el número de disparos, es decir las verificaciones… La camioneta (donde mataron a Fernando Villavicencio) fue a un patio, no tuvo cadena de custodia para hacer las posteriores verificaciones; se quedaron con los primera inspección ocular técnica, nunca se recuperó la ojiva disparada contra Fernando Villavicencio y entregaron el otro teléfono, que se le quitó a Villavicencio en la Clínica de la Mujer, a un familiar, luego a una tercera persona, cuando este ya era parte de la escena de un delito. Y más allá de que hubiera sobrevivido o no ya había un delito, le dispararon en la cabeza y el teléfono debió entrar inmediatamente en cadena de custodia. No había razón alguna para que la policía entregue ese teléfono, que además fue causa de polémicas posteriores. Ahí ya hubo una ruptura de la cadena de custodia.
En el proceso contra los autores materiales de la muerte de Fernando, se dijo que la Policía siguió una ruta técnica para llagar hasta donde los otros seis sicarios que habían participado, o a los que se les acusaba de haber participado en este evento. Pero hay un tema de fondo: cuando se le interroga al policía que hizo el allanamiento y la detención, él dice que ellos no siguieron la ruta técnica porque no hubo tal: ellos fueron directamente al lugar donde los encontraron porque una señora les dijo que paren e intervenga en esa casa porque ahí había un grupo de colombianos que habían entrado pocos minutos después del asesinato de Fernando Villavicencio.
¿Qué es una ruta técnica?
Es cuando se produce un evento y se hace un seguimiento de todas las cámaras y de todos los indicios que permiten ver cómo se movilizó un blanco de A a B, además no se movilizaron en un solo vehículo sino en varios. Porque los presuntos autores estaban dispersos, y que estas personas que fueron detenidas, bajo la custodia del Estado hayan sido ejecutadas en dos centros de rehabilitación el mismo día a la misma hora. Esto implica que hay graves incongruencias en el proceso de investigación.
¿Se pidió cambio de fiscal?
Se pidió, pero la Fiscalía General dijo que la fiscal que estaba a cargo era una excelente fiscal con larga trayectoria en temas de delincuencia organizada. Pero ella era una fiscal de lavado de activos, y ella estaba en el tema porque la Policía estaba investigando un caso que se llamaba Acrópolis y todos los supuestos sicarios estaban vinculados al caso Acrópolis y no al caso Villavicencio.
Este caso estaba muy mal llevado, mal estructurado, no se hicieron pericias básicas, hay grandes incoherencias en las versiones de los mismos oficiales de la Policía.
¿Y cuál era el caso Acrópolis?
Era un caso de microtráfico donde una de las personas involucradas en este caso estaba de sospechosa de una muerta violenta en el sur de Quito. Esto es lo que les hizo presumir que este grupo, a los que llamaron Los invisibles, llegaron a Quito para ejecutar varias muertes por encargo. Por eso ingresaron por la frontera norte, se hizo una casa de seguridad, se les entregaron armas, teléfono y dinero, les dieron alimentación… Y por eso una de las procesadas está hoy sentenciada, por haber facilitado los medios logísticos, como autora mediata.
Este caso estaba muy mal llevado, mal estructurado, no se hicieron pericias básicas, hay grandes incoherencias en las versiones de los mismos oficiales de la Policía. Unos dijeron que siguieron esta ruta técnica, otro dijo que llegaron inmediatamente a la casa de los sicarios porque había información previa de que esta gente había participado en hechos violentos anteriormente; este mismo oficial dijo que los seis sicarios había sido detenidos el 26 de julio del 2023, fueron judicializados y les dieron medidas alternativas a la prisión. Y fueron directamente contra ellos porque había la presunción de que iban a cometer un crimen de mayor envergadura.
¿Y por qué les dieron medidas alternativas? Tal vez si los metían presos probablemente no llegaban a matar a Villavicencio…
Esa fue una decisión del juez, porque se les detuvo vinculándolos a un caso de muerte violenta. Cuando se da todo esto, queda sobre el tapete, y eso es lo que Verónica Saráuz reclamaba: que había graves incongruencias en el proceso de investigación, y que estas llevaban a la preocupación de que no se estaba actuando contra los verdaderos responsables del hecho y la Fiscalía salió inmediatamente con una respuesta y el día de la audiencia la doctora Salazar nos dijo que dejemos de presionar tanto a la fiscal, porque el caso se puede caer. Y eso nos llamó la atención, porque uno busca la verdad y no que se pierda o se gane un caso. Poco tiempo después la fiscal anunció que el caso se había dividido, por la naturaleza del evento y porque en el último momento había aparecido un testigo clave que había dado nuevos indicios, y con ello permitieron la vinculación y luego detención de más vinculados a este caso, entre ellos el autor mediato, Angulo, alias Invisible, que según la Fiscalía había planificado el crimen dentro de la cárcel. Esto según el testigo protegido que luego fue sacado del país. Cuando esto se produjo ya había incoherencias entre quienes estaban detenidos y su vinculación, es decir cómo fue ejecutado el delito. Si es que ellos realmente fueron los que ejecutaron el delito. Sobre las armas y municiones que se encontraron, resultaba en un absurdo, porque a ellos se les detiene en una casa y las armas estaban en un vehículo estacionado frente a la casa, y el auto no era propiedad de ninguno de los que fueron detenidos, entonces ¿cómo relacionamos el vehículo a estas personas? El testimonio de uno de los policías señaló que uno de ellos voluntariamente dijo que ese vehículo les pertenecía. Son cosas demasiado armadas como para que las cosas no tengan claridad. A esto se suma que pocos días antes de que la Dra. Salazar salga del cargo se trata de hacer una nueva línea de investigación y se dice que los verdaderos autores intelectuales del delito ya no habrían sido aquellos a los que se sentenció, sino que eran supuestamente José Serrano, Jorge Glas, Ronny Aleaga y Jordán. Y esto rompe totalmente la teoría del caso inicial de la Fiscalía. Y con eso se dejó abierta una puerta para que se plantee una apelación, incluso una caída del caso, porque se está rompiendo la segunda vinculación de los autores, rompe con la teoría del caso de la sentencia de los primeros procesados.
La primera sentencia encuentra culpables a los que dieron la logística (los ejecutores fueron asesinados en la cárcel), ¿cómo se les vinculó con Angulo?
Lo que se dijo es que hubo varias llamadas telefónicas desde adentro de la cárcel que tuvieron relación con estas personas, especialmente con una mujer que habría hecho los acuerdos de movilización de la banda a cambio de dinero por la casa de seguridad y los vehículos. Pero una vez más, había muchos huecos en el proceso. De hecho, ahora que se va a hacer la apelación, seguramente saltarán nuevos elementos y la Fiscalía tratará seguramente de empatar la teoría del caso uno con la autoría intelectual que aparece después en la que se sostiene que otras personas generaron el contrato de un millón de dólares y del cual se ejecutó el 50%.
¿Y qué pasó con los chats del Caso Metástasis, en donde personajes como Leandro Norero, el narcotraficante también asesinado dentro de la cárcel, y otros hablan de callar a Villavicencio?
De hecho, la Fiscalía negó a las víctimas el acceso de la investigación. Y poco tiempo después de habernos negado por tres ocasiones el acceso al número del expediente de los autores intelectuales, sale publicado el impulso fiscal de la vinculación (a Glas, Serrano, Jordán, Aleaga) en redes sociales. Entonces nos decíamos: se nos negó acceso como víctimas, con negativo de la fiscal general, del fiscal subrogante, pero se da una filtración que evidentemente salió de Fiscalía, porque las partes procesales no teníamos acceso al caso. Nunca se nos permitió revisar una coma de ese expediente, ni siquiera entrar al despacho de la fiscal Hidalgo, entonces ¿cómo se filtró este testimonio de la Fiscalía? Porque salió de Fiscalía.
Yo no creo que hay una investigación técnica y seria en el caso Villavicencio, nunca se dijo cuál fue la participación en la indagación de la famosa cooperación penal internacional, peor aún la cooperación del FBI.
¿Qué sentido tiene que se haya dado esta filtración desde la Fiscalía?
Creo que, primero, tratar de generar ruido en torno a quienes tenían una posición en contra de la fiscal por el caso de Metástasis; yo no creo que hay una investigación técnica ni seria en el caso Villavicencio, nunca se dijo cuál fue la participación en la indagación de la famosa cooperación penal internacional, peor aún la cooperación del FBI para la explotación del teléfono de Fernando para obtener información valiosa, porque ni el teléfono estaba en cadena de custodia ni se ha dado pericia en que haya intervenido algún oficial del FBI, no se usó ninguna asistencia penal como modo probatorio. Entonces quedó en tela de duda de si efectivamente hubo esta colaboración o cuál fue su alcance.
En torno a la explotación del contenido del teléfono aparecieron los supuestos chats de Villavicencio en manos de terceros, mientras que la fiscalía salió a negar la veracidad de los mismos, asegurando que los “reales” estaban en cadena de custodia, pero ya se sembró la duda.
De acuerdo a lo que dijo la Fiscalía, el teléfono estaba en cadena de custodia en Fiscalía. Si es así ¿por qué no se ha hecho la explotación del contenido hasta ahora? Se dijo que por falta de fondos.
La Fiscalía dijo que el teléfono estuvo en manos del FBI y que se lo habían enviado…
Solo el teléfono, porque nunca se hizo la extracción digital del contenido del teléfono. Sin embargo, ya circulaba en redes lo que supuestamente eran los chats del teléfono de Fernando. No los videos, no las fotos, no los audios, no los correos, no los documentos, solamente los chats y algunos de ellos modificados que en unos casos no correspondían a la realidad y en otros eran reconocidos como verdaderos por personas en ellos mencionadas. Cuando me consultó La Posta en una entrevista sobre este tema mencioné que no había, bajo ningún concepto, la posibilidad de pronunciarse sobre la veracidad o falsedad de esto, pero fue un acto ilícito la forma en que estos chats fueron dispersos y cómo se accedió a estos, si fue verdad que se accedió. El mismo Christian Zurita que entregó el teléfono en EE.UU. y luego apareció un tercer personaje que dijo que hackeó el contenido del teléfono; es una serie de cosas que hacen que el teléfono sea ya una prueba alterada. Hace diez años, hablar de una alteración digital sonaba difícil. Pero ahora vemos noticias falsas con videos nítidos, como en el caso Macron, voces que han sido alteradas como le pasó al ministro de Gobierno luego de una entrevista en televisión y cuyo contenido se alteró con inteligencia artificial. Hay una serie de eventos que hacen de ese teléfono una prueba viciada.
Ahora, por qué en el un evento, con los 30 días que tuvo la Fiscalía para hacer las experticias mal hechas que se hicieron para la primera sentencia, pero se hicieron, en el segundo evento han trascurrido más de 12 meses y no se ha podido hacer la formulación de cargos. ¿Qué pasó?, ¿por qué se suspendieron todas las investigaciones? Ya no tienen más elementos, no se han sumado más situaciones; si ya no tenían más, desestime la investigación o continue con nuevos elementos, ¿por qué se estancó la investigación de Villavicencio? Se logró una sentencia y hasta ahí llegamos.
¿A cuál formulación de cargos se refiere?
A la del caso de los autores intelectuales del asesinato de Fernando. Si los van a vincular a un expediente, si se tiene toda la información. Porque toda esta investigación no se extrajo luego de la sentencia del Caso Metástasis, ya la tenía la Fiscalía, y estaba periciada y bajo cadena de custodia, ¿por qué no se explotó la información y se continuó con el caso? Realmente creo que en el caso Villavicencio la deuda de la fiscal general —que puede haber tenido muchísimos aciertos en otros casos— es muy grande, una deuda con la sociedad ecuatoriana. Porque no solamente es la muerte de un político, que era opositor de la delincuencia y las mafias detrás del mundo político, y de un gobierno; sino que además era un candidato presidencial que por decir sus verdades, por haber expresado libremente su posición, por haber denunciado abiertamente la corrupción fue vilmente asesinado. Y se ha generado un halo de impunidad absoluta en torno a su muerte. En toda la investigación hay más dudas que certezas. Si uno hace un desglose de cada una de las etapas que fueron evidenciadas en la audiencia de juzgamiento, realmente la investigación que se llevó es desastrosa.
¿Cuál debiera ser el camino correcto en esta investigación, ahora que hay un nuevo fiscal o un fiscal general reemplazante?
Yo no creo que tengamos un nuevo fiscal. Hemos tenido el mismo fiscal general subrogante seis años, solo que a veces aparecía la titular. El Dr. Wilson Toainga ha estado al frente de muchos de los casos incónicos, la doctora Salazar estuvo en algunas de las audiencias, pero las investigaciones estuvieron a cargo de los equipos de trabajo para los diferentes casos. En el caso Villavicencio, no creo que se camine muy lejos. Al menos con el ritmo de la fiscal Hidalgo. Se abrió una investigación por ejecución extrajudicial por la muerte del supuesto sicario de Villavicencio, que murió en Flagrancia. Caso dos años más tarde sigue en investigación. Murió al frente de todo el mundo, se sabe quién le disparó, pero la investigación sigue ahí. Aún no se ha dado la primera ronda de versiones en casi dos años.
¿Y en el caso del asesinato en la cárcel de los supuesto sicarios de Fernando?
Hasta ahora no hay un responsable. Vamos a cumplir dos años de esto, fue una ejecución extrajudicial, de personas bajo custodia del Estado, para acallar voces dentro de un tema que podía ser muy peliagudo para establecer quién financió la operación criminal, cómo llegaron a Quito; su origen estaba determinado, pero todos fueron asesinados cuando estaban en manos del Estado. No hay un solo responsable por esto, no hay un solo procesado, ni siquiera y menos los directores de las cárceles donde fueron ejecutados. La Fiscalía ha sido tan negligente en este caso, que solo genera dudas. Yo veo estudiantes de Derecho que pueden hacer una matriz de investigación mucho más clara que la que tenemos en este momento en Fiscalía, con todo y asistencia del FBI, con asistencia penal, conformando equipos específicos, asignando recursos del Estado —y esto debe investigar la Contraloría— para una investigación fallida, porque definitivamente esta es una investigación fallida.
¿Tampoco se ha investigado el papel de la custodia policial de Fernando Villavicencio?
Esta es una historia que solo puede ocurrir en el Ecuador. El jefe de seguridad de Fernando Villavicencio, el capitán Christian R. entró en conflicto directo con el mano institucional luego de la muerte de Fernando. Le pusieron un sumario administrativo, que ganó. Se le murió el protegido pero ganó el sumario administrativo. Se declaró en un estado de estrés extremo y empezó a trabajar sin arma, pero seguía en la Dirección de Protección, DIMPRO. Quedó encargado de jefe de capacitación de la DIMPRO: Esta dirección protege la vida de funcionarios, actores políticos y de personas bajo el sistema de protección de víctimas y testigos. No hubo un responsable en la parte administrativa, no hubo sanción, y al único que se le persiguió y se le dio de baja, algo más que evidente, fue al capitán Andrés Proaño, que era jefe de seguridad de Verónica Saráuz. Después de un conato de atentado en contra de la señora Saráuz él logró la detención de los perpetradores, y fueron sentenciados por tentativa de asesinato y luego de una secuencia de incidentes turbios, de partes forjados dentro de la propia DIMPRO se le hizo dos sumarios y se le dio la baja. A partir de eso, en la Policía no hubo un solo responsable por lo que le pasó a Fernando Villavicencio.
La cápsula de seguridad era un desastre. Estaba liderada por un oficial que era más amigo del protegido que técnico. No era miembro de una unidad especial, no tuvo un programa de capacitación específico…
¿Cuáles fueron los principales cuestionamientos a la cápsula de seguridad de Villavicencio?
Primero, la cápsula de seguridad era un desastre. Estaba conformada por un oficial, que era más amigo del protegido que técnico para lo que estaba haciendo. No era miembro de ninguna unidad especial, no tuvo un programa de capacitación específico, y estaba a cargo de Villavicencio, un legislador de la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, con un nivel de riesgo del 98%, es decir casi seguro que le podían matar —y de hecho lo mataron— y el oficial no tenía ni el conocimiento técnico para la defensa, era más un acompañante de Fernando que un protector. Su equipo estaba destartalado, habían pedido tener movilización segura; además, como candidato presidencial tenía mítines en diferentes lugares, pero andaba en una camioneta sin blindaje, no tenía condiciones mínimas de seguridad para un candidato de ese nivel de riesgo, pidieron armas largas que recién llegaron un día después del asesinato. Nunca se hicieron círculos perimétricos de seguridad, nunca intervino la Dirección de Inteligencia para hacer las verificaciones del área donde se llevaba adelante un mítin; en el mismo juicio se dijo que horas antes del mítin en el colegio Ánderson, policías hicieron verificaciones de los que luego asesinarían a Fernando, lo hicieron en diferentes lugares. Entonces ¿qué pasó con inteligencia policial? La cápsula de seguridad de Villavicencio no podía estar relajada, tenía el máximo nivel de riesgo, tuvo un atentado previo, se dieron una serie de incidentes anteriores, había muchas amenazas, se enfrentaba constantemente contra las mafias, las denunciaba, presentó una denuncia en Fiscalía General contra cinco asambleístas que, dijo, lo habían amenazado de muerte; había una serie de elementos como para que la Policía ponga la acuciosidad del caso, pero nunca ocurrió. Después del asesinato se formó una sala de crisis, que no analizó nada, porque el daño ya estaba hecho. Hubo muchas falencias de la Policía, antes, durante y después del evento. Cincuenta policías y nadie pudo poner una posición intermedia entre un probable sicario y el protegido, nadie aseguró el vehículo donde se subió una persona rodeada por cinco policías, le botan dentro del carro y nadie le protegió, no llevaba chaleco antibalas y aunque él no lo hubiera querido se tienen las mantas de protección o el mismo chaleco usado como medio de protección balística. Hubo fallas graves, y el resultado habla por sí solo.