Hasta el 25 de marzo de este año y bajo las órdenes del gobierno del presidente Trump, el 50% de empleados del Departamento de Educación (DE) de los EE.UU. fueron despedidos; un total de 1300 empleados. Estos recortes tienen un impacto significativo en varias funciones que lleva a cabo el DE, incluido el cumplimiento de los derechos civiles en las escuelas primarias y secundarias, la ayuda federal para los estudiantes universitarios con préstamos y becas, la supervisión del rendimiento estudiantil en general y los esfuerzos en la investigación científica.
El objetivo de estos despidos es desmantelar el Departamento de Educación bajo el argumento del despilfarro de fondos federales, mala calidad académica y un cuestionable contenido. Además, el presidente Trump ha prometido recortar la financiación federal a las escuelas y universidades que promuevan “la teoría crítica de la raza y las ideologías transgénero”. Para ello, el primer paso fue el envío de una carta a inicios de marzo del 2025 desde el Departamento de Educación a 60 universidades que ya están siendo investigadas (entre ellas, Harvard, Columbia, Northwestern University, Portland State University, University of California, Berkeley y University of Minnesota Twin Cities). Sin embargo, los eventos que originaron la acusación de dichas infracciones tienen su origen en las protestas pro palestinas en campus universitarios de todo el país, y el presunto acoso antisemita contra estudiantes judíos.
Tras el ataque de la organización política y paramilitar palestina Hamás, contra un grupo de ciudadanos israelitas en octubre del 2023, y las consecuentes represalias por parte de Israel, se iniciaron protestas en varios de los campus universitarios de EE.UU. Esto trajo como consecuencia varios momentos complicados, como la renuncia de la presidenta de la Universidad de Harvard, Claudine Gay, y la de Liz Magill, presidenta de la Universidad de Pensilvania; así como la irrupción de la policía de Nueva York en el campus de la Universidad de Columbia para expulsar a manifestantes pro palestinos. Estas tensiones en los campus universitarios de todo el país pusieron a prueba el derecho a la libertad de expresión de los estudiantes que protestaban, el derecho del resto de estudiantes a estar en los campus de forma pacífica y la seguridad de los estudiantes judíos. Todo esto sucedía mientras Donald Trump se postulaba por segunda vez. Pero una vez en el poder, el mandatario adoptó medidas muy enérgicas para tratar de reprimir a las universidades y obligarlas “a tomar en serio” el antisemitismo del que se les acusaba.
Columbia accedió a la mayoría de las demandas de trump, que incluían la prohibición de las mascarillas en el campus, la autorización a los agentes para expulsar o arrestar a manifestantes y la toma de control del departamento que ofrece cursos sobre el Medio Oriente.
Una de las estrategias tomadas por el gobierno de Trump para llevar a cabo sus objetivos es el recorte de fondos federales a las universidades, lo cual vulnera el avance de varios programas como la investigación científica y el desarrollo en beneficio de la nación. La primera universidad en sufrir el impacto de esta medida fue la Universidad de Columbia, epicentro de las protestas de la primavera pasada, acusada de maltrato a estudiantes judíos, lo cual no ha sido comprobado. Sin embargo, los fondos federales, un total de USD 400 millones, fueron retirados y ante esta drástica medida, la Universidad de Columbia cedió a las presiones para que dichos fondos sean devueltos a la institución. Además, Columbia accedió a la mayoría de las demandas dictadas en un memorando que incluían la prohibición de las mascarillas en el campus, la autorización a los agentes de seguridad para expulsar o arrestar a manifestantes y la toma de control del departamento que ofrece cursos sobre el Medio Oriente.
Es importante señalar que, apenas asumió el poder, el presidente Trump ya tenía ante él un borrador de una Orden Ejecutiva, que habría instado al Congreso a redactarlo, con el objetivo de desmantelar el Departamento de Educación. Sin embargo esta no iba a ser una tarea fácil para el presidente, ya que solamente el Congreso puede hacerlo por ser el órgano legislativo que creó esta Agencia gubernamental. Lo que sí puede hacer el presidente Trump y lo está haciendo, es debilitar al Departamento de Educación hasta que esta institución desaparezca.
La historia del Departamento de Educación en EE.UU. es reciente. Fue creado en 1979 por el presidente Jimmy Carter y desde entonces ha sido un organismo vital para el desarrollo educativo de los Estados Unidos. Su función principal es administrar el programa federal de ayuda estudiantil, los préstamos y las Becas Pell, el programa Título I, que ayuda a las escuelas con alta pobreza y estudiantes con discapacidades, así como subvenciones muy cuantiosas para la educación primaria y secundaria. Actualmente, el 90% del gasto de educación proviene de los gobiernos estatales y locales, pero el 10% proviene del gobierno federal.
Todo lo anterior se enmarca en el tema de los derechos civiles, para lo cual el Departamento de Educación tiene su propia Oficina de los Derechos Civiles. Su trabajo es hacer cumplir las leyes federales sobre estos derechos, que establecen que no se puede discriminar a los estudiantes u otras personas en el campus por motivos de raza, nacionalidad y otros factores.
Harvard vs. Trump, la lucha por la libertad académica
El 14 de abril de este año, el gobierno de Trump anunció que congelaría USD 2.200 millones en subvenciones plurianuales y 60 millones de dólares en contratos plurianuales a la Universidad de Harvard. Estas medidas fueron tomadas después de que Harvard declarara que no cumpliría con las exigencias políticas del gobierno. En los medios de prensa la Universidad de Harvard señaló: «Que el gobierno se retire de estas alianzas ahora pone en riesgo no solo la salud y el bienestar de millones de personas, sino también la seguridad económica y la vitalidad de nuestra nación». El siguiente paso fue presentar una demanda contra el gobierno federal en la que Harvard argumenta que las acciones del gobierno, incluyendo la congelación de los fondos, violan la Primera Enmienda e incumplen los procedimientos legales.
Las acusaciones del presidente Trump a la Universidad de Harvard señalan que esta institución no protegió a los estudiantes judíos durante las protestas del 2023 en adelante. Sin embargo, tras la negativa de Harvard a cumplir con una lista de exigencias, el Grupo de Trabajo Conjunto para Combatir el Antisemitismo (Task Force to Combat Antisemitism) anunció la congelación de las subvenciones, lo cual estuvo acompañado de la declaración del portavoz de la Casa Blanca, Harrison Fields, «El flujo de fondos federales a instituciones como Harvard, que enriquece a sus burócratas sobre pagados con el dinero de los impuestos de familias estadounidenses en dificultades, está llegando a su fin… La financiación de los contribuyentes es un privilegio, y Harvard no cumple las condiciones básicas para acceder a ella». Además, el presidente Trump ha exigido la «plena cooperación» de Harvard con el Departamento de Seguridad Nacional, encargado de aplicar la política migratoria, y trabajar con los reguladores federales para garantizar el «pleno cumplimiento».
Tras la negativa de Harvard a cumplir con una lista de exigencias, el Grupo de Trabajo Conjunto para Combatir el Antisemitismo (Task Force to Combat Antisemitism) anunció la congelación de las subvenciones.
Alan M. Garber, presidente de Harvard, señaló, al anunciar la demanda contra el gobierno de Trump, que las consecuencias de la extralimitación del gobierno serán graves y duraderas. Según Garber, el tipo de proceso que ha iniciado el gobierno de Trump pone en peligro las investigaciones que lleva a cabo la Universidad, incluidos los esfuerzos para estudiar a sobrevivientes de cáncer infantil, predecir la propagación de brotes de enfermedades infecciosas y aliviar el sufrimiento de los soldados heridos. Finalmente, Garber añade que «las acciones de los demandados amenazan la independencia académica de Harvard y ponen en peligro la investigación crucial, vital e innovadora que se realiza en su campus».
Más de 170 universidades de EE.UU. y sus presidentes, así como líderes de la educación superior, emitieron una declaración conjunta en la que se pronunciaron «contra la extralimitación gubernamental sin precedentes y la interferencia política que ahora pone en peligro la educación superior estadounidense». La declaración fue coordinada por la Asociación de Colegios y Universidades Estadounidenses (Association of Colleges and Universities) y firmada por presidentes y administradores de universidades de todo Estados Unidos, incluyendo grandes universidades públicas de investigación como las pertenecientes a Ivy League y pequeñas universidades privadas.
El estatus migratorio de los estudiantes internacionales
Otra medida que se ha sumado a la congelación de fondos federales, por parte del gobierno de Trump, es la cancelación repentina de visas a estudiantes internacionales. Más de 1500 estudiantes en todo el país han vivido con temor la cancelación de sus visas, incluso sin haber cometido ningún delito. Tras semanas de confusión y batallas legales, el Departamento de Justicia anunció el 25 de abril de este año que ha restaurado, o planea restaurar, los registros cancelados de cientos de estudiantes en el Sistema de Información de Estudiantes y Visitantes de Intercambio, SEVIS. Sin esos registros, los estudiantes no podrían permanecer en Estados Unidos, incluso si estuvieran cerca de graduarse o aún si tuvieran un buen rendimiento académico.
Al menos 290 estudiantes internacionales o recién graduados, cuyos registros del SEVIS fueron cancelados por el gobierno federal, están impugnando esta decisión mediante 65 demandas. Los estudiantes esperan que las cancelaciones se anulen para poder reincorporarse a sus trabajos o estudios, y muchos lo han conseguido, obteniendo al menos una prórroga temporal. Hasta la fecha, un buen número de demandas han prosperado. Los jueces han otorgado órdenes de restricción temporales en más de 35 demandas, en la mayoría de los casos exigiendo al gobierno que restablezca el estatus SEVIS de los demandantes a «activo», que se abstenga de modificarlos y que se comprometa a no detener a los estudiantes si aún no lo han hecho.
La mayoría de los estudiantes internacionales perjudicados por estas medidas provienen de países de Medio Oriente, Asia y África, la mayoría sin antecedentes penales.
En sus decisiones, varios jueces han coincidido en que obligar a los estudiantes a interrumpir sus estudios a mitad de semestre debido a la cancelación del SEVIS, constituye un «daño irreparable» —uno de los requisitos para otorgar una orden temporal—, aun cuando el gobierno sigue alegando en documentos judiciales y audiencias, que los estudiantes afectados pueden simplemente estudiar o trabajar en otros países. Elora Mukherjee, directora de la Clínica de Derechos de los Inmigrantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, ha manifestado que, “las cancelaciones del SEVIS en las últimas semanas han generado profunda preocupación y temor en muchos estudiantes internacionales, independientemente de si se han visto afectados personalmente». La mayoría de los estudiantes internacionales perjudicados por estas medidas proviene de países de Medio Oriente, Asia y África, la mayoría sin antecedentes penales o si los tienen son muy leves, como infracciones de tráfico o aparcamiento.
Más de 280 universidades se han visto afectadas por las cancelaciones del SEVIS, que han tenido lugar en al menos 23 Estados. Así que tanto instituciones grandes y de alto perfil como instituciones públicas, mucho más pequeñas, se están viendo perjudicadas. Las consecuencias de estas medidas han creado un estado de alarma en las universidades de EE.UU., y los estudiantes internacionales están viviendo el miedo y la incertidumbre que afecta sus vidas personales y su rendimiento académico. Muchos de ellos faltan a clases por el miedo de ser arrestados, dejan de trabajar, de socializar y en general de llevar vidas normales. Las conversaciones entre los estudiantes internacionales han cambiado de lo cotidiano a la disyuntiva de si continuar sus carreras en EE.UU. o marcharse.
La Constitución de Estados Unidos y las leyes federales aplican a todas las personas que viven en el territorio estadounidense, incluyendo a los inmigrantes. La cancelación del estatus migratorio sin el debido proceso viola la ley, las regulaciones y el debido proceso básico.