“En Manta, junto a los muelles, los miembros de los cárteles de Colombia abordan a la gente todo el día”. Esta frase es parte del testimonio que entregó Carmen Alarcón a la Corte del Distrito Sur de California, en EEUU. Ella y su esposo Pedro Pilligua fueron sentenciados el pasado 21 de febrero a 70 meses de cárcel cada uno por el supuesto delito de narcotráfico.
Días previos a su sentencia, la pareja de pescadores presentó a través de sus abogados un Memorando de Sentencia. Este es un documento donde se solicita al juez una condena más leve en un caso penal. La pareja era dueña de una flota de barcos pesqueros en Manta, pero en 2020 viajaron a España donde fueron capturados y extraditados a EEUU, donde las autoridades de ese país los investigaban por tráfico de drogas. A este caso se lo denomina como el de las ‘Pangas locas’.
En sus escritos, Alarcón y Pillagua relataron por separado cómo se involucraron con estos cárteles. Mencionaron que cuando llegó la pandemia del covid, su negocio pesquero entró en crisis. Según Pillagua, cada viaje de sus barcos pesqueros le costaba al menos 30.000 dólares en combustible, salarios y gastos. “Esperan que el barco regrese con pescado y que la cantidad y la calidad produzcan beneficios. Incluso los mejores pescadores experimentan incertidumbre en cada viaje”, contó Alarcón.
Pero en el 2020 los mercados internacionales dejaron de comprar su pesca y, por eso, Pillagua llegó a tener una deuda de al menos medio millón de dólares. En ese momento, el crimen organizado aprovechó esa situación para reclutar a los pescadores para que lleven combustible a alta mar y abastecer a las lanchas que llevaban la droga hacia Centroamérica y EEUU.
Alarcón, sin embargo, dice que los barcos que hacen esta tarea “no tienen nada que ver con la droga ni con sus beneficios”. En el escrito enviado a la jueza Janis L. Sammartino, la abogada de Alarcón afirma que la pareja recibió una póliza de seguro parcial para las excursiones de pesca de su empresa. Es decir, los cárteles cubren por adelantado la mayor parte de los costos del viaje.
Este sistema es diferente, por ejemplo, cuando los cárteles emplean a una persona -que en el mundo criminal se la conoce como mula– para que lleve droga en vehículos. “Una mula que consigue importar droga de México a Estados Unidos se beneficia de cualquier cantidad de dinero que le hayan prometido”, según Alarcón.
Pero los dueños de los barcos no ven los beneficios de la droga, dice la mujer pescadora. “Al igual que una mula que utiliza un coche, donde la mula no tiene ni idea de qué droga o qué cantidad hay en el coche, los pescadores son utilizados para repostar o restaurar los barcos cargados de droga. Los pescadores no participan activamente en la venta de la droga y apenas saben qué droga hay a bordo de un barco completamente distinto”.
Pero este es un negocio con “reglas tácitas”, dice Alarcón . “Si una persona con un bote dice que sí, y no estaba en el lugar donde se suponía que debía estar o perdió sus drogas, esa persona es asesinada, secuestrada, o su familia es asesinada o secuestrada. O la completas o la completas – si no puedes completar la tarea, encuentras a un amigo que pueda ayudarte”, contó la mujer.
Este fue el caso de una familia propietaria de ocho barcos en Manta. Alarcón relató que, entre 2020 y 2021, esa familia le dijo “sí” a los carteles, quienes mataron al hijo de uno de los dueños de las lanchas y su esposa. “Nadie supo el error exacto, pero todos sabían lo que pasó: alguien de la familia aceptó ayudar”, mencionó la mujer. “Otra familia tenía dos o tres barcos. El padre regaló a su hijo menor un barco para que lo condujera. El hijo aceptó la oferta (de los cárteles), o no comprendió o no apreció la gravedad de su acuerdo. Ese hijo sigue desaparecido”, agregó Alarcón.
Según Alarcón, su esposo aceptó trabajar con estos grupos criminales sin su consentimiento. Si no cumplían el trato, sabían que cualquier miembro de su familia podrían correr el riesgo de ser asesinados o secuestrados sin un aviso previo. Pero ante esa Corte, la pareja asumió su responsabilidad después de casi cuatro años en prisión preventiva en España y EEUU.
Los barcos pesqueros en la dinámica del narcotráfico
Cuando se produjo la pandemia, Pilligua y su esposa eran dueños de tres barcos de pesca comercial, según sus abogados. Ambos empleaban a varias docenas de hombres, incluidos capitanes y tripulantes de barcos. Gracias a la relación de Pilligua con los bancos locales le permitieron obtener préstamos para mantener su negocio pesquero, según sus escritos enviados a la Corte norteamericana.
Sus abogados los describieron como personas trabajadoras. Sus barcos no salían al mar en viajes cortos de un día. Sino que recorrían cientos de millas en el mar durante un mes seguido. “Como era un buen pescador y hombre de negocios, el señor Pilligua pudo obtener y mantener embarcaciones más grandes y de largo alcance que podían llegar a las fértiles zonas de pesca alrededor de las Islas Galápagos”, dice el documento.
En esa zona, los pescadores en una buena jornada capturaban principalmente el Mahi-mahi, mejor conocido como pez dorado. Pilligua tuvo éxito en esas faenas, pero cada viaje requería importantes inversiones iniciales, además de los costos de reparación y mantenimiento de las embarcaciones. Para esos gastos recurrieron a préstamos y pusieron de garantía su casa.
Pero esa ruta es una de las más demandadas por el crimen organizado. En esos años, los cárteles colombianos necesitaban encontrar una manera de sacar la droga más allá de las Islas Galápagos para evadir “la aplicación de la ley” y, por eso, recurrieron a Pilligua por el tipo de barcos que poseía. Según su abogado, fueron estas organizaciones criminales las que buscaron al empresario pesquero.
Los cárteles ofrecieron a los propietarios de las embarcaciones 25.000 dólares por adelantado, solo 5.000 dólares menos de lo que necesitaban de inversión inicial para esos viajes. Su tarea consistía en llevar combustible adicional para las pequeñas lanchas rápidas que transportan la droga. Además, les ofrecían más dinero si las lanchas completaban con éxito su viaje y ganancias en el futuro. Ante el efecto sin precedentes de la pandemia de COVID, sintieron que tenían pocas o ninguna otra opción, remarcó el abogado de Pilligua.
Alarcón nació en Venezuela, pero llegó a Ecuador cuando era una niña, donde conoció a su pareja. Ambos viajaron a España y allí Pilligua trabajó como pescador y Alarcón limpió casas y oficinas. Pero en 2009 regresaron a Ecuador, donde establecieron un negocio familiar pesquero.
Todo cambió en septiembre de 2020 cuando uno de los barcos de Pilligua fue incautado por la Armada ecuatoriana y detenidos algunos de los miembros de su familia. La pareja se refugió en España, donde vive uno de sus hijos. Los comerciantes desconocían sobre las investigaciones que pesaban contra ellos cuando ambos fueron detenidos en 2021. En España estuvieron presos cerca de un año antes de que fueran extraditados a EEUU en 2022, donde han pasado encarcelados durante tres años.
El caso de las Pangas Locas nació en EEUU
Este caso tomó el nombre de las ‘Pangas locas’ pues así se denominó esa pesquisa que tiene varios años y está dirigida por Investigaciones de Seguridad Nacional, junto con la DEA y el Servicio de Investigación de la Guardia Costera EEUU. La investigación dejó como resultados la incautación de más de 50 toneladas de cocaína. La panga es una embarcación pequeña y de poco calado que se usa para transporte y pesca.
Pilligua, oriundo de Manta, y su pareja estaban en la mira desde el 2021. El 19 de marzo de ese año, un gran jurado federal del Distrito Sur de California acusó a Pilligua y a otros de participar en una conspiración de larga data para traficar cantidades sustanciales de cocaína desde Sudamérica a EEUU.
Según documentos judiciales, “varias embarcaciones pesqueras ecuatorianas de Manta han operado con impunidad mientras brindan apoyo material a lanchas cargadas de drogas para permitirles transportar toneladas de cocaína a lo largo de miles de millas náuticas de mar abierto desde Ecuador y Colombia hasta México para su eventual distribución en EEUU”.
Estos barcos pesqueros proporcionaban combustible, piezas de repuesto, dispositivos de comunicación o cualquier otra cosa necesaria para ayudar a los barcos cargados de drogas a completar su viaje de mil millas traficando toneladas métricas de cocaína de Colombia a México, dice la acusación. Agrega que “sin el apoyo de los capitanes y propietarios de las embarcaciones pesqueras, estas lanchas cargadas de droga, típicamente pangas o embarcaciones de bajo perfil, no podrían completar este largo viaje”.
En Ecuador, los esposos Pilligua y Alarcón fueron vinculados a una causa por narcotráfico, junto a otras 20 personas. Pero en 2022, el Tribunal de Garantías Penales de Manta les ratificó su inocencia por voto de mayoría. En ese caso estuvo involucrado también el ecuatoriano Jhon Armando Panta Gutiérrez, quien también enfrenta cargos en EEUU por narcotráfico. El fue señalado por ser parte de una organización delictiva encargada de coordinar el transporte de cocaína desde laboratorios en las zonas rurales de los departamentos de Cauca y Nariño a la Costa Pacífica de Colombia y Ecuador, entre diciembre de 2016 y octubre de 2017.
El día que fue aprehendido Panta, el 27 de octubre de 2021, en Manta, también fue arrestada María Jesús Alarcón, hermana de Carmen, según relató El Diario de Manabí. Ella estuvo en arresto domiciliario y después del juicio también fue declarada inocente.