Antes era la prisa para aprobar un reglamento. Ahora el vórtice de confrontación entre los consejeros de Participación Ciudadana (Cpccs) es el requisito de probidad notoria en el proceso de selección de la nueva autoridad de la Fiscalía General del Estado. Sí: solo en Ecuador esta exigencia intrínseca debe quedar definida por escrito.
Los tiempos en el Cpccs se ajustan políticamente. Y si antes hubo apuro para aprobar una sola propuesta de reglamento, la presión social obligó al Pleno del ente a vestirse más despacio. Así, el próximo martes 3 de septiembre serán analizadas las diversas iniciativas que han llegado de otros consejeros, la academia y la ciudadanía. Y el viernes 6 se prevé definir el documento oficial.
A finales de junio, el consejero correísta Augusto Verduga había propuesto al Pleno del Cpccs un borrador de reglamento para, en sus palabras, cumplir con los plazos normativos y poder cambiar a la máxima autoridad de la Fiscalía hasta abril de 2025 (ver PDF). Desde entonces hasta mediados de agosto dijo haber recibido retroalimentación de una sola consejera.
Propuesta original del consejero Augusto Verduga.Ver PDF
Por ello, el pasado 21 de agosto se trató en el Pleno la modulación de la moción-resolución sobre la disposición para la optimización de la revisión y aprobación del reglamento… Parece trabalenguas, pero así de sustanciosas son las definiciones en un organismo al cual los partidos políticos le meten la mano por turnos.
Y, claro, por discusiones tampoco falta. Aquella sesión del Pleno fue memorable porque el consejero novo-noboísta Juan Esteban Guarderas dijo, palabras más palabras menos, que la propuesta de Verduga es tan laxa, que hasta puede haber “narcopostulantes” al concurso. El consejero correísta asumió un tono severo y tildó de “mamarracho” y “pigmeo del Gobierno Nacional” a su colega.
¿Por qué se habló de “narcopostulantes”? Este polvorín tiene que ver con el requisito de probidad notoria. El artículo 16 de la propuesta-borrador de Verduga dice textualmente: “No se podrá imputar falta de probidad notoria en el ejercicio de la profesión, judicatura o docencia universitaria, contra ningún postulante, por la simple presentación de denuncias que no posean una resolución administrativa en firme o sentencias judiciales ejecutoriadas”.
Verduga, por su exaltación, perdió la oportunidad de aclarar los alcances de esta iniciativa. Días después, en sus escaramuzas verbales con críticos de su gestión, sostuvo que su propuesta busca establecer qué acciones no pueden considerarse falta de probidad notoria, “una simple regla de exclusión, si se quiere”.
En todo caso, la turbiedad quedó intacta. Ramiro García, PhD en Derecho Penal y Procesal, dice: “Con el proyecto de reglamento que propuso el consejero Verduga, cualquiera de los jueces que están vinculados penalmente a los casos Metástasis, Purga o Plaga podría tranquilamente ser Fiscal General del Estado, porque se ha establecido como criterio de probidad notoria el no tener sentencia condenatoria ejecutoriada”. Lo dijo en el programa Mesa de análisis de Plan V.
Augusto Verduga tiene un punto a su favor: hasta entonces, dos meses después, ningún consejero había presentado formalmente un proyecto alternativo a su borrador de reglamento para selección del nuevo fiscal. Recién el pasado lunes 26 de agosto, Andrés Fantoni, presidente del Consejo, presentó su iniciativa, y al día siguiente hizo lo propio Juan Esteban Guarderas.
La iniciativa de Fantoni se condensa en cuatro criterios:
- Prueba oral: “Necesariamente debe existir una evaluación oral, ya que en el sistema procesal ecuatoriano prima la oralidad. Quien ocupe la Fiscalía General debe demostrar su capacidad de litigio y manejo de audiencias”.
- Probidad notoria intachable que no se reduzca a no tener sentencia ejecutoriada: “La probidad de los postulantes a Fiscal General implica rectitud, honestidad e integridad en el ejercicio público y privado”.
- Veeduría internacional: “Los observadores asegurarán que el proceso cumpla con los estándares internacionales en materia de DD.HH., integridad y buenas prácticas”.
- Evaluación de expertos: se conformarán tribunales para cada fase del concurso, con el fin de analizar la prueba escrita y la resolución de casos prácticos de los postulantes.
Guarderas también es partidario de que se mantenga la prueba oral, con una carga de 25 puntos en la evaluación global, para destacar entre los postulantes el manejo de fuentes del Derecho penal, la profundidad del análisis jurídico, la coherencia y pertinencia de las reflexiones, la ecuanimidad e independencia de criterio, entre otras variables.
Verduga discrepa del requisito de oralidad, defendido por Fantoni y Guarderas. ¿Por qué? El consejero ha explicado en sus redes que se busca evitar “la ayuda” que, según su criterio, recibió Diana Salazar en su prueba oral, cuando concursó para liderar la Fiscalía General.
Desde la sociedad civil hay otras inquietudes. Mónica Jaramillo, presidenta del Observatorio de Control Ciudadano, realizó un análisis, artículo por artículo, de la propuesta-borrador del consejero Verduga. En su opinión, la propuesta adolece de algunos aspectos:
- No es clara la definición de competencias entre la comisión ciudadana y el equipo técnico para el concurso de selección.
- El reglamento carece de referencias explícitas a estándares internacionales de selección y designación de autoridades judiciales.
- La evaluación de la probidad notoria es subjetiva y depende de la interpretación de denuncias y resoluciones administrativas.
El análisis completo puede ser descargado aquí:
¿Cómo transparentar las siguientes etapas del proceso de selección? Para Ramiro García es clave contar con un buen reglamento. Si se cumple este parámetro, habrá una mejor ponderación en la evaluación final a la formación académica, la trayectoria profesional, etc. Por otro lado, dice el catedrático, si hay un reglamento laxo, la intención es clara: entregar la Fiscalía a personas o grupos específicos. “La joya de la corona es la Fiscalía General del Estado, por lo tanto se esperaría que en este concurso vaya a haber más conflictividad y más interés por parte de grupos, sobre todo de criminalidad organizada, por tomarse esta institución. Y el momento en que se tomen esta institución se perdió el país”.