El 9 de enero de 2024, el presidente Daniel Noboa convocó a una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad del Estado (COSEPE) y emitió el Decreto Ejecutivo 111, que reformó el estado de excepción vigente, cuyo principal efecto es el reconocimiento de la existencia de un conflicto armado interno, que define al menos a 21 grupos de delincuencia organizada (GDO) como «organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes”, que atentan contra la soberanía e integridad territorial. Todo grupo identificado en el decreto se convirtió desde ese día un objetivo militar.
El decreto dispone “…la movilización e intervención inmediata de las Fuerzas Armadas y la Policía en el territorio nacional”. En buen romance, el Estado declaró la guerra a los GDO.
El decreto se emitió minutos después de que un grupo de delincuentes armados se tomó las instalaciones del canal TC Televisión, lo que fue transmitido en vivo por la señal abierta de ese medio, y amplificado por otro canal, Teleamazonas, que se enlazó con la señal de TC.
Con novedades en el frente
No bien se oficializó el decreto 111, la absoluta mayoría de líderes de partidos y movimientos políticos del país —incluido Rafael Correa —apoyó la decisión del Gobierno y se subió a la camioneta.
Al día siguiente y en rueda de prensa, el almirante Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, informó que, como resultado de los primeros operativos, se detuvo a 329 terroristas (en su mayoría integrantes de los grupos Tiguerones, Los Lobos y Los Choneros), otros cinco fueron abatidos, se recapturó a 28 personas privadas de libertad (PPL) y se rescató a 41 personas.
De su parte, el Gral. César Zapata, comandante de la Policía, informó que 13 personas presuntamente integrantes del GDO Tiguerones, fueron detenidas en el operativo para recuperar las instalaciones del canal TC; y que, en Tungurahua, se detuvo a 17 sujetos, que serían miembros de Los Lobos, a los cuales se incautó un arsenal y equipo que iban utilizar para atacar la ciudad de Ambato.
Adicionalmente, y gracias al “minuto a minuto” de PLAN V, muchos ecuatorianos fuimos informados de otras acciones: la recuperación de 195 vehículos robados, 9 embarcaciones, 19 equipos de comunicación, se aprehendieron 61 armas, 418 municiones, 28 explosivos y 230 kilos de sustancias sujetas a fiscalización.
El Almirante Vela, explicó que los operativos se realizan en coordinación de los servicios de inteligencia del Ejército y la Policía Nacional, y que en las acciones intervienen comandos de fuerzas especiales de ambas instituciones. El jefe del Comando Conjunto también informó que un grupo de élite está tras la localización y captura de alias Fito.
La SNAI informó que, hasta el mediodía del 11 de enero, 158 guías penitenciarios y 20 funcionarios administrativos seguían retenidos en cárceles de El Oro, Cotopaxi, Loja, Azuay, Tungurahua, Cañar y Esmeraldas. En esta última, presos dispararon desde el interior del recinto carcelario, contra los militares que estaban en el exterior, quienes respondieron al fuego.
La “granizada” de críticas contra la ministra disminuyó gracias a las declaraciones de la asambleísta Paola Cabezas, también de la RC5, quien poco tiempo después se pronunció en favor de actuar en el conflicto, respetando los derechos humanos. Esa declaración mediática, exacerbó negativamente las redes.
La Fiscalía había procesado a 51 personas por terrorismo, desde que el Gobierno emitió el decreto 111.
Noboa reconoció que Esmeraldas, el norte de Los Ríos, Durán, parte de Guayaquil, Santo Domingo, el sur de El Oro (Arenillas y Huaquillas) son “zonas tomadas” (por la delincuencia) y que necesitan intervención especial de las FF. AA.
El primer mandatario dijo que espera que la Asamblea apoye su decreto, lo que sería “…un signo de unidad y de madurez política de todas las fuerzas”. Sin embargo, las desafortunadas declaraciones de prensa de su ministra de Gobierno y encargada del ministerio del Interior, Mónica Palencia, en las que reconoció no estar debidamente preparada en materia de seguridad, pararon en seco las manifestaciones de apoyo de la legislatura y provocaron agrias críticas en redes sociales, al punto que el asambleísta por Azuay y vicepresidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, Leonardo Berrezueta (RC5), pidió enérgicamente a Daniel Noboa, prescindir de los servicios de Palencia y dejarse ayudar con personas competentes para ejercer las delicadas funciones que incumben a ambos ministerios.
Sin embargo, el 10 de enero la Asamblea emitió una resolución en la que, por unanimidad, respaldó las acciones del Gobierno y de las fuerzas del orden, para enfrentar a los grupos criminales. La resolución legislativa incluyó un llamado a la unidad.
La “granizada” de críticas contra la ministra disminuyó gracias a las declaraciones de la asambleísta Paola Cabezas, también de la RC5, quien poco tiempo después se pronunció en favor de actuar en el conflicto, respetando los derechos humanos. Esa declaración mediática, exacerbó negativamente las redes.
En un escenario de altísima sensibilidad política y social, en el que el presidente sumó de un solo a la inmensa mayoría de las fuerzas políticas y no políticas del país, es recomendable pensar muy bien antes de hablar. A la asambleísta le calzó esta vez, perfectamente, el viejo dicho español: “Nadie sabe para quién trabaja…”
USA y su apoyo sin ambages a las autoridades ecuatorianas
El embajador de USA en Ecuador, Michael Fitzpatrick, tuvo una importante presencia en el momento más intenso de la crisis, asistió brevemente a la reunión del COSEPE y salió sin dar detalles a la prensa que lo esperaba.
El presidente Noboa, el miércoles, durante una entrevista con un medio radial, informó que el embajador de EEUU anunció que en pocos días llegará un paquete de asistencia para Ecuador. La colaboración estadounidense con temas relacionados al combate de la corrupción y sus conexiones con el crimen organizado, es cada vez más evidente.
Las críticas que la asumen como una injerencia en asuntos propios de la soberanía nacional han disminuido notablemente su eco, a partir del Caso Metástasis, pero este proceso tiene antecedentes en años recientes, con polémicas declaraciones del Embajador Fitzpatrick relacionadas con la corrupción en esferas policiales y judiciales, y mucho antes, cuando el expresidente Correa, precisamente blandiendo la “espada de la soberanía”, expulsó a la base de Manta, abrió las fronteras nacionales a la migración extranjera sin requerimiento de documentación y menos de antecedentes judiciales, y su Asamblea votó a favor de apoyar la tristemente célebre “tabla de drogas”, entre otras medidas. También se abstuvo de declarar a las FARC como terroristas —porque eso habría obligado al Estado ecuatoriano a involucrarse en el conflicto colombiano, según explicó el exmandatario— y les dio el estatus de “fuerzas beligerantes”.
El embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick
Poco tiempo después el país se enteraba, gracias a investigaciones de prensa, y por las redes sociales, sobre el desmantelamiento de los sistemas de inteligencia, la inutilidad de los radares chinos en nuestra zona fronteriza, y la conformación de un nuevo esquema de seguridad e inteligencia, muy eficiente contra la oposición política, pero totalmente inútil puertas afuera. Luego, su deriva hacia la intervención militar del ejército colombiano en territorio ecuatoriano, en Angostura, donde se descubrió se encontraba operando uno de los más importantes jefes de las FARC junto a un grupo afín a esta organización, ante lo cual Correa desató una exitosa ofensiva diplomática internacional contra el gobierno de Álvaro Uribe, al mismo que “le resbaló” el resabio de Correa, pues su objetivo se cumplió exitosamente y además plantó evidencias en la opinión pública ecuatoriana que confirmaban, independientemente del rechazo a la incursión militar colombiana, un secreto a voces: la permisividad de los regímenes pseudo bolivarianos, con fuerzas militares irregulares colombianas.
El tema es complejo y largo de reseñar, y además involucra también otros enfoques y evidencias, sobre el gobierno uribista. En todo caso es importante mencionar lo dicho, como parte de un marco de referencia sobre lo que actualmente pasa en Ecuador.
Volviendo al presente, es ilustrativo cómo reaccionaron países como Colombia y Perú que se manifestaron inmediatamente en apoyo al Ecuador, y demostraron, una vez más, en el caso colombiano, que la diplomacia de papel aguanta todo.
Colombia no tardó en “enfriar” su intención de cooperación, aduciendo que se deberá estudiar caso por caso el expediente de los potenciales repatriados, lo que revela claramente el verdadero rostro tras la máscara de solidaridad de Petro.
Noboa recibió el mensaje del presidente colombiano, que señalaba su disposición de ayudar al Ecuador si se lo solicitaba, a lo que su par ecuatoriano anunció su decisión de deportar a los 1500 presos colombianos que se hallan en nuestras cárceles. Los vamos a dejar en la frontera y espero que los reciban, dijo Noboa.
Colombia no tardó en “enfriar” su intención de cooperación, aduciendo que se deberá estudiar caso por caso el expediente de los potenciales repatriados, lo que revela claramente el verdadero rostro tras la máscara de solidaridad de Petro.
De su lado, Dina Boluarte, presidenta del Perú se solidarizó con Ecuador y su gobierno, y dispuso la declaratoria de emergencia en todos los departamentos fronterizos con Ecuador, así como el refuerzo de unidades policiales y militares a la zona.
En otro tema importante, la misma semana, el Gobierno, envió a la Corte Constitucional, 9 preguntas adicionales a las 11 de consulta popular que se entregaron a inicios del mes y que fueron fuertemente criticadas en la esfera pública.
El segundo paquete de preguntas remitido por el presidente a la C. C. implica un trámite separado de las 11 primeras. Seis de las nueve proponen cambios a la Constitución. La C.C. deberá examinarlas y determinar si son reformas que requieren una enmienda con votación en referéndum, o solamente mediante reforma, a través de la Asamblea.
El presidente Noboa calificó como “duras” a las preguntas sobre extradición, y la ley de extinción de dominio, dos de las que concitaron el mayor rechazo de especialistas por su ausencia en el primer paquete, cargado de levedad.
Casi al final de la noche del jueves, la Asamblea Nacional recibió la Ley Económica Urgente para enfrentar el conflicto armado interno, la Ley establece el incremento del IVA del 12% al 15%.
El golazo de Daniel Noboa
Luego del inclemente cuestionamiento a los resultados de su publicitado Plan Fénix, y el derrape de su primer paquete de preguntas para consulta popular, Noboa reaccionó recalibrando la ineficiente vacuidad de su imagen política. En un escenario de crisis sistémica, agravado por la violencia criminal que había puesto de rodillas al Estado y sometido a la gente al miedo y a la impotencia, se vio obligado a entender que no hay tiempo para diletantes estratagemas publicitarias, máxime que su reelección el 2025 estaba en juego.
Con todo en su contra en la primera semana de enero, y toda la oposición metida en su área, Noboa no pudo encontrar mejor golpe de suerte (¿?) que la toma de un canal de televisión incautado —léase “público”, reléase “del gobierno”— por una parvada de estúpidos armados que, menos mal, no dispararon sus armas ni detonaron sus explosivos, y fueron capturados sin pena ni gloria por grupos de élite de la Policía Nacional.
Captura de video de Tc Televisión
Las exigencias del grupo que allanó TC eran no mover a los cabecillas a cárceles de máxima seguridad y que no se construyan las nuevas cárceles. De eso nos enteramos por boca de las autoridades…
Subrayamos el término, porque no se explica otra razón, que no sea una profunda y extraña estupidez para hacer lo que hicieron 13 delincuentes —entre los que hay dos adolescentes—. Cosa harto curiosa, cuando el Ecuador ha sido testigo de incontables actos delictivos planificados y realizados con macabra y cruenta minuciosidad hasta el día de hoy y mientras escribimos este artículo.
Acabarlos es una opción extrema, se deriva en todos los casos, del discurso “No vamos a negociar con terroristas». El terrorismo de derecha o de izquierda, político o religioso, no admite otra opción sino el aniquilamiento militar y la rendición del enemigo.
Episodio para el estudio o para la anécdota, sea como sea, la inmediata respuesta de Noboa, generó un contragolpe que calzó un gol inapelable a sus opositores funcionales o tramados, y logró que la mayoría de ciudadanos lo apoyen, se restablezca su imagen y, además, pase su nuevo paquete de preguntas para consulta de la Corte Constitucional, sin que a nadie le importe.
De carambola, se consolidó el proceso que sigue la fiscal general Diana Salazar por el Caso Metástasis, y por el Caso independencia Judicial. El acoso del bloque correista para destituirla en la Asamblea deberá esperar.
Noboa endureció su discurso, apalancándose en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional y puso “en capilla” a jueces, operadores, militares, policías, prensa, y a todo aquel cuyas acciones puedan ser interpretadas como cómplices del terrorismo.
El decreto 111 pone a Daniel Noboa como el presidente en que la mayoría de ecuatorianos exigían se convierta, para combatir lo que todas las encuestas e investigaciones serias venían registrando meses antes de la investidura presidencial: para la gente, el principal problema del Ecuador es la inseguridad, incluso por sobre el desempleo, la falta de recursos financieros, la desatención del frente social, la migración, la devastación de la Amazonía, y la depredación de recursos marítimos, que también preocupaban y siguen preocupando a la ciudadanía.
Noboa ha sido terminante al anunciar que no negociará con terroristas, Y así lo han refrendado los jefes militares que ahora combaten a los GDO. Sabe que tras la narrativa de “búsqueda de acuerdos de paz” —que ya empieza a escucharse, incluso por más de un GDO—, se abre la puerta para que el legítimo discurso que defiende los derechos humanos, se integre en la esfera pública contaminado por quienes se ocultan tras organizaciones a la medida, para manipularlo en complicidad con la delincuencia organizada. La experiencia internacional está llena de ejemplos. Esta perversa desviación no solo ha puesto a salvo a criminales, sino que les ha permitido a muchos de ellos inmiscuirse en la política, ser candidatos y ganar elecciones.
Videos de GDO difundidos por las redes, como respuesta al estado de excepción, evidencian preparación político militar en su narrativa y en el modo en que operan violentamente. ¿De dónde viene?
Acabarlos es una opción extrema, se deriva en todos los casos, del discurso “No vamos a negociar con terroristas». El terrorismo de derecha o de izquierda, político o religioso, no admite otra opción sino el aniquilamiento militar y la rendición del enemigo.
Conscientes de su desventaja militar, los GDO muy probablemente definirán a la población civil como objetivo; con ello buscarán presionar a sectores sociales para movilizarse y pronunciarse en favor de la paz. La espiral de violencia delincuencial lejos de estar por terminar puede todavía recorrer un largo e incierto camino.
Todos debemos estar preparados.
El gol político del presidente Noboa cambió el juego, y con ello las corrientes de opinión que se manifestarán en un escenario totalmente distinto al que se preveía para los próximos meses, cuando la distraída alharaca sobre las barcazas por arribar, las cárceles por construir, los corruptos por apresar y las elecciones por venir, captaba la atención de todos. Hay una estrategia efectiva que obviamente no nace en el ministerio de Gobierno ni el ministerio del Interior, ni en el gabinete de ministros. Puede no ser una sensación importante, pero es siempre prudente abrir los ojos tras la hojarasca levantada por poderos vientos, para mirar con claridad el terreno que está al frente. Lejos de desvirtuar la decisión del presidente, cabe presumir que estamos ante cabezas que saben qué hacer y cómo hacerlo. Hay que desear más que nunca, que sea por el bien del Ecuador.
Los efectos del incremento del IVA que debe evacuar la Asamblea por tratarse de una Ley Económica Urgente, están por verse en la ciudadanía y su quebrantada economía. Quizá deberán revisarse en el VAR de la opinión pública, para legitimar la jugada como un segundo gol de Noboa.