El sistema Simar, un mecanismo de trazabilidad que permitía al Servicio de Rentas Internas (SRI) llevar un registro exacto de la producción de alcohol y cigarrillo en el país dejará de funcionar en las próximas semanas. Será reemplazado por un sistema que los productores deberán contratar en forma individual o en grupo, y cuya información deberán enviar por su cuenta al SRI. El cambio, decidido en los últimos meses del Gobierno de Lenin Moreno, despierta dudas de expertos en sistema de trazabilidad, que sostienen que se estaría dejando la puerta abierta al contrabando, la circulación de productos adulterados o la proliferación de marcas ilegales, lo que perjudicaría a la salud y al fisco.
El Sistema de identificación, marcación, autentificación, rastreo y trazabilidad fiscal de bebidas alcohólicas, cervezas y cigarrillos de producción nacional (Simar) fue implementado en 2015 y funciona plenamente desde 2017. Está a pocas semanas de dejar de funcionar, pues dos resoluciones tomadas por el SRI el año anterior significarán que cada uno de los productores deberá instalar su propio sistema de trazabilidad y control, del que deberán reportar al SRI, en donde comparan el mecanismo con mandar a hacer facturas autorizadas en cualquier imprenta privada.
El cambio, decidido en los últimos meses del Gobierno de Lenin Moreno, despierta dudas de expertos en sistema de trazabilidad, que sostienen que se estaría dejando la puerta abierta al contrabando.
Según información del SRI, el Simar servía para la identificación, marcación, autentificación, rastreo y trazabilidad fiscal de los cigarrillos, cervezas y bebidas alcohólicas de fabricación nacional. El sistema permitía tener información respecto de la producción y comercialización de estos productos, que están gravados con el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE). Cuando se implementó, se sostuvo que entre sus objetivos estaban fortalecer y mejorar el control del ICE, combatir la evasión, el contrabando, la subfacturación, la adulteración y la competencia desleal y detectar productos de dudosa procedencia que afectan la salud o la vida de los ciudadanos.
Su implementación respondió también a la firma del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud (CMCT), en marzo de 2004, que establecía como meta la eliminación de todas las formas de comercio ilícito de productos de tabaco (contrabando, fabricación ilícita y falsificación).
El Simar se planteó también mejorar la participación de mercado de los competidores legítimos, proteger las marcas legales diferenciándolas de las ilegales, eliminar el mercado ilegal y generar más empleos en el sector. El sistema contaba también con una aplicación para celulares, que permitía verificar la autenticidad de los productos por medio de la lectura de los códigos de las etiquetas que se colocaban en cada botella o cajetilla.
El sistema contaba también con una aplicación para celulares, que permitía verificar la autenticidad de los productos por medio de la lectura de los códigos de las etiquetas que se colocaban en cada botella o cajetilla.
Contrato para cinco años
El 16 de julio de 2016, el entonces director del SRI y actual prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, firmó con José Bustamante Crespo, representante del consorcio SICPA, un contrato con una duración de cinco años. El SRI contrató a ese proveedor por USD 72 millones, 666 mil 451 para la implementación de un sistema de trazabilidad que funcionaba directamente en las cadenas de producción de cervezas, licores y cigarrillos (en cuyas plantas el contatista instaló equipos) y que alimentaba el sistema del SRI con estadísticas sobre la producción nacional. El objetivo, se dijo entonces, era mejorar el control y la recaudación del ICE, teniendo un seguimiento exacto de cada producto que se realiza en el país. El SRI realizó al contratista pagos mensuales desde la firma del contrato.
Cada año, el Simar ha publicado estadísticas de esta marcación. Así, entre enero y marzo de 2022, reportó 191 millones 556 mil de marcaciones de botellas de cerveza y alcohol producidos en el país. Solo en el caso de la cerveza, se registraron 179 millones 500 unidades mientras que las botellas de licor producidas en el país alcanzaron en el primero trimestre de 2022 los 11 millones 936 mil unidades.
Los licores que más se producen en el país son el whisky, el aguardiente y el ron, y las provincias que más producen son Azuay, Tungurahua e Imbabura. Se estima que en el país hay por lo menos 603 productores de licores en todas las provincias, pues aún en Galápagos se produjeron en el primer trimestre 100 botellas de licor.
Los licores que más se producen en el país son el whisky, el aguardiente y el ron, y las provincias que más producen son Azuay, Tungurahua e Imbabura. Se estima que en el país hay por lo menos 603 productores de licores.
El sistema permitía marcar también la producción de cigarrillos nacionales, que se realizaba en plantas como la de Tanasa, al sur de Quito. En 2017, cuando empezó la marcación del Simar, se registraron 40 millones 769 mil paquetes, producción que aumentó para 2018 con 55 millones 469 mil, en 2019 bajó a 51 millones 725 mil y en 2020 cayó a 38 millones 455 paquetes marcados por el Simar. En 2021, se desplomó a 12 millones 980 mil y en ese mismo año se cerró la planta nacional de Tanasa, por lo que para 2022 el pais no registra producción nacional. Desde hace varios años, los productores legales de cigarrillo habían destacado el impacto del contrabando en sus ventas, pues muchas marcas asiáticas entran al país sin control o se trae de contrabando productos fabricados en Colombia.
El cierre de la planta de Tanasa, en abril de 2021, obligó al contratista del Simar a retirar los equipos que estaban instalados en la línea de producción de la tabacalera. Según explicó Tanasa, la planta fue cerrada el 21 de abril de 2021 debido a que los últimos cinco años había operado por debajo del 15% de su capacidad.
Las decisiones del SRI
El SRI emitió dos resoluciones relacionadas con este tema, para establecer un nuevo mecanismo de control.
El 13 de abril de 2021, en la recta final del Gobierno de Lenin Moreno, Marisol Andrade, directora general del SRI, firmó la resolución 19, en donde se estableció que los sujetos pasivos, es decir, los productores nacionales de alcohol y cerveza, deberán contratar un proveedor para que realice lo mismo que antes hacía el SRI con recursos del Estado: establecer un mecanismo de control y trazabilidad. La única excepción es que no puede tratarse de una empresa que forme parte de su mismo grupo. De esa forma, se eliminó el sistema anterior, fijándose para diciembre de 2021 el plazo para que el SRI publique las especificaciones técnicas.
El SRI emitió un alcance a esta resolución el 2 de diciembre de 2021, también firmada por Marisol Andrade, quien fue una de las funcionarias de la administración morenista que fue ratificada por el nuevo Gobierno. Se estableció un plazo de 24 horas para que los productores entreguen la información de la activación de las etiquetas al SRI y se les responsabilizó del cumplimiento de la normativa por parte de sus proveedores.
La resolución estableció que el nuevo sistema entrará en vigencia a partir del siguiente día en que concluyan las actividades del actual proveedor del Simar, mientras que a partir del primero de abril deberán colocarse sellos en los productos importados.
La resolución estableció que el nuevo sistema entrará en vigencia a partir del siguiente día en que concluyan las actividades del actual proveedor del Simar, mientras que a partir del primero de abril deberán colocarse sellos en los productos importados.
El SRI no prevé complicaciones
Según la directora de Control Tributario del SRI, Karina Polanco, a partir de abril de 2021 se dio un cambio, cuyo eje principal es que el Estado ya no centralizará el sistema de control de licores y cerveza. La funcionaria dice que la situación es similar a cuando se contrata un proveedor para facturación electrónica, pero quien brinda el servicio no puede ser una parte relacionada con el productor.
Polanco destaca que el consumidor también podrá verificar los productos por medio de una aplicación, de la misma manera que se hacía con el sistema Simar. La funcionaria precisa que hay varios mecanismos de control adicionales sobre la producción de licores y cervezas, mientras que el contrabando es una competencia de la Aduana. Para la funcionaria la implementación no es tan compleja, pues la cerveza industrial en el país tiene dos grandes productores, que ya tienen un proveedor, mientras que hay por lo menos 603 productores de licores en todo el país. El SRI ha realizado un acercamiento con el sector licorero, para que contraten un mismo proveedor con lo que tengan un mejor costo en el servicio.
Para garantizar la seguridad de los sellos, destaca Polanco, cada proveedor deberá cumplir con especificaciones técnicas publicas por el SRI, que podrá tomar medidas como la incautación en caso de incumplimiento.
Si bien el sistema Simar cumplía con un convenio internacional sobre el control del tabaco, Polanco sostiene que los nuevos proveedores deberán cumplir con esa normativa internacional, aunque la producción nacional de cigarrillos se ha paralizado.
El contrato con el proveedor anterior está vigente hasta mayo, por lo que el nuevo sistema de marcación debe ser implementado en las próximas semanas. Como la obligación de sellar los licores importados no empieza sino hasta el 1 de abril, podrían haber en el mercado botellas que no tienen esos sellos, admite la funcionaria.
Los reparos al nuevo sistema
Pero hay sectores que han expresado reservas sobre el nuevo sistema implementado en Ecuador. Jorge Miñoso, jefe del programa Tráfico, que se aplica para trazabilidad fiscal en la República Dominicana y consultor del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, sostiene que la decisión tomada en nuestro país podría afectar a la salud pública.
Por lo menos desde el 24 de febrero, no se estarían colocando los sellos en licores de producción nacional, lo que para Miñoso «dará paso a que coexistan productos marcados y no marcados en el mercado nacional». Para el experto, eso podría significar un problema de salud pública pues no se tiene una certeza sobre el origen y la calidad del producto expuesto en las perchas.
Miñoso destaca también que si bien se publicó en diciembre de 2021 la ficha técnica a la que hace referencia la directora Polanco, se omitió en ella la calificación del proveedor, por lo que el SRI no ha transparentado cuáles serían los mecanismos para un control efectivo.
Desde el 24 de febrero, no se estarían colocando los sellos en licores de producción nacional, lo que para Miñoso «dará paso a que coexistan productos marcados y no marcados en el mercado nacional».
Miñoso cuestiona también que se redujeron las características de los sellos, y habría una multiplicidad de sellos y aplicaciones móviles para verificación, lo que en su criterio «generará confusión y podría favorecer la informalidad que se pretende erradicar con este tipo de mecanismos de control». Otro punto que Miñoso considera flaco en el nuevo sistema implementado es que el reporte de incumplimientos queda en manos del sujeto obligado, «por lo que resulta improbable que lo ponga en conocimiento del SRI para que lo sancione». «El SRI pasó de un sistema con un sinfín de costomizaciones, automatizaciones y controles a un simple Excel», ejemplificó Miñoso.
Los cuestionamientos al nuevo sistema también fueron formulados por el actual contratista, cuyo representante dirigió una carta el 21 de abril de 2020 a la directorta del SRI.Según la carta firmada por Felipe Willenmann, gerente de Sicpa, la resolución tuvo aspectos positivos como la ampliación de los mecanismos de trazabilidad fiscal, pero la posibilidad de contratar a cualquier proveedor podría reducir la eficacia del control y fiscalización del ICE.
Sicpa sostuvo también que desde la implementación del Simar se logró un aumento en la recaudación del ICE y una formalización de los productores de licores y cervezas. La contratista expresó sus reservas sobre la posibilidad de falsificación de los sellos fiscales y destacó que el SRI cede sus funciones a los productores de licores y cerveza y el manejo de a información con la que se cobra el ICE. Para la empresa, era más conveniente que el Ecuador mantuviera el modelo anterior, con un sistema centralizado similar al que opera en República Dominicana, Chile, Canadá y Estados Unidos.