La información de los documentos de las declaraciones juramentadas de bienes de los funcionarios públicos, que, en teoría, son un indicador de control que permite conocer si los burócratas tienen recursos que no pueden justificar, dejó de ser pública en la Contraloría.
La Contraloría blindó la página de consulta de tales documentos, que se encuentra en su web institucional, y ahora es necesario que los ciudadanos que quieran acceder a las declaraciones de cualquier empleado público registren su nombre, correo electrónico y dirección IP para recibir, supuestamente, la declaración.
Pero lo que llega a los correos es un documento ilegible, del que se ha borrado la información de los funcionarios, y al que la Contraloría le ha sobreimpreso en vistosas -y hasta amenazantes- letras rojas el nombre, el correo y la IP de la persona que solicita, como para dejar claro que los curiosos no son bievenidos.
La insólita respuesta de la Contraloría a las consultas de lo que ha sido durante años una información de acceso público genera solamente una imagen inservible en formato png, en donde el detalle de los bienes y las cuenta de los funcionarios no puede verse con claridad.
La Fundación Ciudadanía y Desarrollo había advertido que la Contraloría modificó su sitio para obligar a realizar las consultas solo por número de cédula y por nombre del funcionario. Pero la nueva forma de responder las consultas ha dejado perplejos a quienes siguen el patrimonio de los funcionarios del Estado.
#URGENTE | La Contraloría limita el acceso a la información pública. Exhortamos a esta institución a revertir los nuevos parámetros de búsqueda en el portal de declaraciones patrimoniales y garantizar plenamente el derecho al control social de los ciudadanos. pic.twitter.com/aYIdwnwiXo
— FCD Ecuador (@FCD_Ecuador) May 11, 2021