Imaginemos una ley que, en teoría, está diseñada para proteger el dinero público, pero que en la práctica sirve para esconderlo. Una ley que crea más excepciones que reglas. Bienvenido a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) del Ecuador, una herramienta que ha sido el instrumento perfecto para legalizar la discrecionalidad, normalizar el sobreprecio y bendecir contratos sin competencia.
Hoy es imperativo contar cómo funciona este sistema, por qué ha fracasado, y por qué su reforma no puede quedar en manos de quienes lo han protegido durante más de una década.
La LOSNCP establece más de 13 tipos de contratación. Pero tres mecanismos lo pervierten todo: (1) las declaratorias de emergencia, (2) el giro específico del negocio, y (3) los contratos con empresas públicas y extranjeras. Estos instrumentos permiten contratar sin licitación, sin competencia y, muchas veces, sin supervisión alguna. Los contratos se firman en oficinas blindadas al control ciudadano, y los montos se inflan como globos sin que nadie los pinche.
El Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP, debería ser el árbitro técnico de la contratación pública. Pero no tiene dientes. No puede sancionar, no puede suspender contratos y no tiene autonomía real. La Contraloría, por su parte, hace informes ex post. Llega cuando la fiesta ya acabó, las luces están apagadas y solo quedan las botellas vacías del despilfarro. Ninguna de estas instituciones actúa en tiempo real, ni con herramientas digitales que garanticen trazabilidad.
Vale recordar casos emblemáticos.
TAME: una aerolínea con graves irregularidades desde se creación según una auditoría internacional que lo detectó el 2016, en liquidación desde 2020 con más de USD 300 millones en pasivos sin cerrar.
FLOPEC: subsidiarias en Panamá, buques que no figuran como activos estatales, contratos de transporte opacos.
Hospitales: más de 250 informes de Contraloría documentan mafias internas, sobreprecios, insumos vencidos y tráfico de medicinas.
Municipios: Quito y Guayaquil contrataron obras de pavimentación por emergencia, sin licitación ni estudio previo.
En los casos Odebrecht y Arroz Verde, la contratación fue usada como instrumento de fidelidad ideológica. No hubo análisis técnico. Hubo obediencia ciega. Funcionarios firmaban órdenes superiores sin respaldo legal. Esa figura, conocida como influjo psíquico, permite que el poder político infecte las decisiones técnicas como un virus. El resultado son contratos multimillonarios con empresas vinculadas al círculo de poder.
Base de la estructura integral
La OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos), la UNCITRAL (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional), Open Contracting… todos coinciden en lo mismo: trazabilidad digital, competencia abierta, control concurrente. Mientras otros países aplican estándares abiertos y auditorías inteligentes, Ecuador sigue usando papel sellado y resoluciones de emergencia como excusa para no licitar. Cualquier reforma real no puede ser dirigida por quienes han defendido o tolerado este modelo. Ni el SERCOP, ni la Contraloría, ni las oficinas de compras institucionales deben liderar el rediseño. La nueva ley debe nacer de una comisión técnica independiente, integrada por especialistas en derecho público, economía, transparencia y contrataciones internacionales. Ciudadanos, periodistas y organismos multilaterales deben vigilar el proceso. Porque si el cambio lo hacen los mismos de siempre, solo maquillarán el cadáver.
Elementos para una reforma urgente
• Sistema Unificado de Contratación Pública (SUCP), obligatorio para todas las entidades.
• Auditoría concurrente en contratos superiores a USD 1 millón.
• Fin de la figura del giro específico del negocio.
• Emergencias limitadas a 30 días con verificación técnica previa.
• Autonomía funcional del SERCOP, con dirección por méritos y poder sancionador.
• Publicación completa del ciclo de contratación según estándares OCDS.
• Penalización directa a funcionarios que firmen contratos sin sustento o bajo presión externa.
La contratación pública no es sólo un tema técnico. Es un tema político, ético y estructural. Si el país no reforma desde las bases, seguiremos viendo contratos inflados, medicinas vencidas y obras que se caen al año de inauguradas. El sistema está roto. No se repara desde adentro. Se reconstruye desde afuera, con manos limpias y ojos vigilantes.